COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE ELLOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. AUSENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Séptimo Circuito.
La anterior interpretación, es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Séptimo Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados contendientes.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 13/2011, suscitado entre el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Boca del Río y el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el mismo Estado, con sede en Villa Aldama, para conocer de la causa penal 68/2011; sostuvo en lo que interesa:
"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, es competente para conocer del presente conflicto competencial, conforme a los artículos 21, fracción VI, 37, fracción IX, 38, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el Acuerdo General 11/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial el doce de mayo de dos mil once, modificado en el apartado segundo, fracción VII, punto 1, por el diverso Acuerdo General 32/2011 del propio Pleno, publicado en el referido Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del citado año. SEGUNDO. Es menester dejar reconocido que no pasa inadvertido para quienes esto resuelven que, en el presente asunto no se ha planteado correctamente el conflicto competencial, debido a que el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Villa Aldama, envió directamente el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo, y no lo remitió a la Juez Sexta de Distrito en la entidad, con sede en esta localidad, lo que ocasionó que esta última no se pronunciara sobre si insiste en declararse legalmente incompetente para conocer de la causa penal respectiva; sin embargo, no es el caso de declararlo inexistente ni de ordenar la reposición del procedimiento, pues de hacerlo se provocaría una demora injustificada en perjuicio del interés general, de la parte ofendida y de los indiciados, dado que en la especie obran en el expediente los elementos suficientes para dictar la resolución correspondiente, atento a lo que más adelante se expondrá. Apoya lo antes decidido la jurisprudencia 3/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento nueve, del Tomo XI, marzo de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y textos siguientes: ‘COMPETENCIA PENAL. AUN CUANDO NO SE HUBIERE PLANTEADO CORRECTAMENTE, PROCEDE RESOLVERLA.’ (se transcribe). TERCERO. Debe decidirse la competencia a favor de la Juez Sexta de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en atención a lo siguiente. En efecto, la lectura de las resoluciones transcritas, emitidas por las autoridades en conflicto, permite advertir que el motivo por el cual dicha Juez de Distrito estimó que quien debía conocer de la consignación y de la consecuente solicitud de libramiento de orden de captura, realizada por el agente del Ministerio Público de la Federación mediante oficio número **********, de tres de junio del año en curso, era el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Villa Aldama, atendió, básicamente, a que se actualizaba ‘... la excepción de competencia prevista en párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, y lo dispuesto en los acuerdos 21/2008 y 11/2011, este último por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que en él se precisan para conocer de los delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones.’. Para concluir lo anterior, primero mencionó que el Consejo de la Judicatura Federal, al emitir el Acuerdo General 21/2008, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Federal, dotó de competencia a los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Primer, Segundo, Tercer Circuito y los Mixtos, así como a los de procesos penales federales que en lo futuro se llegaran a crear en aquellos lugares donde existiera un centro federal de readaptación social de máxima seguridad, para conocer de los asuntos que actualizaran las hipótesis del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, mismos juzgados que ejercerían jurisdicción en toda la República; posteriormente, la Juez señaló que esa determinación se reiteraba en el diverso Acuerdo General 11/2011, emitido por el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que éste, en el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizó diez compromisos, uno de ellos relativo a concentrar ‘... a las personas sometidas a procesos penales relacionadas con delincuencia organizada y narcotráfico, en reclusorios de alta seguridad minimizando las diligencias por exhorto y el riesgo que implica para sociedad los traslados de reos peligrosos. Se dará competencia en todo el país a los juzgadores ubicados en los lugares que cuentan con reclusorios de alta seguridad; que entraría en ejecución en treinta días’, y como en el particular las características de los hechos imputados a los indiciados, evidencian que éstos formaban parte de la organización criminal denominada los ‘zetas’ o ‘la última letra’, siendo un hecho notorio que los mismos resultan ser delincuentes de alta peligrosidad, entonces lo procedente era declinar la competencia a uno de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, creado en el sitio donde existiera un centro federal de readaptación social de mediana o máxima seguridad, que tienen jurisdicción en toda la República conforme a lo dispuesto en el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, y que debido a la creación de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Cerro León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, los cuales ejercen competencia sobre el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, ubicado en la citada población, mismo que cuenta con un máximo nivel de control y seguridad, resulta ser competente para conocer de la respectiva solicitud de orden de captura uno de esos juzgados, ya que el artículo 18 de la Constitución Federal, también establece que para la reclusión preventiva, al igual que para la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, se destinarán centros especiales, siendo el delito de delincuencia organizada el que se imputa a los indiciados; que por esa causa, continuó diciendo la Juez, no era óbice que los hechos se suscitaran en las ciudades de Carlos A. Carrillo, Veracruz, y en Veracruz, Veracruz, lugar donde ejerce jurisdicción el órgano jurisdiccional a su cargo, ya que cobraba aplicación al caso el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, y esto era acorde al artículo 6 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, el cual dispone que los centros de máxima seguridad están destinados al internamiento de reos que se encuentren en prisión preventiva. Por su parte, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con sede en Villa Aldama, no aceptó la competencia planteada por diversas razones; la principal fue la siguiente: ‘... si bien, los delitos que se atribuyen a los inculpados están tipificados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y que por razones de seguridad las personas involucradas en esos delitos deben permanecer en centros de reclusión especiales, lo cierto es que conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General 37/2010 de que se trata, para surtirse el supuesto de competencia a favor de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, es necesario que los asuntos sometidos a su conocimiento correspondan a reos internados en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco en Villa Aldama, Veracruz, requisito que debe acontecer al momento en que se haya emitido la determinación que atribuya competencia a esos juzgados, lo que en la especie no acontece ...’. Pues bien, le asiste la razón a esta última autoridad judicial al sostener que es requisito indispensable para que ella conozca de un proceso penal, que los indiciados se encuentren recluidos en la institución penitenciaria sobre la cual ejerce competencia, por lo siguiente: El Acuerdo General 37/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a que hizo referencia dicha autoridad, establece, en lo que interesa, lo siguiente: ‘PRIMERO. Los dos nuevos órganos jurisdiccionales se denominarán Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz y Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, ambos tendrán su residencia en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente ubicado en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, y a partir de su inicio de funciones conocerán de los asuntos que correspondan a reos internados en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, en términos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Los órganos jurisdiccionales mencionados en el punto de acuerdo que antecede, iniciarán funciones a las ocho horas del uno de febrero de dos mil once con la plantilla de personal autorizada. En esa misma fecha iniciará funciones la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, la cual prestará servicio los días hábiles de lunes a viernes, en el horario que permitan las normas de seguridad del centro federal de readaptación social de que se trata, a los dos Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en esa entidad y sede, aplicando el sistema computarizado que se utiliza para tal efecto y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 13/2007 y sus reformas. En consecuencia, desde la fecha señalada, en primer término, toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio precisado. Las consignaciones no relacionadas con reos internados en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, continuarán tramitándose normalmente por los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, que corresponda. Y por lo que corresponde a todas las consignaciones de reos internados en el mencionado centro federal de readaptación social, hasta antes de la fecha precisada en el primer párrafo, continuarán su trámite normal por los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta su resolución definitiva.’. Asimismo, el diverso Acuerdo General 11/2011 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece, en el punto cuarto, fracción séptima, entre otras cosas, lo siguiente: ‘VII. Séptimo Circuito: ... Los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, conocerán de los asuntos que correspondan a los reos internados en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama, Veracruz.’. Lo anterior permite advertir, claramente, que sólo en tratándose de asuntos concernientes a sujetos internados en la mencionada institución penitenciaria, son competentes los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, por así establecerlo expresamente los acuerdos generales antes invocados, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuyas decisiones son, en el caso, definitivas e inatacables, en términos de lo dispuesto por el artículo 100, noveno párrafo, de la Constitución Federal. Además, esto no se contrapone a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en el cual la Juez Sexta de Distrito en el Estado, consideró que ella no era la competente para conocer del asunto respectivo, pues dicho precepto legal establece en el párrafo tercero que: ‘También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro. En estos supuestos no procede la declinatoria.’, y en la especie ni el Ministerio Público de la Federación estimó necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Villa Aldama, Veracruz, ni se actualiza el supuesto concerniente al traslado de un reo a un centro de reclusión de máxima seguridad, porque de acuerdo a las constancias que obran en el sumario, los indiciados aún no están detenidos, y precisamente por ello se solicita la orden de captura en su contra. En las condiciones apuntadas, este Tribunal Colegiado debe declarar legalmente competente a la Juez Sexta de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que continúe conociendo de la causa penal instruida en contra de los indiciados; en este tenor, deberán remitírsele los autos relativos."
CUARTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial número 6/2012, suscitado entre los Jueces Tercero de Distrito en el Estado y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con residencia respectivamente en Boca del Río y Villa Aldama, ambos en el Estado de Veracruz, para conocer de la causa penal número **********, sustentó lo siguiente:
"ÚNICO. Este órgano colegiado, carece de competencia legal para conocer del presente conflicto competencial que se suscita entre el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Villa Aldama y la Juez Tercero de Distrito con sede en Boca del Río, ambos en el Estado de Veracruz, en la que se declaran incompetentes para seguir conociendo de la causa penal **********; atentos a las siguientes consideraciones: En efecto, acorde a lo previsto en el artículo 29, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el cual en lo conducente dice: ‘V. De las controversias que se susciten entre los Jueces de Distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo.’; no se está en el supuesto de excepción planteado en la parte final de la fracción en comento, dado que dicho conflicto deriva de la consignación de la averiguación previa, por el delito de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno y la incompetencia planteada posteriormente por Jueces de Distrito del mismo Estado; de ahí que al no versar sobre el conocimiento de una demanda de garantías, falta la concurrencia de los presupuestos procesales indispensables para que se configure dicho conflicto competencial por el cual debiera conocer este órgano colegiado, apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen: ‘COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO RESOLVER LAS CONTROVERSIAS COMPETENCIALES SUSCITADAS ENTRE JUECES DE DISTRITO EN JUICIOS ORDINARIOS FEDERALES.’ (se transcribe); así también es de citarse la diversa jurisprudencia emitida por la Primera Sala del órgano de justicia en consulta, visible en la página ciento sesenta y cinco del Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, del epítome en cita, cuyos rubro y texto dicen: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE JUECES DE DISTRITO DEL MISMO CIRCUITO, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL UNITARIO DE SU JURISDICCIÓN.’ (se transcribe). Siendo pertinente precisar que la propia competencia del órgano jurisdiccional que a su vez ha de resolver el conflicto competencial, debe tener la propia para dirimir esa cuestión y conforme al precepto 29, fracción V, en contraposición con el 37, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, este órgano colegiado sólo tiene competencia en conflictos de tal índole, en materia de amparo y como tal aspecto, como ello es de previo y especial pronunciamiento, por ser un presupuesto procesal, se ha efectuado el análisis relativo para determinar quién debe conocer del conflicto que erróneamente se envió a este órgano jurisdiccional de amparo. Lo anterior también se sustenta, en cuanto a la propia competencia del órgano que debe resolver, en el contenido axiológico de la tesis 1a. XXVI/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, materia penal, Novena Época, con número de registro en IUS correspondiente al 196078, de voz: ‘COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN MATERIA PENAL. DELITOS GRAVES. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ IMPEDIDA PARA RESOLVERLA SI NO SE OBSERVÓ EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.’ (se transcribe). En tal virtud, el conocimiento del conflicto competencial en que se actúa, corresponde al Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, toda vez que tanto el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Villa Aldama, como la Juez Tercero de Distrito con sede en Boca del Río, ambos del Estado de Veracruz, están sujetos a su jurisdicción, en términos de la fracción VII, del punto tercero, del diverso Acuerdo General 11/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y, por ello, dicho órgano jurisdiccional de segunda instancia, es el competente para decidir sobre la controversia suscitada entre los mencionados Jueces de Distrito, con fundamento en la fracción V del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Máxime, que en el caso particular, el conflicto competencial que nos ocupa, corresponde a un procedimiento penal federal, en lo particular, al estadio relativo a la preinstrucción, en términos de la fracción II del artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice: ‘Artículo 1o. El presente código comprende los siguientes procedimientos. ... II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar.’; etapa procedimental, donde el superior jerárquico de los Jueces contendientes lo es un Tribunal Unitario de Circuito y no un órgano colegiado. En el entendido que, en el caso particular no tiene aplicación la hipótesis normativa consignada en la fracción II, del punto quinto, del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que estatuye: ‘QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito ... II. Los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito ...’. Lo anterior en razón de que, resulta evidente que la disposición general transcrita, no alude de manera directa a que los Tribunales Colegiados de Circuito sean competentes, para resolver las controversias derivadas de un proceso penal federal, que se susciten entre los Jueces de Distrito sujetos a una misma jurisdicción, como ocurre en el presente caso; motivo por el cual, en ese supuesto deberá estarse a lo previsto en una ley especial, en el particular, a lo previsto en la fracción V del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual sí se contempla de manera particularizada la existencia de tal supuesto; por tanto, la competencia para resolver el conflicto suscitado entre los Jueces contendientes recae en un Tribunal Unitario de este propio circuito. Sentado lo anterior, se declara la incompetencia de este órgano colegiado para conocer del conflicto competencial planteado entre el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Villa Aldama, y la Juez Tercero de Distrito con sede en Boca del Río, ambos del Estado de Veracruz, y con apoyo en el artículo 29, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el asunto al Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en turno con residencia en Boca del Río, Veracruz."
QUINTO. Como cuestión previa a cualquier otra, debe establecerse si en el caso, existe la contradicción de tesis denunciada.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que una contradicción de tesis se actualiza, cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Lo anterior quedó plasmado en la siguiente tesis:
"Núm. Registro: 164120
"Jurisprudencia
"Materia: común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23797-a9f0b63b/competencia-para-conocer-de-un-conflicto-competencial-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL U (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO RESOLVER EL SUSCITADO ENTRE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL Y UNO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA. PARA DIRIMIR UN CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE UN JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y UN JUZGADO PENAL DEL FUERO COMÚN, AMBOS DE LA MISMA ENTID (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO. LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS ADMINISTRATIVOS QUE RESUELVEN LAS CUESTIONES DEL TURNO DE LOS ASUNTOS NO RELACIONADOS NO CONSTITUYE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL U (1a./J. 60/2014 (10a.))
- COMPETENCIA. CARECE DE ELLA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA SUSCITADA ENTRE UN JUZGADO DE DISTRITO Y UN TRIBUNAL UNITARIO DEL MISMO CIRCUITO. (VI.1o.P.6 K (10a.))
- CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA PENAL. CORRESPONDE RESOLVERLO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE PREVINO EN SU CONOCIMIENTO, SIEMPRE QUE EN AUTOS EXISTAN DATOS SUFICIENTES PAR (I.7o.P.117 P)
- COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO RESPECTO DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO PARA RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA D (2a. LXX/2010)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis