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Modo: Corpus Pro

SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS ANTECEDENTES PENALES POR DELITO DOLOSO PERSEGUIBLE DE OFICIO NO DESAPARECEN PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUEL BENEFICIO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 382/2010. · Registro digital (IUS): 22930
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 144.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 382/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien se encuentra facultada para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 2032/2005, fallado el dieciocho de agosto de dos mil cinco, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"Finalmente, es infundado el último motivo de inconformidad precisado en el inciso e), referente a que la ordenadora no concedió alguno de los sustitutivos de la pena de prisión establecidos en el precepto 70 del Código Penal Federal, ni la suspensión condicional de la pena prevista en el numeral 90 del citado ordenamiento, sin considerar que aunque efectivamente se instauró en su contra un proceso en el año mil novecientos setenta y ocho, el mismo causó ejecutoria hace veinticinco años y el artículo 20 del citado ordenamiento, refiere que hay reincidencia cuando ‘el condenado por sentencia ejecutoriada nuevamente delinque, si a partir del cumplimiento de la condena aún no se ha cumplido un término igual al de la prescripción de la pena’ y basó su decisión en las constancias remitidas, no obstante que son documentos públicos, no son suficientes para negarle los beneficios que la ley le concede. Lo anterior es así, pues los preceptos que establecen los mencionados beneficios, exigen para su procedencia que se trate de un delincuente primario o bien, que sea la primera vez que el sentenciado incurra en un delito doloso perseguible de oficio, pues debió evidenciar buena conducta antes y después del hecho punible, sin que estos extremos se cumplan cuando existe un antecedente penal por el tipo de ilícito mencionado, como sucedió en el caso, pues de la copia certificada de las constancias enviadas por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mismas que al ser expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, hacen prueba plena, se advierte que el accionante de amparo fue condenado por el delito contra la salud; sin que pueda afirmarse que el antecedente haya prescrito por el transcurso de cierto tiempo, pues no es de tomarse en cuenta el lapso transcurrido entre la fecha en que cometió el ilícito o causó ejecutoria la sentencia y el que es motivo de la nueva resolución, ya que la prescripción no rige para los antecedentes penales, pues la ley no hace alguna determinación al respecto; además no debe confundirse con la ‘reincidencia’, pues ésta es otra figura del derecho penal que no surtió vigencia en el caso concreto. Es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 124 del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: ‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. REINCIDENCIA Y ANTECEDENTES PENALES. DIFERENCIAS.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por la Sala supraindicada, publicada a foja 56 del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Séptima Época, que a la letra dice: ‘CONDENA CONDICIONAL, ANTECEDENTES PENALES EN CASO DE NEGATIVA DE LA, Y DE LA SUSTITUCIÓN DE SANCIONES. IMPRESCRIPTIBILIDAD.’ (se transcribe)."

Criterio del que derivó la siguiente tesis:

"Núm. registro: 173388

"Jurisprudencia

"Materia(s): Penal

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXV, febrero de 2007

"Tesis: I.2o.P. J/28

"Página: 1415

"ANTECEDENTES PENALES. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS. Por la prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones, para lo cual bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley, sin que se advierta que dicha figura jurídica opere para los antecedentes penales, porque la ley nada regula sobre el particular, de lo que se concluye que aquéllos conservan ese carácter cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo directo 2032/2005. 18 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretaria: María Imelda Ayala Miranda. Amparo directo 2322/2005. 31 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretario: Javier Robledo Ángeles. Amparo directo 712/2006. 6 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Ana Gabriela Urbina Roca. Amparo directo 3012/2006. 13 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera. Amparo directo 3692/2006. 18 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretario: Noé Walter Zúñiga Gordillo."

Similares consideraciones fueron sostenidas por este órgano colegiado, al resolver los juicios de amparo directo 2322/2005, 712/2006, 3012/2006, 3692/2006 y 346/2010.

2. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo penal número 153/2009, fallado el cinco de junio de dos mil nueve, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"Por último, la Primera Sala Penal señalada como responsable no concedió al demandante de garantías, los sustitutivos de la pena de prisión a que se refiere el artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal, tomando en consideración, en términos del artículo 86 del cuerpo de leyes penales en la materia, que cuenta con un antecedente penal por sentencia condenatoria por delito doloso perseguible de oficio. En suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que en ese aspecto la sentencia que se combate carece de la debida motivación, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 18 constitucional, en su segundo párrafo, el sistema penal mexicano tiene como columna vertebral que los sentenciados por la comisión de algún delito logren una verdadera readaptación social sobre la base del trabajo, capacitación para el mismo y educación, con el propósito de lograr su reintegración a la sociedad. De ahí que el propio legislador creó un sistema de medidas para orientar la política criminal y penitenciaria del Estado al objetivo de la readaptación social del delincuente, a efecto de poder sustituir las penas cortas de prisión que no excedan de cinco años, conforme a la prescripción del artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal. Asimismo, la pena de prisión no es el único medio de garantizar la resocialización, en atención a que en el artículo 30 del Código Penal en comento, se establece un catálogo de penas y medidas de seguridad de contenido diverso. Ahora bien, la potestad conferida al juzgador para aplicar los beneficios sustitutivos previstos en el artículo 84, no se ha dejado a su arbitrio judicial, sino que tiene sus limitantes. Entre ellos tenemos, que no opera en favor de los sentenciados que anteriormente hubieren sido condenados en sentencia ejecutoriada, por la comisión de algún delito doloso y que se persiga de oficio, empero, esa disposición contenida en el artículo 86, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal, no debe interpretarse de manera aislada, sino atendiendo a otros principios de política criminal contenidos en dicho código, tales como el de extinción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad, así como cuando en el caso, la ejecutoria que constituye el antecedente penal data del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, teniendo en cuenta además que la pena de prisión impuesta de seis meses, se tuvo por compurgada y acorde a que conforme a la disposición contenida en el artículo 116 del Código Penal para el Distrito Federal, la facultad para ejecutar las penas prescribe en un término igual al fijado en la condena sin que pueda ser menor de tres años, así, en el caso, al haber transcurrido el término necesario para la prescripción de la pretensión punitiva, como el antecedente que se tomó en consideración para negar los sustitutivos data desde el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, y los tres años necesarios para la prescripción de la potestad de ejecutar las penas ocurrió en enero de mil novecientos noventa y cinco, al ser la pena impuesta de seis meses, si el quejoso volvió a delinquir una vez transcurrido el término necesario para la prescripción de la potestad de ejecutar las penas, los antecedentes penales no deben tenerse en cuenta para efectos de negarle la sustitución de la pena, pues ello contraria todo el sistema de política criminal respecto de la readaptación social del sentenciado, ya que la pena de prisión no es el único medio de lograrlo, pues la aplicación de sustitutivos penales también tiene como fin último prevenir y evitar que el sentenciado vuelva a cometer un acto ilícito, ya sea prestando servicios a la comunidad o en libertad bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Tampoco debe perderse de vista, que dentro de los límites a la facultad punitiva del Estado, se encuentra el principio de culpabilidad de acto y no de autor, así el juicio de reproche se formula por hechos propios contrarios a la norma específica que prevé la conducta a la que se adecua, y también contrario al ordenamiento jurídico en su totalidad, entonces, si el sistema jurídico contempla la prescripción, es violatorio de garantías que se tomen en consideración para negar los sustitutivos de la pena de prisión, antecedentes penales respecto de delitos que por la fecha de su comisión ya ha transcurrido el tiempo necesario para la prescripción de la pena con relación a la comisión del último delito por el que se juzgó al quejoso. Por lo anterior, al ser violatoria de garantías la sentencia dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el veintisiete de octubre de dos mil ocho, lo procedente es conceder a ********** o ********** el amparo y protección la Justicia de la Unión que solicita, para el efecto de que deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra en la que dejando subsistentes los demás aspectos que no fueron materia de la concesión del amparo, en estricto acatamiento a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el normativo 86 del Código Penal para el Distrito Federal, se pronuncie de nueva cuenta sobre los sustitutivos de la pena de prisión, establecidos en el artículo 84 de la misma ley sustantiva penal."

Criterio del que derivó la siguiente tesis:

"Núm. registro: 164515

"Jurisprudencia

"Materia(s): Penal

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXXI, mayo de 2010

"Tesis: I.6o.P. J/20

"Página: 1888

"SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. PROCEDE CONCEDERLA AUN CUANDO EL SENTENCIADO TENGA UN ANTECEDENTE PENAL POR DELITO DOLOSO PERSEGUIBLE DE OFICIO, CUYA DURACIÓN DE LA PENA IMPUESTA REBASÓ EL TIEMPO DE SU PRESCRIPCIÓN. Si bien es cierto que la autoridad jurisdiccional, en términos de los artículos 84 y 86 del Código Penal para el Distrito Federal, debe negar al inculpado los sustitutivos de la pena de prisión tomando en consideración que cuenta con un antecedente penal con sentencia condenatoria por delito doloso perseguible de oficio, también lo es que interpretando tales preceptos con el sistema jurídico que establece la política criminal en materia de ejecución de penas privativas de libertad, dicha autoridad, al ejercer su potestad para decidir tal sustitución, debe considerar otros principios de política criminal contenidos en el citado ordenamiento como el de la extinción de la pretensión punitiva. Así, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, estructura el sistema de ejecución penal bajo la idea fundamental de la reinserción social del sentenciado sobre la base del trabajo, la capacitación para éste y la educación como medios para alcanzar su reintegración a la sociedad; por su parte, el citado artículo 84, fracción II, prevé la posibilidad de sustituir las penas cortas de prisión que no excedan de cinco años y, finalmente, el artículo 30 del propio código establece que la pena de prisión no es el único medio para garantizar la resocialización del sentenciado; en consecuencia, si éste acusa un registro penal previo cuya duración de la pena de prisión impuesta por el delito cometido rebasó el tiempo necesario para su prescripción, es de considerarse ajustado a derecho y a los fines político-criminales de la pena que el juzgador pueda conceder tales sustitutivos, a pesar de que en contra del acusado conste un antecedente penal por un delito cometido a título doloso perseguible de oficio. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo directo 153/2009. 5 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretaria: Margarita J. Picazo Sánchez. Amparo directo 210/2009. 9 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretaria: Margarita J. Picazo Sánchez. Amparo directo 270/2009. 27 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Gerardo Domínguez Romo. Amparo directo 378/2009. 23 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Gerardo Domínguez Romo. Amparo directo 390/2009. 7 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretaria: Elvira Valladares Martínez."

Similares consideraciones fueron sostenidas por este órgano colegiado, al resolver los juicios de amparo directo penal 210/2009, 270/2009, 378/2009, 390/2009, 429/2009, 1/2010, 73/2010, 112/2010, 174/2010, 191/2010, 259/2010, 329/2010 y 402/2010.

CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal 72/2010 y la tesis aislada, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"Núm. registro: 164120

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

"Núm. registro: 166996

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

De igual modo, con base en dicho criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. (1)El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. (2)Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Tomando en cuenta lo anterior, en la especie, sí existe contradicción de criterios entre el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del propio circuito, por las razones que se exponen a continuación:

Los tribunales anteriormente referidos analizaron asuntos en los que al sentenciado se le habían negado los sustitutivos de la pena de prisión debido a que tenía antecedentes penales por sentencia condenatoria por delito doloso perseguible de oficio; sin embargo, la divergencia entre los criterios se dio respecto a si dichos antecedentes penales prescriben o no, debido a que el segundo párrafo del artículo 86 del Código Penal para el Distrito Federal y el segundo párrafo del artículo 70 del Código Penal Federal establecen que la sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio.

En efecto, la diferencia de criterios se da al establecer si, tomando en cuenta el tiempo transcurrido entre el antecedente penal del sentenciado y el nuevo delito por el que se condenó, dichos antecedentes penales deben o no tomarse en consideración para efecto de determinar si a partir de ello deben o no negársele los sustitutivos de la pena; pues mientras uno de los tribunales considera que fue correcto negarle al justiciable los sustitutivos de prisión debido a que había sido condenado en sentencia ejecutoria por delitos dolosos perseguibles de oficio y, en consecuencia, no se satisfacían los requisitos previstos en el artículo 70 citado, pues dicho precepto exige para su procedencia que sea la primera vez que el sentenciado incurra en un delito doloso perseguible de oficio, sin que pueda afirmarse que el antecedente haya prescrito por el transcurso de cierto tiempo, pues no es de tomarse en cuenta el lapso transcurrido entre la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22930-bdef333e/sustitucion-de-la-pena-de-prision-los-antecedentes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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