CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO RESOLVER EL SUSCITADO ENTRE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL Y UNO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 467/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 22 DE FEBRERO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que es uno de los órganos de control constitucional contendientes, por lo cual, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(6) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno (se reitera, acorde con la interpretación armónica del artículo tercero transitorio del Decreto de reforma al artículo 107 constitucional). Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados o las Salas de la Corte en su caso, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.
Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual, se va creando el llamado derecho en acción.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que ha de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes -no en los resultados- entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra establecen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’ Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(8)
Primer y segundo requisitos: Arbitrio judicial y ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 24/2011. La ejecutoria informa como antecedentes del citado conflicto, los que enseguida se sintetizan:
a) El Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante oficio "10436", recibido en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados del Tercer Circuito remitió las constancias del conflicto competencial suscitado entre dicho juzgador y el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para conocer del incidente no especificado de libertad preparatoria o de remisión parcial de la pena.(9)
b) El secretario en funciones del Juzgado de Distrito denunciante -encargado del despacho por ministerio de ley- por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil once, determinó que carecía de competencia legal para conocer del citado incidente, en atención a los siguientes motivos:
- En términos de lo dispuesto por los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación a los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 22/2011 y 23/2011, estimó que la competencia para conocer de la solicitud de libertad preparatoria correspondía a los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas. Lo anterior, al advertir que los planteamientos del incidentista se referían precisamente, a cuestiones vinculadas con la ejecución de la pena privativa de libertad que le fue impuesta.
- Agregó que en la especie se colmaron los requisitos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 7o. del citado Acuerdo General 22/2011, así como lo referido en el punto séptimo del diverso Acuerdo General 23/2011, ya que: i) En la hipótesis se requirió la intervención de la jurisdicción en materia de ejecución de penas -conforme al artículo 84 del Código Penal Federal- al promoverse el incidente; ii) No se trató de un expediente derivado del Ejecutivo; y, iii) El juzgado de mérito, no conoció de la petición previa del sentenciado incidentista.
- Consecuentemente, declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en turno.
c) No obstante lo anterior, el citado Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil once, no aceptó la competencia declinada, esencialmente, con base en las siguientes argumentaciones:
- El dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformó el segundo párrafo del artículo 18 constitucional. Por ende, en virtud de los Acuerdos Generales 22/2011 y 23/2011, los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas comenzaron sus funciones a partir del diecinueve de junio de dos mil once, únicamente respecto de asuntos que requirieran la participación jurisdiccional en dicha materia y en el ámbito de su jurisdicción, en tanto que se determinó que los Juzgados de Distrito con competencia en procesos penales federales y los Juzgados de Distrito en materia mixta, conocerán hasta su conclusión de todos los asuntos que sobre ejecución de penas hubieran sido de su conocimiento.
- Luego, estimó que la fecha en que haya causado ejecutoria la sentencia, será determinante para resolver si corresponde conocer de su ejecución al Juez especializado, o bien, al que conoció del proceso. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o., fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que el procedimiento de ejecución se inicia con el proveído en el que causa ejecutoria la sentencia; momento a partir del cual, corresponde del conocimiento del asunto en fase de ejecución hasta su conclusión.
- Así, de autos se advirtió que el veintiocho de agosto de dos mil diez, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco dictó sentencia condenatoria contra el sentenciado incidentista, la cual, fue confirmada el veintiséis de noviembre de ese año, por el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, por tanto, resultó inconcuso que tales hechos, resultaron anteriores al inicio de funciones de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas -diecinueve de junio de dos mil once-.
- Por esto, se afirmó que correspondía conocer de la petición formulada al Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, el cual, debería proveer respecto del incidente interpuesto por el sentenciado.
d) No obstante lo anterior, el Juez de Distrito en Materia Penal sostuvo su incompetencia, razón por la cual, mediante acuerdo de once de agosto de dos mil once, se elevó a conflicto competencial y remitió las constancias de la causa penal de origen al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Turno, para su sustanciación. De esta forma, correspondió conocer del citado conflicto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (órgano de control constitucional denunciante), el cual, mediante acuerdo correspondiente a la sesión de tres de noviembre de dos mil once, al resolver los autos del conflicto competencial 24/2011, esencialmente, sostuvo lo siguiente:
"PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, es competente para conocer del conflicto competencial de referencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 106, 94, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el punto décimo, fracción II y primero transitorio del Acuerdo 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una controversia por razón de competencia, suscitada entre los Jueces Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco y Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en el Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, teniendo este órgano colegiado jurisdicción sobre de quien declinó la competencia.
"...
"QUINTO. Determinación que adopta este tribunal. Este Tribunal Colegiado estima que en el conflicto competencial entre los Jueces Noveno de Distrito en el Estado de Jalisco y Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el primero es competente para conocer del incidente no especificado de libertad preparatoria, solicitado por el sentenciado ... lo anterior atendiendo a que el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales, contempla diversas etapas procedimentales, entre ellas la de ejecución, que como expresamente señala la fracción VI del citado artículo, comprende desde el momento en que causa ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas; sin embargo, no es el caso atender a las reglas generales de competencia previstas en el artículo 11 del Código Federal de Procedimientos Penales, en la medida que aun conociendo ambos órganos de una de las fases del procedimiento (la de ejecución), lo que implicaría que ambos tienen competencia en razón de territorio y materia, más bien se está en presencia de una competencia concurrente, por lo que para determinar quién debe conocer de la promoción de la incidencia en relación a la fase de ejecución de las penas, entre los nuevos órganos especializados y el Juzgado de Distrito que conoció del proceso penal federal, se observarán los numerales contenidos en los Acuerdos Generales 22/2001 y 23/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las reglas para las funciones de los nuevos órganos especializados en la ejecución de penas, del que se obtiene que el Juez del proceso deberá continuar conociendo en lo concerniente a la ejecución de las penas, concretamente de la incidencia planteada por ... dado que su ejercicio depende de la fecha en que proveyó, causó ejecutoria la sentencia condenatoria, esto es, por ser anterior a aquella en que iniciaron funciones los nuevos órganos especializados.
"En efecto, el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, resolvió no admitir la competencia declinada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Jalisco, en síntesis porque en relación a lo determinado para declinar competencia, el artículo 7 del Acuerdo General 22/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la competencia de la función de ejecución penal y crea los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, y del diverso Acuerdo General 23/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sus artículos tercero, quinto y séptimo, que contempla el inicio de las funciones de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, se desprendían varios aspectos a tomar en cuenta, concretamente, la fecha en que los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, iniciaron sus funciones, esto es, a partir del diecinueve de junio de dos mil once, y atento a lo señalado en el considerando quinto del citado Acuerdo General 22/2011,(10) que establece que en materia adjetiva o procesal no opera la aplicación retroactiva de la ley, ya que los procedimientos están constituidos por actos sucesivos, que no se desarrollan en un solo momento, sino que se van rigiendo por las disposiciones vigentes en la época en que tienen verificativo los hechos sujetos a dichos procedimientos, es decir, ni hay derechos procesales adquiridos, ni las normas procesales nuevas pueden producir efectos retroactivos.
"Además, la temporalidad en que quedó firme la sentencia definitiva, esto es, una vez que fue resuelto el recurso de apelación interpuesto en su contra, lo anterior como expresamente lo establece el artículo 10, punto 1, del Acuerdo General 22/2011,(11) lo que se traduce en tomar en cuenta la fecha en que la sentencia haya causado ejecutoria; de manera tal que si en la especie la sentencia dictada a ... confirmada por el Segundo Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Tercera Región, el veintiséis de noviembre de dos mil diez, ello ocurrió con anterioridad al diecinueve de junio de dos mil once, cuando aún no estaban en funciones los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, por lo que no están facultados para conocer y resolver el procedimiento de ejecución de penas planteado.
"Establecido lo anterior se está en condiciones de señalar que conforme al contenido de los numerales de los acuerdos generales a que se ha hecho referencia, opera una competencia concurrente diferenciada entre los nuevos órganos especializados y los Juzgados de Distrito que conocen de procesos penales federales, cuyo ejercicio dependerá de la fecha en que la sentencia condenatoria causó ejecutoria; de ese modo, los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas iniciaron funciones jurisdiccionales a partir del diecinueve de junio de dos mil once, sólo respecto de los asuntos que requieran la participación jurisdiccional en la materia y en el ámbito de su jurisdicción, en tanto los Juzgados de Distrito que conocen de procesos penales federales seguirán conociendo hasta la conclusión de los asuntos que sobre ejecución de penas son de su conocimiento.
"Esto es, si el Juez del proceso antes del inicio de funciones de los nuevos órganos especializados, emitió pronunciamiento en materia de ejecución, como fue que mediante actuación de siete de diciembre de dos mil diez, ordenó ejecutar en sus términos la sentencia al proveer lo siguiente: ‘Ahora bien, tomando en consideración que el sentenciado ... fue condenado en este asunto a la pena de cuatro años tres meses, como lo estableció la superioridad, y que le fueron negados los beneficios de sustitución de la pena de prisión a que se refieren los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal; en consecuencia, queda a disposición del Tribunal del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, en México, Distrito Federal, a fin de que en el lugar que al efecto designe el Ejecutivo Federal, compurgue la pena de prisión, en los términos establecidos en la sentencia ejecutoria.’, debe seguir proveyendo en lo concerniente a la ejecución de las penas hasta su conclusión.
"De esa forma, si el Juez del proceso ordenó ejecutar la sentencia dictada contra ... y en razón a ello está compurgando la pena privativa de libertad, con antelación a la fecha en que entraron en funciones los juzgados especializados, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 7 del Acuerdo General 22/2011, esto es, que el órgano jurisdiccional deberá seguir conociendo hasta su total resolución, de los asuntos que sobre ejecución de penas ya son de su conocimiento, tal como ocurre con la incidencia planteada por el reo.
"Ahora bien, como el criterio sostenido en esta ejecutoria en el considerando primero de esta ejecutoria (sic), en cuanto a que con base en los fundamentos legales y las disposiciones del Acuerdo 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano colegiado es legalmente competente para dirimir el conflicto competencial suscitado entre los Jueces Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco y Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para no conocer del incidente no especificado de libertad preparatoria, solicitado por el sentenciado ... se opone a lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la competencia número 18/2011 de su índice, virtud en que considera que como el conflicto competencial entre los referidos Jueces de Distrito deriva de una actuación procesal correspondiente a la etapa de ejecución de la sentencia, por esa razón, a quien le corresponde elucidar el citado conflicto competencial es al Tribunal Unitario que ejerza jurisdicción sobre los Jueces, haciendo la aclaración de que no obsta para asumir esa postura el hecho de que el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, tenga su residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, toda vez que su jurisdicción la ejerce en toda la República, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 23/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas; por tanto, procede denunciar la aludida contradicción de criterios y remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia autorizada de esta sentencia y el disquete que la contenga, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, aun cuando se trata de criterios plasmados en ejecutorias y no tengan la formalidad de tesis."
Similares consideraciones aplicó el Tribunal Colegiado al resolver los diversos conflictos competenciales 28/2011 y 33/2011; el primero de ellos, suscitado entre el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco y el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en el Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, mismo que fue resuelto mediante sesión de tres de noviembre de dos mil once; mientras que el segundo, se suscitó entre el Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco y el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en el Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, resuelto mediante sesión de catorce de diciembre del año retropróximo.
II) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 1
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23585-0c8e0406/conflicto-competencial-corresponde-a-los-tribunales-unitarios-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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