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Modo: Corpus Pro

PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. SI LA LEY PENAL POSTERIOR AL DICTADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DISMINUYE EL RANGO MÍNIMO DE LA PENALIDAD APLICABLE A DETERMINADO DELITO, DEBE REDUCIRSE LA PENA IMPUESTA ORIGINALMENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21386
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, , Pág. 280.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden penal, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por Magistrados de circuito, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis), deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados ambos en Materia Penal del Segundo Circuito.

CUARTO. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Al resolver el amparo en revisión ********** el tres de julio de dos mil ocho, este órgano jurisdiccional determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Los agravios expuestos por el quejoso son esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida.

"En efecto, son fundados los agravios relativos a que el Juez de Distrito debió otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, porque debió aplicarse en su favor retroactivamente la ley, y que interpretó erróneamente lo previsto en el artículo 2o. del Código Penal del Estado de México, pues le favorece la reforma al artículo 290, fracción I, del Código Penal del Estado de México, publicada el veintinueve de agosto de dos mil siete.

"Previo a exponer los motivos por los cuales se considera lo anterior, es preciso mencionar que del juicio de amparo **********, enviado por el a quo para sustanciar el presente recurso de revisión, surge lo siguiente:

"El catorce de febrero de dos mil siete, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, dictó sentencia condenatoria contra el aquí recurrente y otro, por el delito de robo calificado previsto en el artículo 287, sancionado en el diverso 289, fracción I y agravado en el 290, fracción I (que sea cometido con violencia), todos del Código Penal del Estado de México, en la que impuso al aquí recurrente la pena de cinco años, tres meses, veintidós días de prisión y ciento dieciséis días de multa, equivalentes a cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos, ochenta y seis centavos.

"El cuatro de mayo de dos mil siete, la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco, Estado de México, modificó la sentencia sólo en cuanto a los días de multa impuestos, que dijo debieron ser ciento seis, equivalentes a cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos, ochenta y nueve centavos, sustituible en caso de insolvencia por ciento seis jornadas de trabajo a favor de la comunidad, y si además el sentenciado tiene incapacidad física se sustituirá por el mismo número de días de confinamiento.

"El diecisiete de septiembre de dos mil siete, ********** interpuso revisión extraordinaria ante la Sala responsable, a efecto de que se le redujera la pena de prisión impuesta dada la reforma de veintinueve de agosto de dos mil siete al artículo 290, fracción I, del Código Penal del Estado de México, en la que disminuyó la pena privativa de libertad mínima de cinco a tres años; y por resolución de el dieciséis de octubre de dos mil siete, la Sala responsable declaró improcedente el citado recurso.

"Contra la anterior resolución, el sentenciado promovió juicio de amparo indirecto, cuya resolución que le negó el amparo y protección solicitados y que ahora nos ocupa, se sustentó esencialmente en que no existe violación al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la reforma al artículo 290, fracción I, del Código Penal del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno el veintinueve de agosto de dos mil siete no favorece al quejoso, dado que la disminución de la pena restrictiva de la libertad, introducida en la reforma, sólo se realizó en relación con la mínima imponible, y en términos del numeral 2o., párrafo tercero, del código sustantivo penal, debe atenderse a la proporción existente entre el máximo de la ley anterior y el máximo de la ley posterior, esto es, para que se esté en posibilidad de aplicar dicho precepto, se debe contener en la norma reformada, una variación que disminuya la duración de la pena máxima señalada para un delito en particular.

"Citó como ejemplo, el caso en que con anterioridad, para el delito de robo con violencia, se tuviera señalada la pena privativa de libertad de cinco a diez años de prisión, y que con motivo de una reforma, se hubiese disminuido la duración de dicha punición, de tres a ocho años de prisión, pues en este supuesto, la nueva ley sí sería benéfica para el reo.

"Tal criterio no se comparte, pues de la interpretación armónica de lo establecido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso numeral 2o. del Código Penal del Estado de México, surge que las garantías individuales son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo.

"El artículo 1o. de la Ley Fundamental, al señalar que ‘En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución’, da a entender que los derechos que todo ser humano tiene, por el solo hecho de serlo, son perfectamente reconocidos, pero que, para tener efectividad, necesitan ser garantizados a través de normas que tengan el rango de supremas, de modo que las autoridades del Estado deban someterse a lo estipulado por dichas normas.

"Así, garantías individuales, en general, son las prerrogativas alcanzadas por los hombres frente al poder público personificado en la autoridad. Son los derechos que los gobernados pueden oponer a los gobernantes con el fin de que se conduzcan de la manera dispuesta por aquellas normas del orden jurídico del Estado que protejan la vida, la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la propiedad de las personas.

"Al demandar del Estado y sus autoridades el respeto a los derechos del hombre que garantiza la Constitución, el gobernado ejerce un derecho subjetivo público; se trata de un derecho subjetivo porque es una facultad que se desprende de una norma, y es público porque se intenta contra sujetos pasivos públicos, es decir, el Estado y sus autoridades.

"Esos derechos de que gozan los individuos no deben restringirse ni suspenderse, sino cuando tales medidas sean necesarias para mantener el orden y la paz en las relaciones sociales. Esto se encuentra previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional, donde se dice que las garantías no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que la misma constitución establece.

"En efecto, como bien alega la recurrente, las garantías individuales no son derechos públicos subjetivos absolutos, pues su uso, restricción y suspensión, se arreglan a los casos y a las condiciones que establece dicha Constitución, dentro de los límites que la misma señala.

"El hecho de que tales límites deben estar contenidos en el propio Texto Constitucional o derivarse de su interpretación, se reafirma al considerar que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio de la supremacía constitucional, al establecer que la Ley Fundamental, así como las leyes que emanan de ella y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, constituirán la ‘Ley Suprema de la Unión’. Como las garantías individuales se hallan plasmadas en el texto constitucional, son también supremas, pues se encuentran por encima de cualquier norma secundaria.

"Por otra parte, el gobernado debe tener la seguridad jurídica que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias.

"Esa seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones tanto constitucionales como legales que, a un tiempo, definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación que se haga del orden jurídico a los gobernados sea eficaz.

"Así, las garantías de seguridad jurídica son derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados, que pueden ser oponibles a los órganos estatales, a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que éstos no caigan en la indefensión o la incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones.

"Estas garantías de seguridad jurídica entrañan la prohibición para las autoridades de llevar a cabo actos de afectación en contra de particulares y, cuando deban llevarlos a cabo, deberán cumplir con los requisitos previamente establecidos, con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que dicho acto está dirigido. Ello permite que los derechos públicos subjetivos se mantengan indemnes (es decir, que las personas no caigan en estado de indefensión o de inseguridad jurídica), lo que traerá por consecuencia que las autoridades del Estado respeten irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a su alcance para que actúen.

"Mientras los órganos del Estado se apeguen a las prescripciones que la Constitución y las leyes les imponen para que sus actos no sean arbitrarios, los gobernados tendrán confianza en que no serán molestados en forma alguna, siempre que no se actualice el supuesto de alguna norma que haga procedente el acto de molestia o privación.

"Así, el objetivo de las garantías de seguridad jurídica es consolidar el Estado de derecho, cuya ausencia en cualquier sociedad preludia la descomposición de las relaciones humanas y, por ende, la anarquía.

"Por tanto, las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe encontrarse en los demás, de tal forma que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por lo tanto, en estado de indefensión.

"Con relación al caso que nos ocupa, la garantía que consagra el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo.

"No obstante, la propia Constitución permite que una ley se aplique de forma retroactiva, siempre que ello no cause perjuicios al gobernado. En torno a esto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia visible en la página 309 del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, indicó: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO. La Constitución General de la República consagra el principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona; de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio.’

"De esta forma, tenemos que el principio general de irretroactividad de la ley penal reconoce una importante excepción, consistente en la admisión del efecto retroactivo de la ley penal más benigna, más favorable, o bien menos gravosa para el acusado, ya que tal excepción deriva, como ya se dijo, de una interpretación a contrario sensu del citado precepto constitucional, pues la prohibición en él contenida no comprende los casos en que la aplicación retroactiva de una ley no produzca ningún agravio o perjuicio a persona alguna, y en la especie, es claro que la aplicación de la nueva ley favorable al quejoso se apoya, además, en el principio de equidad que caracteriza al derecho penal, el de la racionalidad de la acción del Estado respecto de personas que cometieron el mismo delito con anterioridad a otro y se castigue más rigurosamente al primero que al segundo; y el que deberá estarse a lo más favorable para el acusado.

"Al respecto, es procedente citar la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 841 del Tomo II, Penal, Precedentes Relevantes SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"‘LEYES PENALES, APLICACIÓN RETROACTIVA DE LAS. Si se está en el caso de una legislación más benigna, y en atención a que los principios generales de derecho, obligan al juzgador a aplicar a un reo la pena más benigna, por equidad, es legal y justo que al reo se le apliquen las sanciones que establece el nuevo código puesto en vigor después de la comisión del delito.’

"Ello lleva a estimar que debe tenerse en consideración la nueva legislación y no la vigente al momento en que sucedieron los hechos, por lo que se colige que la aplicación de la ley en beneficio de todo sentenciado resulta ser obligatorio para las autoridades judiciales, en su caso acorde con la legislación penal ordinaria, pues sería ilógico pensar que si el legislador, tiempo después, ha juzgado que no hay motivos para suponer que el orden social se ha podido alterar con el acto que se reputa por criminal, el poder público insista en exigir responsabilidad por un hecho que no lo amerita; o bien, que si el legislador considera, por cuestiones de orden social o de política criminal, que un delito está punido en forma excesiva y determina disminuir su rango de punición, el Estado insista en castigar con distinta gravedad a quienes cometan la misma conducta.

"Así las cosas, en el caso tenemos que el artículo 290, fracción I, del Código Penal del Estado de México, fue modificado por decreto publicado en la Gaceta del Gobierno el veintinueve de agosto de dos mil siete; antes de la reforma (cuando el ahora quejoso fue sentenciado) establecía una sanción para el robo cometido con violencia, de cinco a diez años de prisión y con la reforma establece una pena privativa de libertad de tres a diez años, de lo que se advierte que el castigo mínimo a tal conducta fue reducido de cinco a tres años.

"En este orden de ideas, puede colegirse que esta nueva ley es más favorable al quejoso, en razón de que establece una punibilidad inferior a la hipótesis legal aplicada por la responsable y vigente al momento de la comisión del delito, es decir, establece una pena menor, y por ello, el juzgador a quo estaba obligado a ordenar a la responsable la aplicación de la pena establecida por la ley más benigna o menos gravosa, pues debe tenerse en consideración que al hacer uso del arbitrio judicial, el juzgador debe determinar la pena dentro de los extremos que fijan las leyes, atendiendo tanto al mínimo como al máximo de la sanción; por lo que si el Código Penal vigente al plantear el recurso de revisión extraordinaria, marca una penalidad menor en su término mínimo, con referencia al código vigente en la época de los sucesos, por ende, procede conceder al quejoso la protección federal para el efecto de que la responsable dicte nueva sentencia en la cual norme su criterio judicial e imponga la pena respectiva, tomando en consideración lo que manda el Código Penal vigente, en atención al principio de aplicación de la ley posterior más benigna, entendiéndose por ésta, la más favorable en sus efectos al delincuente.

"Al margen de lo expuesto, la concesión de amparo da certeza jurídica y cosa juzgada, pues la responsable no realizará una nueva individualización de las sanciones impuestas al quejoso, sino que considerando el grado de culpabilidad determinado en sentencia ejecutoriada, adecuará la punición conforme a los rangos mínimo y máximo de la pena que determina la nueva ley.

"Conforme a la garantía de legalidad, se considera legal lo que está prescrito por la ley y conforme a ella. Cuando la letra de la ley resulta clara, es evidente que el juzgador la aplicará sin más al caso concreto sometido a su consideración; empero, si el sentido de la ley no es fácil de comprender, será necesario desentrañarlo a través de la interpretación.

"De esta forma tenemos que el artículo 2o. del Código Penal del Estado de México, dispone:

"‘Artículo 2o. La ley penal aplicable es la vigente en el tiempo de realización del delito.

"‘Si después de cometido el delito y antes de que cause ejecutoria la sentencia que deba pronunciarse, entraran en vigor una o más leyes que disminuyan la pena o la substituyan por otra que sea menos grave, se aplicará la nueva ley y, en su caso, el órgano jurisdiccional concederá los sustitutivos penales que legalmente procedieren.

"‘Si pronunciada la sentencia ejecutoria se dictare una ley que, dejando subsistente la pena señalada para el delito, disminuya su duración, se reducirá la pena impuesta en la misma proporción en que esté al máximo de la señalada en la ley anterior y el de la señalada en la posterior. En caso de que cambiare la naturaleza de la pena, se sustituirá la señalada en la ley anterior por la señalada en la posterior.

"‘Sin embargo, la ley abrogada deberá continuar aplicándose por los hechos ejecutados durante su vigencia, a menos que la nueva ley sea más favorable.’

"Como puede verse, el texto del tercer párrafo del dispositivo transcrito no es lo suficientemente claro, al señalar ‘... se reducirá la pena impuesta en la misma proporción en que esté al máximo de la señalada en la ley anterior y el de la señalada en la posterior ...’. Esto, pues por la forma en que está redactado, no queda claro en qué proporción debe disminuirse la pena impuesta.

"Al no ser lo suficientemente claro el texto legal, como quedó precisado, el juzgador debe interpretarlo. En materia jurídica, la interpretación puede definirse como el acto por el que un juzgador, con base en los elementos ofrecidos por un texto legal y con la ayuda de diversos criterios, esclarece el sentido y el alcance de una disposición determinada. Los criterios de interpretación son métodos, pautas, principios, objetivos o guías que deben tenerse en cuenta al interpretar, lo cual debe efectuarse teniendo en cuenta una de estas directrices:

"a) El lenguaje empleado por el legislador (criterio gramatical).

"b) El contexto normativo en el que se encuentra inserto el enunciado (criterio sistemático).

"c) La voluntad del legislador, fines y valores de la norma (criterio funcional).

"Es importante precisar que los criterios de interpretación y los diversos tipos de argumentos que los complementan no necesariamente se aplican de manera independiente, sino que incluso, una de las interpretaciones que puede ser más acertada es tomar como base los tres criterios y aplicar, en lo conducente, la mayoría de sus argumentos, para obtener distintos enfoques del texto legal, a fin de aplicar en una decisión jurisdiccional el que resulte más acorde a todo el panorama interpretativo y teniendo como fin último satisfacer las exigencias actuales de la situación concreta materia del juicio.

"Pues bien, este tribunal concluye como lo consideró el recurrente, que el Juez de amparo interpretó incorrectamente el texto del tercer párrafo del artículo 2o. del Código Penal del Estado de México, en razón de que de ninguna manera puede concluirse que la norma establece que la pena se reducirá únicamente cuando el máximo del rango de punibilidad sea disminuido.

"Esto, pues el enunciado interpretado señala: ‘Si pronunciada la sentencia ejecutoria se dictare una ley que, dejando subsistente la pena señalada para el delito, disminuya su duración, se reducirá la pena impuesta en la misma proporción en que esté al máximo de la señalada en la ley anterior y el de la señalada en la posterior’. Contrario a lo apreciado por el a quo, de dicho texto no se advierte que sujete o condicione la reducción de la pena cuando se dicte una nueva ley que disminuya la pena, a que sea modificado el límite máximo de punición, pues ni siquiera habla de dicho rango.

"Así pues, el Juez de Distrito concluyó que la Sala responsable estuvo en lo correcto al referir que el artículo 2o. en comento, es aplicable en cuanto la nueva ley disminuya el rango de punibilidad en su término máximo (interpretación literal o gramatical), pero es inaplicable si sólo reduce el término mínimo (argumento a contrario). Tal conclusión, como ya se dijo, es contraria a principios constitucionales derivada de una indebida interpretación de la norma secundaria; esto, pues literalmente la ley no prescribe categóricamente que sólo si se reduce el término máximo se aplicará la nueva ley; luego entonces, ante la insuficiencia de las palabras empleadas por el legislador, opuesto a lo aducido por el a quo, la Sala responsable tenía la opción de acudir a una interpretación en bona partem o en mala partem, y optó por esta última, lo que ya en sí choca con principios de un derecho penal democrático, en donde la oscuridad o insuficiencia de la letra de la ley, hay que aplicarlo a favor del reo.

"Por tanto, la referida norma debe interpretarse conforme a los criterios de interpretación sistemático y funcional, que conllevan a resultados extensivos (aplicar la norma tanto cuando sólo reduce el término máximo, como cuando sólo reduce el término mínimo o en ambos casos) y con ello a una interpretación in bonam partem.

"Así es, la postura mayormente aceptada es la de considerar que toda interpretación debe ser sistemática ya que para poder entender correctamente un precepto es necesario relacionarlo con todos los demás del ordenamiento, puesto que una norma aislada no es más que un elemento del sistema del que forma parte, de tal modo que es el ordenamiento el que hace a la norma y no éstas las que componen aquél.

"De la concepción sistemática del ordenamiento jurídico se derivan las notas de unidad, plenitud y coherencia que lo caracterizan. Las exigencias de unidad y coherencia del mismo determinan la necesidad de interpretar sistemáticamente las normas que lo componen. Esto supone, en principio, que no pueden existir normas contradictorias entre sí, es decir, el carácter sistemático del ordenamiento jurídico y el principio de coherencia inherente al mismo exigen solventar las antinomias y contradicciones que puedan aparecer.

"Por tanto, dicho criterio de interpretación parte de la base de que el ordenamiento jurídico es un sistema coherente y ordenado, es decir, no pueden existir normas incompatibles.

"De esta forma, la interpretación del tercer párrafo del artículo 2o. del Código Penal del Estado de México, en el sentido que lo realizó el a quo, sería incompatible con lo dispuesto en el último párrafo, el cual establece que la ley abrogada deberá continuar aplicándose por los hechos ejecutados durante su vigencia, a menos que la nueva ley sea más favorable.

"Asimismo, el análisis de todo el contenido del dispositivo legal en comento, nos lleva a concluir que para que guarde congruencia con lo dispuesto en el caso previsto en el segundo párrafo (que varía de lo previsto en el tercero únicamente en la fase del procedimiento en que ocurre la modificación), no debe condicionarse la reducción de la pena impuesta, a que disminuya el máximo de la que estaba contemplada en la ley anterior.

"Por otra parte, el criterio funcional de interpretación tiene como base, ya no la literalidad ni la sistematicidad de la ley, sino sus fines, el contexto histórico en el que se produjo, la intención del legislador, sus consecuencias prácticas y normativas, así como los principios que la rigen.

"Así, en la especie, tenemos que el sentido de lo dispuesto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 2o. del Código Penal del Estado de México, es recoger el principio de aplicación de la nueva ley más favorable al reo.

"Del mismo modo, en el caso concreto encontramos que la intención del legislador al disminuir la pena de diversos delitos (entre ellos, por el que fue enjuiciado el quejoso), era abatir la sobrepoblación en los centros de reclusión, pues permitiría que muchos de los internos compurgaran la pena que les fue impuesta o tuvieran acceso a los diversos beneficios para compurgarla sin estar recluidos.

"En resumen, bajo los criterios sistemático y funcional de interpretación, el dispositivo 2o. mencionado, establece que cuando disminuya la duración de la punición que contempla un delito, debe reducirse la sanción impuesta a los sentenciados por ese delito.

"Por lo tanto, procede revocar la sentencia recurrida y como consecuencia, conceder a **********, la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Unitaria Penal de Texcoco, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para el efecto de que dicha responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que conforme a lo establecido en esta ejecutoria, imponga a **********, la pena respectiva, tomando en consideración el mínimo y el máximo del rango de punibilidad que prevé el actual Código Penal del Estado de México, en el artículo 290, fracción I, por ser más favorable que la prevista en la ley al momento de los hechos por los cuales se dictó sentencia condenatoria."

QUINTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Este tribunal, en sesión de seis de marzo de dos mil ocho, al resolver el amparo en revisión ********** por mayoría de votos, estableció lo siguiente:

"De igual forma, devienen inoperantes los argumentos en los cuales el recurrente aduce que el numeral 2o. del Código Penal para el Estado de México, es contrario a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en tanto dice que el precepto de la Ley Fundamental no limita que la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, únicamente acontezca en los casos en que la pena máxima disminuya. Lo anterior es así, en atención a que la ley cuestionada no fue señalada como acto reclamado, ni tampoco fueron designadas como responsables las autoridades que la expidieron, como se advierte de la lectura íntegra de la demanda de amparo, por lo que no resulta válido ahora analizar en revisión cuestiones novedosas que no se hicieron valer en el libelo de garantías, pues con ello desnaturalizaría el juicio de amparo biinstancial, dado que llevaría al estudio de un acto que no formó parte de la litis, y más todavía, a dejar inauditos a los órganos encargados del proceso legislativo que tendrían, en su caso, que defender el acto correspondiente por ellos emitido.

"Por otra parte, debe indicarse que el Juez Federal de amparo, al pronunciar la sentencia controvertida, atendió a lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la ley de la materia, porque al efecto fijó en forma clara y precisa el acto reclamado que hizo consistir en la resolución de once de octubre de dos mil siete, recaída en el toca **********, relativo a la revisión extraordinaria interpuesta por los ahora peticionarios del amparo, en la que solicitaron se les aplicara la reforma de la fracción I del artículo 290 del Código Penal de la entidad, de veintinueve de agosto del año próximo pasado, al estimar les beneficiaba y en consecuencia, se les redujera la pena de prisión impuesta y se les otorgaran los sustitutivos previstos en los artículos 70 y 71 del mismo ordenamiento legal; acto que el juzgador de amparo apreció tal y como fue probado ante la autoridad responsable, para negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los peticionarios de garantías, luego de la precisión de los fundamentos legales, las razones especiales y causas particulares que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21386-242dfb90/penas-privativas-de-la-libertad-si-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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