AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR A LAS PARTES A ELLA O DE CELEBRARLA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CONSUMADA IRREPARABLEMENTE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, siendo uno de los órganos emisores de los criterios en contienda, denuncia a la que se adhirieron los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.
TERCERO. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario ahora transcribir y posteriormente analizar las ejecutorias que participan en la misma.
A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el dieciocho de febrero de dos mil nueve el amparo en revisión 219/2008, determinó lo siguiente:
"En otro orden de ideas, resultan inatendibles las diversas manifestaciones de agravio que hacen valer los recurrentes con relación a la audiencia conciliatoria prevista por el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México; habida consideración de que tal violación que dicen los quejosos les causa la forma del desarrollo de tal diligencia, quedó irremediablemente consumada con la determinación de consignación de la averiguación previa. ...".
B) Por su parte, al resolver el veintiséis de noviembre de dos mil ocho, el amparo en revisión 252/2008, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"En otro aspecto, la recurrente sostiene que es incorrecta la conclusión de la autoridad de amparo, en la cual determina que no existieron violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que durante la integración de la indagatoria resultaron vulneradas sus defensas. Ello, dice, en virtud de que la representación social tenía la obligación de citar a una audiencia de conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la formulación de la querella, pero giró oficios de citación a la quejosa en forma inadecuada, por lo cual violó las leyes del procedimiento y afectó la defensa de la quejosa, ya que en ningún momento se le notificó en forma legal del derecho que tenía para asistir a la diligencia conciliatoria. Tal motivo de inconformidad resulta inatendible, pues las violaciones que la quejosa reclama sucedieron en el procedimiento de averiguación previa, el cual concluyó con la consignación en la que el Ministerio Público resolvió el ejercicio de la acción penal, tras lo cual inició la etapa de la preinstrucción ante el Juez de la causa; por ende, las supuestas violaciones sucedidas durante la indagatoria, ya no podrían ser reparadas a través del juicio de garantías que se promueva, pues de hacerlo se afectaría la nueva etapa procesal iniciada con el pronunciamiento de la orden de aprehensión. Además, aun cuando existiese transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento, la sentencia protectora no podría surtir efecto legal o material alguno al respecto, por hacer dejado de existir el objeto o materia de la misma, pues jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que estima violada, sin afectar la nueva etapa. Sobre el mismo tema, la inconforme alega que la autoridad de amparo transgredió el contenido del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que soslayó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostiene que la falta de celebración de la audiencia conciliatoria, por falta de citación al probable responsable para su celebración, afecta la garantía de defensa de éste, al violarse las leyes del procedimiento. Al respecto, este órgano colegiado considera que no le asiste razón a la inconforme, pues en primer término, no señala ni el caso en concreto ni la tesis que en su caso sostenga el criterio citado. Ahora bien, existe el criterio(1) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que es tal vez el que invoca la recurrente, relativo a una tesis aislada, no una jurisprudencia, por lo cual la Juez a quo no estaba obligada a acatarla, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, y aplicarla a favor de la demandante, de acuerdo a lo previsto en el arábigo 76 Bis, fracción II, de la misma legislación. Sumado a ello, este tribunal no coincide con la postura plasmada en ese criterio, toda vez que en él se considera que una violación a las formalidades esenciales ocurrida durante el procedimiento de averiguación previa, trasciende a dicha etapa y afecta el procedimiento de preinstrucción. Ello no es compartido, pues para determinar si un acto emanado de un procedimiento judicial es violatorio de garantías individuales, debe distinguirse primero, para proceder a su examen, de qué procedimiento emana el acto reclamado. Así, de tratarse de actos dentro del procedimiento de averiguación previa, habrá que atender si tales violaciones procesales tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, para que puedan ser analizadas en el juicio de amparo indirecto. En cambio, si el acto reclamado emana del procedimiento de preinstrucción (como acontece con una orden de aprehensión), sólo serán susceptibles de ser analizadas en amparo las violaciones suscitadas durante el desarrollo de esa fase del procedimiento que tengan relación directa e inmediata con la emisión del acto impugnado, porque únicamente las infracciones procedimentales que reúnan estas características influirán para que sea dictada una resolución de ese tipo; de no ser así, es decir, si las violaciones procesales alegadas al reclamar una resolución emanada en un procedimiento diverso, son ajenas por completo a la emisión de dicha resolución, deberán declararse inatendibles, por estar irreparablemente consumadas. Manifiestamente, esto obedece a que el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: (transcribe). De acuerdo con dicho numeral, si la recurrente reclamó del Ministerio Público la omisión de citarlo a una audiencia conciliatoria dentro de la averiguación previa que dio origen al proceso penal respectivo, es indudable que al haber sido consignada ésta ante el Juez Penal correspondiente, e incluso al haber girado dicha autoridad orden de aprehensión en contra de la quejosa, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa, en congruencia con el criterio expuesto, es inconcuso que las violaciones cometidas en aquella fase autónoma han quedado consumadas irreparablemente, ya que no pueden examinarse en la vía constitucional intentada contra la resolución emanada de otro procedimiento, por no poder decidirse sobre aquéllas sin afectar la nueva situación jurídica."
De igual manera, al resolver dicho órgano colegiado el diverso amparo en revisión 338/2008 el nueve de febrero de dos mil nueve, determinó lo siguiente:
"En otro aspecto, el autorizado recurrente sostiene que es incorrecta la conclusión a que arribó el Juez de amparo, en la cual determina que la violación a las leyes del procedimiento que alega ha quedado jurídicamente consumada de modo irreparable pues, a su juicio, aun cuando consta en los autos de la averiguación previa que el Ministerio Público verificó la audiencia de conciliación, en la que hizo constar la asistencia de la ofendida, la inasistencia del quejoso y el deseo de la primera de no conciliar con su esposo, no existe constancia de que tal representante social efectivamente haya hecho del conocimiento de ********** la citación para esa audiencia, con lo cual, le dejó en estado de indefensión. Tal motivo de inconformidad resulta inatendible, pues las violaciones que el peticionario reclama sucedieron en el procedimiento de averiguación previa, el cual concluyó con la consignación en la que el Ministerio Público resolvió el ejercicio de la acción penal, tras lo cual inició la etapa de preinstrucción ante el Juez de la causa, quien emitió orden de aprehensión en contra de ********** y resolvió su situación jurídica dentro del término constitucional. Por ende, las supuestas violaciones sucedidas durante la averiguación previa, ya no podrían ser reparadas a través del juicio de garantías pues de hacerlo se afectaría la nueva etapa procesal iniciada con el pronunciamiento del auto de formal prisión. Además, aun cuando existiese transgresión a las formalidades del procedimiento, la sentencia protectora no podría surtir ningún efecto legal o material, por haber dejado de existir el objeto o materia de la misma, pues jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que estima violada, sin afectar la nueva etapa. Sobre el mismo tema, el autorizado del quejoso alega que con tal proceder se afectó la garantía de defensa que le asiste, al violarse las leyes del procedimiento. Este órgano colegiado traduce de tal argumentación que, a juicio del autorizado del quejoso ********** una violación a las formalidades del procedimiento ocurrida durante la averiguación previa, trasciende a dicha etapa y afecta el procedimiento de preinstrucción, planteamiento que se estima infundado pues, para determinar si un acto emanado de un procedimiento judicial es violatorio de garantías individuales, debe distinguirse primero, para proceder a su examen, de qué procedimiento emana el acto reclamado. Así, de tratarse de actos dentro del procedimiento de averiguación previa, habrá que atender si tales violaciones procesales tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, para que puedan ser analizadas en el juicio de amparo indirecto. En cambio, si el acto reclamado emana del procedimiento de preinstrucción (como acontece con una orden de aprehensión o con un auto de formal prisión), sólo serán susceptibles de ser analizadas en amparo las violaciones suscitadas durante el desarrollo de esa fase del procedimiento que tengan relación directa e inmediata con la emisión del acto impugnado, porque únicamente las infracciones procedimentales que reúnan estas características influirán para que sea dictada una resolución de este tipo; de no ser así, es decir, si las violaciones procesales alegadas al reclamar una resolución emanada en un procedimiento diverso, son ajenas por completo a la emisión de dicha resolución, deberán declararse inatendibles, por estar irreparablemente consumadas. Manifiestamente, esto obedece a que el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: (transcribe). De acuerdo con dicho numeral, si la situación jurídica merced a la cual ********** está a disposición del Juez señalado responsable está sustentada en el auto de formal prisión que reclamó, es indudable que la supuesta violación a las leyes del procedimiento que su autorizado considera aconteció en la averiguación previa, constituye un acto que ha quedado irreparablemente consumado, ya que no puede examinarse en la vía constitucional intentada contra la resolución emanada de otro procedimiento, al no poder decidirse sobre aquélla sin afectar la nueva situación jurídica, resultando por estas razones inoperantes los argumentos de agravio que expone el autorizado del quejoso e inaplicables al caso concreto el criterio y tesis de jurisprudencia de Tribunales Colegiados que transcribió para apoyar sus consideraciones."
Asimismo, el Tribunal Colegiado de que se trata, en sesión de dos de abril de dos mil nueve, al resolver el amparo en revisión 40/2009, determinó lo siguiente:
"En otro orden de ideas, este colegiado advierte que, en el único concepto de agravio que expone el autorizado del quejoso ********** estima que al no percatarse la autoridad jurisdiccional responsable de que el representante social ordenó fuera citado a una audiencia conciliatoria, sin que exista constancia de que le haya sido entregado el oficio condigno, violó las formalidades del procedimiento y le privó de la oportunidad de ofrecer pruebas en la etapa de averiguación previa. Así, este Tribunal Colegiado señala que aun cuando el órgano ministerial hubiera obrado de la manera en que lo considera el autorizado recurrente, lo cierto es que esa violación acaeció en una etapa diferente -averiguación previa- a la de preinstrucción del proceso -que es en la que fue emitido el mandamiento de aprehensión en su contra-, por lo que, en todo caso, las supuestas violaciones sucedidas durante la averiguación previa, ya no podrían ser reparadas a través del juicio de garantías, pues de hacerlo se afectaría la nueva etapa procesal iniciada con el pronunciamiento de la orden de aprehensión. Además, aun cuando existiese transgresión a las formalidades del procedimiento, la sentencia protectora no podría surtir ningún efecto legal o material, por haber dejado de existir el objeto o materia de la misma, pues jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que estima violada, sin afectar la nueva etapa. Sobre el mismo tema, el autorizado del quejoso alega que con tal proceder se afectó la garantía de defensa que le asiste, al violarse las leyes del procedimiento. Este órgano colegiado traduce de tal argumentación que, a juicio del autorizado del quejoso ********** una violación a las formalidades del procedimiento ocurrida durante la averiguación previa, trasciende a dicha etapa y afecta el procedimiento de preinstrucción, planteamiento que se estima infundado pues, para determinar si un acto emanado de un procedimiento judicial es violatorio de garantías individuales, debe distinguirse primero, para proceder a su examen, de qué procedimiento emana el acto reclamado. Así, de tratarse de actos dentro del procedimiento de averiguación previa, habrá que atender si tales violaciones procesales tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, para que puedan ser analizadas en el juicio de amparo indirecto. En cambio, si el acto reclamado emana del procedimiento de preinstrucción (como acontece con una orden de aprehensión o con un auto de formal prisión), sólo serán susceptibles de ser analizadas en amparo las violaciones suscitadas durante el desarrollo de esa fase del procedimiento que tengan relación directa e inmediata con la emisión del acto impugnado, porque únicamente las infracciones procedimentales que reúnan estas características influirán para que sea dictada una resolución de este tipo; de no ser así, es decir, si las violaciones procesales alegadas al reclamar una resolución emanada en un procedimiento diverso, son ajenas por completo a la emisión de dicha resolución, deberán declararse inatendibles, por estar irreparablemente consumadas. Manifiestamente, esto obedece a que el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: (transcribe). De acuerdo con dicho numeral, si la situación jurídica actual de ********** está sustentada en la orden de aprehensión que reclamó, es indudable que la supuesta violación a las leyes del procedimiento que su autorizado considera aconteció en la averiguación previa, constituye un acto que ha quedado irreparablemente consumado, ya que no puede examinarse en la vía constitucional intentada contra la resolución emanada de otro procedimiento, al no poder decidirse sobre aquélla sin afectar la nueva situación jurídica, resultando por estas razones inoperantes los argumentos de agravio que expone el autorizado del quejoso. Además, este Tribunal Colegiado advierte inatendible el referido argumento, porque el delito de lesiones graves -por cuya comisión ejerció acción penal el representante social- no es de los que se persiguen a instancia de parte agraviada, es decir, por querella, como este órgano de segunda instancia en amparo lo advierte de los artículos 240 del invocado código penal y 155 del diverso adjetivo."
C) Por lo que hace al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 86/2006 el veinte de abril de dos mil seis, determinó lo siguiente:
"En efecto, el Juez de Distrito, al analizar el acto reclamado, pasó por alto que se vulneró en perjuicio del quejoso ********** su garantía de audiencia, que en el caso, se encuentra prevista en el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, al consagrar en su favor una audiencia de conciliación en la cual el Ministerio Público tratándose de delitos perseguibles por querella, debe orientar su intervención para avenir a las partes, cuya trascendencia radica en escuchar tanto al indiciado como a la ofendida, previo al ejercicio de la acción penal, y por ende, al dictado del mandamiento de captura. Situación que al no observar el Juez responsable, transgredió en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 constitucionales. Ahora bien, previamente debe decirse, que si bien es cierto que el artículo 16 constitucional, regula los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también debe vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, así como diversas hipótesis que pudieran formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos como el 14 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, marcada con el número 1a./J. 31/99, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (transcribe). Así pues, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que toda orden de aprehensión, debe estar justificada en mandamiento escrito que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, amén de motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que concreta y satisface la garantía de legalidad que debe subyacer a todo acto de autoridad, y conlleva a actualizar de manera extensiva la diversa de seguridad jurídica; en este tenor, todo proceder de un órgano estatal debe encontrarse apoyado en las disposiciones establecidas por la norma positiva, cuyos valores en principio deben regir en supremacía a los de la moral o del derecho natural, pues si bien éstos atienden a un deber de justicia fundados en la naturaleza humana, es la norma positiva vigente la que establece los parámetros y lineamientos tendentes a la imposición del bienestar colectivo por encima del individual y que permite la convivencia social regida por el estado de derecho, entendido como aquel en el que los órganos e individuos integrantes del mismo habrán de someterse al régimen legal vigente. De tal forma, que con el dictado de la orden de aprehensión reclamada, se estiman transgredidas en perjuicio del quejoso, sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En el caso, de las constancias que constituyen la causa penal 78/2005, de donde emerge la orden de aprehensión reclamada, emitida el veintiocho de febrero de dos mil cinco, dictada por el Juez Penal de Cuantía Menor de Chalco, Estado de México, en contra de ********** por el delito de lesiones (perseguible por querella) en agravio de ********** se advierte que el citado Juez responsable, pasó por alto, que no hay constancia de que se haya llevado a cabo la audiencia de conciliación entre las partes, exigida por el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que dispone: (transcribe). Así pues, del precepto transcrito, se advierte que en tratándose de delitos perseguibles por querella, es imperativo advertir conforme a la legislación penal en cita, que se satisfaga dicha formalidad, es decir, que se les haya citado a conciliar a las partes, como requisito sine qua non, con lo cual quedaría satisfecha la oportunidad de defensa que se erige como garantía de audiencia a favor del inculpado, previo al ejercicio de la acción penal, y por ende, al dictado de la orden de aprehensión condigna; cuya trascendencia radica, en que de lograrse tal conciliación, ni siquiera procedería el ejercicio de la acción penal, al preverse el archivo del asunto como concluido; pues de otra manera, el precepto en cuestión, no dispondría ‘deberá’, como imperativo para el Ministerio Público para la integración de la averiguación previa, sino que utilizaría el vocablo ‘podrá’, supuesto en que le dejaría éste a su arbitrio la celebración de la referida audiencia de conciliación, lo cual como se ha expuesto, no es así. No es óbice a lo anterior, que dentro de las constancias que obran en el sumario, se encuentre la relativa al acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil dos, dictado por el agente del Ministerio Público, en que se ordena girar citatorio a la ofendida ********** y al inculpado ********** para que se presenten el once de febrero de dos mil cinco, a las once horas, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación a la que se ha hecho referencia; y que en fecha once de febrero de ese mismo año, levantara certificación haciendo constar que no se había presentado ninguna de las partes, pues en autos, no obra constancia alguna, de que se les haya notificado a los antes nombrados de la fecha en que tendría verificativo la referida audiencia, ni obra razón de imposibilidad para ello, pues únicamente se adjuntaron los acuses de los oficios girados al jefe de grupo de la Policía Ministerial de Chalco, para que fueran citados los antes mencionados por su conducto. En consecuencia, al haber pasado por alto el Juez Penal de Cuantía Menor de Chalco, Estado de México, que no hay constancia de que se haya llevado a cabo entre las partes por el Ministerio Público, la audiencia de conciliación exigida por el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, toda vez que se le atribuyó a ********** el delito de lesiones (perseguible por querella) en agravio de ********** de ahí que la orden de aprehensión emitida en contra del citado quejoso, resulta violatoria de la garantía de audiencia que en el caso, por excepción, establece la ley procesal de la materia, y por ende, de los artículos 14 y 16 constitucionales. En tal virtud procede revocar la sentencia sujeta a revisión y otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados a ********** en contra de los actos que reclamó al Juez Penal de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México. Concesión de la protección federal que se hace extensiva a la señalada como responsable ejecutora procurador general de Justicia del Estado de México."
Finalmente, ese órgano colegiado al resolver el amparo en revisión 19/2007 el dieciséis de febrero de dos mil siete, determinó lo siguiente:
"... SEXTO. En el caso, es fundado el primer agravio que controvierte la resolución recurrida, en el que la parte recurrente aduce que no se le citó a efecto de poder ofrecer pruebas para probar su inocencia, aunque suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, porque se advierte que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso ********** por el delito de lesiones (perseguible por querella), es violatoria de garantías, atento a las consideraciones que enseguida se expondrán: En efecto, el Juez de Distrito, al analizar el acto reclamado, pasó por alto que se vulneró en perjuicio del quejoso ********** su garantía de audiencia, que en el caso, se encuentra prevista en el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, al consagrar en su favor una audiencia de conciliación en la cual el Ministerio Público tratándose de delitos perseguibles por querella, debe orientar su intervención para avenir a las partes, cuya trascendencia radica en escuchar tanto al indiciado como a la ofendida, previo al ejercicio de la acción penal, y por ende, al dictado del mandamiento de captura. Situación que al no observar el Juez responsable, transgredió en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 constitucionales. Ahora bien, previamente debe decirse, que si bien es cierto que el artículo 16 constitucional regula los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también debe vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, así como diversas hipótesis que pudieran formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos como el 14 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, marcada con el número 1a./J. 31/99, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (transcribe). Así pues, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que toda orden de aprehensión, debe estar justificada en mandamiento escrito que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, amén de motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que concreta y satisface la garantía de legalidad que debe subyacer a todo acto de autoridad, y conlleva a actualizar de manera extensiva la diversa de seguridad jurídica; en este tenor, todo proceder de un órgano estatal debe encontrarse apoyado en las disposiciones establecidas por la norma positiva, cuyos valores en principio deben regir en supremacía a los de la moral o del derecho natural, pues si bien éstos atienden a un deber de justicia fundados en la naturaleza humana, es la norma positiva vigente la que establece los parámetros y lineamientos tendentes a la imposición del bienestar colectivo por encima del individual y que permite la convivencia social regida por el estado de derecho, entendido como aquél en el que los órganos e individuos integrantes del mismo habrán de someterse al régimen legal vigente. De tal forma, que con el dictado de la orden de aprehensión reclamada, se estiman transgredidas en perjuicio del quejoso, sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En el caso, de las constancias que constituyen la causa penal 659/2006-1, de donde emerge la orden de aprehensión reclamada, emitida el veintisiete de octubre de dos mil seis, dictada por el Juez Primero Penal de Cuantía Menor en Netzahualcóyotl, Estado de México, en contra de ********** por el delito de lesiones (perseguible por querella) en agravio de ********** se advierte que el citado Juez responsable, pasó por alto, que no hay constancia de que se haya llevado a cabo la audiencia de conciliación entre las partes, exigida por el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que dispone: (transcribe). Así pues, del precepto transcrito, se advierte que en tratándose de delitos perseguibles por querella, es imperativo advertir conforme a la legislación penal en cita, que se satisfaga dicha formalidad, es decir, que se les haya citado a conciliar a las partes, como requisito sine qua non, con lo cual quedaría satisfecha la oportunidad de defensa que se erige como garantía de audiencia a favor del inculpado, previo al ejercicio de la acción penal, y por ende, al dictado de la orden de aprehensión condigna; cuya trascendencia radica en que de lograrse tal conciliación, ni siquiera procedería el ejercicio de la acción penal, al preverse el archivo del asunto como concluido; pues de otra manera, el precepto en cuestión, no dispondría ‘deberá’, como imperativo para el Ministerio Público para la integración de la averiguación previa, sino que utilizaría el vocablo ‘podrá’, supuesto en que le dejaría éste a su arbitrio la celebración de la referida audiencia de conciliación, lo cual como se ha expues
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22088-0e42ab67/audiencia-de-conciliacion-en-la-averiguacion-previa-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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