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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. EN LA DETERMINACIÓN PARA REVOCARLA NO OPERA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA EN FAVOR DEL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2009. · Registro digital (IUS): 21856
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 376.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema es de naturaleza penal, cuya especialidad corresponde a esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 41/2009, el tribunal analizó un asunto con las siguientes características:

El cuatro de julio de dos mil seis, una persona fue condenada, por la comisión del delito de robo, a una pena privativa de libertad por nueve meses y al pago de una multa equivalente a noventa días de salario mínimo general vigente. En dicha resolución además, se le otorgó la posibilidad de acogerse al beneficio consistente en la suspensión condicional de la ejecución de la pena. El diecinueve del mismo mes, el inculpado se acogió al beneficio aludido.

El veintinueve de octubre siguiente, la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, autoridad ejecutora, informó al órgano jurisdiccional respectivo que el sentenciado no dio cumplimiento a las condiciones impuestas derivadas del beneficio al que se acogió, pues sólo se presentó el día veintisiete de julio de dos mil seis a realizar su trámite de alta.

Como consecuencia de lo anterior, el órgano jurisdiccional revocó el beneficio concedido y, como consecuencia de ello, giró nueva orden de aprehensión en contra del sentenciado, quien promovió un amparo en contra de esta nueva orden.

El amparo le fue negado y, tras recurrir dicha resolución, el Tribunal Colegiado confirmó la negativa y sostuvo, en la parte que interesa a este fallo, lo siguiente:

"...

"En otro tema, es infundado el aserto de que la resolución recurrida es ‘ilegal’, pues como bien lo precisó la autoridad de amparo, la responsable ordenadora de manera correcta revocó la aludida suspensión condicional, ordenó la ejecución de las penas y la reaprehensión del solicitante de garantías, ello porque no atendió las obligaciones contraídas al acceder a la misma, de conformidad con el artículo 91, párrafo quinto, del Código Penal para el Distrito Federal, habida cuenta que el subdirector de Atención Postpenitenciaria, en ausencia de la directora ejecutiva de Sanciones Penales, informó que el amparista no dio cumplimiento ya que sólo acudió el veintisiete de julio de dos mil seis a realizar el trámite de alta, sin que volviera a presentarse.

"Además, como correctamente lo puntualizó la autoridad de control constitucional, el impetrante de garantías sabía de sus obligaciones al acceder al aludido beneficio y que se encontraba a disposición de la autoridad ejecutora, puesto que el acuerdo en el que se otorgó el mismo, se reprodujo el contenido del artículo 91, párrafos cuarto y quinto, del Código Penal para el Distrito Federal, incluso se le apercibió que de incumplir se revocaría dicha suspensión y ordenaría la ejecución de la pena privativa de libertad y multa impuesta, lo cual fue notificado personalmente al quejoso y en dicha diligencia se transcribieron los párrafos cuarto, quinto y sexto del multicitado precepto (fojas 330 y 331 de la causa).

"En otro tema, este Tribunal Colegiado no soslaya el criterio establecido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del este circuito en la tesis I.9o.P.58 P, visible en la página 1881, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, cuyos rubro y texto son: ‘SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. EL ARTÍCULO 91 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL OTORGA AL JUZGADOR LA FACULTAD PARA REVOCARLA, ATENDIENDO A LA GRAVEDAD DEL INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA Y A LA NATURALEZA DEL DELITO, PREVIA AUDIENCIA DEL SENTENCIADO. De la exposición de motivos de la reforma que dio lugar al Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, se infiere que la función primordial de los sustitutivos, así como de la suspensión condicional de la ejecución de las penas que regula el dispositivo 89 de dicho ordenamiento punitivo, es el de reducir de manera razonable la aplicación de la pena privativa de libertad a los casos en los que resulte ineludible, ya sea por motivos de prevención general o especial. De esa manera, la iniciativa reconoce que la prisión debe aplicarse sólo cuando sea inevitable o muy conveniente y que por ello es preciso optar en la mayor medida posible por los mecanismos sustitutivos, pues, verbigracia, el hecho de que se obligue a un sentenciado por delito culposo a recluirse en un centro de readaptación social a cumplir con la pena de prisión impuesta, cuando ésta es susceptible de ser sustituida, propiciaría que se contamine al tener que convivir con procesados y sentenciados por delitos dolosos, lo que conlleva a que se haga proclive a incurrir en hechos ilícitos. En razón de lo anterior, si bien el precepto 91 ibídem, otorga al juzgador la potestad de revocar el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de las penas, el término «podrá» que se contiene es de carácter facultativo; por lo que atendiendo a circunstancias como son la gravedad del incumplimiento a la obligación contraída y la naturaleza del delito, el Juez estará en posibilidad jurídica de ponderarlas para decidir, previa audiencia del sentenciado, si revoca el beneficio y hace efectiva la pena suspendida o basta con apercibir al contumaz.’

"Sin embargo, dicha tesis no la comparte este órgano constitucional puesto que el aludido artículo 91 no establece exigencia alguna al juzgador de conceder audiencia al sentenciado antes de revocar la multicitada suspensión condicional, precisamente porque prevalece el interés social de asegurar la ejecución de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada, ante el particular de seguir en libertad y postergar sin justificación alguna el cumplimiento de las mismas, ello al incumplir el enjuiciado de manera grave las obligaciones contraídas al acceder al supraindicado beneficio; sin que ello conduzca a establecer que se deja en estado de indefensión al mencionado, ya que cuenta con los medios de defensa respectivos en donde puede ofrecer las pruebas conducentes para justificar, en todo caso, el desacato imputado. Además, la obligación del juzgador de atender la naturaleza del delito, sólo debe considerarse para conceder o negar tal suspensión condicional, pero no para revocarla dado que el multirreferido dispositivo 91, párrafo quinto, únicamente requiere atender la falta del cumplimiento de las obligaciones contraídas, por lo que no pueden exigirse mayores requisitos que los que el legislador ordinario expuso al respecto.

"Por tanto, basta fundar y motivar la revocación respectiva, como lo precisa el numeral 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá atenderse a la gravedad del incumplimiento de la obligación contraída, como ocurrió en el caso en estudio en el que el accionante de garantías solamente acudió en una ocasión ante la autoridad ejecutoria a darse de alta, sin que volviera a presentarse, lo que sin duda revela la gravedad del desacato de las condiciones fijadas, ya que tal omisión de comparecer conduce a establecer su intención de no cumplir con dicha obligación.

"Es ilustrativa la jurisprudencia 204, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 146, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, cuyos rubro y texto dicen: ‘LIBERTAD PROVISIONAL. REVOCACIÓN DE LA. EN LOS CASOS DE GRAVE INCUMPLIMIENTO O DESACATO A UNA ORDEN DEL JUEZ, NO ES INDISPENSABLE OÍR PREVIAMENTE AL PROCESADO PARA DECRETAR LA REVOCACIÓN DE LA. Una vez ejercitado el derecho a la obtención de la libertad provisional, previsto en la fracción I del artículo 20 de la Ley Fundamental, se convierte en un beneficio cuya permanencia o vigencia está regulada por la ley adjetiva, dependiendo fundamentalmente de la conducta que observa el procesado, vinculada al proceso. Dados los fines de celeridad y continuidad (que se traducen en la satisfacción de ideal de pronta y eficaz impartición de la justicia), que la sociedad, el Estado y el propio inculpado persiguen en el proceso, el legislador ordinario ha establecido causas de revocación del beneficio, entre las cuales figura el incumplimiento por parte del procesado a una orden legítima del Juez que le ha sido legal y oportunamente notificada. Pero no cualquier incumplimiento puede originar la revocación de la libertad provisional, sino sólo aquellos que sean de tal manera graves que lleven al Juez a la convicción de que el procesado intenta evadir la acción de la justicia, sustrayéndose a la autoridad del órgano jurisdiccional; u otros que, por su frecuencia y reiteración, afecten severamente la marcha normal del proceso, retardándolo. Como ejemplo del primero, puede citarse el caso del procesado que no acude al juzgado a firmar el libro de control de reos en libertad provisional durante un lapso prolongado, sin que el Juez tenga noticia de su paradero; o el del fiador que es requerido para la presentación del procesado dentro del plazo que para ello se le concede e informa al Juez que no obstante haber tratado de localizarlo en reiteradas ocasiones y de haberle dejado recados, no tuvo éxito. Para ilustrar el segundo, sirve el caso del procesado que acude a firmar el mencionado libro, pero que con frecuencia incumple otros mandatos legítimos del Juez sin intentar justificar su proceder; por ejemplo, no acude a los careos legalmente decretados. Únicamente causas de esta naturaleza darían lugar a la revocación del beneficio sin audiencia previa del procesado, bastando para fundar y motivar el proveído respectivo que obrara constancia fehaciente en el expediente de los hechos que se estimaron graves y que dieron origen a tal determinación, satisfaciéndose con ello la garantía de legalidad establecida por el artículo 16 de la Constitución General de la República.’

II. Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 99/2006, el tribunal analizó un asunto con las siguientes características:

El doce de diciembre del año dos mil, una persona fue condenada, por la comisión del delito de homicidio culposo, a una pena de prisión de dos años nueve meses y dos años seis meses de suspensión de su licencia de conducir; además, se le condenó al pago de la reparación del daño, y se le concedió el beneficio de la condena condicional por la cantidad de quince mil pesos, con la obligación de presentarse mensualmente ante la autoridad ejecutora.

El diez de enero de dos mil uno, el sentenciado se acogió al beneficio que le fuera concedido, exhibiendo garantía para tal efecto, así como para asegurar el pago de la reparación del daño. Como consecuencia de ello, se le suspendió la pena privativa de libertad y demás sanciones penales, poniéndosele a disposición de la Dirección de Ejecución de Sentencias de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal.

El doce de febrero de dos mil cuatro, el director de Ejecución de Sanciones informó que el sentenciado se dio de alta en dicha institución el quince de enero de dos mil uno y realizó su última presentación el quince de septiembre de dos mil tres, cumpliendo únicamente con treinta y un presentaciones mensuales. En atención a dicha información, el Juez giró orden de reaprehensión en contra del sentenciado, quien promovió amparo, mismo que le fue negado y, al interponer la revisión, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia y otorgó el amparo a la sazón de las consideraciones que a continuación se transcriben:

"...

"A efecto de adentrarnos en los motivos que impelen a este Tribunal Colegiado de revisión a otorgar la protección constitucional al peticionante de garantías, resulta menester transcribir el contenido del penúltimo párrafo del dispositivo 91 del ordenamiento punitivo aplicable, el cual es del sentido literal siguiente:

"‘ ... Si el sentenciado falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, el Juez o tribunal podrá hacer efectiva la pena suspendida o apercibirlo de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena’ (el subrayado es nuestro).

"En esa tesitura, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito de Amparo, este órgano colegiado revisor estima incorrecta la determinación del Juez Décimo Segundo Penal del Distrito Federal, plasmada en el auto que constituye el acto reclamado, de revocar la libertad, dejar sin efecto el beneficio concedido de la condena condicional, ahora suspensión condicional de la ejecución de las penas que le fue concedido a ********** por sentencia de 12 doce de diciembre de 2000 dos mil, y ordenar la reaprehensión del sentenciado, ahora quejoso.

"Lo anterior es así, en tanto que el juzgador de amparo a quo soslayó que, de la determinación que constituye el acto reclamado se advierte que el Juez responsable para efectos de dar cumplimiento a lo preceptuado en el transcrito ordinal 91 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y optar por la determinación de revocar el beneficio concedido, lo que trajo como consecuencia el libramiento de la orden de reaprehensión reclamada, no ponderó las circunstancias en que se dio o pudo haber dado el incumplimiento del hoy impetrante en el total de las obligaciones que contrajo al acogerse al beneficio, ya que si bien se señala cumplió de manera irregular con 31 treinta y un presentaciones a estampar su firma mensualmente ante la autoridad administrativa encargada del cuidado y vigilancia del cumplimiento de dichas obligaciones, lo cierto es que el hecho de que el hoy quejoso se haya presentado precisamente en 31 treinta y una ocasiones de las 33 a que estaba obligado, a asentar su firma ante la autoridad, y que, según se advierte, era el primer incumplimiento, ello hacía obligado que, en estricta observancia al principio de equilibrio procesal que debe existir entre las partes, si el Juez responsable dio vista y escuchó al representante social respecto del incumplimiento, otorgar idéntica oportunidad legal al sentenciado previamente a tomar su determinación, máxime si el invocado y transcrito arábigo así se lo permite, al señalar que podrá apercibirlo de que si volviera a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se le hará efectiva dicha pena, entonces ello es indicativo que bien pudo el Juez responsable, haber optado por llamar a su presencia, a través del citatorio correspondiente, al sentenciado faltista a fin de darle vista con el contenido del citado oficio DESP/UDCSL/1747/04, para que explicara, y, en su caso, justificara los motivos por los cuales incurrió en el incumplimiento que se le imputa, y de resultar satisfactorias la explicación o justificación, apercibirlo de que si incurría en nueva falta, se haría efectiva la pena privativa de libertad que le fue impuesta, y sólo en caso de que no atendiera a dicho llamamiento o bien no justificara legalmente y a satisfacción del órgano jurisdiccional las razones que tuvo para no completar las ocasiones en que se tuvo que presentar a estampar su firma ante la autoridad ejecutora, entonces revocar la libertad, dejar sin efecto el beneficio concedido y ordenar la reaprehensión del contumaz.

"Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial e ilustrativo de su contenido, el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.7o.A.41 K que aparece publicada en la página 1254 mil doscientos cincuenta y cuatro del Tomo XV correspondiente a enero de 2002 dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en su Novena Época, con el rubro y texto de la literalidad siguientes: ‘AUDIENCIA. CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.’ (se transcribe)

"Lo anterior sobre todo, si se toma en cuenta además, que de la exposición de motivos a la reforma que dio lugar al Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, publicada en el diario oficial de la federación de 16 dieciséis de julio de 2002 dos mil dos, y que entró en vigor a los 120 ciento veinte días de su publicación, se señaló textualmente que:

"‘... La sustitución que incluye la suspensión condicional de la ejecución de la condena, reduce de manera razonable la aplicación de la pena privativa de libertad, limitándola a los casos en que resulta verdaderamente necesaria por motivos de prevención general o de prevención «especial. ...».

"Y que:

"‘... es necesario imponer a los penalmente responsables, en lugar de la pena privativa de libertad, sustitutivos que cumplan cabalmente con el objetivo del quehacer político, es decir, con la verdadera rehabilitación del reo, ya que no basta incrementar las penas de prisión para frenar el fenómeno delincuencial, sino que se necesita individualizar la pena a través de todos los recursos con que el Estado cuente, para que de esta manera sean congruentes, tanto la pena de prisión como los sustitutivos y en su caso las medidas de seguridad que deban imponerse al sentenciado y brindarle la oportunidad de rehacer su vida dentro de nuestra sociedad, de tal suerte que se pueda abatir efectivamente el fenómeno de la delincuencia, ...’

"Además de la conclusión que, en lo concerniente, se plasma en dicha exposición de motivos, en el sentido de que:

"‘... la iniciativa reconoce que la prisión debe aplicarse sólo cuando resulte inevitable o muy conveniente. Por ello, es preciso optar en la mayor medida posible por los sustitutivos que el mismo proyecto establece.’

"En tanto ello permite colegir que el espíritu que animó al legislador a mantener dentro de la legislación punitiva el beneficio suspensivo de la ejecución de las penas, anteriormente denominado ‘condena condicional’ en el Código Penal de 1932 mil novecientos treinta y dos, abrogado, lo fue precisamente el que la prisión debe aplicarse ‘sólo cuando resulte inevitable o muy conveniente’. Y que por ello, es preciso optar en la mayor medida posible por los sustitutivos que el ordenamiento punitivo establece.

"Es en razón de ello, que se debe limitar la aplicación de la pena privativa de libertad, a los casos en que resulta verdaderamente necesaria ya sea por motivos de prevención general o de prevención especial, hipótesis esta última que en el caso no se actualiza, ya que prevalecen circunstancias favorecedoras, como son el hecho de que el sentenciado hoy quejoso cumplió con 31 de las 33 firmas a que se encontraba obligado a plasmar ante la autoridad administrativa ejecutora, que el delito por el que se le sentenció lo fue el de homicidio culposo, que, como se reitera, se advierte es la primera ocasión en que incumple con las obligaciones contraídas, lo que en su conjunto debió ponderar el Juez responsable además de que, el hecho de que se le obligue al sentenciado a recluirse en un centro de readaptación social a cumplir con la pena de prisión impuesta, propiciaría que se contamine al tener que convivir con verdaderos delincuentes y sentenciados por delitos dolosos, lo que conllevaría en grado mayúsculo que se le haga proclive a incurrir en hechos ilícitos, que es precisamente lo que se trata de evitar con las políticas de prevención general del delito, entre las que se encuentra inmerso el beneficio de la suspensión condicional de las penas, que, desde luego y dadas las circunstancias del caso, resulta preferente en el mantenimiento de su concesión, al internamiento del sentenciado que conllevaría las consecuencias aludidas.

"Asimismo, el hecho de que sentenciado beneficiado con la concesión de tal prerrogativa haya incumplido con 2 dos ocasiones de las 33 a que estaba obligado a presentarse a estampar su firma, después de haberlo hecho en 31 veces, indefectiblemente lleva a la consideración legal, como se reitera, de que el Juez responsable debió tomar en cuenta tales circunstancias para otorgarle la oportunidad, de que se presentara a explicar las razones o motivos que pudo haber tenido para no cumplir con la totalidad de firmas mensuales a que se obligó ante la autoridad administrativa ejecutora.

"Ello en observancia, además de la garantía de legalidad y seguridad jurídica que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal, y que conlleva implícita la de audiencia para todo gobernado sin distinción alguna, al consignar que previamente a la privación de derechos del gobernado, debe ser oído en juicio seguido ante los tribunales establecidos, la cual debe respetarse en beneficio.

"Y si bien, el precepto 91 del Nuevo Código Penal vigente para el Distrito Federal, en que sustentó su determinación el Juez responsable, preceptúa que el Juez o tribunal ‘podrá’, hacer efectiva la pena suspendida o apercibir al sentenciado que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena; ese mandamiento, es norma de orden público y su estricta aplicación atañe a la colectividad, por ser una norma penal que es también de derecho público, puesto que el enunciado ‘podrá el Juez’, no conlleva la facultad discrecional u optativa, para hacer lo allí mandado, sino que para actualizar cualquiera de las hipótesis, es imperativo observe, en aras del respeto a la supremacía constitucional, lo preceptuado a su vez en los dispositivos 14 y 16 constitucionales y aplique su contenido al momento de decidirse por la opción que su libre y justo arbitrio judicial le indique, sobre todo si lo que se encuentra en juego es la libertad personal, valor fundamental que como garantía suprema del gobernado estatuye la Constitución Federal, y si no lo hace así, deviene inconcuso que lo resuelto de esa forma es vulnerante de garantías.

"Al efecto y por identidad jurídica sustancial, en lo conducente, se cita el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la jurisprudencia que con el número de tesis VIII.2o. J/2, aparece publicada en la página 468 cuatrocientos sesenta y ocho del Tomo II correspondiente a septiembre de 1995 mil novecientos noventa y cinco, con el encabezado y texto que dicen: ‘PENA, REDUCCIÓN DE LA. ES UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR, MAS NO OMNÍMODA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO).’ (se transcribe)

"Asimismo el que se sostiene por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la tesis XII.2o.5 C, que aparece publicada en la página 539 quinientos treinta y nueve del Tomo II correspondiente a diciembre de 1995 mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en su Novena Época, con el rubro y texto de la literalidad siguientes: ‘MEDIDAS DE APREMIO. DEBEN DETERMINARSE DE MANERA RAZONADA Y CON PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL.’ (se transcribe)

"Por las razones expuestas, al haber resultado inoperantes por una parte y por la otra fundado esencialmente uno de los conceptos de agravio, esgrimidos por el impetrante de amparo, aunque suplido en su deficiencia, y ser suficiente para revocar la sentencia impugnada, en plena observancia a las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los invocados numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe concederse en favor de ********** el amparo y protección de la Justicia Federal, y como natural consecuencia de ello, el Juez Décimo Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, deberá dejar insubsistente el auto que constituye el acto reclamado y dictar otro en el que tomando en consideración las circunstancias que han quedado plasmadas en esta ejecutoria libre el citatorio de ley al sentenciado ********** y ponderando todas y cada una de las circunstancias señaladas, le haga el apercibimiento a que se refiere el ordinal 91 del Nuevo Código Penal vigente para el Distrito Federal, y en caso de que se desatienda el llamamiento ante la presencia judicial se proceda en consecuencia legal."

El criterio aludido dio paso a la creación de la tesis aislada con número de identificación I.9o.P.58 P, que a continuación se transcribe:

"SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. EL ARTÍCULO 91 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL OTORGA AL JUZGADOR LA FACULTAD PARA REVOCARLA, ATENDIENDO A LA GRAVEDAD DEL INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA Y A LA NATURALEZA DEL DELITO, PREVIA AUDIENCIA DEL SENTENCIADO. De la exposición de motivos de la reforma que dio lugar al Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, se infiere que la función primordial de los sustitutivos, así como de la suspensión condicional de la ejecución de las penas que regula el dispositivo 89 de dicho ordenamiento punitivo, es el de reducir de manera razonable la aplicación de la pena privativa de libertad a los casos en los que resulte ineludible, ya sea por motivos de prevención general o especial. De esa manera, la iniciativa reconoce que la prisión debe aplicarse sólo cuando sea inevitable o muy conveniente y que por ello es preciso optar en la mayor medida posible por los mecanismos sustitutivos, pues, verbigracia, el hecho de que se obligue a un sentenciado por delito culposo a recluirse en un centro de readaptación social a cumplir con la pena de prisión impuesta, cuando ésta es susceptible de ser sustituida, propiciaría que se contamine al tener que convivir con procesados y sentenciados por delitos dolosos, lo que conlleva a que se haga proclive a incurrir en hechos ilícitos. En razón de lo anterior, si bien el precepto 91 ibídem, otorga al juzgador la potestad de revocar el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de las penas, el término ‘podrá’ que se contiene es de carácter facultativo; por lo que atendiendo a circunstancias como son la gravedad del incumplimiento a la obligación contraída y la naturaleza del delito, el Juez estará en posibilidad jurídica de ponderarlas para decidir, previa audiencia del sentenciado, si revoca el beneficio y hace efectiva la pena suspendida o basta con apercibir al contumaz."

CUARTO. Existencia de la contradicción. Esta Primera Sala considera que en el caso que nos ocupa sí existe contradicción de criterios, puesto que los tribunales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes, cuestiones que se reflejan en los argumentos que soportan las decisiones de cada uno de los Tribunales Colegiados contendientes.

Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(1)

Como se señaló con anterioridad, de la confrontación de las ejecutorias dictadas por los tribunales contendientes se advierte que sí existe la contraposición de criterios denunciada, en virtud de que los contendientes se pronunciaron sobre la revocación del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la sanción y, en concreto, si es necesario otorgar garantía de audiencia al sentenciado para revocar dicho beneficio o no, tema sobre el que adoptaron posturas contrarias.

Ante este planteamiento, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que el artículo 91 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal no establece exigencia alguna al juzgador de conceder audiencia al sentenciado antes de revocar la suspensión condicional, pues prevalece el interés social de asegurar la ejecución de las penas impuestas en la sentencia ejecutoriada, ante el interés particular de seguir en libertad y postergar sin justificación alguna el cumplimiento de las mismas.

Consideró que ese criterio no deja en estado de indefensión al quejoso, puesto que cuenta con los medios de defensa respectivos a través de los cuales puede ofrecer las pruebas conducentes para justificar, en todo caso, el desacato imputado. Además de que la obligación del juzgador de atender a la naturaleza del delito, sólo debe considerarse para conceder o negar el beneficio, pero no para revocarlo, pues de acuerdo con el numeral citado, únicamente requiere atender la falta del cumplimiento de las obligaciones contraídas, por lo que no pueden exigirse mayores requisitos que los que el legislador ordinario expuso a ese respecto.

Finalmente, dicho órgano jurisdiccional consideró que basta fundar y motivar la revocación respectiva, tal y como lo precisa el artículo 16, párrafo primero, de la Constitu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21856-8de0c768/suspension-condicional-de-la-ejecucion-de-las-penas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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