CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE UN JUZGADO PENAL DEL FUERO COMÚN Y UNO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES FEDERALES. PARA RESOLVERLO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ATENDER ÚNICAMENTE AL DELITO POR EL QUE SE DICTÓ EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por conducto de su presidente, mediante oficio 7, de catorce de febrero de dos mil ocho, recibido en esa misma fecha en este Supremo Tribunal, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver en sesión de siete de diciembre de dos mil siete el conflicto competencial 17/2007, suscitado entre los Juzgados Vigésimo Primero Penal y Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, ambos del Distrito Federal, en lo que interesa, determinó lo siguiente:
"... IV. Es en el fuero federal donde radica la competencia para conocer del proceso penal. El planteamiento de los Jueces contendientes está centrado en la clasificación que han realizado de los hechos materia de la acción penal. En efecto, el del fuero común declinó la competencia para conocer del asunto porque estimó que los hechos, por los que el consignador ejerció acción penal, encuadraban en el artículo 112 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito y como ésta es una ley federal, sostuvo que es un Juez de este ámbito el que debía seguir conociendo de la causa penal. Mientras que el Juez de Distrito disintió, pues estimó que los hechos en realidad no encuadraban en ese delito federal como señaló el Juez declinante ya que no se afectó el funcionamiento de un servicio público federal (de banca y crédito) o no se deterioraron los bienes afectos a la satisfacción de dicho servicio y que no se contaba con medios fehacientes para determinar: i) la existencia de una tarjeta bancaria y ii) que sea apócrifa; así, dijo el Juez Federal que en todo caso el escenario probatorio daba noticia de que la utilización de la tarjeta bancaria había sido el medio o conducto del que se valieron los activos para obtener un beneficio económico en detrimento del patrimonio del sujeto pasivo que en este caso debía considerarse así al titular de esa tarjeta, por tanto no se produjo una afectación al servicio de banca y crédito, de modo que no aceptó la competencia declinada. Pues bien, este órgano colegiado estima que la competencia para seguir conociendo del proceso penal radica en el Juez de Distrito por esta razón fundamental: el Juez Vigésimo Primero Penal clasificó los hechos en un delito federal -artículo 112 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito- al resolver la situación jurídica de los indiciados, esto es, al dictar el auto de formal prisión. En efecto, de las constancias que integran la causa se desprende que: el agente del Ministerio Público ejerció acción penal, con detenido, atribuyendo a los indiciados la comisión del delito de utilización de tarjetas para el pago de bienes y servicios a sabiendas de que son falsificadas, en pandilla, el cual clasificó en el artículo 336, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal; el representante social dejó a los indiciados a disposición de la autoridad judicial por cuanto hace a su libertad personal; el órgano jurisdiccional a quien tocó conocer del asunto radicó inmediatamente la causa e inició el trámite en la fase de preinstrucción, recibió la declaración preparatoria de los indiciados y desahogó las pruebas ofrecidas; y finalmente, el veintisiete de septiembre de dos mil siete resolvió la situación jurídica de los inculpados y en ejercicio de la facultad de resolver conforme al delito probado, con independencia de clasificaciones anteriores, estimó que en realidad los hechos tipificaban el delito federal previsto en el artículo 112 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito porque en el caso se había utilizado una tarjeta de débito, que es un instrumento de pago utilizado por el sistema bancario; a partir de esa consideración, estudió el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados; y como estimó acreditados esos dos aspectos dictó auto de formal prisión por ese delito. Así, de lo expuesto se desprende que el Juez del orden común que conoció en primer momento de la causa tenía la obligación ineludible de resolver porque estaba de por medio decidir sobre la libertad de los indiciados y la propia Constitución en el artículo 19 ha dispuesto de un plazo breve y perentorio para hacerlo, so pena de incurrir en responsabilidad penal de exceder el plazo sin resolver la situación jurídica del detenido. En esa medida, en la causa penal prevalecía una situación de emergencia que constreñía al Juez del orden común a decidir de manera urgente sobre la condición en que debían quedar los detenidos. Por tanto, debe estimarse que, en las condiciones en que se recibió el asunto, el Juez Vigésimo Primero Penal actuó motivado por la referida situación de emergencia por recibir la acción penal con detenido, de modo que al llevar a cabo la clasificación de los hechos en un delito del orden federal (que estimó acreditado y por ese ilícito sujetó a proceso a los indiciados), es claro que tal decisión la llevó a cabo en ejercicio de su autonomía y potestad jurisdiccional y como no ha variado, al menos hasta esta etapa procesal, esa decisión adquirió firmeza y debe estarse a ella, de modo que no podía controvertirla el juzgador federal declinado, a través de un conflicto competencial, por estas razones: Primera. Porque de estimarlo adecuado para disentir de la decisión tomada por el órgano del fuero común prácticamente se estaría erigiendo al conflicto competencial como una instancia para revisar esa decisión emitida al resolver la situación jurídica de los detenidos, lo que jurídicamente es inaceptable, pues esa decisión solamente se puede revisar a través del recurso, en este caso de apelación y, en su caso, de juicio de amparo, y a instancia de parte agraviada, no por una oposición de criterio en torno al presupuesto procesal que constituye la competencia del órgano jurisdiccional. Segunda. Porque el Juez declinado no es superior jerárquico del declinante, de modo que no está en aptitud legal de revisar la decisión tomada por el Juez del orden común; antes bien, como en el ámbito de sus respectivas competencias (o fueros) son juzgadores que se encuentran al mismo nivel jerárquico pues se trata de tribunales de primera instancia en materia penal, son funcionarios judicial (sic) homólogos y, por ende, esa decisión emitida vinculaba al juzgador declinado. Es cierto que por tratarse de juzgadores que tienen el mismo nivel jerárquico por regla general las decisiones de uno no obligan al otro, tal cosa sucede en los casos en que no prevalece una situación de extrema urgencia y alguno lleva a cabo una clasificación de los hechos con la única finalidad de determinar sobre su competencia legal, hipótesis en la que el otro Juez puede válidamente disentir, pues como se trata de órganos jurisdiccionales del mismo nivel tienen libertad plena para no compartir el criterio de su homólogo; sin embargo, no sucede lo mismo cuando la determinación de clasificar los hechos en alguna hipótesis legal no solamente impacta en la competencia del juzgador sino también en el desarrollo del proceso, que a su vez incide en la situación jurídica de una persona, como es el caso del auto de formal prisión en tanto que implica inevitablemente una restricción de la libertad, pues esa determinación judicial será la piedra angular sobre la cual se desarrollará la instrucción, de modo que en estos casos especiales es claro que la clasificación que hizo el del fuero común al dictar la formal prisión evidentemente obligó al Juez Federal a estar a ella y continuar con la fase de instrucción. Así, al resolver la situación jurídica de los indiciados y dictar auto de formal prisión en su contra, determinó que los hechos materia de la consignación encuadraban en el delito previsto en el artículo 112 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, que dice: (se transcribe). Clasificación que realizó porque estimó principalmente que en el caso se había utilizado una tarjeta de débito, que constituye un instrumento de pago utilizado por el sistema bancario. De modo que, bien o mal clasificados los hechos en esa hipótesis típica debe estarse a esa decisión porque no sólo definió la competencia del órgano judicial que habrá de conocer del asunto sino porque esa resolución fijó la litis a la que habrá de ceñirse el proceso penal; y esto último tiene impacto directo en las partes que litigan en él porque esos hechos, que se ha estimado tipifican el referido delito federal, serán justamente el objeto de prueba durante la fase de instrucción. En efecto, de acuerdo con el artículo 19 constitucional es al resolver sobre la situación de un indiciado donde se delimitan cuáles serán los hechos sobre los que versará la fase de instrucción, lo que representa para el justiciable una garantía, porque desde ese momento conoce bien a bien la conducta que se le atribuye y la consecuencia que prevé la ley por haber actualizado el supuesto legal. Por tanto, debía partirse de la base de que ya hay una decisión emitida por un Juez, actuando con autonomía y potestad de jurisdicción, que clasificó los hechos en un delito federal, de modo que la consecuencia jurídica de declararse incompetente era tan solo para que el Juez declinado continuara con el trámite de la causa penal. Sirve de apoyo la tesis 1a. IX/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA RECLASIFICACIÓN DEL ILÍCITO EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL, PARA LA DETERMINACIÓN DEL FUERO.’. (se transcribe). Asimismo, cobra aplicación la tesis 1a. III/95, sustentada por la misma Sala, que dice: ‘COMPETENCIA. SI EL MINISTERIO PÚBLICO CONSIGNA POR UN DELITO FEDERAL Y EL JUEZ DE DISTRITO DECRETA LIBERTAD POR ÉSTE, PERO DICTA FORMAL PRISIÓN POR UN ILÍCITO DEL ORDEN COMÚN, CORRESPONDE AL JUEZ DE ESTA MATERIA CONOCER DEL.’. De modo que el Juez de Distrito no podía controvertir la clasificación efectuada por el Juez del orden común, ni siquiera con base en argumentos de que no se tienen las pruebas idóneas para tener por demostrado que existe la tarjeta de débito y que tal objeto sea apócrifo (dos de los elementos que señala la hipótesis legal), que a su juicio son la inspección ministerial sobre el referido objeto y un dictamen pericial que de noticia de la falsedad de la tarjeta, porque aunque haya cierta prueba idónea para demostrar un hecho el juzgador no puede sostener que sólo a través de esa prueba podrá tener por demostrados los referidos elementos, pues en ese caso sería la prueba ‘idónea’, o sea, la más adecuada, pero no la única. En esa tesitura, si bien pudiere estimarse que en realidad puede recabarse más pruebas en torno a estos hechos, también cierto es que no se debe exigir al Ministerio Público que previo al ejercicio de la acción penal las desahogue en su totalidad en esa fase de investigación -como lo pretende el juzgador federal al exigir que se tengan ciertas pruebas específicas para demostrar la existencia de la tarjeta de débito y su falsedad-. Lo que es dable exigir es que las pruebas en que se funde el ejercicio de la acción penal sean suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados; excepto, claro está, cuando hay que agotar previamente algún requisito de procedibilidad. Por tanto, como en el caso se ha estimado que las pruebas son suficientes para tener por demostrado el delito previsto en el artículo 112 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito no es jurídicamente factible exigir otras más específicas para hacer esa clasificación legal y, por ende, fincar la competencia legal para seguir conociendo del proceso penal. Así, también se estima vedada la aptitud legal de este órgano colegiado para llevar a cabo el análisis de los hechos materia de la consignación porque aunque se trata de un órgano jurisdiccional terminal, en esta decisión se actúa únicamente como tribunal de competencia y por la situación particular en que la determinó el Juez Vigésimo Primero Penal, aquí no se puede analizar tal competencia sin afectar la decisión de plazo constitucional que sujetó a proceso a los indiciados por un delito federal. Por las razones sostenidas no se comparte la tesis I.2o.P.138 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL EN RAZÓN DEL FUERO. PARA RESOLVERLO DEBE ATENDERSE A LOS HECHOS Y NO NECESARIAMENTE AL DELITO ESTIMADO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’. (se transcribe). Como se observa, el referido tribunal parte de la base de que es indispensable analizar los hechos que un Juez del orden común clasificó como delito federal en el auto de formal prisión y por esa razón declina la competencia a un Juzgado Federal, pues en la tesis se afirma que sólo así se está en aptitud de determinar cuál es la hipótesis legal en que realmente encuadran los hechos para definir a qué fuero corresponde conocer del asunto; empero, si con base en ese criterio el tribunal de competencia estima que los hechos no encuadran en un delito federal sino en uno que corresponda conocer al Juez del orden común es claro que aunque esa clasificación sea sólo para decidir sobre la competencia, implícitamente estaría modificando la decisión de plazo constitucional y, por ende, variando la litis a la que el Juez local sujetó a los indiciados, lo que de suyo genera inseguridad jurídica para las partes en el proceso penal; y si no tiene el alcance de incidir, formalmente hablando, entonces se abona aún más a la inseguridad jurídica pues se daría la situación de que habría dos clasificaciones legales excluyentes. Ciertamente, si se analizan los hechos al margen de la clasificación que hizo el Juez del orden común para dictar la formal prisión -como lo sostiene el criterio opuesto antes transcrito- y se diera el caso de que el tribunal de competencia estime que los hechos por los que se sujetó a proceso en realidad no configuran ese delito en particular, se estaría colocando de facto al procesado en la disyuntiva de desplegar su defensa en torno a la decisión que formalmente lo mantiene constreñido a prisión preventiva o de desarrollar paralelamente una estrategia de defensa para combatir también la decisión del tribunal de competencia, que determina que los hechos se clasifican en distinta hipótesis al de la formal prisión, lo que de suyo implica inseguridad jurídica no solamente para el gobernado sino, en su caso, también para el órgano decisor que tendría frente a sí mismo dos criterios de solución opuestos. Así, por las razones aquí expuestas el Juez de Distrito en todo caso estaba en aptitud de opinar si en efecto se estaba o no ante una ley federal [artículo 50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación] partiendo de la base de que la formal prisión se dictó por un delito previsto en el artículo 112 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito. Y es evidente que sí se está en ese caso, puesto que la norma penal que recoge la conducta abstracta de los hechos -por los que se dictó formal prisión- está incorporada a una ley federal, como lo es la Ley de Instituciones de Crédito, de modo que el conocimiento de ese asunto correspondía al Juez de Distrito, de acuerdo con el artículo 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que dice: (se transcribe). Véase que por delito del orden federal se entiende a todos aquellos que estén en leyes federales y en los tratados internacionales, pero solamente cuando se trata del Código Penal Federal -que también entra en el género de leyes federales- ese propio enunciado jurídico dispone que no basta para estimar como delito del referido fuero y, por ende, competencia federal, con que ese cuerpo normativo constituya una ley con ese ámbito, sino que además es necesario que se actualice alguna de las hipótesis descritas en los incisos b) al l) de la fracción I del citado artículo 50. De modo que como no se está en una hipótesis que contemple el Código Penal Federal sino en otra ley federal -Ley de Instituciones de Crédito-, es intrascendente que no se actualice alguna de las diversas circunstancias que prevén los citados incisos, como lo sostuvo el Juez Décimo Cuarto para rechazar la incompetencia declinada al decir que en el caso no se colmaban las hipótesis de los incisos h) e i), los cuales textualmente dicen: (se transcribe). Por el contrario, el hecho de estar contemplada la hipótesis legal en una ley federal era suficiente para estimar que el delito era del orden federal y, por tanto, competencia del Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XVI/98, que dice: ‘COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DEL DELITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN V Y PÁRRAFO INICIAL, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.’. (se transcribe). En suma, como se dictó formal prisión por el delito previsto en el artículo 112 Bis, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, que de acuerdo con el artículo 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es un delito federal, porque la ley citada en primer orden es de éste ámbito, es claro que es el Juez de Distrito el competente para seguir conociendo de la causa penal; sin perjuicio de que esa decisión de formal prisión, a través de recurso o juicio de amparo, sea modificada y se replantee esa competencia ..." (fojas 7 a 13 vuelta ídem).
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver en sesión correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil seis, el conflicto competencial 122/2006, suscitado entre los Jueces Cuadragésimo Octavo de lo Penal de esta ciudad y Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la parte que interesa, determinó lo que sigue:
"... QUINTO. La competencia para conocer de la causa instruida al inculpado de que se trata, radica en la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. En efecto, de autos se advierte que, en esencia, los hechos consistieron en que: el procesado en su calidad de empleado bancario por desempeñarse como **********, de la institución denominada **********, realizó dos operaciones, una el veintiséis de junio y otra el doce de julio, ambas en el año en curso, en las cuales hizo aparecer que los clientes ********** y **********, habían retirado ********** y **********, respectivamente, lo cual no era cierto, porque dichos clientes no realizaron tales retiros de sus correspondientes cuentas de crédito ********** y **********. Sobre el particular, la Juez de lo Penal capitalina, señaló que se actualizaba un concurso aparente de normas, ya que, a su decir, los comportamientos del sujeto activo eran constitutivos de los delitos de falsificación de títulos al portador, documentos de crédito públicos en su modalidad de a quien utilice indebidamente información reservada de los titulares de tarjetas utilizadas para el pago de bienes y servicios, agravado (hipótesis de si el sujeto activo es empleado del ofendido), previstos en el artículo 336, párrafo primero, fracción VII, del Código Penal para el Distrito Federal. Al igual, sostuvo que dichas conductas se encontraban contempladas en el dispositivo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, que a la letra expresa: (se transcribe). Por lo que atendiendo a que la ley especial prevalece sobre la general, dicha juzgadora expuso que en este caso la aplicable lo era la federal, de ahí que debería conocer un juzgado igualmente federal. Por el contrario, la Juez de Distrito supracitada expuso que los comportamientos del sujeto activo no encuadran en el precepto 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que ella no es competente para conocer de la causa. Empero, este tribunal considera, que en el caso concreto no se actualiza alguno de los dos tipos penales en cita, debido a que el artículo 336, párrafo primero, fracción VII, del Código Penal para el Distrito Federal, contempla un delito de mera conducta, es decir, exclusivamente requiere la utilización indebida de información confidencial, lo que de manera alguna entraña como consecuencia ineludible el detrimento patrimonial del ofendido, lo que en la especie sí sucedió, pues para que se materialice tal ilícito basta el solo empleo indebido de la información obtenida; asimismo, tampoco se acredita el tipo penal previsto en el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, porque éste requiere la disposición de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, lo que en la especie no aconteció, porque el dinero obtenido por el sujeto activo correspondía a una institución bancaria. Ahora bien, precisado que ninguno de los tipos penales a que aludieron los Jueces contendientes es el aplicable al caso concreto, este Tribunal Colegiado para encontrarse en la posibilidad de resolver el conflicto competencial planteado en razón del fuero, debe ajustarse a los hechos materia del auto de formal procesamiento, los cuales ya fueron descritos, por lo que no puede deslindarse de los mismos y por ello deberá analizar en qué tipo penal encuadran para así concluir si los hechos son de la competencia federal o local. Por lo que entonces, a fin de dilucidar el conflicto anotado, adquiere gran relevancia que la Ley de Instituciones de Crédito regule el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; sus actividades y operaciones; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera en general del sistema bancario mexicano; esto último con intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y, en general, del Gobierno Federal, tal como se advierte del contenido de los artículos 1 al 6 de dicha ley. A lo anterior debe agregarse que el sujeto activo es calificado porque se trata de un empleado de una institución bancaria, tal como quedó acreditado con el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado celebrado entre el inculpado y el ********** (anexo número 11). Aunado a lo expuesto, se advierte que ambos comportamientos del sujeto activo lesionaron el patrimonio de una institución bancaria, porque ésta fue la que resintió el perjuicio patrimonial, ya que si bien, inicialmente los cargos de ********** y ********** se realizaron a las cuentas de crédito correspondientes a ********** y **********, lo cierto es que no se dispuso del numerario de éstos, sino del **********, quien asumió tales cargos, es decir, se trata de un evento de resultado material, con su consecuente nexo de atribuibilidad, en el que la persona moral lesionada es calificada por tratarse, como ya se dijo, de una institución de crédito. En ese tenor, se desprende en el ámbito objetivo que: a) El procesado realizó dos operaciones de retiro de dinero (sin cumplir con la normatividad interna), b) Él era un sujeto activo calificado **********, e intervino directamente, o sea como autor material. c) El pasivo también era calificado por tratarse de una institución de crédito, como lo es **********, d) Existió un resultado material consistente en el quebranto del patrimonio de la institución mencionada, que en total ascendió a **********, así como un nexo de atribuibilidad de ese resultado a las conductas desplegadas por el sujeto activo. Mientras que en el aspecto subjetivo: e) El inculpado actuó a sabiendas, de que dichas operaciones resultarían en quebranto al patrimonio de la institución para la que laboraba. Por lo que precisado lo precedente, este Tribunal Colegiado se encuentra en la posibilidad de determinar que las conductas delictivas que se le atribuyen al inculpado de que se trata, se ubican en lo previsto por el artículo 112, fracción III, de la legislación especial anotada, mismo que estatuye: (se transcribe). Por consiguiente, si los comportamientos del procesado encuadran en la descripción típica contenida en esa ley especial, la Juez competente es la Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, de conformidad con lo que estatuye el numeral 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: (se transcribe). En consecuencia, la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, es la autoridad competente para conocer de la causa 201/2006, del índice del Juzgado Cuadragésimo Octavo de lo Penal del Distrito Federal, instruida en contra de **********, a quien se le decretó su formal prisión por dos delitos de falsificación de títulos al portador, documentos de crédito públicos en su modalidad de a quien utilice indebidamente información reservada de los titulares de tarjetas utilizadas para el pago de bienes y servicios, agravados (hipótesis de si el sujeto activo es empleado del ofendido), previstos en el artículo 336, párrafo primero, fracción VII, del Código Penal para el Distrito Federal ..." (fojas 59 a 62 vuelta ídem).
Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada siguiente:
"No. Registro: 173,588
"Tesis aislada
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXV, enero de 2007
"Tesis: I.2o.P.138 P
"Página: 2238
"CONFLICTO COMPETENCIAL EN RAZÓN DEL FUERO. PARA RESOLVERLO DEBE ATENDERSE A LOS HECHOS Y NO NECESARIAMENTE AL DELITO ESTIMADO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Cuando el Juez local de origen dicta formal prisión por el delito que considera se encuentra acreditado y declina la competencia para conocer del asunto a favor de Juez de Distrito por considerar es el competente porque el hecho encuadra en una ley federal y este último no la acepta, resulta incuestionable que para dilucidar el conflicto planteado, el Tribunal Colegiado debe analizar los hechos motivo del auto de plazo constitucional y determinar la hipótesis legal bajo la que se ubica, pues de otra manera no se podría decidir si se prevé en una ley federal o en una local para de ahí concluir en qué fuero radica la competencia; sin que tal pronunciamiento implique un prejuzgamiento sobre el acreditamiento del cuerpo del delito y probable responsabilidad penal, sino tan sólo significa que las cuestiones de competencia son de interés general y ante la existencia de pruebas no debe existir tardanza en establecer en qué fuero radica y a qué juzgador corresponde el conocimiento de los hechos.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
"Competencia 122/2006. Entre los Jueces Cuadragésimo Octavo de lo Penal de esta ciudad y Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. 19 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Ricardo Delgado Quiroz."
CUARTO. Antes de examinar si existe la contradicción de tesis denunciada conviene mencionar los antecedentes de cada caso que se examina.
I. El conflicto competencial 17/2007, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, tuvo su origen en la acción penal, con detenido, ejercitada por el Ministerio Público del Distrito Federal, por el delito de utilización de tarjetas para el pago de bienes y servicios a sabiendas de que son falsificadas, en pandilla, previsto en el artículo 336, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal.
El Juzgado Vigésimo Primero Penal en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión a los inculpados, pero por el delito establecido en el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, habiéndose declarado legalmente incompetente para conocer, por razón de fuero, declinándola al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por razón de turno tocó conocer del asunto al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el cual no aceptó la competencia propuesta y devolvió los autos al juzgado declinante, al estimar que no se afectó el funcionamiento de un servicio público federal ni se deterioraron los bienes afectos a la satisfacción de dicho servicio y que no contaba con los medios de prueba necesarios para tener por demostrada la conducta.
Derivado de lo anterior, el Juez del fuero común por resolución del catorce de noviembre de dos mil siete remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para resolver el conflicto competencial. Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al que correspondió conocer del asunto, determinó que quien debía conocer del proceso penal era el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en atención a que los hechos fueron encuadrados en un d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21434-fffc0b37/conflicto-competencial-entre-un-juzgado-penal-del-fuero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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