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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 406/2013. · Registro digital (IUS): 25315
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-11-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CI
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pág. 659.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 406/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.

II. Competencia y legitimación

5. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo señalada, pues en el caso, fue realizada por un Juez de Distrito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

III. Consideraciones y fundamentos

7. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.

8. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Dicho tribunal, al resolver la competencia penal **********, el dieciocho de febrero de dos mil trece, sostuvo el siguiente criterio:

"De lo antes señalado se advierte, en esencia, que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, declaró que carecía de competencia para seguir conociendo de la causa penal, por lo siguiente: Porque de acuerdo a las reglas de competencia previstas por el artículo VI (sic) del Código Federal de Procedimientos Penales, es competente para conocer y resolver sobre cuestiones relativas al proceso, el tribunal en cuya jurisdicción se cometa el delito, y del material probatorio existente en autos, llegó a la convicción de que los hechos que dieron origen a la causa penal **********, del índice de dicho órgano, tuvieron lugar en la calle principal que atraviesa el poblado **********, es decir, que tales hechos tuvieron lugar en una población que está fuera del ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción el Juzgado Segundo de Distrito, conforme al Acuerdo 17/2012, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. Además de que a dicho órgano jurisdiccional no le asiste competencia jurisdiccional excepcional para conocer del asunto, atento a que, en el caso, no se surte a favor de dicho juzgado la hipótesis de competencia excepcional a que alude el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que el agente del Ministerio Público consignador no precisó con qué razonamientos jurídicos y medios de convicción acreditaba fehacientemente, como lo exige la propia ley y la jurisprudencia, al menos una hipótesis prevista para tal efecto, en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Que el delito por el cual se ejercitó la acción penal contra los inculpados, según las características personales, probablemente pertenezcan a determinada organización delictiva, por ello no puede justificar que dicho juzgador conozca de la indagatoria, toda vez que no resulta jurídicamente aceptable establecer que por la nombrada circunstancia automáticamente se surta la competencia excepcional del citado órgano. Además, que en el Estado de Durango, se encuentra un centro federal de máxima seguridad (**********), por lo que tampoco se puede señalar que dicho juzgado sea competente por razón de seguridad de las prisiones, ni se advierten otras razones que impidan garantizar el desarrollo del proceso, y concluyó que aun cuando exista un centro federal de reclusión, debe estarse a la regla general de competencia prevista en el artículo 6o. del Código Federal de Procedimientos Penales, al haber sucedido los hechos delictivos en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre. De las constancias que forman el asunto que nos ocupa, se desprende lo siguiente: 1) Mediante boleta de registro **********, de dos de enero de dos mil trece, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, turnó al Juzgado Segundo de Distrito con residencia en esta ciudad, turno de ‘consignación con detenido’, relativa a la averiguación previa **********. 2) Por oficio número **********, la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda Investigadora, con residencia en Durango, Durango, consignó la averiguación previa número **********, misma que fue recibida en el Juzgado Segundo de Distrito, el dos de enero de dos mil trece. 3) Por acuerdo de dos de enero de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, tuvo al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda Investigadora de Durango, Durango, ejerciendo acción penal en contra de ... como probables responsables de la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio por venta, ilícito previsto y sancionado en los artículos 195, último párrafo, en relación con el 194, fracción I, del Código Penal Federal, cometido con la agravante de pandillerismo estipulada en el artículo 164 Bis del mismo código. Asimismo, el Juez de Distrito ordenó formar por duplicado el expediente respectivo, así como el registro de la causa penal, registrándola con el número **********. Asimismo, ratificó la detención, toda vez de que se trata de una consignación con detenido, y considerando que el agente del Ministerio Público de la Federación puso a disposición de dicho Juzgado de Distrito a ... (**********). 4) Por auto de dos de enero de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, suspendió el procedimiento, dado que no se realizó el traslado de los indiciados del ********** al Juzgado de Distrito. 5) Por auto de tres de enero de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora reanudó el procedimiento. 6) Mediante diligencia de tres de enero de dos mil trece, los indiciados ... rindieron su declaración preparatoria. 7) Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito, en el Estado de Sonora, admitió la prueba de ampliación de declaración a cargo del indiciado ... 8) En audiencia pública de seis de enero de dos mil trece, se llevó a cabo la diligencia de ampliación de declaración a cargo del indiciado ... 9) El ocho de enero de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora dictó auto de término constitucional y declaró que carecía de competencia para conocer de la causa penal ********** y determinó declinar la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad que lleva el mismo nombre. 10) Mediante boleta de registro **********, de dieciocho de enero de dos mil trece, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, turnó al Juzgado Primero Distrito en el Estado de Durango la averiguación previa **********. 11) Por oficio número **********, de ocho de enero de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional dictada en esa misma fecha en la causa penal **********, remitió al Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Durango en turno, el duplicado del proceso penal mencionado, en atención a que dicho Juzgado de Distrito declinó la competencia para que siguiera conociendo de la causa, mismo que recibió el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, el dieciocho de enero de dos mil trece. 12) Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil trece, el citado Juez Primero de Distrito en el Estado, ordenó registrar la causa penal, formarse y tramitarse por separado el índice de competencia respectivo, misma causa que quedó registrada con el número **********. 13) Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil trece, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, acordó lo siguiente: ‘Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio **********, firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual informa que con fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, la directora general de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Estatal y Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante oficio número **********, informó al delegado estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, que dada la situación actual que impera en el **********, no se recibirá ningún interno por consignación o ejecución de orden de aprehensión de dicho centro, y a la fecha prevalece la negativa del ********** de esta ciudad, de recibir personas por la comisión de delitos del orden federal, debido a que no se cuenta con la seguridad necesaria para garantizar la integridad física de los mismos. De igual manera, informa que por lo antes descrito no fue posible internar a los inculpados ... en el ********** de esta ciudad capital. Notifíquese ...’. Por su parte, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, se negó a aceptar la competencia declinada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, por lo siguiente: Consideró que en el caso se actualizan las exigencias precisadas en los incisos C) y D) del párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Que el agente del Ministerio Público de la Federación que consignó el asunto ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, lo hizo en virtud de que las personas en contra de quienes se instruyó la averiguación previa, fueron recluidas en el **********, con residencia en esta ciudad, debido a la imposibilidad de internar a los inculpados en el **********, por la negativa de recibirlos en dicho centro de reclusión, debido a que no cuenta con la seguridad necesaria para garantizar la seguridad física de los mismos. Además, de que constituye un hecho notorio la circunstancia de que el veintiuno de octubre de dos mil once, en el centro de reinserción social antes mencionado, se registró una riña entre internos, que tuvo como resultado que cuatro inculpados perdieran la vida, con lo que señaló, se evidenció que el citado centro no cuenta con la seguridad necesaria para garantizar la seguridad física de los procesados. Que en el caso de que dicho órgano jurisdiccional aceptara la competencia declinada, los enjuiciados ... permanecerían recluidos en el **********, con residencia en esta ciudad, y el proceso se sustanciaría en dicho juzgado federal y no sería posible ordenar su traslado al **********, con sede en dicha ciudad, por los motivos aducidos anteriormente, lo que imposibilitaría un adecuado desarrollo del proceso penal, en virtud de que las diversas diligencias de pruebas y notificaciones se realizarían vía exhorto que se libre a los Juzgados de Distrito, residentes en Hermosillo, Sonora, lo cual significaría un retraso en la impartición de justicia. Una vez puntualizado el planteamiento antagónico suscitado entre los citados Jueces de Distrito que dio origen al presente conflicto competencial, es de naturaleza penal y no de amparo, se llega a la conclusión de que este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, como ya se dijo, carece de competencia para pronunciarse respecto del conflicto competencial planteado. En este sentido, los artículos 106 de la Constitución Federal, y 29, fracción V y 37, fracción VI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen: ‘Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal.’. ‘Artículo 29. Los Tribunales Unitarios de Circuito conocerán: ... V. De las

controversias que se susciten entre los Jueces de Distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo.’. ‘Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: ... VI. De los conflictos de competencia que se susciten entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno.’. De la lectura de los preceptos legales anteriores, claramente se establece que en estricto acatamiento al mandato constitucional previsto en el artículo 106 de la Constitución Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación determinó otorgar ‘competencia’ en razón de grado, tanto a los Tribunales Colegiados de Circuito, así como a los Tribunales Unitarios de Circuito, a fin de dirimir todo conflicto o cuestión competencial suscitada entre los Jueces de Distrito radicados en su circunscripción territorial. Sin embargo, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación hace una clara diferenciación en la competencia entre ambos tribunales de alzada, en atención a la materia de especialización dentro de la cual se suscite dicha controversia. Esto es, en tratándose de conflictos competenciales suscitados entre Jueces de Distrito de amparo, el artículo 37, fracción VI, de la citada ley orgánica, es claro en otorgar dicha potestad decisora a un Tribunal Colegiado de Circuito; en cambio, en tratándose de cuestiones competenciales vinculadas con Jueces de Distrito en Materia Penal ordinaria, el diverso numeral 29, fracción V, del ordenamiento en consulta, otorga competencia decisora a un Tribunal Unitario de Circuito. A fin de sustentar lo anterior, se invoca la siguiente jurisprudencia 68/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de junio de dos mil doce, la cual derivó de la contradicción de tesis 142/2012; criterio que se encuentra pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE ELLOS.’ (se transcribe). De igual manera, a fin de justificar la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito en tratándose de juicios ordinarios federales, se invoca por identidad de razón, la tesis aislada P. XXXIX/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, página once, que textualmente establece: ‘COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO RESOLVER LAS CONTROVERSIAS COMPETENCIALES SUSCITADAS ENTRE JUECES DE DISTRITO EN JUICIOS ORDINARIOS FEDERALES.’ (se transcribe). De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 54/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, página ciento sesenta y cinco, que establece: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE JUECES DE DISTRITO DEL MISMO CIRCUITO, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL UNITARIO DE SU JURISDICCIÓN.’ (se transcribe). A fin de justificar que los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de conflictos competenciales suscitados entre Jueces de amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 31/95, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, página veintiséis, que textualmente establece: ‘COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. CÓMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.’ (se transcribe). Así, de los artículos y criterios transcritos, se obtiene que en tratándose de la competencia para resolver planteamientos de conflictos competenciales originados por Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, derivado de un asunto penal federal, se surte a favor del Tribunal Unitario de Circuito, en cuya jurisdicción se encuentre el Juez que previno su conocimiento, que en este caso lo es el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y corresponde, por ende, el conocimiento a un Tribunal Unitario de este Quinto Circuito. Ahora bien, en el caso concreto, los Jueces de Distrito antagónicos tienen distinto lugar de residencia, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y el Juez Primero de Distrito, con residencia en Durango; circunstancia que pudiese dar lugar a la incorrecta percepción de que en el caso se actualiza la hipótesis a que alude el artículo 37, fracción VI, última parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que en tratándose de un conflicto de competencia suscitado entre Jueces de Distrito de distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno. Sin embargo, dicha hipótesis de Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales de distinta jurisdicción no se actualiza en el caso, en tanto que, para efectos del presente conflicto, debe estimarse que el citado conflicto entre el Juez Primero de Distrito, con residencia en el Estado de Durango, y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, recae sobre la competencia para conocer de un proceso penal federal y no de un juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable, por las razones análogas al caso en que se sustenta, la siguiente jurisprudencia 41/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2000740, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 1, página 639, cuyos rubro y texto son: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO RESOLVER EL SUSCITADO ENTRE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL Y UNO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS.’ (se transcribe). En ese tenor, en base a lo hasta aquí demostrado, se puede concluir que el competente para conocer del presente planteamiento de conflicto de competencia, es el Tribunal Unitario de este Quinto Circuito, en turno, por ser éste quien ejerce jurisdicción sobre ambos Jueces de Distrito antagónicos, además de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, fue quien previno primero del asunto materia del conflicto. No es óbice para estimar lo anterior, el contenido del punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que dicho órgano jurisdiccional delega su competencia originaria a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre Tribunales Colegiados. Lo anterior, en virtud de que el conocimiento de los conflictos competenciales entre Jueces de Distrito, no es de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 10 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y si bien las fracciones VI y VII del artículo 21, establecen que corresponde a las Salas del Máximo Tribunal conocer de las controversias por razón de competencia que ahí se señalan, lo cierto es que no se establecen las que surjan entre Jueces de Distrito. En esas condiciones, aun cuando en el Acuerdo General 5/2001, en el punto quinto, fracción II, la Suprema Corte de Justicia de la Nación delega, de manera general, su competencia originaria para conocer conflictos competenciales a los Tribunales Colegiados, lo cierto es que al no encontrarse en su competencia originaria los conflictos competenciales suscitados entre Jueces de Distrito, no puede entenderse que en dicho acuerdo se encuentre establecida la competencia de los señalados órganos colegiados para conocer de ese tipo de conflictos. Además, dicha fundamentación es ineficaz a fin de estimar competente a tal órgano jurisdiccional colegiado, ya que a través del citado Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se pretendió regular a los diversos procesos constitucionales autónomos, tales como el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, sin hacer referencia a la materia relativa a la jurisdicción federal ordinaria, dentro de la cual, se inserta ya a la fase judicializada de ejecución de sentencias. Por lo que respecta al numeral 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en dicho dispositivo, si bien es cierto se otorga competencia a dicho Tribunal Constitucional a fin de dirimir los conflictos competenciales suscitados entre Jueces de Distrito, dicha disposición expresamente establece que será en tratándose de juicios de amparo. Por tanto, en términos de la fracción V del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son los Tribunales Unitarios de Circuito quienes deben conocer de los conflictos competenciales que se susciten entre Jueces de Distrito de una misma jurisdicción, respecto de un juicio penal federal. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias relativas que dieron origen a las jurisprudencias antes transcritas de rubros: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE ELLOS’ y ‘CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO RESOLVER EL SUSCITADO ENTRE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL Y UNO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS.’. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 106 de la Constitución Federal, y 29, fracción V y 37, fracción VI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto séptimo del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, que modifica el diverso Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de agosto de dos mil seis, en el punto cuarto, al que se agrega una fracción más que corresponderá a la XXXI; y con apoyo en las jurisprudencias 41/2012 y 68/2012, ambas emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acuerda: ..."

9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Dicho tribunal, al resolver la competencia penal **********, el tres de junio de dos mil trece, sostuvo el siguiente criterio:

"TERCERO. Existencia del conflicto competencial. Como cuestión previa, cabe señalar que para que exista conflicto competencial debe existir la manifestación expresa de dos órganos jurisdiccionales de no aceptar la competencia legal para conocer de determinado asunto puesto a su jurisdicción. En el caso concreto, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante resolución de ocho de marzo de dos mil trece, declaró que no es competente para conocer de la causa penal iniciada en contra de **********, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, delincuencia organizada y asociación delictuosa, y la declinó en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, que correspondiera, para los efectos de su competencia. Por su parte, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento de la competencia declinada, mediante resolución de diez de abril de dos mil trece, manifestó que no la aceptaba. Por tanto, al existir manifestaciones expresas de cada órgano jurisdiccional, en ejercicio de su potestad y autonomía, de no aceptar la competencia para conocer de la expresada causa penal, es inconcuso que se actualiza el conflicto competencial en examen, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’ (se transcribe). CUARTO. Incompetencia para resolver el presente conflicto competencial. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito estima que carece de legal competencia para pronunciarse respecto del conflicto competencial planteado, como se verá. A) Antecedentes que informan el caso. Como una importante cuestión preliminar y para poner de manifiesto el tipo de conflicto que resulta ser el de origen, se citan los antecedentes que informan el asunto que nos ocupa. 1. De constancias que obran en autos, se advierte que el dos de marzo de dos mil trece, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales ‘A’ Zona Norte, titular de la Agencia Tercera Investigadora, de Reynosa, Tamaulipas, consignó ante el Juez de Distrito en turno, en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, la averiguación previa número **********, instruida en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de los reservados para las fuerzas armadas del país; delincuencia organizada y asociación delictuosa. 2. De dicha consignación tocó conocer, por razón de turno, al Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien radicó la causa penal; tomó la declaración preparatoria del inculpado y, por auto de ocho de marzo de la actual anualidad, dictó auto de formal prisión contra el instruido por los delitos materia de consignación, salvo el de asociación delictuosa, al estimar que se subsumía en el diverso de delincuencia organizada. En dicha determinación también declaró que legalmente no es competente para continuar conociendo de la causa penal, tomando como base lo siguiente: a) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Federal de Procedimientos Penales, es competente para conocer y resolver sobre cuestiones relativas al proceso, el tribunal en cuya jurisdicción se cometa el delito y que, en el caso, los hechos criminosos ocurrieron en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas; b) Que no se surte la competencia jurisdiccional excepcional, dado a que no se actualiza la hipótesis que para tal efecto se prevé en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales; c) Que el agente del Ministerio Público de la Federación consignador no precisó razonamientos jurídicos y medios de convicción fehacientes que acrediten al menos una de las hipótesis previstas en el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales; y, d) Que al existir en el Estado de Tamaulipas un centro federal penitenciario, ubicado en la ciudad de Matamoros, debe estarse a la regla de competencia prevista en el artículo 6o. de la codificación procesal en comentario. Por lo anterior, determinó declinar la competencia para seguir conociendo de la causa penal a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Reynosa. 3. De tal asunto correspondió conocer al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quien por auto de diez de abril de dos mil trece, resolvió no aceptar la competencia declinada, al estimar que, contrario a lo sostenido por el Juez declinante, en el caso de origen sí se actualizaba la competencia de excepción terri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25315-cdc8a86a/competencia-para-conocer-de-un-conflicto-competencial-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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