ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en relación a una materia que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se encuentra legitimado para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** suscitado entre el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal y el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. La competencia legal para conocer el juicio de amparo promovido por Luis Felipe Badillo Luna, a que se contrae el presente asunto, corresponde al Juez administrativo.
"El acto reclamado lo es:
"‘Reclamo la orden de traslado que han emitido en mi contra las autoridades ordenadoras a las autoridades ejecutoras, para que me trasladen del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla del Distrito Federal, o al Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal o al Reclusorio Preventivo Varonil sur del Distrito Federal, sin fundamentación ni motivación jurídica alguna, violando con ello los artículos 14, 16, 18 y demás relativos y aplicables de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’
"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y estableció en la tesis aislada 1a. CLXXXIII/2007 en qué supuestos la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro, es un acto cuya naturaleza jurídica es eminentemente administrativa, en los términos siguientes:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando en el juicio de amparo se señala como acto reclamado la orden para trasladar a un sentenciado de un centro penitenciario a otro, emitida por la autoridad administrativa correspondiente, es competente para conocer del recurso de revisión relativo un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, habida cuenta que es un acto cuya naturaleza es eminentemente administrativa, dado el carácter de la autoridad de que proviene; máxime cuando la mencionada orden no deriva del proceso penal instruido al sentenciado, ni del juzgador ante quien se siguió la causa penal, sino que se trata de una medida tendiente a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer en esos recintos carcelarios. Además ese acto no coarta su libertad personal, pues ésta ya estaba restringida en virtud de la pena de prisión que se le impuso.’
"Criterio de tesis en que se verificó que el acto consistente en el traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro, es de naturaleza administrativa en razón a:
"- El carácter de la autoridad de que proviene.
"- La orden de traslado no deriva del proceso penal instruido al sentenciado.
"- No es el juzgador ante quien se siguió la causa penal quien la ordenó.
"- Ese acto no coarta su libertad personal, pues ésta ya estaba restringida en virtud de la pena de prisión que se le impuso.
"- Se trata de una medida tendiente a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer en esos recintos carcelarios.
"Tesis que resulta aplicable al caso concreto, tomando en consideración que el supuesto fáctico analizado en el mismo, es acorde con el acto reclamado en el juicio de garantías que ahora se tiene a la vista, pues se colman sus requisitos en los términos siguientes:
"- El carácter de la autoridad de que proviene.
"La orden de traslado de que se duele el quejoso, la atribuye a:
"A. Como ordenadora:
"Director general de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal.
"Director de Ejecución de Sanciones Penales, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal.
"B. Como ejecutoras:
"C. Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal.
"C. Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal.
"C. Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal.
"C. Director de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla del Distrito Federal.
"Jefe de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal.
"Jefe de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal.
"Jefe de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal.
"Jefe de Seguridad y Custodia de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla del Distrito Federal.
"Autoridades con funciones administrativas encargadas del sistema penitenciario, en términos del artículo 18 de la Constitución Federal.
"- La orden de traslado no deriva del proceso penal instruido al sentenciado.
"Se actualiza lo anterior, en razón que el quejoso menciona que la orden de traslado se da por cuestión de sobrepoblación en el centro de reclusión, como se advierte del siguiente antecedente:
"‘6. A la fecha de la interposición de la presente demanda de amparo, las autoridades que he mencionado en esta demanda como ordenadoras, han iniciado un plan de traslado de reos a la deriva a los diferentes centros de readaptación social, supuestamente por tener sobrepoblación, siendo esto a las autoridades ejecutoras, pretendiendo realizar mi traslado, sin saber si es de manera permanente o eventual, lo cual es en agravio de mis garantías individuales.’
"- No la ordenó el juzgador ante quien se siguió la causa penal.
"Supuesto que se actualiza, pues el quejoso es contundente en señalar las autoridades ordenadoras a quien le atribuye el acto de traslado, todas administrativas.
"- Ese acto no coarta su libertad personal, pues ésta ya estaba restringida en virtud de la pena de prisión que se le impuso.
"Contrariamente a lo que afirmó la Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la demanda de amparo sí existen elementos de información que permiten concluir que el quejoso ********** actualmente se encuentra compurgando la pena de prisión que le fue impuesta, no así sujeto a un procedimiento penal que no haya causado ejecutoria, tal y como se advierte de los siguientes antecedentes del acto reclamado:
"‘1. Me encuentro interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, en el dormitorio 5, zona 2, estancia 12.
"‘2. Actualmente me encuentro juzgado por el delito de privación ilegal de la libertad; pero a la fecha ya se ha dictado sentencia condenatoria en la causa penal 33/04, que se instruyó ante el C. Juez Sexagésimo en Materia Penal del Distrito Federal.
"‘...
"‘7. Durante mi estancia, en el Centro de Readaptación Social Varonil Oriente del Distrito Federal me he integrado en las actividades educativas, laborales y deportivas, observando buena conducta. Es decir, durante el proceso y la ejecución de la pena de prisión que me fue impuesta y a la fecha me he vinculado y apegado a las actividades que me permiten lograr una readaptación social eficaz.’
"- Se trata de una medida tendiente a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer en esos recintos carcelarios.
"Supuesto anterior que también se afirma actualizado, en razón a que el quejoso manifiesta que la medida de traslado de diversos internos, en centros de reclusión, tiene como fin evitar la sobrepoblación, lo que evidentemente incide en los tres órdenes destacados: organización (en tanto que si ese lugar es de prisión preventiva y pretende trasladársele a uno de prisión definitiva porque ya está en etapa de compurgación de pena), control y orden (porque la sobrepoblación afecta estos dos elementos).
"Resulta ilustrativo al respecto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXII/2007, consultable en la página 198, Tomo XXV, junio de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO EMITIDA POR EL DIRECTOR DE UN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De los artículos 1o., 14 y 26 del Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México se advierte que entre las facultades del Director correspondiente, inherentes a la organización y funcionamiento de dichos Centros, está la distribución de los internos por razones de sobrepoblación, a fin de preservar el orden y la seguridad de éstos. Así, la orden emitida por el Director de un Centro de Readaptación Social para trasladar a un sentenciado a otro Centro de Reclusión es un acto de carácter administrativo, por tratarse de una medida disciplinaria y de seguridad ordenada por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones; de ahí que la referida orden no puede considerarse de naturaleza penal, ya que no proviene del proceso penal que se le instruyó al sentenciado, ni del juzgador ante quien se siguió la causa respectiva, además de que no coarta su libertad personal, pues ésta ya estaba restringida en virtud de la pena de prisión impuesta por una autoridad jurisdiccional. En ese sentido, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa son competentes para conocer del recurso de revisión derivado del juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución dictada por el juez de Distrito, cuando el acto reclamado consiste en la mencionada orden de traslado.’
"Así como la tesis 1a. CI/2006, de la misma Sala, visible en la página 183, Tomo XXIII, junio de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL AMPARO. SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIENEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AUN CUANDO EL QUEJOSO SE HALLE RECLUIDO EN ÉL. Si los actos que se reclaman en el juicio de amparo indirecto únicamente contienen medidas inherentes al aspecto disciplinario y de seguridad que deben regir dentro de un centro penitenciario, como lo es el de control interno respecto a la distribución de las celdas, así como el traslado de un interno a una diversa, no puede considerarse que se trate de actos de naturaleza penal pues no provienen del proceso que se le instruyó al sentenciado, ni del juzgador penal ante el cual se siguió la causa instaurada en su contra, sino que se trata de medidas de carácter disciplinario y de seguridad emanadas de facultades atribuidas a las autoridades administrativas encargadas del centro penitenciario en el que se encuentra recluido. En congruencia con lo anterior, se concluye que la competencia para conocer del recurso de revisión en el que se combate la resolución recaída al mencionado juicio de amparo indirecto, se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, sin que ello exima a dicho órgano colegiado de examinar los agravios planteados en la revisión supliendo la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, si el peticionario de garantías, al impugnar los actos reclamados a través del juicio de amparo, está privado de su libertad y recluido en un centro penitenciario.’
"Aclarándose que si el tema de las tesis supra-transcritas consistió en determinar a quién corresponde la competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada por un Juez de Distrito en un acto reclamado de la naturaleza arriba indicada; en razón a que el estudio de la orden de traslado fue la base medular para asignar la competencia del Tribunal Colegiado y, por tanto, si se está asentando la competencia del tribunal revisor en vista de la materia del acto reclamado, ese criterio, por mayoría de razón resulta aplicable para el Juez de Distrito, en cuanto que debe conocer de las demandas de garantías donde se reclame un acto de esa naturaleza.
"Así pues, es dable afirmar que la orden de traslado de que se duele el peticionario, está prevista en aquellos supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los Jueces de Distrito en materia administrativa, no así en su artículo 51 del mismo cuerpo de normas, correspondiente a los Jueces de Distrito de amparo en materia penal.
"Por ende, contrariamente a lo que sustentó la Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en su acuerdo de veinte de junio de dos mil ocho, dictado en el cuaderno de antecedentes del amparo número 1366/2008-A, la orden de traslado de mérito, no es un acto de molestia que afecte la libertad personal del peticionario, pues como lo estipuló la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, en la tesis aislada CLXXXIII/2007: ‘... ese acto no coarta su libertad personal, pues ésta ya estaba restringida en virtud de la pena de prisión que se le impuso’.
"Sin que en el caso resulte aplicable para sustentar la competencia penal, el criterio sustentado en la tesis aislada VI.1o.A.243 A, que citó el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, cuyo rubro es: ‘TRASLADO DE UN SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. NO ES UN ACTO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA CUANDO LA SENTENCIA DICTADA A DICHO QUEJOSO AÚN NO CAUSE EJECUTORIA Y POR CONSIGUIENTE EL SENTENCIADO TODAVÍA SE ENCUENTRE A DISPOSICIÓN DE UNA AUTORIDAD JUDICIAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE.’. Toda vez que en el caso a estudio se puede concluir que el quejoso ********** se encuentra ya compurgando la pena de prisión que le fue impuesta, es decir, guarda ya la calidad de reo, no así de procesado, pues así deriva de lo dicho en su propia demanda, y a ese dato debe estarse, por lo menos hasta el momento de inicio de juicio, en tanto que no se dispone de medios de prueba en contrario.
"Consideraciones anteriores que permiten resolver a este Tribunal Colegiado, estimando que es competente para seguir conociendo del asunto materia de este conflicto competencial, la Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
"Sin que pase inadvertido para este órgano colegiado el contenido de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en la que se estableció un nuevo sistema procesal penal acusatorio, en el cual, en la etapa de ejecución de sentencia, el sistema penitenciario prevé un nuevo sistema de reinserción del sentenciado a la sociedad, organizado sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, entre otros factores (artículo 18), así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21 de dicho ordenamiento, del cual corresponderá conocer a la autoridad judicial (Juez de ejecución de penas), lo que implicaría que los actos llevados a cabo por ese Juez de ejecución, que fuesen impugnados en vía de amparo, correspondería conocer a un Juez en materia penal; pero lo anterior, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 5o. transitorio del decreto que modifica la Constitución. ..."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** suscitado entre el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal y el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. La competencia para conocer del caso concreto, radica en el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.
"A fin de sustentar lo anterior, conviene tener en cuenta el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece:
"‘Artículo 51. Los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán:
"‘I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’
"Del precepto legal que antecede se advierte claramente que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios en los que se reclamen actos de todo tipo de autoridad, siempre y cuando afecten la libertad personal y no se trate de meras correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del enjuiciamiento punitivo.
"Desde esta perspectiva, si en la especie el acto reclamado consiste en la orden de traslado dictada por una autoridad administrativa contra el amparista, a efecto de cambiarlo de lugar de internamiento, concretamente del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, ambos de esta ciudad, o bien a cualquier otro centro carcelario de los mencionados por el quejoso en su demanda de garantías, y esto afecta su libertad personal, pues aun cuando aquél está privado de la misma, lo cierto es que con tal determinación se decide en qué lugar y qué condiciones habrá de continuar dicha restricción, además, hasta este momento, de autos no se advierte que ello se deba a alguna corrección disciplinaria o medida de apremio fuera del procedimiento penal; entonces, conforme al referido precepto 51, fracción I, es inconcuso que quien debe conocer del asunto que nos ocupa, lo es la autoridad de amparo en materia penal.
"Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 32, Tomo VII, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 45, Tomo VII, Conflictos Competenciales, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, cuyo rubro y texto son:
"‘LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES QUE LOS EMITAN. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA ELLOS. El artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su parte conducente señala que compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal el conocimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen: «... actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal ...»; lo anterior significa que independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan un acto, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso (salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal), el juicio de garantías que se promueva en esos casos deberá ser tramitado y resuelto por un Juez de Distrito en Materia Penal. Así pues, tratándose de la orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en contra de un procesado o sentenciado para el efecto de cambiarlo de lugar de reclusión, es claro que se está afectando la libertad personal del reo pues aunque ya se encuentra privado de la misma, debe decidirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir sufriendo tal privación, consecuentemente, corresponde a un Juez en Materia Penal el conocimiento del amparo respectivo.’
"La norma que se interpretó es del tenor siguiente:
"‘Artículo 51. Los Jueces de Distrito en materia penal conocerán:
"‘...
"‘III. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquiera autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.’
"Cabe aclarar que la jurisprudencia en cita es aplicable aun cuando interpreta el artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, derogado por el actual 51, fracción I, de la misma ley visible en ese medio de comunicación oficial el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco. Así es, porque la circunstancia de que en un criterio jurisprudencial se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios, por ello, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar una disposición derogada que tiene la misma redacción que la examinada vigente en el caso concreto.
"Ahora bien, precisado lo anterior debe decirse que a fin de determinar el órgano competente para conocer del juicio de garantías en cuestión, no es relevante que el acto de que se trata provenga o no de un procedimiento penal, o que lo haya emitido un Juez en esta última materia, como lo estimó el órgano judicial que declinó competencia, sino que con el acto controvertido se afecte la libertad personal del quejoso, independientemente de la naturaleza de la autoridad que lo ordene, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En tales condiciones, no es aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2003 que invocó el Juez de amparo en materia penal, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, página 274, que dice: ‘COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SE SURTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UN ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO PARA LA «BUENA MARCHA» DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. De la interpretación armónica de los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y 54, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se desprende que el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Centro Federal de Readaptación Social tiene facultades, que inciden de manera preponderante en la readaptación social de los sentenciados y otras que permiten adoptar medidas de carácter general para «la buena marcha» del reclusorio, como lo son el acuerdo que regula la forma de pasar lista a la población o el que establece el ingreso y permanencia de diversas publicaciones para los internos, las cuales tienen un carácter formalmente administrativo, pues, por un lado, dicho consejo pertenece al Poder Ejecutivo, que es el encargado de ejecutar materialmente las sentencias penales y, por otro, esos actos no forman parte de la ejecución de las sentencias penales, a que se refieren los artículos 77 del Código Penal Federal y 1o., 5o. y 529 del Código Federal de Procedimientos Penales, ordenamientos que tratan temas de carácter materialmente penal; por lo que la competencia para conocer del recurso de revisión que se interponga en contra de la resolución de un Juez de Distrito, donde el acto reclamado es un acuerdo administrativo de los señalados, se surte en favor de un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa.’
"Ello es así, porque en primer lugar no se refiere a los traslados de una prisión a otra (lo cual constituye precisamente el acto reclamado y sobre lo que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal se pronunció en el sentido de que ello sí afecta la libertad del reo y, por ende, son los órganos judiciales en materia penal quienes deben conocer del mismo), sino a meras reubicaciones dentro del propio reclusorio como medidas disciplinarias y de seguridad; y, en segundo término, ya que como antes se dijo, de la demanda de amparo no se advierte que el acto reclamado esté relacionado con dichas medidas.
"La anterior consideración encuentra apoyo en la diversa tesis de jurisprudencia 43/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 2/2008-PS, pendiente de publicación, que reza: ‘COMPETENCIA EN EL AMPARO. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA SI LOS ACTOS RECLAMADOS CONTIENEN MEDIDAS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN Y/O CONTROL DE UN CENTRO PENITENCIARIO, AUN CUANDO EL QUEJOSO ESTÉ RECLUIDO EN ÉL. Si los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto únicamente contienen medidas de carácter disciplinario y de seguridad que deben regir dentro de un centro penitenciario, no pueden considerarse de naturaleza penal, pues no provienen del proceso que se instruyó al sentenciado, ni del juzgador penal ante el cual se siguió la causa instaurada en su contra, sino que se trata de medidas emanadas de facultades atribuidas a las autoridades administrativas encargadas de él. En congruencia con lo anterior, se concluye que la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se reclaman medidas inherentes a la organización y/o control de dicho centro, como lo son las órdenes emitidas por la autoridad administrativa para trasladar a un interno de una celda a otra o para cambiarlo a un área diferente, dentro del mismo centro penitenciario, se surte a favor de los juzgados de Distrito en materia administrativa, sin que ello exima a la autoridad jurisdiccional a suplir la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, si al impugnar los actos mencionados el peticionario de garantías está privado de su libertad.’
"En esa medida, este tribunal considera que a pesar de la existencia de la diversa tesis aislada 1a. CLXXXIII/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 379, que dice: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando en el juicio de amparo se señala como acto reclamado la orden para trasladar a un sentenciado de un centro penitenciario a otro, emitida por la autoridad administrativa correspondiente, es competente para conocer del recurso de revisión relativo un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, habida cuenta que es un acto cuya naturaleza es eminentemente administrativa, dado el carácter de la autoridad de que proviene; máxime cuando la mencionada orden no deriva del proceso penal instruido al sentenciado, ni del juzgador ante quien se siguió la causa penal, sino que se trata de una medida tendiente a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer en esos recintos carcelarios. Además ese acto no coarta su libertad personal, pues ésta ya estaba restringida en virtud de la pena de prisión que se le impuso.’ (a la que aludió el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal) debe imperar el criterio sostenido en líneas precedentes, porque sobre el punto existe jurisprudencia aplicable del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentido contrario, la cual de conformidad con el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para las propias Salas de ese órgano, y por extensión a este tribunal resolutor, numeral que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21444-2ee5409d/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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