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Modo: Corpus Pro

JUSTICIA PARA MENORES. EL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, TERCER PÁRRAFO, Y 18, CUARTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006). JUSTICIA PARA MENORES. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006). JUSTICIA PARA MENORES. LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL (PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006). JUSTICIA PARA MENORES. LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2006) CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2005). SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE AQUÉL. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "INDEPENDENCIA" CONTENIDA EN EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2005). SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DE LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. CUÁNDO DEBE ACREDITARSE LA ESPECIALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE AQUÉL (REGÍMENES CONSTITUCIONALES VIGENTES Y DE TRANSICIÓN). SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. DEBE BUSCARSE EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS Y REGLAS PARA QUE, SIEMPRE QUE RESULTE APROPIADO Y DESEABLE, LOS MENORES NO SEAN SOMETIDOS A UN PROCESO JUDICIAL, SINO QUE LOS CASOS PUEDAN SER ATENDIDOS POR LAS AUTORIDADES DE PROCURACIÓN. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL TÉRMINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO PERTENECIENTE A ESE SISTEMA. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. FACETAS DEL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL DE LAS QUE DERIVA EL CARÁCTER SISTÉMICO DE LA JUSTICIA JUVENIL. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES NO HAYAN CREADO ANTES DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006 LAS LEYES, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE REFORMA AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE DICIEMBRE DE 2005, CONFIGURA UNA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL POR ACTUALIZARSE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL ES COINCIDENTE ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, BAJO LA MODALIDAD DE COLABORACIÓN ENTRE ESTOS NIVELES DE GOBIERNO. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS RELATIVOS DEBEN PERTENECER AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO MEXICANO. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SUJETOS OBLIGADOS A LA ESPECIALIZACIÓN. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SUS NOTAS ESENCIALES Y MARCO NORMATIVO. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. VERTIENTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SU ACEPCIÓN COMO PERFIL DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE AQUÉL. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SI DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO, EL SENTENCIADO ALCANZA LA MAYORÍA DE EDAD, DEBERÁ CUMPLIMENTARLA SEPARADO DEL RESTO DE LOS INTERNOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2006. · Registro digital (IUS): 20917
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 1365.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 37/2006. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIOS: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ, ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ, JAIME FLORES CRUZ, MIRIAM FLORES AGUILAR, MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS Y LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil seis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magdalena Beatriz González Vega, en su carácter de presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la norma general que adelante se menciona, por ser violatoria de la Constitución General de la República. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, manifestó:

Nombre y domicilio de los demandados:

a) El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en Vallejo 200, colonia Centro, en San Luis Potosí, SLP, como autoridad emisora.

b) El C. C.P. Jesús Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional del Estado y el C. Lic. Alfonso José Castillo Machuca, secretario general de Gobierno del Estado, ambos con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado, ubicado en Jardín Hidalgo número 9, Centro, San Luis Potosí, como autoridades sancionadora y ordenadora de la publicación correspondiente.

c) El C. Óscar Iván León Calvo, director del Periódico Oficial del Estado, como responsable de la publicación.

d) El C. Daniel (sic) Cabeza De Vaca, procurador general de justicia (sic) de la República, para los efectos establecidos en el artículo 66 de la Ley Reglamentaria del (sic) Artículo 105 Constitucional.

Norma general combatida:

La contenida en el Decreto 582, que se diera a conocer a través del Periódico Oficial del Estado correspondiente al día 5 de septiembre de 2006, por el que ilegal e inconstitucionalmente se publica la Ley de Justicia para Menores del Estado.

SEGUNDO. La accionante adujo los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. La Constitución Federal, en su artículo 18, establece la creación de un sistema de justicia integral para menores infractores que hubieren realizado conductas tipificadas como delito por las leyes penales. Este sistema debe consistir en medidas especiales para quienes no habiendo cumplido los 18 años, realizan conductas antisociales. Establece la reforma que los menores de 12 años únicamente serán sujetos de asistencia social. Que quienes tienen entre 12 y 14 años, sin importar si la conducta se considera grave o no, serán sujetos de cuidado, orientación, protección y supervisión, y solamente entre los 14 y los 18 años, los jóvenes que realicen conductas consideradas como graves, serán sujetos a medidas restrictivas de su libertad por un tiempo breve y solamente como último recurso. Esta reforma ha sido considerada como un avance en los compromisos internacionales suscritos por México, tales como la Convención de los Derechos del Niño y las Directrices de Riad para menores infractores. Con ella, se pretende uniformar los criterios en toda la República, para que la responsabilidad penal sea a los 18 años y no antes, como ocurría en el caso de San Luis Potosí, en donde el Código Penal establecía, en su artículo 5o., que sus disposiciones normativas se aplican a las personas que hubieran cumplido 16 años de edad. Antes de esa edad, los menores eran puestos a disposición del Consejo Tutelar Central, creado mediante Decreto 32, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado, de 28 de diciembre de 1978. Principios y aspectos que debió considerar la Ley de Justicia para Menores del Estado. 1. Principio de tipicidad, que se encuentra en el artículo 14 constitucional, párrafo 3o. ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.’ (Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de octubre de 1986). Esto conduce a afirmar que no se podrá imponer pena que no esté exactamente estipulada (sic) en una ley. Luego entonces, el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Justicia para Menores de San Luis Potosí, no puede remitir, de manera expresa, a otros ordenamientos para definir las conductas típicas. Este señalamiento es taxativo, es decir, no admite discusión. Su carácter cualitativo exige cumplimiento estricto. El párrafo 4o. del artículo 18 constitucional, en relación con el 3o. del artículo 14 constitucional, exige esa taxatividad. El lenguaje legal debe ser exacto. Los tipos penales no quedan abiertos; las conductas enunciadas en el Código Penal y las señaladas en los bandos de policía y buen gobierno reflejan situaciones distintas para conductas homólogas (sic), pero no pueden equipararse en forma alguna. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos señala que una ley puede llegar a ser nula cuando es vaga, y si bien es cierto que sus disposiciones no son obligatorias en México, este principio puede extrapolarse a nuestro territorio, por contener un profundo sentido de justicia. 2. La reforma del artículo 18 constitucional introduce el término ‘derechos fundamentales’. Debió haberse hecho visible al legislador local que los derechos fundamentales no se agotan con lo que la ley local o constitucional señala; de hecho, en el artículo 1o. de la ley que se impugna, se mencionan los tratados y convenios internacionales, pero no se especifican los principios que éstos consagran, ni se dice nada respecto del derecho derivado: jurisprudencia de la Corte Interamericana, informes del comité sobre niños de la ONU, recomendaciones de las respectivas relatorías internacionales, etcétera, el artículo 18 constitucional reconoce derechos fundamentales; luego entonces, debe invocarse el soft law o derecho blando, trayendo al ámbito interno no sólo el derecho nacional sino el derecho internacional, que abone a la causa de dichos derechos fundamentales. Además de que el menor tendrá los derechos derivados de su condición de menor, señalados en la Convención sobre los Derechos del Niño; las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (reglas de Beijing); las Directrices de Riad y los demás instrumentos internacionales, globales y regionales en materia de menores (sic); las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y los demás instrumentos internacionales, globales y regionales en materia de menores. 3. El debido proceso legal no se agota con lo que señala la propia Constitución. Ya la Corte Interamericana ha dicho que el concepto es más amplio. El legislador local debió considerar esta obligación que deriva del artículo 133 constitucional y, en este caso, del propio 18 constitucional. La interpretación no debe ser restrictiva. ‘Artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; y, h) derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.’. 4. Principio de proporcionalidad de las medidas. Partiendo de los subprincipios de este principio: Idoneidad: Aplicar la demanda (sic) adecuada a un fin constitucionalmente legítimo. Proporcionalidad o necesidad: Buscar ampliar la medida más benigna posible entre todas las medidas que reúnan la característica de idoneidad, es decir, la que menos afecte el derecho fundamental. Proporcionalidad en sentido estricto: Buscar con la medida compensar posibles sacrificios que sufra o padezca quien es sometido. Se ha dicho que con más de cinco años privados de su libertad, los menores de dieciocho años tienden a revertir el proceso de readaptación, ya que, por principio de relatividad, para un menor que es sometido a internamiento a los 16 años, cinco años de condena representan una tercera parte de su vida. Expuestos los principios anteriores, la Ley de Justicia para Menores del Estado, cuya inconstitucionalidad se hace valer mediante el ejercicio de la presente acción, viola los artículos 14, 16, 18 y demás relativos de la Constitución General de la República, por las siguientes consideraciones: a) Tratándose de una ley local y en atención a la reforma al artículo 18 de la Constitución Federal, la ley es específica y, por ende, tanto lo sustancial como sus normas adjetivas de aplicación deben también ser específicas. b) En la especie, los artículos 1o., fracción I, 4o., 26, 52, 117 y 119 de la multicitada ley, establecen la supletoriedad de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado para todo lo no previsto y, entre esto, está el procedimiento a seguir por los Jueces del conocimiento, supletoriedad absolutamente inconstitucional, ya que, precisamente, la nueva ley establece o debe establecer un régimen especializado, con un sistema de aplicación personalísimo. Y atender al Código Penal y al de Procedimientos Penales del Estado, significa un absoluto contrasentido, que implica regresar a la anterior legislación en esta materia, cuando el espíritu de la reforma constitucional fue crear, a nivel federal y estatal, un régimen innovador respecto de la justicia para adolescentes que realicen conductas antisociales. c) Procede también la acción de inconstitucionalidad contra el legislador, por no ser extensivo en la consideración del debido proceso. d) Por otra parte, el artículo 117 de la ley que se impugna, al establecer como medida de internamiento desde seis meses hasta 12 años, ciertamente está violando el principio de proporcionalidad y de brevedad de la medida a que se refiere la reforma constitucional del artículo 18 que, en acreditamiento al compromiso internacional suscrito al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, establece que el internamiento será como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. e) La supletoriedad a que hace referencia la Ley de Justicia para Menores del Estado, contraviene el principio de legalidad propio del derecho público, que tiene como objeto garantizar la seguridad jurídica y que rige, entre otras ramas, en el derecho penal. Con objeto de reforzar este principio, se establece la reserva de ley, que obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley. f) Sobre los artículos transitorios, debe decirse que si la Legislatura Local establece, en su artículo séptimo transitorio, que se envíe al futuro el funcionamiento del sistema que establece el artículo 18 constitucional, señalando, incluso, meses, dicha ley se encuentra en violación por omisión al Texto Constitucional, lo cual la hace inconstitucional, puesto que los diputados locales tuvieron del 12 de diciembre de 2005 al 12 de marzo de 2006, para trabajar y haber elaborado esta Ley de Justicia para Menores, y el Ejecutivo tenía seis meses, hasta el 12 de septiembre de 2006, para llevar a cabo todas las medidas concernientes a la implementación del nuevo sistema, y el no haberlo hecho constituye una omisión. Segundo. Por otra parte, no está por demás señalar a ese órgano constitucional que, en opinión de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dado que lo que se está creando mediante la ley que se expide es todo un sistema nuevo, con reglas, procedimientos e instituciones específicas para su aplicación, debió previamente reformarse la Constitución Local, que es la norma que, siguiendo la dinámica jurídica federal, debe constituir los órganos de Estado a nivel de la entidad. Esto es así, porque la Constitución es la Norma Suprema y esa supremacía responde no solamente a que es la expresión de la soberanía, sino también a que está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, es la ley que autoriza las leyes y autoriza las autoridades. Tal reforma, en el caso que nos ocupa, no se hizo y esto motiva también, dentro de la acción de inconstitucionalidad que intento, este segundo concepto de invalidez. Asimismo, debió verificarse que la modificación a diversos ordenamientos legales secundarios del Estado de San Luis Potosí se ajustará a lo establecido en la reforma al artículo 18 de la Constitución Federal."

TERCERO. La promovente estimó vulnerados los artículos 1o., 4o., párrafos sexto, séptimo y octavo, 14, párrafo tercero, 16, párrafo primero y 18 reformado, de la Constitución Federal; 12, párrafo primero, 18, 57, fracción XXXIII, 80, fracción II, 85, párrafo tercero y 96 de la Constitución Local.

CUARTO. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil seis, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 37/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, como instructor del procedimiento.

Por auto de nueve de octubre de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República, para que formulara su pedimento.

QUINTO. El Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, al rendir el informe respectivo, manifestó:

"1. Respecto de la presente acción de inconstitucionalidad, se desprende que la recurrente únicamente impugna los artículos 1o., fracción I, 4o., 26, 52, 117 y 119 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, porque, a su criterio, son inconstitucionales por violar lo preceptuado por los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución General de la República. Pero, respecto del procedimiento de iniciar leyes por parte de ese H. Congreso del Estado, la parte quejosa no hace impugnación alguna, en el sentido de establecer que se hubiere violado el procedimiento para la creación de leyes, el cual se encuentra regulado por los artículos 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Por tanto, se desprende que la presente acción de inconstitucionalidad no se endereza en contra del procedimiento legislativo por medio del cual se creó la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, sino que se promovió en contra de determinados artículos ya expuestos, esto es, que el quejoso consiente, de manera tácita, el procedimiento que se llevó a cabo para la creación de la ley impugnada. 2. Respecto del primer concepto de invalidez que hace valer el quejoso, en el cual solicita la inconstitucionalidad de los artículos 1o., fracción I, 4o., 26, 52, 117 y 119 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, los cuales se refieren a la aplicación supletoria del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales del Estado, para aplicar las penas y medidas de seguridad a quienes se atribuya o compruebe la realización de conductas tipificadas como delitos. Dicho concepto de violación carece de fundamentación legal, ya que ninguno de los supuestos que menciona como violación a la Carta Magna, en verdad acontecen en la ley que se impugna, por el hecho de que, en la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, se establece, de manera clara, el procedimiento que se seguirá para la aplicación de las penas a los menores infractores, es decir, que dicha ley reúne los principios básicos que toda reforma constitucional impone, ya que, al crearse la ley, se contempló un sistema integral de justicia especializado para menores, como son los órganos judiciales, las instancias competentes, los procedimientos jurisdiccionales para cada acto específico considerado como delito, los principios constitucionales sobre los cuales deberá regirse el procedimiento que se instruya en cada acción judicial, los derechos y las garantías de que debe gozar todo gobernado que se encuentre dentro de los supuestos de esta ley y que tutela la Constitución General de la República. Todo esto, tomando como referencia el artículo 40, tercer punto, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, dentro de dicha ley, se estableció la creación de una autoridad especializada en la impartición de la justicia para menores, estableciéndose, de manera categórica, que se deberá dictaminar la norma violada, para la debida aplicación de las penas, sanciones y medidas de tratamiento e internamiento del menor infractor, según su conducta tipificada dentro de la ley. Por tanto, como es de verse, la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí cuenta con todos los elementos para poder juzgar a aquellos menores que, en sus actos, realicen alguna conducta tipificada o sancionada como delito, y la supletoriedad a que se refieren los artículos que por este medio de defensa constitucional se impugnan, se encuentra debidamente apegada a derecho, por así establecerlo los principios generales del derecho, como son las leyes, la jurisprudencia, la costumbre, ya que la supletoriedad a que se refieren dichos numerales surte efectos única y exclusivamente cuando en la ley que se impugna existan lagunas jurídicas u omisiones, las cuales podrán ser subsanadas con las disposiciones que el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales del Estado contengan en relación con dicha institución jurídica, pero la supletoriedad a que se refieren los numerales impugnados no se instruye para que dichas legislaciones se apliquen dentro de la codificación especial para el caso que nos ocupa, ni mucho menos para introducir sus lineamientos dentro de las instituciones o requisitos no contemplados en la ley que se pretende suplir. Aunado a lo anterior, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus criterios jurisprudenciales, ha establecido que los requisitos para la procedencia de la supletoriedad de una ley a otra sean los siguientes: a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable, lo que, en el presente caso, se da en los artículos que, por esta acción de inconstitucionalidad, se impugnan; b) Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata; c) Que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución pública. Por todo lo anterior, es de verse que la aplicación supletoria a que se refiere la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí es exclusivamente para todo lo no previsto en la misma y que no se contraponga a lo preceptuado en dicho ordenamiento, motivo por el cual es infundado e inoperante el concepto de invalidez que la quejosa hace valer en su acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, solicito que, al momento de resolver la presente acción, la declare improcedente e infundada, ya que los argumentos a que hace referencia, en ningún momento, dan pie a determinar que la ley impugnada viola lo preceptuado por la Constitución General de la República, ni mucho menos presenta violaciones a los derechos de los menores infractores. Sirven como apoyo y sustento, las siguientes tesis jurisprudenciales que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que a la letra dicen: ‘SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (no se transcribe el texto, por considerarlo innecesario). ‘SUPLETORIEDAD.’ (no se transcribe el texto, por considerarlo innecesario). ‘SUPLETORIEDAD DE UNA LEY A OTRA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.’ (no se transcribe el texto, por considerarlo innecesario). ‘LEY, SUPLETORIEDAD DE LA.’ (no se transcribe el texto, por considerarlo innecesario)."

SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, en el informe respectivo, señaló:

"Primero. La ciudadana presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, carece de legitimación para accionar, habida cuenta que, en lo atinente, al tenor del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, dicho organismo solamente se encuentra encargado de conocer de las peticiones, quejas y denuncias en contra de los actos y omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal, que violen los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano e internacional y, finalmente, podrá presentar denuncias o quejas ante las autoridades respectivas. Como se aprecia, la expresada Comisión Estatal de Derechos Humanos no se encuentra habilitada para promover el tipo de acciones como la de la especie, pues el ejercicio de acciones de inconstitucionalidad dista mucho de quedar comprendido entre las denuncias o las quejas. Resulta de puntual aplicación el siguiente criterio que brotó del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ‘CONSTITUCIÓN, VIOLACIONES A LA. NO SON CONVALIDABLES BAJO NINGÚN SUPUESTO.’, tomo 175-180, Sexta Parte, página 55, informe 1983, Tercera Parte. El artículo 16 constitucional ordena que todos los actos dictados por las autoridades del país, se emitan dentro de los catálogos de atribuciones o facultades expresamente establecidos por la Constitución y las leyes. Es bien sabido que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente les está permitido por la Constitución y demás ordenamientos, por lo que si actúan fuera de sus atribuciones, estarán realizando actos viciados de incompetencia y violatorios del artículo 16 constitucional. Por otra parte, la Constitución Federal y, especialmente, las garantías individuales del gobernado son preceptos de orden público por excelencia, que constituyen la cima del sistema jurídico mexicano, razón por la cual los derechos consignados a favor de los gobernados son irrenunciables y los actos de autoridad que se dicten en contravención a tales garantías no son convalidables bajo ningún supuesto. Si un acto administrativo fue dictado fuera de las atribuciones que han sido otorgadas a la autoridad emisora, está viciado de incompetencia y es violatorio del artículo 16 constitucional; por tanto, si contra dicho acto se promueve un medio de impugnación, argumentándose, además, precisamente, el citado vicio, la autoridad que conozca del mismo está obligada a estudiar la violación y, de ser fundada, a hacer la declaratoria respectiva, dejando sin efecto el citado acto. No es posible que el vicio de incompetencia se subsane o convalide por el simple hecho de que la autoridad que resuelve el medio de defensa, sea también la competente para emitir el acto impugnado, puesto que lo técnico y jurídicamente correcto en ese caso, es que la autoridad resolutora declare fundado el agravio hecho valer con la incompetencia de quien emitió el acto impugnado, dejándolo sin efecto; sin embargo, debe hacerse notar que la autoridad, en el primer caso, actuará como sustanciadora y resolutora del medio de defensa de que se trata y, en el segundo, como emisora de un acto administrativo en perjuicio del particular; en ambos supuestos, dentro de sus atribuciones, pero utilizando facultades distintas, según la hipótesis jurídica que se presente. Segundo. Por lo que se refiere a la adición del artículo 105, fracción II, con el inciso g), que la comisión accionante invoca en su escrito del 4 de octubre de 2006, particularmente, en el punto 4, cabe precisar dos vertientes, a saber: i) La primera de ellas se hace consistir en que, para nada, se beneficia la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, con el texto legal vigente del artículo 105, fracción II, inciso g), habida cuenta que la consecuencia de la adición en comento, fue dotar de competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de las supracitadas acciones de constitucionalidad. Dicho de otro modo, debe tenerse como punto de partida la diferencia existente entre el término ‘promover’ y el término ‘conocer’, para arribar a la conclusión de que, en términos generales, salvando lo que se señala en el punto ii) subsiguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede conocer de todas aquellas acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal, que sea promovida por organismos de protección de derechos humanos, que cuenten expresamente con la facultad respectiva, traduciéndose ésta en la afirmación que se hace respecto de la existencia de un derecho sustantivo cuya aplicación y respeto se pide al órgano jurisdiccional, por encontrarse frente a un estado lesivo de ese derecho. Para corroborar esta afirmación, debe recurrirse a la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante y la concomitante capacidad de actuar proveniente de una disposición legal habilitante, situación que, en el particular, no acontece. ii) Esa H. Suprema Corte de Justicia, atendiendo a las cuestiones de temporalidad, no está facultada para analizar y resolver la acción de inconstitucionalidad en estudio, por los siguientes motivos: a) La Ley de Justicia para Menores del Estado fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el día 5 de septiembre del presente año y, por disposición del primer artículo transitorio, inició su vigencia el día 12 de septiembre del propio año de 2006. b) La adición que experimentó el artículo 105, fracción II, con su inciso g), fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de septiembre de 2006 e inició su vigencia al día siguiente, es decir, el 15 de septiembre de 2006. Como podrá apreciarse con meridiana claridad, al día 12 de septiembre del cursante año, fecha en que inició su vigencia la precitada Ley de Justicia para Menores, esa H. Suprema Corte de Justicia no se encontraba investida de facultades para conocer de acciones de constitucionalidad, como la planteada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, y resultando cierto que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de personas físicas o morales, sean éstas privadas u oficiales, es de concluirse que la disposición contenida en el inciso g) de la fracción II del ordinal 105 constitucional, no debe aplicarse hacia el pasado, afectando situaciones que se presentaron antes de su vigencia, pues, de hacerlo, se caería inusitadamente en la figura de la ‘ultra actividad’, en perjuicio de la sociedad potosina. Tercero. Contrario a lo sostenido por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, es inexacto que el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Justicia para Menores del Estado, entre en contradicción con el principio de tipicidad, dado que, en su opinión, remite a otros ordenamientos para definir las conductas típicas. Se afirma lo anterior, en virtud de que la premisa del organismo accionante es falsa, pues la orden que brotó del artículo 18 constitucional, fue en el sentido de que debería establecerse un sistema integral de justicia para adolescentes, en el que se garantizaran los derechos fundamentales que reconoce dicho ordenamiento para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que, por su condición de personas en desarrollo, les han sido reconocidos, o sea, que la pretensión en el sentido de que se creen figuras típicas especiales, no se compadece con el texto del dispositivo en estudio, habida cuenta que las conductas tipificadas como deli

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20917-17f6b11d/justicia-para-menores-el-articulo-1o-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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