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Modo: Corpus Pro

INHABILITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 129, 131, 133, 136 Y 259 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO QUE ESTABLECEN DICHA PENA POR UN TÉRMINO DE VEINTE AÑOS SIN SEÑALAR LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO DE APLICACIÓN, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 22 (ESTE ÚLTIMO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DE 2008) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21625
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, , Pág. 219.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número IX-450-P del siete de enero de dos mil nueve, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido en su fecha, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a fojas 935 de autos.

Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del nueve de enero al veintitrés de febrero del presente año, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero, primero, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de febrero de dos mil nueve, por ser sábados y domingos, respectivamente, inhábiles de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo; dos y cinco de febrero del presente año, con fundamento en el punto primero, incisos c) y e) del Acuerdo Número 2/2006, del Pleno de este Alto Tribunal, del treinta de enero de dos mil seis y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de la materia, ya que durante los días en que no tienen lugar actuaciones judiciales, no corren términos.

Por oficio DGC/DCC/064/2009, de fecha veintidós de enero de dos mil nueve, recibido al día siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el presente asunto, estimando que sí existe la contradicción de criterios y que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que las disposiciones de la legislación penal del Estado de México, que contemplan la inhabilitación por veinte años, tratándose de delitos cometidos por servidores públicos, son violatorios de los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión del diecisiete de octubre de dos mil ocho, resolvió el amparo directo 221/2008 y en lo que es materia de contradicción, esencialmente sostuvo:

"El veinte de marzo del año dos mil, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el mencionado decreto legislativo 165, que actualiza el anterior Código Penal del Estado de México, el cual entre otros contiene el artículo 129, fracción II, sometido a estudio. Lo relatado, pone de manifiesto que la intención del legislador al actualizar el artículo 129, fracción II, del código punitivo local, fue ampliar a veinte años, la sanción de inhabilitación a los servidores públicos que cometan un delito, para disminuir la incidencia de esa clase de delitos. En estas condiciones, el principio de exacta aplicación de la ley penal, el cual se encuentra relacionado con las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito en donde se establezca su duración mínima y máxima; en el caso de la porción normativa consistente en que tratándose del delito de cohecho, además de las penas de prisión, pecuniaria, destitución definitiva, el servidor público será ‘... inhabilitado por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos ...’ a que se contrae el ya referido artículo 129, fracción II, del Código Penal del Estado de México, no infringe lo dispuesto en el mencionado precepto constitucional. Lo anterior es así, en atención a que si bien el precepto ordinario de referencia, no establece un mínimo y un máximo para efectos de la inhabilitación que contempla como consecuencia jurídica del despliegue de la conducta delictiva, no constituye una omisión legislativa, en virtud de que del análisis del proceso respectivo que le dio origen, se desprenden diversas razones mediante las cuales el legislador justificó en forma expresa su establecimiento en la ley, considerando en dicho precepto, en principio, al delito de cohecho, asimismo, tomó en cuenta al sujeto activo que llevaba a cabo ese ilícito (servidor público) y, principalmente, el bien jurídico que tutela el tipo penal, que es contra la administración pública, lo que plenamente justifica la constitucionalidad de la porción normativa que prevé la mencionada consecuencia jurídica. Y es que si bien la inhabilitación se menciona como sanción en términos del artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Penales, no se puede desconocer que en tratándose del delito de cohecho, puede considerarse igualmente como medida de seguridad en protección de la propia sociedad, que se ve traicionada por todo servidor público que utiliza su encargo para la comisión de delitos, pues tal comportamiento no es sino una forma de corrupción que atenta contra la colectividad misma de manera grave, por tanto, al igual que la destitución, en realidad no se trata de aspectos graduables, y que correspondan al grado de culpabilidad, sino de consecuencias lógicas de la constatación del indebido ejercicio público (delictivo), respecto del cual la sociedad tiene pleno derecho para protegerse impidiendo mediante la prevención, que tales enjuiciados vuelvan a realizar funciones públicas. Luego, si la corrupción o deshonestidad no pueden graduarse en función de la culpabilidad personal derivada del hecho, no tienen por qué condicionarse a la existencia de un marco con mínimo y máximo, pues se trata de excepciones justificadas para la individualización legal del legislador, que de ese modo, es decir asignando carácter definitivo o de temporalidad fija, cumple no obstante con el principio de proporcionalidad precisamente por la importancia de salvaguardar a la sociedad de esa clase de comportamientos. Es por lo anterior, que el artículo 129, en su fracción II, del Código Penal del Estado de México, no vulnera el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivos por los cuales, el motivo de inconformidad que el quejoso hace valer al respecto, deviene infundado."

QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los juicios de amparo 73/2005, 432/2005 y 228/2007, en sesiones del doce de mayo y veintiocho de octubre de dos mil cinco y veintinueve de noviembre de dos mil siete, respectivamente, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

AD. 73/2005

"Ahora bien, retomando nuestro estudio, es de verse que, en esencia, la inconformidad central que sobre constitucionalidad se hace valer, recae sobre si se debe considerar que el artículo 136, parte in fine, del Código Penal del Estado de México, es violatorio de garantías por contener penas inusitadas; sin embargo, es de destacarse que las alegaciones del inconforme están direccionadas a combatir el arbitrio judicial del juzgador por haberle impuesto la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar toda clase de funciones, empleos y comisiones en la administración pública del Estado, a la cual se hizo acreedor por haberse acreditado plenamente su responsabilidad en orden a la comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el numeral en comento. Sin embargo, como ya se dijo, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es conveniente analizar si, en la especie, puede válidamente señalarse si en ese precepto ordinario se contienen sanciones prohibidas constitucionalmente. Al respecto, es de indicarse que nuestro Máximo Tribunal ha calificado como pena inusitada, de acuerdo a su acepción gramaticalmente hablando, lo no usado. Sin embargo, en su acepción constitucional, debe de entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva, que no corresponde a los fines que persigue la penalidad, porque no llene las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien, aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o índole de las citadas. Al respecto tiene aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, Instancia Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, visible en la página 2398, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ (se transcribe). Así como la tesis de la Primera Sala, de la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLII, visible en la página 2103, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES.’ (se transcribe). Igualmente se cita la tesis de la Primera Sala de la Sexta Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Segunda Parte, página 151, que dice: ‘PENA INUSITADA.’ (se transcribe). En ese contexto, el artículo 136, del Código Penal del Estado de México, en su parte conducente establece: ‘Artículo 136. Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que incurre en alguna de las siguientes conductas: ... Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa, la destitución del cargo será definitiva y la inhabilitación será por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. La anterior redacción obedece a la exposición de motivos contenida en la iniciativa del Decreto Número 165, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México (gaceta del gobierno), el veinte de marzo del dos mil, en el que se abrogó el Código Penal del Estado de México, publicado en la gaceta del Gobierno el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y seis, en la que se estableció, incrementar las penalidades y sancionar con mayor energía algunas conductas delictivas tales como: desobediencia, ultrajes, incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, coalición, abuso de autoridad ... en veinte años la sanción de inhabilitación a los servidores públicos que cometan un delito; buscando responder con ello a los requerimientos y expectativas de la población mexiquense para hacer frente a la diversidad de delitos que hoy día la aquejan. En esa tesitura, es dable advertir que la naturaleza jurídica de la pena de inhabilitación, es entendida como la sanción que repercute en el status jurídico de la persona, pues es la pérdida absoluta de la capacidad para desempeñar cargos públicos, durante el tiempo de la condena. Precisado lo anterior, es evidente que el precepto que se tilda de inconstitucional, en su concepto de inhabilitación, establece una sanción fija e invariable de veinte años, de ahí que válidamente se puede establecer que dicha pena es violatoria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prohíbe penas inusitadas puesto que la misma se considera excesiva, desproporcionada y fija, la cual no corresponde a los fines que persigue la pena, porque no corresponde con las características de una eficaz sanción, es decir, la de reformar al delincuente creando en él por el sufrimiento motivos que le aparten del delito en el futuro, ni tampoco se considera ejemplar para patentizar en los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley, ni mucho menos justa, puesto que no garantiza al imponer una pena desproporcional la seguridad y el bienestar social, ni intimidatorio, dado que con ello no constituye la salvaguarda de la sociedad, tampoco se considera correctiva, pues con penas severas no se puede readaptar a la vida normal al penado; de lo que se sigue, que la imposición de esta pena en esa clase de delitos cometidos por los servidores públicos, elimina el arbitrio judicial, convirtiendo al Juez en un simple aplicador de la literalidad del artículo que la contiene, contraviniendo así lo señalado en los artículos 57 y 58 del código punitivo estatal, que establecen las reglas generales para la imposición de las penas que el juzgador estime justas, dentro de los límites establecidos en dicha legislación para cada delito, es decir, el quántum de la pena entre un mínimo y un máximo, atendiendo a la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, a que está obligado para fijar una pena justa, utilizando para ello su arbitrio judicial; de tal manera que la imposición de la pena de inhabilitación, debe tener correspondencia entre la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo, para que esté en proporción con el daño causado por el ilícito cometido, circunstancias que no se encuentran presentes en la parte conducente del precepto que se reclama de inconstitucional, dado que impone una sanción fija e invariable, la que se considera inusitada por ser excesiva, dado que no contiene un mínimo y un máximo para su aplicación. Por consiguiente, si la disposición en comento no otorga a la autoridad jurisdiccional pleno arbitrio para valorar el ilícito en los términos apuntados (gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo), e imponer las sanciones que estime justas de acuerdo al quántum de la pena dentro de un mínimo y un máximo, de acuerdo a los numerales 57 y 58 del código punitivo estatal, necesariamente es de concluir que la parte conducente del numeral en estudio respecto a la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar cargo público, al no conceder a la autoridad responsable esa facultad, riñe directamente con la garantía consagrada en el artículo 22 de la Carta Magna. A mayor abundamiento, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como este tribunal, han considerado que el artículo 22 constitucional, prohíbe la multa excesiva, entendida ésta, como aquella pena pecuniaria que no corresponde a las condiciones económicas de la persona afectada, o que razonablemente es desproporcional con el valor del negocio en que se cometió, de tal suerte que cuando la sanción pecuniaria es fija e invariable, impide con ello a la autoridad administrativa individualizar la multa, es decir tomar en consideración las condiciones económicas del infractor y la gravedad del ilícito fiscal. Al respecto se cita tesis aislada 2a. CXXXV/99, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 484, que dice: ‘MULTAS. EL ARTÍCULO 76, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, VIOLA LOS ARTÍCULOS 22 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95).’ (se transcribe). Así como la tesis II.1o.P.A.2 A, de la Novena Época, Instancia Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, visible en la página 275, del rubro y tenor literal siguientes: ‘SANCIÓN PECUNIARIA FIJA E INVARIABLE. ES INCONSTITUCIONAL LA.’ (se transcribe). Conforme a lo expresado en líneas precedentes y de una armónica interpretación analógica, en virtud que en la especie existe identidad de razón entre las situaciones concretas mencionadas debe haber al respecto una misma razón jurídica. Ante tal panorama lo procedente es conceder al quejoso ********** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie otra, en la que dejando firmes los aspectos relativos a la comprobación del delito de abuso de autoridad, la plena responsabilidad penal demostrada del referido quejoso, el grado de culpabilidad en el que lo ubicó, las penas impuestas de un año de prisión y treinta días multa, la destitución definitiva de su cargo como ********** así como el beneficio de la conmutación de la pena de prisión, la absolución de la reparación del daño, y la amonestación; siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria estime inconstitucional la aplicación al quejoso de la parte conducente del artículo 136 del Código Penal del Estado de México vigente, respecto de la pena de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, y por ende, deje sin efecto la aplicación de la misma."

AD. 432/2005

"Ahora bien, retomando nuestro estudio, es de verse que, en esencia, la inconformidad central que sobre constitucionalidad se hace valer, recae sobre si se debe considerar que el artículo 133, parte in fine, del Código Penal del Estado de México, es violatorio de garantías por contener penas inusitadas, en lo particular, respecto de la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión pública. Sin embargo, como ya se dijo, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es conveniente analizar si, en la especie, puede válidamente señalarse, si en ese precepto ordinario se contienen sanciones prohibidas constitucionalmente. Al respecto, es de indicarse que nuestro Máximo Tribunal ha calificado como pena inusitada, de acuerdo a su acepción gramaticalmente hablando, lo no usado. Sin embargo, en su acepción constitucional, debe de entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva, que no corresponde a los fines que persigue la penalidad, porque, no llene las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien, aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o índole de las citadas. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, Instancia Primera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, visible en la página 2398, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ (se transcribe). Así como, la tesis de la Primera Sala, de la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLII, visible en la página 2103, que dice: ‘PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES.’ (se transcribe). Igualmente, se cita la tesis de la Primera Sala de la Sexta Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Segunda Parte, página 151, que dice: ‘PENA INUSITADA.’ (se transcribe). En ese contexto, el artículo 133 del Código Penal del Estado de México, en su parte conducente, establece: ‘Artículo 133. También comete el delito de ejercicio indebido de función pública, el servidor público que: ... IV. Se atribuya funciones o comisiones distintas a las que legalmente tenga encomendadas, en perjuicio de terceros o de la función pública. A quien cometa el delito previsto en la fracción IV, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, de treinta a doscientos días multa y destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.’. La anterior redacción, obedece a la exposición de motivos contenida en la iniciativa del Decreto Número 165, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México (Gaceta del Gobierno), el veinte de marzo del dos mil, en el que se abrogó el Código Penal del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno, el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y seis, en la que se estableció, incrementar las penalidades y sancionar con mayor energía algunas conductas delictivas, tales como: desobediencia, ultrajes, incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, coalición, abuso de autoridad ... en veinte años la sanción de inhabilitación a los servidores públicos que cometan un delito; buscando responder con ello a los requerimientos y expectativas de la población mexiquense para hacer frente a la diversidad de delitos que hoy día la aquejan. En esa tesitura, es dable advertir que la naturaleza jurídica de la pena de inhabilitación, es entendida como la sanción que repercute en el status jurídico de la persona, pues, es la pérdida absoluta de la capacidad, para desempeñar cargos públicos, durante el tiempo de la condena. Precisado lo anterior, es evidente que el precepto que se tilda de inconstitucional, en su concepto de inhabilitación, establece una sanción fija e invariable de veinte años, de ahí que válidamente se puede establecer que dicha pena es violatoria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prohíbe penas inusitadas, puesto que la misma se considera excesiva, desproporcionada y fija, la cual no corresponde a los fines que persigue la pena, porque no corresponde con las características de una eficaz sanción, es decir, la de reformar al delincuente creando en él por el sufrimiento motivos que le aparten del delito en el futuro, ni tampoco se considera ejemplar para patentizar en los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley, ni mucho menos justa, puesto que no garantiza al imponer una pena desproporcional, la seguridad y el bienestar social, ni intimidatorio, dado que con ello, no constituye la salvaguarda de la sociedad, tampoco se considera correctiva, pues con penas severas no se puede readaptar a la vida normal al penado; de lo que se sigue, que la imposición de esta pena en esa clase de delitos cometidos por los servidores públicos, elimina el arbitrio judicial, convirtiendo al Juez en un simple aplicador de la literalidad del artículo que la contiene, contraviniendo así lo señalado en los artículos 57 y 58 del código punitivo estatal, que establecen las reglas generales para la imposición de las penas que el juzgador estime justas, dentro de los límites establecidos en dicha legislación para cada delito, es decir, el quántum de la pena entre un mínimo y un máximo, atendiendo a la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, a que está obligado para fijar una pena justa, utilizando para ello su arbitrio judicial; de tal manera que la imposición de la pena de inhabilitación, debe tener correspondencia entre la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo, para que esté en proporción con el daño causado por el ilícito cometido, circunstancias que no se encuentran presentes en la parte conducente del precepto que se reclama de inconstitucional, dado que impone una sanción fija e invariable, la que se considera inusitada por ser excesiva, dado que no contiene un mínimo y un máximo para su aplicación. Por consiguiente, si la disposición en comento no otorga a la autoridad jurisdiccional pleno arbitrio para valorar el ilícito en los términos apuntados (gravedad del delito y el grado de culpabilidad del reo), e imponer las sanciones que estime justas de acuerdo al quántum de la pena dentro de un mínimo y un máximo, de acuerdo a los numerales 57 y 58 del código punitivo estatal, necesariamente es de concluir que la parte conducente del numeral en estudio respecto a la pena de inhabilitación por veinte años para desempeñar cargo público, al no conceder a la autoridad responsable esa facultad, riñe directamente con la garantía consagrada en el artículo 22 de la Carta Magna. A mayor abundamiento, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como este tribunal, han considerado que el artículo 22 constitucional, prohíbe la multa excesiva, entendida ésta, como aquella pena pecuniaria que no corresponde a las condiciones económicas de la persona afectada, o que razonablemente es desproporcional con el valor del negocio en que se cometió, de tal suerte que cuando la sanción pecuniaria es fija e invariable, impide con ello a la autoridad administrativa individualizar la multa, es decir tomar en consideración las condiciones económicas del infractor y la gravedad del ilícito fiscal. Al respecto, se cita la tesis aislada 2a. CXXXV/99, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 484, que dice: ‘MULTAS. EL ARTÍCULO 76, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, VIOLA LOS ARTÍCULOS 22 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95).’ (se transcribe). Así como, la tesis II.1o.P.A.2 A, de la Novena Época, Instancia Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, visible en la página 275, del rubro y tenor literal siguientes: ‘SANCIÓN PECUNIARIA FIJA E INVARIABLE. ES INCONSTITUCIONAL LA.’ (se transcribe). Conforme a lo expresado en líneas precedentes y de una armónica interpretación analógica, en virtud que en la especie, existe identidad de razón, entre las situaciones concretas mencionadas, debe haber al respecto, una misma razón jurídica. De ahí, lo inaplicable de las tesis que cita el impetrante, bajo los rubros: ‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN INDEBIDA DE LA.’ ‘PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.’ y ‘PENA, INUSITADA. SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL.’. Ante tal panorama, lo procedente es conceder al quejoso ********** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie otra, en la que reiterando los aspectos relativos a la comprobación del delito de ejercicio indebido de funciones públicas, la plena responsabilidad penal demostrada del referido quejoso, el grado de culpabilidad en el que lo ubicó, las penas impuestas de un año de prisión y treinta días multa, así como el beneficio de la conmutación de la pena de prisión, la absolución de la reparación del daño, y la amonestación; siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de la absolución o condena, en cuanto a la pena pública, consistente en la destitución definitiva del cargo que venía fungiendo el ahora quejoso como ********** asimismo, motive adecuadamente, el por qué únicamente le concedió al impetrante, el beneficio sustitutivo de conmutación de la pena de prisión por multa y no por el de igual número de jornadas de trabajo a favor de la comunidad, como lo establece el artículo 70 del Código Penal del Estado de México; finalmente, estime inconstitucional, la aplicación al quejoso de la parte conducente del artículo 133 del código en cita, respecto de la pena de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y, por ende, deje sin efecto la aplicación de la misma."

AD. 228/2007

"Ahora bien, retomando nuestro estudio, es de verse que, en esencia, el tema central recae sobre si se debe considerar que el artículo 259, penúltimo párrafo, del Código Penal del Estado de México, es violatorio de garantías por contener penas inusitadas; dado que como ya se dijo, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es conveniente analizar si, en la especie, puede válidamente señalarse si en ese precepto ordinario se contienen sanciones prohibidas constitucionalmente. Al respecto, es de indicarse que nuestro Máximo Tribunal ha calificado como pena inusitada, de acuerdo a su acepción gramaticalmente hablando, lo no usado. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado en la jurisprudencia 1/2006, que su acepción constitucional, se constriñe a tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o una alteración física, b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido, que no corresponda la fi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21625-f350d648/inhabilitacion-de-los-servidores-publicos-los-articulos-129 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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