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SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. CON BASE EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, POR EL QUE SE MODIFICÓ EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL DE DICIEMBRE DE 2005, CABE RECONOCER CONSTITUCIONAL Y TRANSITORIAMENTE COMPETENCIA A LOS ÓRGANOS PREEXISTENTES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DOS MIL CINCO PARA JUZGAR LOS ILÍCITOS COMETIDOS POR ADOLESCENTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2008-PL. · Registro digital (IUS): 22041
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 769.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que la materia sobre la que versa la contradicción se circunscribe al ámbito penal, que es de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, habida cuenta de que la formuló el Magistrado Presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios participan en la presente contradicción.

TERCERO. Metodología. En términos de la tesis aislada plenaria P. XLVI/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’)", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página sesenta y ocho, una contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Con base en lo anteriormente señalado, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción denunciada entre los criterios de los Tribunales Colegiados involucrados.

CUARTO. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Ese tribunal conoció de los juicios de amparo directo 85/2008, 106/2008 y 114/2008. En ese sentido, en cumplimiento al requerimiento por el presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal, el presidente de ese tribunal remitió copia del relativo amparo directo 130/2008.(1) Al ser esencialmente idénticos tanto los hechos como las consideraciones presentados en todos ellos, únicamente se hará alusión al 114/2008, por ser el más reciente.

Los antecedentes del caso fueron los siguientes: un menor de edad fue detenido por la presunta comisión de un delito local (al igual que en el relativo del 106/2008 y a diferencia de los amparos directos 85/2008 y 114/2008, en los que el delito fue federal) en el Distrito Federal y puesto a disposición de la Consejera Unitaria Séptima del Consejo de Menores dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en esa entidad, quien, seguidos los trámites establecidos en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal estableció al menor infractor un periodo de tratamiento en internación en el Centro de Tratamiento para Varones. Periodo de tratamiento que fue modificado por la Sala Superior de ese Consejo de Menores.

Contra esa resolución de la Sala Superior, el menor por conducto de su representante interpuso amparo directo, el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo criterio, en la parte que interesa, fue del tenor siguiente:

"CUARTO. Este Tribunal Colegido no pasa inadvertido que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos «Mexicanos» fue modificado mediante decreto publicado el doce de diciembre de dos mil cinco en el Diario Oficial de la Federación, cuyo texto en la porción que interesa dice:

"‘Artículo 18. ...

"‘La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

"‘La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

"‘Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.

"‘Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves ...’

"Tal reforma abandona el sistema tutelar por el de responsabilidad, que tiene como nota esencial, la de tratarse de un modelo garantista, conforme al cual al adolescente que delinque se le reconoce un cúmulo de derechos en el procedimiento, caracterizados por el solo hecho de ser persona en desarrollo, le asisten los propios de todo individuo (adulto) sometido a proceso por violentar leyes penales y los demás reconocidos -en instrumentos internacionales y leyes nacionales- por su especial condición biopsicológica de ser adolescente.

"Para la implementación del nuevo sistema, se faculta a la Federación, los Estados y el Distrito Federal para que establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia, aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada señalada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se cumplan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución para todo individuo y aquellos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos.

"La regulación de la entrada en vigor de la aludida reforma se encuentra contenida en los transitorios siguientes:

"‘Primero. El presente decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"‘Segundo. Los Estados de la Federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del presente decreto.’

"Es importante señalar que la finalidad de los preceptos transitorios consiste en establecer los lineamientos provisionales o de tránsito que permitan la eficacia de la norma materia de la reforma, en concordancia con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera que sea congruente con la realidad imperante. Su naturaleza jurídica, por su función, se refiere a la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición, su aplicación retroactiva, ultra-activa o simplemente su derogación. Se puede afirmar que de acuerdo con su naturaleza existen, entre otros, los que:

"a) Determinan la vigencia de una norma, esto es, establecen la entrada en vigor o vigencia temporal de las disposiciones a que se refiere a partir del momento de la promulgación o publicación, su eficacia es inmediata.

"b) Establecen un mandato al legislador para emitir las disposiciones necesarias para la debida instrumentación de la norma (secundaria o reglamentaria), la vigencia de estos artículos depende del cumplimiento de la condición prevista.

"c) Las que determinan la derogación de una o varias disposiciones jurídicas, así ponen fin a su vigencia con lo cual su función se agota.

"Ahora bien, el artículo primero transitorio regula la entrada en vigor del decreto, esto es, a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual se efectuó el doce de diciembre de dos mil cinco, por lo que entró en vigor el doce de marzo del año siguiente; el segundo transitorio, instituye un mandato a los Estados de la Federación y el Distrito Federal para que en el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto -doce de marzo de dos mil seis-, expidan las leyes, establezcan instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del nuevo sistema, que concluyó el doce de septiembre de dos mil seis.

"En consecuencia, la norma transitoria sólo regula los lineamientos de la entrada en vigor de la reforma y el mandato de instrumentación al legislador ordinario (sujeto a plazo determinado), mas no la derogación de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal ni la desaparición o supresión del servicio público del Consejo de Menores para aquellas entidades que no hayan cumplido en el plazo con dicho mandato, lo que se entiende porque no se trata de un cambio normativo menor, sino de la instauración de un nuevo sistema integral de justicia, por lo que no ha cesado la jurisdicción de dicho órgano para dictar las resoluciones respecto de los adolescentes y por ende, es dable concluir que subsiste su competencia constitucional y legal, constituida hasta en tanto entre en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, por lo que no se incumple lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Ello es así, pues se reitera se trata de la instauración de un nuevo sistema integral de justicia, ya que de la interpretación del precitado dispositivo, se desprende que:

"1) Impone la obligación de instaurar tribunales judiciales (no administrativos), pues sólo éstos serán competentes para juzgar a menores entre doce y dieciocho años, por delitos que hayan cometido.

"2) Establece la doble jurisdicción, a nivel federal y local para estos efectos; conforme a la cual, en principio, los tribunales locales habrán de juzgar por conductas tipificadas como delitos en el orden jurídico local; y los tribunales federales, habrán de juzgar por conductas tipificadas como delitos en leyes federales.

"3) Estos tribunales habrán de ser dotados expresamente de competencia para juzgar a menores y deberán operar con titulares especializados en materia de justicia de menores.

"Es necesario precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 44/2007-PS, determinó de manera expresa que dicho ordenamiento preconstitucional a la reforma no había sido derogado, al señalar: ... Es importante dejar en claro que lo antes dicho no soslaya que ni la reforma ni sus transitorios establecieron la derogación tácita de norma alguna; y que, por ende, tampoco se está estableciendo aquí que la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal haya sido derogada por la reforma. No.

"Por tanto, en aquellas entidades en donde aún no entra en vigor la legislación atinente que implementa el nuevo sistema integral de justicia, como ocurre en el Distrito Federal (en la actualidad la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal se encuentra en vacatio legis, pues fue publicada en la Gaceta Oficial el catorce de noviembre de dos mil siete y entrará en vigor el seis de octubre del año en curso); es dable concluir que seguirá aplicándose la aludida Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, puesto que no fue derogada ni se estableció expresamente consecuencia jurídica alguna para el caso de que las Legislaturas Locales no cumplieran en el plazo con tal exigencia.

"Ello es así, pues una interpretación a contrario sería tanto como validar un estado de impunidad y por ende un vacío de poder, que sería contrario con los fines del Estado de salvaguardar mediante los instrumentos jurídicos el orden social, que por cierto, no expresó el Poder Reformador en la multicitada reforma ni en los preceptos transitorios para el caso de que el legislador ordinario incurriera en omisión.

"Es aplicable la tesis II.4o.P.3 P, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que este órgano colegiado comparte, publicada en la página 2636, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, que dice: ‘JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES. LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA AL DIVERSO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 12 DE DICIEMBRE DE 2005, NO IMPLICA QUE UNA VEZ FENECIDO EL PLAZO DE SEIS MESES Y CUMPLIDA LA DISPOSICIÓN POR LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y EL DISTRITO FEDERAL, LAS DEPENDENCIAS VINCULADAS CON LA JUSTICIA PARA MENORES CESEN, SUPRIMAN O SUSPENDAN EL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTAN A LOS HABITANTES DE SU ENTIDAD, NI QUE SE ABROGUEN LAS LEGISLACIONES RELATIVAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Por decreto del 12 de diciembre de 2005 el H. Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional denominada «justicia para adolescentes», mediante la cual, al modificar el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procuró la creación de mecanismos de control judicial, a través de los cuales nuestra nación esté a la vanguardia en materia de derechos y justicia para adolescentes infractores. Así, en el artículo segundo transitorio del decreto se otorgó a los Estados de la Federación y al Distrito Federal autonomía total, para que por medio de sus diversos Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y dentro del plazo de seis meses a partir de su publicación -12 de marzo de 2006- crearan las leyes, instituciones y órganos que se requirieran para la aplicación de la referida reforma; sin embargo, la temporalidad conferida por el Constituyente no implica de forma alguna que una vez fenecido dicho plazo y cumplida la disposición las dependencias vinculadas con la justicia para menores, siendo en el caso concreto del Estado de México el Consejo de Menores y el Colegio Dictaminador, cesen, supriman o suspendan el servicio público que prestan a los habitantes de su entidad, menos aún, que se abroguen las legislaciones estatales relativas, como la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del propio Estado -de 20 de enero de 1995-. Lo anterior es así, pues al atender a la naturaleza intrínseca y teleológica de las normas transitorias del decreto constitucional en cuestión, puede advertirse que establecen, respectivamente, la entrada en vigor del propio decreto, así como un mandato al legislador ordinario (sujeto a plazo determinado), mas no una prerrogativa abrogatoria de la legislación de justicia para menores de los Estados o la desaparición o supresión del servicio público de las autoridades mencionadas. De esta manera, es inconcuso que las autoridades encargadas de la justicia de menores cuentan con la competencia constitucional originaria que les fue reconocida hasta que exista disposición en contrario y, en consecuencia, la legislación secundaria aplicable seguirá vigente para la sustanciación de los asuntos pendientes de resolver hasta su conclusión, mientras no exista norma expresa que la abrogue, pues afirmar lo contrario, sería tanto como validar un estado de impunidad a favor de los infractores.’

"En otro aspecto, este Tribunal Colegiado no pasa inadvertida la jurisprudencia 25/2008, establecida por la aludida Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, con motivo de la contradicción de tesis 44/2007-PS, resuelta en sesión de doce de marzo del año en curso, relacionada en párrafos anteriores, pendiente de publicación, cuyos texto y rubro dicen: ‘DELITOS FEDERALES COMETIDOS POR ADOLESCENTES, MENORES DE DIECIOCHO Y MAYORES DE DOCE AÑOS DE EDAD. SON COMPETENTES LOS JUZGADOS DE MENORES DEL FUERO COMÚN (RÉGIMEN DE TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL)-Es fundamental e imprescindible para la determinación del órgano competente para juzgar a un adolescente que ha cometido un delito federal, tomar en consideración la reforma constitucional al artículo 18, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil cinco, en materia de justicia de menores, especialmente, lo relativo a la instauración de sistemas de justicia de menores en cada orden de gobierno (federal y locales), el reconocimiento del carácter penal educador del régimen, el sistema de doble fuero y que los menores deben ser juzgados necesariamente por una autoridad jurisdiccional que esté inscrita dentro de los poderes judiciales. En esa tesitura, es claro que según el nuevo régimen constitucional, corresponde a cada fuero juzgar los delitos cometidos contra normas de cada uno de los respectivos órdenes jurídicos, conforme a lo que se establezca en la Constitución y en sus propias legislaciones. Así, y vinculando lo anterior con lo dispuesto en el artículo 104, fracción I de la Constitución, conforme al cual son competentes los órganos de justicia federal para conocer de aquellos delitos en los términos de las leyes federales, es de considerarse que en el orden jurídico federal, a la fecha, son dos los ordenamientos que prevén solución a esta cuestión competencial, a saber: la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, mismos que prevén soluciones contradictorias, pues mientras uno establece la competencia a favor del Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (artículo 4, en relación con el 30, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según reforma publicada el treinta de noviembre de dos mil en el Diario Oficial de la Federación), el otro lo hace, por regla general, a favor de los tribunales de menores que haya en cada entidad federativa (artículos 500 y 501). Así las cosas y ante la imperatividad de la norma constitucional, tal situación debe resolverse a la luz de su conformidad con el nuevo régimen constitucional, razón por la cual el artículo 4o. de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al prever que es competente para juzgar en estos supuestos a un menor el Consejo de Menores dependiente de la administración pública federal, no puede ser considerada admisible como solución al problema competencial en análisis, pues tal órgano no es un tribunal judicial como manda la reforma constitucional en mérito y, en consecuencia y conforme con lo que establecen los artículos 18 y 104, fracción I constitucionales, debe estarse a la diversa regla de competencia que prevé el Código federal adjetivo mencionado, conforme al cual son competentes para conocer de los delitos federales que sean cometidos por adolescentes, los tribunales del fuero común y de no haberlos, los tribunales de menores del orden federal. Lo anterior, hasta en tanto se establezca el sistema integral de justicia de menores y por aquellos delitos que, cometidos durante el anterior régimen constitucional, durante los periodos de vacatio y hasta antes del momento indicado, no hayan sido juzgados.’

"Ello es así, porque dicha contradicción surgió con motivo de que el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito sostuvieron criterios discrepantes con motivo del siguiente tema: ... cuál era el órgano competente para conocer de un delito federal cometido por un menor de edad en una entidad federativa de la República ...

"El tribunal mencionado en primer lugar, estimó que la competencia debía resolverse conforme al artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales, en atención a que Coahuila ya contaba con el sistema integral de justicia en materia de menores, contenido en la reforma al precepto 18 constitucional, por lo que los tribunales locales de esa entidad se ubicaban en el supuesto descrito en el aludido dispositivo y eran los competentes. Mientras que el diverso consideró que debía persistir la competencia federal, específicamente del órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, conforme a la regla contenida en el numeral 4 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal -se aclaró que no era obstáculo para resolver la contradicción, que la Ley de Justicia para Menores del Estado de Guanajuato ya no era vigente al entrar en vigor tanto la reforma al numeral 18 constitucional como la Nueva Ley de Justicia para Adolescentes-.

"En efecto, para dilucidar el tema en cuestión se interpretó el supraindicado numeral, tomando en consideración que en ambas entidades ya se habían dado cumplimientos a la aludida reforma; cuestión distinta al tema tratado en el presente asunto, en donde aún no entra en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes, pues se encuentra en vacatio legis.

"No obstante lo antes precisado, se reproducen algunos párrafos de la aludida ejecutoria que ilustran el criterio sostenido, a saber:

"En teoría, la norma idóneamente aplicable al caso, sería la que expidiera tal Congreso para el orden federal para normar el sistema de justicia juvenil para ese orden jurídico y que tales órganos jurisdiccionales federales estuvieran funcionando. Sin embargo, y sin que de ninguna manera esto sea un reproche por omisión legislativa al Congreso (recuérdese que al legislador federal el poder reformador no le impuso plazo), en el orden federal aún no se ha establecido el sistema integral de justicia para adolescentes.

"Es importante dejar en claro que lo antes dicho no soslaya que ni la reforma constitucional ni sus transitorios establecieron la derogación tácita de norma alguna; y que, por ende, tampoco se está estableciendo aquí que la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal haya sido derogada por la reforma. No.

"Incluso, tampoco huelga expresar que, en caso de que no pueda actualizarse lo previsto en el artículo 500 del código adjetivo penal federal (que no existan tribunales de menores), en consecuencia, será necesario acudir a la regla prevista en el siguiente 501, ello sujeto, por obvias razones, a que existan de facto tales tribunales federales de menores.

"QUINTO. Los elementos probatorios conducentes que se desprenden del supraindicado expediente, son: ..."

QUINTO. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

En cumplimiento al requerimiento formulado por el presidente de la Primera Sala, ese tribunal remitió copia de los amparos directos 57/2008 y 65/2008. Por ser básicamente idénticos tanto los antecedentes como las consideraciones de esos asuntos, únicamente se hará referencia al 65/2008, por ser el más reciente.

En esencia, un menor fue consignado ante el consejero unitario del Consejo de Menores dependiente de la secretaría de Seguridad Pública Federal por la comisión de un delito local. Seguidos los trámites correspondientes, se le dictó medida de tratamiento en internación, misma que fue ajustada por la Sala Superior de ese Consejo de Menores.

Contra esta última resolución, el menor a través de su representante interpuso amparo directo, del cual conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyas consideraciones, en la parte que interesa fueron del tenor siguiente:

"CUARTO. Este Tribunal Colegiado estima innecesaria la narración de las constancias que obran en el sumario, así como el análisis de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación formulados por la representante legal del quejoso ... en virtud de que este órgano colegiado, no estudiará el fondo del presente asunto, ya que de manera oficiosa se advierte que la Sala del Consejo de Menores responsable, incurrió en una violación constitucional.

"Al respecto, se estima pertinente señalar que es fundamental e imprescindible para determinar si el Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es competente para juzgar a un adolescente que ha cometido un delito, tomar en consideración la reforma al artículo 18 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil cinco, en materia de justicia de menores, especialmente, lo relativo a la instauración de sistemas de justicia de menores en cada orden de gobierno (federal y locales), el reconocimiento del carácter penal educador del régimen y que los adolescentes a partir de la misma, deben ser juzgados necesariamente por una autoridad jurisdiccional que esté dentro de los poderes judiciales.

"Con base en lo anterior, este cuerpo colegiado considera que el Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien dictó la sentencia de primer grado, no es competente para conocer del procedimiento instruido en contra del menor en cita y, menos aún, para dictar la resolución, en la que se le aplicó una medida de tratamiento de diez meses, diecisiete días; además de que también la Sala Superior adscrita a dicha dependencia, ahora responsable, carecía de competencia para dictar la sentencia reclamada, por las razones que más adelante se expondrán.

"En principio, debe indicarse que el aspecto relativo a la competencia de la autoridad responsable debe analizarse tomando en cuenta, en primer lugar, que constituye un presupuesto procesal de orden público, por lo que previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe abordarse el estudio de dicha figura legal, para determinar si el Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como la Sala Superior responsable, tienen o no competencia para conocer del presente asunto.

"Para una mejor comprensión del sentido en que se emitirá el presente fallo, se estima pertinente hacer alusión a lo siguiente:

"El doce de diciembre de dos mil cinco, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el texto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"‘... La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

"‘La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

"‘Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves ...’

"Al respecto, este Tribunal Colegiado estima pertinente transcribir la exposición de motivos que se tuvieron para reformar el numeral 18 constitucional, en su párrafo cuarto y adicionar los párrafos quinto y sexto, en los términos ya expuestos:

"‘La justicia penal para menores de edad en nuestro país, no ha logrado cumplir con los objetivos para los cuales fue diseñada y, por tanto, no ha podido satisfacer las altas aspiraciones y reclamos de la sociedad frente al problema de la delincuencia protagonizada por niños y adolescentes. Los modelos de justicia administrativa que actualmente se aplican a nivel federal y local, han demostrando su falta de funcionalidad, lejos de ser sistemas eficaces, capaces de garantizar la adecuada protec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22041-b5fef875/sistema-integral-de-justicia-para-adolescentes-con-base · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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