DELITOS FEDERALES COMETIDOS POR ADOLESCENTES, MENORES DE DIECIOCHO Y MAYORES DE DOCE AÑOS DE EDAD. SON COMPETENTES LOS JUZGADOS DEL FUERO COMÚN ESPECIALIZADOS EN JUSTICIA INTEGRAL DE MENORES (RÉGIMEN DE TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que la materia sobre la que versa la contradicción se circunscribe al ámbito penal, que es de la competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, habida cuenta de que la formularon los Magistrados de Circuito de uno de los tribunales cuyos criterios participan en la presente contradicción.
TERCERO. Metodología. En términos de la tesis aislada plenaria P. XLVI/2009 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página sesenta y ocho, una contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Con base en lo anteriormente señalado, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción denunciada entre los criterios de los Tribunales Colegiados involucrados.
CUARTO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
Este tribunal conoció de los conflictos competenciales 5/2007, 7/2007 y 18/2007. Al ser esencialmente idénticos tanto los hechos como las consideraciones presentados en aquéllos, únicamente se hará alusión al 18/2007, por ser el más reciente, además de que fue en éste donde se detectó por parte del tribunal denunciante la posible contradicción entre su criterio y el del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
Los antecedentes del caso fueron los siguientes: un menor de edad fue detenido por la presunta comisión de un delito federal en el Estado de Jalisco y puesto a disposición del Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de esa entidad, quien, al tratarse de un menor, estimó que carecía de competencia, declinando a favor del Juez Primero de Justicia Integral para Adolescentes estatal, el cual al versar los hechos respecto de una conducta no contemplada en la legislación estatal sino en la federal -portación de arma de fuego sin licencia-, decidió no aceptar la competencia.
De la anterior situación, derivó el conflicto competencial del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quien, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"IV. Este Tribunal Colegiado estima que en el caso presente no existe conflicto de competencia(1) entre el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco y el Juez Primero de Justicia Integral para Adolescentes de esta misma entidad federativa, para conocer del procedimiento instaurado contra el adolescente ... al menos no en la forma planteada por los contendientes, en virtud de las consideraciones que a continuación se expondrán.
"... debe resaltarse que para que exista conflicto competencial se requiere que dos autoridades manifiesten expresamente que no aceptan conocer del asunto que se somete a su consideración; amén de que presupone la existencia de un juicio del que pudieran conocer dos o más juzgadores, por cuestiones diversas, como lo son la materia, el territorio, el grado y el fuero, entre otras; siendo su finalidad el establecimiento de la idoneidad del órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto; además de que debe ser planteado por declinatoria o inhibitoria, y su objetivo primordial consiste en que el conocimiento del juicio recaiga en el órgano judicial que tenga competencia para resolverlo; esto es, es menester que exista la posibilidad de que alguno de los Jueces contendientes u otro diverso puedan tener competencia para conocer del juicio ya sea por razón de fuero, territorio, grado o materia.
"En la ocasión de autos, el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, al declinar la competencia, entre otras cosas, esencialmente consideró que mientras el legislador federal no dé cumplimiento al mandato constitucional de legislar para establecer el sistema integral de justicia federal para adolescentes, así como las instituciones, órganos y autoridades que se requieran para la aplicación de dicho decreto, la competencia para conocer de las conductas infractoras de aquellos menores de edad, tipificadas como delito por las leyes federales, corresponde al juzgado para adolescentes de la entidad (Jalisco), en términos de lo que dispone el artículo 4o., párrafo segundo, de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en concordancia con el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales; por ser dicha autoridad, la actualmente especializada para conocer de ese tipo de actos u omisiones ...
"Por su parte, el Juez Primero Especializado en Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco, manifestó que no era legalmente competente para conocer de la causa instaurada en contra del adulto joven ... porque se le atribuye la realización de una conducta que no está tipificada como delito en las leyes estatales, sino en leyes del orden federal ...
"De lo anteriormente sentado, cabe advertir que el Juez Federal no aceptó la competencia con base en la materia, porque él no es juzgador especializado en impartir justicia para adolescentes; en cambio, el Juez local especializado declaró no ser competente por razón de fuero, en atención a que la conducta ilícita que en forma probable se atribuyó al adolescente infractor estaba tipificada como delito en una ley del orden Federal -Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos-; esto es, se advierte que en el presente conflicto de competencia ni siquiera los órganos contendientes coincidieron en el motivo de su declaratoria de incompetencia.
"Ahora bien, hay que dejar en claro que el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales, a la letra dispone:
"‘Artículo 500. En los lugares donde existan tribunales locales para menores, éstos serán competentes para conocer de las infracciones a las leyes penales federales cometidas por menores de dieciocho años, aplicando las disposiciones de las leyes federales respectivas.’
"Hoy en día, el artículo 18 constitucional fue reformado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil cinco, el cual, en lo que aquí interesa, establece expresamente lo siguiente:
"‘La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.’
"En dicho decreto se establecieron como disposiciones transitorias, las siguientes:
"‘Primero. El presente decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los Estados de la Federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del presente decreto.’
"Aquí cabe señalar que este Tribunal Colegiado, en sesión de nueve de mayo de dos mil siete, al resolver el juicio de amparo directo número 45/2007, puntualizó que del Texto Constitucional reformado se desprende que a partir del momento en que entró en vigor el citado decreto; esto es, a partir del doce de marzo de dos mil seis, se establece en nuestro sistema jurídico una distinción, basada en la edad, respecto a la forma de determinar la responsabilidad de las personas a quienes se impute la comisión de conductas tipificadas como delitos, de tal manera que, a quienes tengan dieciocho años o más les es aplicable el derecho penal; en cambio, para los menores de dieciocho años a quienes se les impute la comisión de conductas tipificadas como delitos, se crea un sistema integral de justicia, cuya operación corresponde a instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración de justicia para adolescentes, a quienes se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente, pero sin considerar sus conductas constitutivas de delito en la concepción tradicional aplicable a los mayores de dieciocho años.
"Que la previsión constitucional de un sistema integral de justicia para los adolescentes, identificados como las personas en edad comprendida entre los doce y menos de dieciocho años, genera a favor de éstos el derecho de que, a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto de reforma constitucional -doce de marzo de dos mil seis-, no pueden ser sujetos de las instituciones penales previstas para los mayores de dieciocho años, ni de las anteriores autoridades y legislaciones establecidas para ello, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en la aludida reforma constitucional, porque únicamente pueden ser sujetos del sistema integral de justicia previsto para los adolescentes en el propio Texto Constitucional.
"Que lo anterior tiene sustento por identidad jurídica sustancial, en el criterio número 1a. CLVI/2006, establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de dos mil seis, Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben:
"‘EDAD PENAL MÍNIMA. EFECTOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005. La autoridad jurisdiccional de amparo debe tomar en cuenta el texto vigente de la Constitución Federal al momento de resolver la cuestión planteada, de manera que cuando se está ante una reforma constitucional que altera el contenido de normas generales que no se han ajustado a ésta, dichas normas deben considerarse inconstitucionales a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional de que se trate. En ese sentido, es indudable que ese supuesto se actualiza respecto de todas las normas penales de los códigos punitivos de las entidades federativas que, en materia de la edad penal mínima, no han ajustado su contenido normativo al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor desde el 12 de marzo de 2006, pues a partir de esta fecha, el Texto Constitucional estableció una garantía individual en favor de cualquier persona que, siendo menor de dieciocho años, hubiera desplegado una conducta considerada como delito y, en consecuencia, hubiera sido indiciado, procesado, sentenciado o condenado a una sanción penal. Por ello deben considerarse inconstitucionales aquellas normas que establezcan una edad penal mínima distinta a la que señala el artículo 18 Constitucional.’
"En la ejecutoria que dio origen a la tesis transcrita, se advierte que, entre otras cosas, se estableció:
"‘La reforma constitucional obedece, de acuerdo con la exposición de motivos y las declaraciones formuladas durante el procedimiento de reforma constitucional, a integrar a nuestro sistema jurídico la concepción garantista en el tratamiento a los adolescentes a quienes se imputa la comisión de una conducta tipificada como delito, en sustitución de la concepción tutelar que consideraba a los menores de dieciocho años como incapaces sujetos a tutela y, en consecuencia paradójica, ajenos a las garantías constitucionales de debido proceso, separación de autoridad acusadora y la que impone las medidas correspondientes, lo que se materializó en la creación de los consejos tutelares de menores, dependientes del Poder Ejecutivo, y que se reconocieron como ineficientes para obtener la rehabilitación de los menores infractores y su reintegración plena a la sociedad. En consecuencia, debe considerarse que, a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la reforma constitucional, doce de marzo de dos mil seis, en términos del artículo segundo transitorio de la propia reforma, las autoridades que conforman el sistema penal aplicable a los mayores de dieciocho años dejaron de tener facultades para investigar, perseguir, sancionar y ejecutar sanciones, derivadas de la comisión de conductas previstas como delitos imputables a personas menores a dieciocho años de edad, pues el Texto Constitucional prevé, a partir de la fecha referida, la competencia de las autoridades, instituciones y tribunales que formen o lleguen a formar el sistema integral de justicia para adolescentes. El Texto Constitucional establece, a partir de la fecha en que entró en vigor la reforma referida, una garantía individual, un derecho subjetivo público concreto a favor de cualquier persona que, siendo menor de dieciocho años, hubiera cometido una conducta considerada como delito y, en consecuencia, hubiera sido indiciado, procesado, sentenciado o condenado a una sanción penal ... . 4. En el juicio de amparo contra leyes resulta imperativo que la autoridad jurisdiccional tome en cuenta el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al momento de resolver la cuestión planteada. Lo anterior se trae a colación en virtud de que, como se ha visto, en el presente caso se está ante un problema de reforma constitucional que vino a alterar el contenido de una norma general como es el artículo 37 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. En tales condiciones, el texto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en el momento en que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto negó el amparo al quejoso -cuatro de mayo de dos mil seis- ya se había reformado, esto es, ya le beneficiaba, porque la entrada en vigor de esa reforma es anterior a la de la sentencia de amparo: doce de marzo de dos mil seis. De este modo, es claro que el artículo impugnado (artículo 37 del Código Penal para el Estado de Guanajuato) devino inconstitucional a partir de la entrada en vigor de la reforma del artículo 18 constitucional, esto es, a partir del doce de marzo de dos mil seis. En consecuencia, debe revocarse la sentencia recurrida, en virtud de que en ella no fue aplicado el Texto Constitucional vigente, según el cual, el artículo impugnado ya resultaba inconstitucional. 5. El beneficio constitucional que trae la reforma del artículo 18 antes señalado debe también considerarse aplicable a aquéllos adolescentes que, habiendo sido procesados y sentenciados se encuentren compurgando una pena de prisión o gocen -como en el presente caso- de libertad como goce de la suspensión provisional decretada en un juicio de amparo. Lo anterior, porque la nueva norma constitucional no puede ser contradicha por ninguna norma secundaria del sistema jurídico mexicano, sea una norma general, como una ley, o sea una norma individualizada, como una sentencia, además de que también debe ser respetada y observada por todos los operadores jurídicos del sistema mexicano, lo que incluye a los Jueces ordinarios, a los Jueces de control constitucional y a las autoridades penitenciarias. Así las cosas, la aplicación de la reforma constitucional del artículo 18 a un adolescente que ha sido condenado a una pena de prisión por haber sido considerado responsable de un delito, pero que goza de libertad merced a la suspensión provisional otorgada en el juicio de amparo, implica considerar que, a partir de la fecha de entrada en vigor de la reforma constitucional, la conducta atribuida al adolescente no puede ser considerada delito en términos de las instituciones penales establecidas para los mayores de dieciocho años ni la consecuencia de dicha conducta puede ser una pena, menos aún de prisión, ejecutada por las autoridades penitenciarias previstas para los mayores de dieciocho años. 6. No obsta que en el propio decreto de reforma constitucional se establezca un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto referido, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para aplicar la reforma constitucional, puesto que dicho precepto transitorio sólo prevé un plazo dentro del cual las entidades federativas y el Distrito Federal deberán crear el sistema integral de justicia especializado en adolescentes, por lo que mientras ese plazo no fenezca no puede considerarse que incurran en responsabilidad si no crean las leyes y órganos referidos, pero de ese texto transitorio no puede concluirse que la garantía individual creada a favor de los adolescentes sólo pueda ser exigible al Estado a partir de la creación efectiva del sistema integral de justicia para adolescentes. Si esa hubiera sido la intención del Poder Constituyente Permanente, se habría previsto expresamente que la reforma sólo sería aplicable a partir del vencimiento del plazo previsto en el segundo transitorio, lo que no ocurrió y, por el contrario, el artículo primero transitorio estableció expresamente que la reforma constitucional entraría en vigor tres meses después de su publicación; luego, si el decreto entró en vigor, ello sólo puede significar que los derechos y obligaciones previstos en el nuevo Texto Constitucional ya son exigibles, de manera directa para hechos presentes y futuros. Así, la garantía individual creada a favor de los adolescentes, consistente en que no pueden ser sujetos de derecho penal tradicional sino sólo del sistema integral de justicia para adolescentes, permite a aquéllos exigir al Estado que ninguna autoridad ajena al sistema integral de justicia para adolescentes les afecte en su persona con motivo de conductas tipificadas como delitos cometidas por ellos antes de los dieciocho años. Resultan aplicables al presente caso, los siguientes criterios: «REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA. Para que una reforma constitucional tenga tal carácter, basta con incorporarla al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en el procedimiento establecido en su artículo 135, de manera que para autentificarla en relación con sus destinatarios -los gobernados y los órganos del Estado-, se requiere su publicación en un medio fehaciente, lo cual se logra con la inserción del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación; esto es, una vez satisfecho el procedimiento establecido en el citado precepto constitucional, el decreto respectivo se remite al Ejecutivo para efectos de su publicación inmediata. Ahora bien, la publicación en dicho medio de los decretos de reforma constitucional emitidos por el Congreso tiene dos finalidades: 1) la de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo -en sentido lato-, y 2) la de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Constituyente Permanente en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto de reformas constitucionales es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas, por lo que la propia Constitución dispone que la publicación se haga ‹inmediatamente›, en aras de que la voluntad del Constituyente Permanente -en el sentido de que se ha reformado el Texto Constitucional- no se diluya ni obstaculice en el tiempo, sino que de manera objetiva y pronta empiece a tener efectividad. De lo anterior puede derivarse el principio siguiente: las reformas constitucionales tienen vocación de regir, esto es, de cobrar vigencia inmediatamente, sin demora, una vez publicadas en el Diario Oficial, acorde con los principios de supremacía y eficacia inmediata de la Constitución, según los cuales las disposiciones que la conforman son la Ley Suprema de la Unión y deben ser atendidas por todos los operadores jurídicos. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que la regla en materia del inicio de vigencia de las reformas y adiciones a la Constitución es que rijan a partir del mismo día de su publicación en el Diario Oficial y la excepción es que empiecen a regir en fecha posterior, siempre que el propio Constituyente así lo hubiese determinado mediante disposiciones transitorias, o que por su contenido mismo no puedan ser exigibles desde ya, por lo que no es necesario un periodo de vacatio legis para que inicie la vigencia de una reforma constitucional.». 7. Debe también tomarse en cuenta que, si bien en el caso concreto se debe aplicar el Texto Constitucional vigente en el momento de resolver el juicio de garantías individuales, lo que conlleva la aplicación inmediata de la reforma constitucional, no ocurre lo mismo con las leyes que, en las entidades federativas y el Distrito Federal establezcan el sistema integral de justicia para adolescentes. Lo anterior, porque tales leyes ordinarias estarán sujetas a la limitación de no retroactividad prevista en el artículo 14 constitucional. En consecuencia, las leyes y órganos que formen el sistema integral de justicia para adolescentes no podrá investigar, perseguir, juzgar, sancionar ni ejecutar sanciones respecto de conductas realizadas antes de la entrada en vigor de tales leyes secundarias. 8. No pasa inadvertido para esta Primera Sala que los efectos del presente fallo podrían generar un efecto social algo cuestionable, ya que muchas personas que fueron condenadas a una pena de prisión bajo la vigencia de códigos penales que contemplaban (o contemplan) una edad penal mínima inferior a la que señala la reforma del artículo 18 constitucional vigente -dieciocho años-, podrían eventualmente obtener un beneficio que podría redundar en su excarcelación y las consecuencias nocivas que ello pudiera generar. Sin embargo, no debe perderse de vista que la función por antonomasia de este Tribunal Constitucional es preservar el orden constitucional, lo que implica que cualquier acto del Estado que pudiera contrariar dicho orden, debe ser anulado. La preservación del orden constitucional aspira a la salvaguarda de los valores más importantes de la sociedad, tales como el respeto a los derechos fundamentales, la división de poderes, el imperio de la constitución o la legalidad de la administración. De este modo, consideramos que los efectos sociales que puedan generarse por la continuidad del orden constitucional son costos necesarios que quedan subordinados a esa continuidad.’
"De lo reseñado, se colige lo siguiente:
"a) Que en el artículo 18 constitucional, cuya reforma se publicó el doce de diciembre de dos mil cinco, y que entró en vigor a los tres meses -doce de marzo de dos mil seis-, se estableció un nuevo orden jurídico para menores de dieciocho años a quienes se les impute la comisión de conductas tipificadas como delitos.
"b) Que dicho precepto constitucional contempla expresamente que: ‘La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia’; así como también señala que la operación de dicho sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de: ‘instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes.’
"c) Que desde su publicación en el Diario Oficial, los preceptos constitucionales reformados entrarán en vigor inmediatamente, con excepción de que el propio artículo disponga un lapso, como sucedió en el caso del artículo 18 constitucional, en el que en sus artículos transitorios precisó que entraría en vigor a los tres meses de su publicación; así como también se observa que estableció una vacatio legis de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, únicamente para las entidades federativas y para el Distrito Federal para la creación de leyes, instituciones y órganos especializados respectivos.
"d) Que tal precepto constitucional a la Federación no le otorgó plazo alguno para la creación de sus leyes, tribunales y órganos especializados, por lo que desde la entrada en vigor del decreto de que se trata, la Federación debió haber puesto en funcionamiento el sistema de justicia para adolescentes, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.
"De donde resulta que al entrar en vigor la aludida reforma al artículo 18 constitucional, ya no pueden ni deben ser aplicadas leyes o disposiciones legales que no emanen del Texto Constitucional reformado, entre ellas la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales; habida consideración que dichas disposiciones legales regían con anterioridad al nuevo sistema de justicia para adolescentes, sobre todo el mencionado artículo 500 en el que se hacía referencia a un tribunal local -que antes era de adultos- el que debía conocer ‘aplicando las disposiciones de las leyes federales respectivas’, es decir, las que, en materia federal, eran aplicables en ese entonces para los menores infractores -Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal-.
"Así las cosas, el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, no estaba en posibilidad de aceptar la competencia para conocer de los hechos investigados que se atribuyen al menor de edad ... no obstante de que su conducta se encuentra tipificada como delito en una ley federal, toda vez que se trata de un tribunal para adultos que no cuenta con la especialización requerida para la aplicación del sistema integral de justicia para adolescentes; ni tampoco el Juez Primero Especializado en Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco estaba en posibilidad de aceptar la competencia; cuenta habida que como se dijo con antelación, no es aplicable el citado artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales que imperaba con anterioridad a la reforma constitucional.
"Resulta de explorado derecho que por regla general, en materia penal, la competencia a favor de los tribunales se finca atendiendo al interés social, por medio de la potestad jurisdiccional del Estado, con el propósito de restablecer el orden jurídico perturbado; sin embargo, al colegirse que no se puede fincar competencia a favor del Juez Especializado en Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco, para conocer de los hechos en los que un adolescente en forma probable cometió una conducta que se encuentra prevista como delito en una ley federal -Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos-, porque a raíz de la reforma que sufrió el artículo 18 constitucional, en la que se estipula que la Federación, en el ámbito de su competencia, deberá crear sus propios organismos, tribunales y leyes especializados para la aplicación del sistema integral de justicia para adolescentes; no se actualiza ya la hipótesis que sustenta el numeral 500 del Código Federal de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22017-cb3f7d72/delitos-federales-cometidos-por-adolescentes-menores-de-dieciocho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. CON BASE EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, POR EL QUE SE MODIFICÓ (CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2008-PL)
- JUSTICIA PARA MENORES. EL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, TERCER PÁRRAFO, Y 18, CUARTO PÁRRAFO, DE LA CON (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. HASTA EN TANTO SE ESTABLEZCA EL SISTEMA INTEGRAL EN EL ORDEN FEDERAL, EN TODO LO QUE CORRESPONDA AL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES APLICABLE LA LEY DE JUSTI (II.3o.P.7 P)
- SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS RELATIVOS DEBEN PERTENECER AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO MEXICANO. (P./J. 71/2008 )
- SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS RELATIVOS DEBEN PERTENECER AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO MEXICANO. (137)
- JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES. LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA AL DIVERSO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS (II.4o.P.3 P)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis