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ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD EMISORA FUNDE SU COMPETENCIA, SI EL ÓRGANO DE AMPARO ADVIERTE QUE LA MISMA EXISTE Y SE ACTUALIZA A FAVOR DE DICHA AUTORIDAD. CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA DECLARARLA SIN MATERIA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES INFORMA QUE ABANDONÓ SU CRITERIO, ES NECESARIO QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SE HAYA PLASMADO EN UNA EJECUTORIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21086
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, , Pág. 7.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, que no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. En el caso, la denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, denunciantes, se encuentran legitimados para ello, atento a lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al dictar resolución en el amparo en revisión 188/2007, consideró lo que enseguida se expone:

"SÉPTIMO. Para un adecuado entendimiento del problema que nos ocupa, se tiene que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que conoció y resolvió el juicio de amparo que originó el presente recurso, en vez de ocuparse del análisis de fondo de la orden de aprehensión que se libró en contra de **********, por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia en Chiconautla, Estado de México, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude previsto y sancionado por los artículos 305 y 307, fracción V, del Código Penal para el Estado de México, o incluso de su aspecto formal en sentido estricto (fundamentación y motivación), decidió concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al sostener que el referido acto reclamado, carecía de los requisitos formales de fundamentación y motivación, en relación a la competencia de la mencionada autoridad responsable ordenadora, razonando para ello, que omitió precisar el precepto o preceptos de la legislación ordinaria en donde se encuentran contempladas sus facultades para resolver sobre la solicitud ministerial, es decir, si se encontraba legitimado competencialmente en razón del territorio, materia, grado o cuantía, para librar dicha orden de captura.

"Ahora bien, tal concesión en principio y de modo aparente implicaría jurídicamente una imposibilidad para que el tribunal revisor, analizara los agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el quejoso es el único recurrente y se le ha concedido el amparo para efectos; porque se corre el riesgo de que podría negarse la protección federal en su perjuicio.

"En este contexto, resulta aplicable por razón de identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 15/2000, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, noviembre de 2000, página 264, que dice:

"‘ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN.’ (se transcribe).

"Sin embargo, tal norma que constituye la regla general, presupone diversas condiciones, que de faltar alguna de ellas, produce un estado de excepción, y esos requisitos se cumplen cuando:

"a) El otorgamiento del amparo por razones de forma sea correcto, al menos en su apariencia general, o sea, que no se perciba transgresión u omisión a algunas de las reglas y principios del procedimiento de amparo.

"b) Que sea perceptible el riesgo evidente de que el análisis al fondo del asunto derivaría en un perjuicio para el recurrente ante la potencial negativa del amparo en comparación con el beneficio obtenido; y,

"c) El hecho de que el órgano que conoció del juicio de amparo no se hubiese ocupado del análisis del fondo, estableciendo la constitucionalidad de tales aspectos, pues es evidente que de haberlo hecho, el tribunal revisor está obligado a la atención de los agravios respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido en el amparo en revisión 202/2004 del índice de este órgano, con fecha dieciocho de marzo de dos mil cinco, especialmente en lo conducente, la tesis emanada de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, tesis II.2o.P.38 K, página 1521, que a la letra dice:

"‘REVISIÓN DE FONDO NO OBSTANTE LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA EFECTOS POR EL JUEZ A QUO. CUÁNDO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL.’ (se transcribe).

"Bajo la anterior premisa, los agravios antes reseñados son fundados y suficientes, para modificar la sentencia recurrida, en cuanto a la concesión del amparo para el solo efecto de que se manifieste expresamente una competencia que no está a discusión y que resulta evidente, de modo que no se cumplen los requisitos para que este tribunal revisor se encuentre imposibilitado para analizar el fondo del asunto, por las razones que a continuación se exponen.

"En principio, debe destacarse que si bien es cierto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 10/94, consultable en la página 12, mayo de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto:

"‘COMPETENCIA, SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe).

"De lo anterior se extrae que todo acto de molestia y privación deben, entre otros requisitos, como parte de las formalidades esenciales del procedimiento, ser emitidos por autoridad competente, expresando el carácter con que lo suscribe y el dispositivo legal que otorgue tal legitimación, de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, por lo que es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial y es o no conforme a la Constitución o a la ley secundaria aplicable; también es cierto que lo relativo a la competencia es factible su estudio, para que en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad al emitirlo, cuando existe petición de la parte interesada, quien duda de legitimación de la autoridad, expresa su incertidumbre o bien, que sea evidente que la autoridad responsable que emite el acto reclamado carece de facultades, casos en los cuales deben estudiarse, incluso, en suplencia de queja.

"Y esto es así, porque a ninguna utilidad práctica conduce suplir la deficiencia de la queja y conceder el amparo solicitado por el quejoso, a efecto de que la autoridad responsable se pronuncie sobre su competencia, si a final de cuentas la nueva resolución que se llegue a dictar en nada varía su sentido, al justipreciar que se encuentra legitimada para emitir el acto reclamado, por lo que en esas condiciones en modo alguno se le deja en estado de indefensión al gobernado, por tanto, en aras de la economía procesal, no procede suplirse la deficiencia de la queja y ordenar a la autoridad responsable que se pronuncie lo relativo a su competencia, salvo cuando el quejoso cuestiona la competencia de la autoridad responsable, expresa incertidumbre o bien, que sea evidente que el ente responsable, carece de facultades para emitir el acto reclamado, porque de lo contrario, lo único que se propicia, es retardar la solución del asunto, en contravención a la garantía a que se contrae el artículo 17 de la Constitución Federal, consistente en que la administración de la justicia debe ser pronta.

"En el caso particular, como se aprecia de la transcripción de la resolución impugnada, el secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, estimó que era procedente conceder a ********** el amparo y protección de la Justicia Federal, en atención a que la orden de aprehensión que se libró en su contra, carecía de los requisitos formales de fundamentación y motivación, en relación a la competencia del Juez Cuarto Penal de Primera Instancia en Chiconautla, Estado de México, toda vez que omitió precisar el precepto o preceptos de la legislación ordinaria en donde se encuentran contempladas sus facultades (competencia) para resolver sobre la solicitud ministerial, en razón del territorio, materia, grado o cuantía, para librar la orden de aprehensión en contra del ahora recurrente; no obstante que la legitimación de la autoridad responsable para dictar la orden de aprehensión que se impugna en esta instancia constitucional, está obviada, en atención a que de la declaración del apoderado de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, **********, que vertió ante el agente del Ministerio Público, en lo que interesa señaló: ‘deseo aclarar en este acto que el domicilio donde se realizaba tanto la entrega de productos como el pago o la entrega de las transferencias electrónicas por parte de los probables responsables, era el ubicado en **********’, por ende, el Juez Penal de la causa, en cuanto al territorio, materia y cuantía del asunto se encuentra legalmente facultado para librar la orden de aprehensión, de conformidad con lo que establecen los artículos 1o., fracción IV, 4o. y 6o. del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa y los numerales 10, 11, fracción III, 65 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estadio de México; por lo que resulta inútil conceder el amparo solicitado, por esa razón, como lo hizo el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito, para el solo efecto de exigir la manifestación expresa de una competencia que se sostiene por la responsable de manera implícita, pues de estimar lo contrario, lo único que propiciaría, como ya se expresó, es retardar en que se resuelva el asunto que nos ocupa."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión 1/2006 y 305/2005, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

• Juicio de amparo en revisión 1/2006:

"IV. ... de conformidad con la fracción II del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, en suplencia de la queja en su deficiente formulación, este Tribunal Colegiado observa que, en la especie, existe una violación que afecta las defensas del quejoso lo que conduce a conceder el amparo impetrado para los efectos que en su oportunidad se precisarán.

"En efecto, el auto de formal prisión reclamado, como acto restrictivo de la libertad, para que sea legal por regla general debe emitirse por autoridad competente, a cuyo efecto, deberá fundamentar ésta como requisito de todo acto de autoridad, pues así lo dispone la norma constitucional transcrita.

"... Sin embargo, dicha resolución carece de la suficiente fundamentación y motivación, en cuanto a la competencia de la autoridad responsable, en razón de que en el fallo, la emisora soslayó dicho requisito, habida cuenta que los actos de autoridad deben ser dictados por una autoridad competente; pues fue omisa en precisar el precepto o preceptos de la legislación ordinaria en que se contengan las facultades de que está investida como autoridad jurisdiccional, además de que fue omisa también en señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para estimar que, en el caso, estaba facultada para resolver la situación jurídica del inodado dentro del plazo constitucional.

"Cabe destacar, que la omisión de pronunciarse la autoridad responsable en cuanto a su competencia para emitir el auto reclamado, dejó al quejoso en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitirla, ni el carácter con que la emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y es conforme o no a la Constitución o a la Ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la legalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria.

"Al respecto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable la jurisprudencia número 104 de la 8a. Época, visible en las páginas 82 y 83, del Tomo VI en Materia Común, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe).

"También es importante hacer notar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación análoga a si el acto nunca hubiera existido.

"Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable, el criterio que se contiene en la tesis 2a. CXCVI/2001 de la 9a. Época, visible en la página número 429, del Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.’ (se transcribe).

"De ahí la importancia de que el auto de formal prisión reclamado, dictado al quejoso **********, deba contener suficientemente fundada y motivada la competencia de la autoridad judicial que lo emitió, dado que ello es un presupuesto procesal de todo acto de autoridad.

"En tales condiciones, procede conceder a ********** el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la emisora del acto reclamado deje insubsistente el fallo impugnado y, con plenitud de jurisdicción, dicte otro, el que podrá ser en el mismo sentido o diverso en el que, siguiendo los lineamientos establecidos en este fallo, purgue los vicios de forma en los que incurrió, lo que se hace extensivo a la autoridad ejecutora."

Juicio de amparo en revisión 305/2005:

"... el auto de formal prisión de dos de abril de dos mil cinco, dictado por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la causa penal **********, en contra de **********, vulnera en su perjuicio las garantías previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque carece de una debida fundamentación y motivación, lo que es suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

"... dicho auto de formal prisión contiene una insuficiente fundamentación, y carece de una adecuada motivación en cuanto a la competencia de la Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en razón de que en el documento la autoridad judicial, únicamente invoca el artículo 19 constitucional, en el que se contiene que los actos de autoridad deben ser dictados por una autoridad judicial; empero, no precisa con claridad el precepto o preceptos de la legislación ordinaria, en que se contengan las facultades de que está investida para librar un auto de formal prisión, ni tampoco señala con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para estimar que en el caso en concreto, estaba facultada para librar el auto de formal prisión en contra del inculpado **********, y menos se advierte, la adecuación de los motivos con las normas aplicables.

"Cabe destacar, que la imprecisión de la competencia de la autoridad judicial para emitir el auto de formal prisión, deja al quejoso en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitirlo, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la legalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o a la secundaria.

"Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 104, de la Octava Época, visible en las páginas ochenta y dos y ochenta y tres, del Tomo VI, en Materia Común, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe).

"Es importante también hacer notar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido.

"El criterio se contiene en la tesis 2a. CXCVI/2001 de la Novena Época, visible en la página número cuatrocientos veintinueve, del Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"‘AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.’

"De ahí la importancia que el auto de formal prisión decretado al quejoso **********, deba contener debidamente fundada y motivada la competencia de la autoridad judicial que lo emitió.

"En tales condiciones, procede modificar la sentencia que se revisa, y conceder a **********, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente el fallo impugnado y con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo, el que podrá ser en el mismo sentido o sentido diverso, en el que siguiendo los lineamientos establecidos en este fallo, purgue los vicios de forma en los que incurrió."

QUINTO. En primer lugar, debe determinarse si efectivamente existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, examinando hipótesis jurídicas esencialmente iguales, hayan llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada, partiendo del estudio de los mismos elementos. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia transcrita a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Una vez expuesto lo anterior, se procede al análisis de las diversas consideraciones, para estar en aptitud de determinar si en la especie existe la contradicción de criterios denunciada.

SEXTO. Existe la contradicción de tesis denunciada.

Lo anterior es así, puesto que los Tribunales Colegiados involucrados, estudiaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, tomaron en cuenta similares elementos y, al resolver, llegaron a conclusiones opuestas.

Esto es así, pues mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la ejecutoria de referencia, sostuvo que: no procede suplir la deficiencia de la queja y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable que dictó una orden de aprehensión en su contra funde su competencia, salvo cuando el quejoso cuestiona la competencia de la autoridad responsable, expresa incertidumbre, o bien, cuando es evidente que el ente responsable carece de facultades para emitir el acto reclamado, porque de lo contrario lo único que se propicia es retardar la solución del asunto, en contravención a la garantía a que se contrae el artículo 17 de la Constitución Federal, el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, determinó que: procede suplir la queja y conceder el amparo cuando la autoridad responsable ha sido omisa en fundar su competencia al emitir un auto de formal prisión, porque con ello se vulneran las garantías previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al carecer la resolución impugnada de una debida fundamentación y motivación.

En el caso, resulta oportuno citar los antecedentes de los asuntos sobre los que los Tribunales Colegiados contendientes fijaron sus criterios.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito conoció del amparo en revisión 188/2007, que tuvo como antecedente lo que enseguida se cita:

a) El veintitrés de abril de dos mil siete, el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, libró orden de aprehensión en la causa penal número **********, por la probable responsabilidad penal en el delito de fraude previsto y sancionado por los artículos 305 y 307, fracción V, en relación con los 6o., 7o., 8o., fracciones I y III, 9o. y 11, fracción II, inciso b), del Código Penal para el Estado de México, cometido en agravio de cierta persona moral.

b) En contra de dicha determinación se promovió juicio de amparo, el cual correspondió conocer, por razón de turno, al Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien lo admitió a trámite y ordenó su registro con el número **********. Seguidos los trámites correspondientes, el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que determinó, por una parte, sobreseer en el juicio de garantías y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

En síntesis, el argumento que sostuvo la referida autoridad jurisdiccional para conceder el amparo en contra de la orden de aprehensión combatida por el quejoso, consistió en que esta orden carecía de los requisitos formales de fundamentación y motivación, en relación a la competencia de la autoridad responsable ordenadora, razonando para ello que omitió precisar el precepto o preceptos de la legislación ordinaria en donde se encontraran contempladas sus facultades para resolver sobre la solicitud ministerial, es decir, si en el caso, la responsable se encontraba legitimada competencialmente en razón del territorio, materia, grado o cuantía, para librar dicha orden de captura.

c) Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró bajo el número RP. 188/2007, y en sentencia determinó modificar la resolución recurrida, sobreseer en el juicio de garantías y negar el amparo solicitado, por considerar lo siguiente:

a. Que si bien es cierto que todo acto de molestia y privación deben entre otros requisitos, como parte de las formalidades esenciales del procedimiento, ser emitidos por autoridad competente, expresando el carácter con que se suscribe y el dispositivo legal que otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, porque no se le otorgaría la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial, y si es o no conforme a la Constitución o a la ley secundaria aplicable; también es cierto que el estudio de la competencia es factible cuando existe petición de la parte interesada, quien duda de la legitimación de la autoridad, expresa su incertidumbre, o bien, que sea evidente que la autoridad responsable que emite el acto reclamado carece de facultades, casos en los cuales debe estudiarse, incluso, en suplencia de la queja.

b. Que lo anterior es así, porque a ninguna utilidad práctica conduce suplir la deficiencia de la queja y conceder el amparo solicitado por el quejoso, a efecto de que la autoridad responsable se pronuncie sobre su competencia, si a final de cuentas la nueva resolución que se llegue a dictar en nada variará su sentido, al justipreciar que se encuentra legitimada para emitir el acto reclamado, por lo que en esas condiciones en modo alguno se le deja en estado de indefensión al gobernado, por tanto, en aras de la economía procesal, no procede suplirse la deficiencia de la queja y ordenar a la autoridad responsable que se pronuncie en lo relativo a su competencia, salvo cuando el quejoso la cuestiona, expresa incertidumbre, o bien, que sea evidente que el ente responsable carece de facultades para emitir el acto reclamado, porque de lo contrario lo único que se propicia es retardar la solución del asunto, en contravención a la garantía a que se contrae el artículo 17 de la Constitución Federal, consistente en que la administración de justicia debe ser pronta.

Por su parte, el Primer Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito analizó cuestiones derivadas de lo siguiente:

• Amparo en revisión 305/2005:

a) El dos de abril de dos mil cinco, el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó auto de formal prisión en la causa penal número **********, por el delito de encubrimiento, previsto y sancionado por los artículos 149, fracción III y último párrafo, en relación con el 6o., 7o., 8o., fracciones I y III, 11, fracción I, inciso D), del Código Penal para el Estado de México, y el delito de falso testimonio, previsto y sancionado por los artículos 156, fracción I y último párrafo, en relación con el 6o., 7o., 8o., fracciones I y III, 11, fracción I, inciso C), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la administración de justicia.

b) En contra de dicha determinación se promovió juicio de amparo, que correspondió conocer, por razón de turno, al Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien lo admitió a trámite y ordenó su registro con el número **********. Seguidos los trámites correspondientes, se dictó sentencia en la que en el único resolutivo se decidió negar el amparo.

En síntesis, el argumento que sostuvo la referida autoridad jurisdiccional para negar el amparo promovido en contra del auto de formal prisión de mérito, consistió en que tal determinación no era violatoria de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que dicho acto debe observar de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Federal, pues el mismo se encontraba ajustado a derecho, ya que en todo momento el Juez responsable se refirió a los artículos del Código Penal para el Estado de México, al especificar que es el numeral 149, fracción III, el que describe el tipo penal de encubrimiento y su sanción, así como que el diverso 156, fracción I y último párrafo, se refiere al delito de falso testimonio y su sanción; por tanto, no podía considerarse como infundada su resolución.

c) Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró bajo el número RP. 305/2005, y mediante sentencia resolvió modificar la resolución recurrida, sobreseer en el juicio de garantías promovido y conceder el amparo solicitado, al estimar lo siguiente:

a. Que el auto de formal prisión contiene una insuficiente fundamentación y careció de una adecuada motivación en cuanto a la competencia de la Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en razón de que el documento únicamente invoca el artículo 19 constitucional, pero no precisa el precepto o preceptos legales en que se contuvieran las facultades de que está investida tal autoridad para librar un auto de formal prisión, ni tampoco señala las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas para estimar que estaba facultada para hacer el libramiento señalado.

b. Que la imprecisión de la competencia de la autoridad judicial para emitir el auto de formal prisión, deja al quejoso en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21086-d95c4a79/orden-de-aprehension-y-auto-de-formal-prision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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