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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA EN EL AMPARO. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIENEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO, AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTÉ RECLUIDO EN ÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21151
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 96.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la revisión penal 186/2007, en sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil siete, realizó las consideraciones, que en lo conducente, a continuación se transcriben:

"TERCERO. Es innecesario transcribir las consideraciones de la resolución recurrida y los agravios expresados al respecto, pues no serán materia de análisis ya que este Tribunal Colegiado advierte de oficio que el acto reclamado no es de naturaleza penal, sino administrativa, por lo que la autoridad de amparo en materia penal no tiene competencia para resolver el juicio de garantías promovido por la quejosa. En principio, debe destacarse que en el sistema jurídico mexicano la competencia por razón de la materia se distribuye entre diversos órganos, a los que se les asigna una jurisdicción especial, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, agrarios, penales, del trabajo, etcétera, a los cuales les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen los casos cuya competencia corresponde a los Jueces de Distrito de amparo en materia penal y administrativa, respectivamente. Por otra parte, es necesario señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la competencia 22/2006, estableció que un acto se considera formalmente administrativo cuando emana de cualquier autoridad administrativa con independencia de su índole intrínseca. En tanto que se considera materialmente administrativo cuando su emisión proviene de cualquier órgano del Estado en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas o por cualquier entidad paraestatal; caracterizándose por su concreción, su individualidad y su particularidad. El contenido que representa un acto administrativo es múltiple y variado, su finalidad no estriba en dirimir alguna controversia, resolver algún conflicto jurídico ni solucionar alguna cuestión contenciosa, pues éstos son inherentes a un acto jurisdiccional; sino cuando a través de él se aplica la norma jurídica que le sirve de sustento legal. De ahí que, al acto administrativo se le ha considerado como la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, que es de naturaleza reglada o discrecional y, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. Precisado lo anterior, enseguida debe puntualizarse que la quejosa señaló como acto reclamado la orden de que la -trasladen- del dormitorio que ocupaba a otro dentro del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, del Distrito Federal, por lo que no puede considerarse que dicho acto sea de naturaleza penal, dado que no afecta su libertad personal ni proviene del proceso penal seguido en su contra; de ahí que, no se ubica en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En cambio, dicho acto es formal y materialmente administrativo en atención a las autoridades a las que se atribuye y a la naturaleza del mismo, dado que se trata de una medida de control emanada de las facultades atribuidas a autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo encargadas de la organización y administración del precitado centro de reclusión en que la impetrante de garantías se encuentra recluida, por lo que la competencia para resolver el juicio de amparo promovido por la quejosa radica en un Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la tesis 1a. CI/2006, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 183, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, cuyo rubro y texto dicen: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL AMPARO. SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIENEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AÚN CUANDO EL QUEJOSO SE HALLE RECLUIDO EN ÉL.’. Si los actos que se reclaman en el juicio de amparo indirecto únicamente contienen medidas inherentes al aspecto disciplinario y de seguridad que deben regir dentro de un centro penitenciario, como lo es el de control interno respecto a la distribución de las celdas, así como el traslado de un interno a una diversa, no puede considerarse que se trate de actos de naturaleza penal pues no provienen del proceso que se le instruyó al sentenciado, ni del juzgador penal ante el cual se siguió la causa instaurada en su contra, sino que se trata de medidas de carácter disciplinario y de seguridad emanadas de facultades atribuidas a las autoridades administrativas encargadas del centro penitenciario en el que se encuentra recluido. En congruencia con lo anterior, se concluye que la competencia para conocer del recurso de revisión en el que se combate la resolución recaída al mencionado juicio de amparo indirecto, se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, sin que ello exima a dicho órgano colegiado de examinar los agravios planteados en la revisión supliendo la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, si el peticionario de garantías, al impugnar los actos reclamados a través del juicio de amparo, está privado de su libertad y recluido en un ‘centro penitenciario’. También es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 1/2003, establecida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, consultable en la página 274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, cuyo texto dice: ‘COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SE SURTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UN ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO PARA LA «BUENA MARCHA» DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL.’. De la interpretación armónica de los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y 54, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se desprende que el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Centro Federal de Readaptación Social tiene facultades, que inciden de manera preponderante en la readaptación social de los sentenciados y otras que permiten adoptar medidas de carácter general para ‘la buena marcha’ del reclusorio, como lo son el acuerdo que regula la forma de pasar lista a la población o el que establece el ingreso y permanencia de diversas publicaciones para los internos, las cuales tienen un carácter formalmente administrativo, pues, por un lado, dicho consejo pertenece al Poder Ejecutivo, que es el encargado de ejecutar materialmente las sentencias penales y, por otro, esos actos no forman parte de la ejecución de las sentencias penales, a que se refieren los artículos 77 del Código Penal Federal y 1o., 5o. y 529 del Código Federal de Procedimientos Penales, ordenamientos que tratan temas de carácter materialmente penal; por lo que la competencia para conocer del recurso de revisión que se interponga en contra de la resolución de un Juez de Distrito, donde el acto reclamado es un acuerdo administrativo de los señalados, se surte en favor de un Tribunal Colegiado de Circuito en ‘Materia Administrativa’. De manera que, como el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo promovido por la quejosa, dado que el acto reclamado consistente en la orden de cambiarla de un dormitorio a otro dentro del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, es formal y materialmente administrativo; lo que procede es revocar la determinación recurrida y declarar la nulidad únicamente de dicha resolución, no así por lo que hace a la audiencia constitucional, así como remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en turno, para que emita la sentencia respectiva, de conformidad con los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, cuyo rubro y texto dicen: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.’. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aún de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de ‘Distrito incompetente’. Sin que este órgano constitucional pase inadvertida la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, número I.3o.P.84 P, consultable en la página 2500, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, cuyo rubro y texto dicen: ‘COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE TRASLADO DEL «CENTRO DE OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN» AL ÁREA DE «POBLACIÓN», AL NO SER UN ACTO DISCIPLINARIO, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.’. De la lectura del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer de los juicios de amparo en los que se reclamen: ‘... actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal ...’; por lo que, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto que se tilda de inconstitucional y que constituye el reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la quejosa (traslado), salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal, el juicio de garantías que se promueva, en esos casos, deberá ser tramitado y resuelto por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Por lo que si el acto reclamado que hace valer la quejosa, constituye una orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en su contra, para el efecto de trasladarla del lugar en el que se encuentra interna en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, dentro del área denominada ‘COC’ (Centro de Observación y Clasificación), a otro sitio, que es el área conocida como ‘POBLACIÓN’, lugar definitivo para su estadía en ese centro de reclusión, por haberse pronunciado sentencia condenatoria definitiva, es claro que se está afectando la libertad personal de ésta, pues aunque ya se encuentra privada de la misma, debe decidirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir compurgando tal pena de prisión, de lo que resulta que corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal el conocimiento del amparo promovido, al ser dicho traslado consecuencia del cumplimiento de la pena impuesta, con independencia de las razones esgrimidas por la autoridad ejecutora de sanciones penales para llevarlo a cabo. Sin que el criterio bajo el rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL AMPARO. SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIENEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AUN CUANDO EL QUEJOSO SE HALLE RECLUIDO EN ÉL.’, en modo alguno resulte aplicable en el caso a estudio; lo anterior en razón de que el texto de la tesis aludida, se refiere a la distribución de las celdas, así como al traslado de un interno a otra diversa; circunstancia que no acaece en el caso a estudio, puesto que la orden de traslado que constituye el acto reclamado, es de un área de ingreso, a una permanente, para el cumplimiento de la sanción impuesta, de ahí la inaplicabilidad de esa tesis ‘aislada’. Ello porque no se comparte dicho criterio pues, como se precisó en párrafos anteriores, el cambio de un interno de una celda a otra, decretado por las autoridades encargadas de la organización y administración del reclusorio respectivo, es formal y materialmente administrativo, dado que se trata de una medida dictada por autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo tendente a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer en los centros de reclusión, con independencia de que tal determinación obedezca a un cambio de estatus jurídico del interno, esto es, de procesado a sentenciado, puesto que es a dichas autoridades a las que les corresponde dictar las medidas relativas a la organización y distribución de las celdas, máxime que dicha orden no proviene del Juez de la causa ni coarta la libertad personal, pues ésta se encuentra restringida desde la prisión impuesta."

II. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto de competencia 143/2006, en sesión celebrada el quince de enero de dos mil siete, sustentó las consideraciones, que en la parte que interesa, a continuación se reproducen:

"QUINTO. Los criterios anteriores sustentados por los titulares de ambos juzgados señalados, ponen en relieve el conflicto que se produjo; pues mientras el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, declina la competencia, sosteniendo que la orden de traslado reclamada no es del orden penal, sino administrativo, en virtud de que sólo contiene normas que regulan un aspecto especializado de la seguridad institucional de un establecimiento penal. Por su parte, el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, no aceptó la competencia, mencionando que el acto reclamado tiene naturaleza penal, con independencia de la autoridad que lo hubiere emitido, pues afectaba la libertad personal de la quejosa. Al respecto, este Tribunal Colegiado estima que la competencia legal para conocer del juicio de amparo materia del conflicto competencial corresponde al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, por las razones que a continuación se precisarán: Para una mejor comprensión del asunto, es necesario precisar los siguientes artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (sic): ‘Artículo 51. Los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo.’. ‘Artículo 52. Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio.’. De la lectura acuciosa del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal tendrán conocimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen: ‘... actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal ...’; por lo que como bien fue razonado por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto que se tilda de inconstitucional y que constituye el reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la quejosa (traslado), salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal, el juicio de garantías que se promueva, en esos casos, deberá ser tramitado y resuelto por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Por lo que si en el caso a estudio, el acto reclamado que hace valer la quejosa **********, constituye una orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en su contra, para el efecto de trasladarse del lugar en el que se encuentra interna en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha; dentro del área denominada ‘COC’ a otro sitio, que es el área conocida como ‘POBLACIÓN’ lugar definitivo para su estadía en ese centro de reclusión, es claro que se está afectando la libertad personal de ésta, pues aunque ya se encuentra privada de la misma, debe decidirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir compurgando tal privación, de lo que resulta que corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal el conocimiento del amparo promovido, al ser dicho traslado consecuencia del cumplimiento de la pena impuesta, con independencia de las razones esgrimidas por la autoridad ejecutora de sanciones penales para llevarlo a cabo. Sin que pase desapercibido para este órgano colegiado, que si bien a la ahora quejosa ya le fue dictada sentencia en primera instancia y dentro de ésta le fue concedido un sustitutivo de prisión, tal determinación se encuentra sub júdice al haberse interpuesto recurso de apelación contra la misma; también lo es que el procedimiento penal instaurado en su contra no ha concluido, por tanto todavía se encuentra a disposición del tribunal de apelación para la continuación del procedimiento penal. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 19/88, en que sustentó el Juez de Materia Administrativa su determinación, visible en la página ciento cincuenta y tres, Tomo I, Primera Parte-1 enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Pleno, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: ‘LIBERTAD PERSONAL. ACTOS QUE AFECTAN LA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES QUE LOS EMITAN, CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA ELLOS.’. El artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su parte conducente señala que compete a los Jueces de Distrito en materia penal el conocimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen: ‘... actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal ...’; lo anterior significa que independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan un acto, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la quejosa (salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal), el juicio de garantías que se promueva en esos casos deberá ser tramitado y resuelto por un Juez de Distrito en Materia Penal. Así pues, tratándose de la orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en contra de un procesado o sentenciado para el efecto de cambiarlo de lugar de reclusión, es claro que se está afectando la libertad personal del reo pues aunque ya se encuentra privado de la misma, debe decidirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir sufriendo tal privación, consecuentemente, corresponde a un Juez en Materia Penal el conocimiento del amparo respectivo. Así como la tesis visible en la página veintinueve, Volumen 217-228, Primera Parte, Pleno, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: ‘LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN.’. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en Materia Penal, si los imputados al secretario de gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte. Siendo preciso destacar, que la jurisprudencia que bajo el rubro ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL AMPARO. SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIENEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AUN CUANDO EL QUEJOSO SE HALLE RECLUIDO EN ÉL.’, citó el Juez declinante para fundar su incompetencia, en modo alguno es aplicable en el caso a estudio; lo anterior en razón de que de la lectura acuciosa de ésta, se refiere a la distribución de las celdas, así como el traslado de un interno a otra diversa; circunstancia que no acaece en el caso a estudio, puesto que el traslado que constituye el acto reclamado, es de un área de ingreso a una permanente para el cumplimiento de una sanción impuesta, de ahí la inaplicabilidad de esa tesis aislada."

CUARTO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.

Tienen aplicación las siguientes tesis que a continuación se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así." (Tesis P. L/94, publicada en la página treinta y cinco, Tomo ochenta y tres, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Pleno, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21151-8ee73bd4/competencia-en-el-amparo-se-surte-a-favor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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