QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO POR EL QUE REQUIERE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 232/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
TERCERO. Ahora bien, con el fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, se estima conveniente transcribir las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidos a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la controversia de criterios anunciada.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el tres de junio de dos mil diez, el recurso de queja 15/2010 (se transcribe el considerando quinto), estimó:
"QUINTO. Son esencialmente fundados los agravios hechos valer por el representante social. Para mayor claridad del asunto, precisa reseñar algunos de los antecedentes que lo informan, en específico los que se consideran con trascendencia en la determinación que habrá de tomar este tribunal. 1. **********, promovieron de manera individual juicio de amparo indirecto contra los actos y autoridades siguientes: a) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y b) titular de la Agencia Federal de Investigación. Actos reclamados: La abstención de pronunciarse definitivamente respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa **********. La abstención de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal en el triplicado de la precitada indagatoria, instruida en su contra. La ilegal orden de localización y presentación emitida en su perjuicio, y el cumplimiento que se pretende dar a ese mandamiento. 2. De esas demandas correspondió su conocimiento al Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien las admitió el propio día de su presentación, registrándolas con los números 135/2010, 136/2010, 140/2010 y 147/2010, respectivamente, y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. En el propio auto de admisión de los dos primeros juicios, decretó de oficio la acumulación del 136/2010 al 135/2010. 3. El agente del Ministerio Público de la Federación, al rendir su informe justificado, en cada uno de los juicios, aceptó parcialmente los actos reclamados, toda vez que se encuentra integrando la averiguación previa del triplicado abierto de la diversa **********, y negó los actos restantes. 4. Dado el sentido de los informes, mediante proveídos de cinco de marzo del año en curso, dictados en los juicios de garantías 135/2010, 140/2010 y 147/2010, el Juez de Distrito requirió a la autoridad responsable, en el primero de ellos para que remitiera las constancias que integran la citada averiguación previa y su triplicado, por estimarlas necesarias para resolver el juicio de garantías, o en su caso, manifestara el impedimento que tuviera para ello; y en los juicios restantes, para que remitiera ‘copia certificada con las que acredite su dicho’ (que ya había consignado la averiguación previa ********** y se dejó abierto el triplicado de dicha indagatoria para seguir investigando); bajo apercibimiento en los tres autos con la imposición de una multa para el caso de incumplimiento. 5. Por auto de doce siguiente, dictado en el juicio de amparo 147/2010, se ordenó requerir nuevamente al agente del Ministerio Público, para que remitiera las copias señaladas en el punto inmediato anterior, por haber fenecido el plazo otorgado sin que diera cumplimiento. 6. En atención a los requerimientos efectuados, el representante social remitió copia certificada del oficio de consignación en los tres juicios. 7. Por auto de dieciséis de marzo del año que transcurre, dictado en el juicio de amparo 135/2010 y su acumulado, el Juez de Distrito ordenó dar vista a las partes con las constancias recibidas y requirió al agente del Ministerio Público para que remitiera copia certificada del triplicado de la referida indagatoria o informara el estado que guardaba; con el apercibimiento de la imposición de otra multa para el caso de incumplimiento. En proveídos de esa misma data, pronunciados en los juicios de garantías 140/2010 y 147/2010, el Juez de Distrito ordenó agregar a los autos los oficios signados por la agente del Ministerio Público señalado como responsable, mediante los cuales, en cumplimiento a los requerimientos efectuados en proveído de cinco de ese mes, remitió copia certificada del oficio de consignación de la averiguación previa que interesa. 8. El dieciocho de marzo de dos mil diez, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, decretó de oficio la acumulación de los juicios 140/2010 y 147/2010, al 135/2010 y su acumulado. 9. En proveído de treinta siguiente, se requirió ‘por tercera ocasión’ al agente del Ministerio Público designado como responsable, para que en el término de veinticuatro horas remitiera copia certificada de las constancias relativas al triplicado de la averiguación previa **********, o informara el estado que guardaba dicho triplicado; remitiera las constancias con las que acreditara su dicho, o bien, manifestara el impedimento legal que tuviera para dar cumplimiento a lo solicitado; apercibida que de no hacerlo se le impondría una multa. 10. En cumplimiento a ese requerimiento la autoridad responsable, mediante oficio CGI/F3/831/2010, de seis de abril posterior, expuso las razones legales que le impedían proporcionar copia de la totalidad de las actuaciones que integran el triplicado de la averiguación previa que interesa. 11. No obstante lo anterior, el día siguiente el Juez de Distrito emitió un auto en el que insistió en la solicitud de copias, pues, señaló, el argumento consistente en que de entregarse las constancias requeridas ‘se entorpecerían las investigaciones respecto de otros indiciados y otros hechos’, no lo eximía de remitir con su informe las constancias necesarias para apoyarlo. 12. Mediante oficio CG1/F3/873/10-SLR, presentado el trece de abril del año que transcurre, el agente del Ministerio Público responsable solicitó a la autoridad de amparo dejara insubsistente el apercibimiento realizado, toda vez que ya había remitido copia certificada de las constancias que esa autoridad ministerial estimó necesarias para resolver el juicio de garantías. 13. A ese oficio recayó un acuerdo el día siguiente, en el que el Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 78, último párrafo y 149 de la Ley de Amparo, requirió al representante social para que remitiera las constancias que integran el triplicado de la precitada averiguación previa **********, con el debido sigilo que se deba guardar, esto es, ocultando los datos que considerara no deben ser del conocimiento público, o bien, remitiera las últimas actuaciones realizadas en el presente año en la citada indagatoria; apercibido para el caso de incumplimiento con la imposición de la multa anunciada en auto de siete de abril. 14. Por oficio CG1/F3/873bis/10-SLR, de quince de abril de dos mil diez, la autoridad requerida remitió copia certificada de la declaración ministerial de ********** y de la denuncia formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que constan en el triplicado de la precitada indagatoria, y precisó, entre otras cosas, que eran ‘las únicas constancias en donde se encuentran relacionados los quejosos’. 15. En proveído de diecinueve siguiente, el Juez de amparo señaló que las constancias remitidas por la autoridad responsable no eran suficientes para emitir la resolución correspondiente en el juicio de garantías, por lo que la requirió de nueva cuenta para que remitiera, en el término de veinticuatro horas, las constancias solicitadas; apercibida para el caso de incumplimiento con hacerle efectivas las multas señaladas en acuerdos precedentes, además de imponerle una nueva equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Acuerdo que constituye la materia del presente recurso de queja. Establecido lo anterior, debe precisarse que como lo esgrime la autoridad recurrente, el Juez de control constitucional no atendió lo expuesto en sus oficios CG1/F3/831/10 y CG1/F3/873bis/10-SLR, de seis y quince de abril de dos mil diez, respectivamente, mediante los cuales, además de remitir en el segundo de ellos las únicas constancias en que, afirma, se encuentran relacionados los quejosos, expuso las razones por las que, a su ver, se encuentra legalmente impedido para enviar copia certificada de las demás actuaciones que obran en el triplicado abierto de la averiguación previa **********, como lo pretende la autoridad de amparo, las cuales reitera en su escrito de agravios. En efecto, como bien se asentó en los motivos de inconformidad, el Ministerio Público tiene limitantes para expedir copia certificada completa del triplicado abierto de la averiguación previa **********, las cuales no fueron consideradas por el Juez de amparo; ello debido a que se trata de una indagatoria relacionada con delitos de delincuencia organizada; además, como precisa el recurrente, los quejosos solamente señalan que ‘su único malestar es el que les causa la incertidumbre de no determinarse la situación legal o relacionada a la averiguación previa’, por lo cual no son necesarias todas las constancias de dicha indagatoria, pues con ello se podría dar ‘el ocultamiento de pruebas’; sin que tampoco se haya considerado ‘el principio de confidencialidad y sigilo que se establece en la ley en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales ... así como lo observado en el artículo 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada ...’; también adujo que existen testigos de los cuales se pondría en peligro sus vidas al dar a conocer sus testimonios. Argumentos que debió considerar el juzgador federal; aunado a que la autoridad ministerial responsable, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente la existencia del acto que interesa, cuya naturaleza como lo expresó la autoridad recurrente debe tomarse en consideración, a fin de establecer cuáles son las constancias indispensables que requiere para resolver el juicio constitucional. En efecto, el acto reclamado cuya existencia aceptó parcialmente la responsable, consiste en: La abstención de pronunciarse definitivamente respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal, en el triplicado de la averiguación previa **********. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al señalar que si los actos reclamados consisten en omisiones de las autoridades responsables, son éstas a quienes les corresponde demostrar que no incurrieron en ellas. En efecto, dicho criterio se encuentra sustentado en la tesis de jurisprudencia de la referida Sala, publicada en la página 27, tomo 60, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: ‘ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN ...’ (se transcribe). Además, se reitera, el Juez de amparo para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado debe atender en forma precisa a su naturaleza (acto omisivo), y en su caso recabar las constancias estrictamente indispensables y necesarias para verificarlo, ya que no está justificado jurídicamente el solicitar la totalidad de constancias que integran la averiguación previa para resolver el asunto, si no son indispensables; máxime que, en el caso, el agente del Ministerio Público designado como responsable ya remitió la totalidad de las constancias que, señaló, tienen relación con los impetrantes de garantías, además de exponer las razones legales por las que se encuentra legalmente impedido para remitir copia de las demás actuaciones que integran el triplicado abierto de la indagatoria **********. Luego, aun cuando el artículo 78, último párrafo, de la ley de la materia, establece que el Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; lo cierto es que dicho dispositivo encuentra su límite en que las constancias sean imprescindibles para resolver el asunto, y en el caso, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, se limitó a manifestar que las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público recurrente ‘no son suficientes para emitir la resolución en el presente juicio’, sin exponer el porqué de ello, aunado a que, se insiste, la autoridad responsable dijo haber remitido ‘las únicas constancias en donde se encuentran relacionados los quejosos’ y el acto reclamado, cuya existencia aceptó parcialmente, es de naturaleza omisiva. Sobre el tema ya se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 17/97, publicada en la página 108, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.’. Por tanto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 11/2008, 30/2008 y 36/2008, que dieron origen a la tesis aislada I.6o.P.113 P, intitulada: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS ÍNTEGRAS DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.’, en la que se sostiene, medularmente, que es improcedente el recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, contra el acuerdo del Juez de Distrito en el que se requiere a la autoridad responsable copia certificada de las constancias íntegras de una averiguación previa, ya que no se trata de un acuerdo que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar un daño o perjuicio a las partes no reparable en sentencia definitiva, dado que la única consecuencia que el auto relativo puede traer consigo es obligar a la responsable a que envíe copias certificadas completas de la averiguación previa para que el Juez de garantías pueda apreciar la constitucionalidad o no del acto reclamado. Luego, como dicha tesis se contrapone con lo sustentado en la presente resolución, dado que a juicio de este órgano jurisdiccional sí es procedente el recurso de queja contra un acuerdo que contiene un requerimiento de esa naturaleza, porque contrariamente a lo considerado por el Sexto Tribunal Colegiado, sí es susceptible de causar un daño o perjuicio a las partes no reparable en sentencia definitiva, como lo sería la responsabilidad en que incurre el Ministerio Público al expedir copia íntegra de una averiguación previa, sin ser indispensable para la resolución del juicio de garantías, ya sea por la naturaleza del acto reclamado o porque en ella no figura como inculpado el impetrante de amparo; lo procedente es denunciar la contradicción de que se trata; por tanto, remítase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia autorizada de esta sentencia y el diskette que la contenga, para los efectos del artículo 197-A de la ley de la materia. En esas condiciones, procede declarar fundado el recurso de que se trata."
En similares términos resolvió el veintiocho de enero de dos mil diez, la queja 76/2009.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el doce de mayo de dos mil ocho, el recurso de queja 11/2008, consideró en lo que interesa:
"... CUARTO. (Estudio) Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que el presente recurso de queja es improcedente por las siguientes consideraciones. Para mejor comprensión del asunto, se estima pertinente hacer una reseña de los antecedentes del caso. 1. Mediante escrito de demanda de veintiséis de marzo de dos mil ocho, presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el uno de abril siguiente **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de entre otros actos, la abstención de la responsable de pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa número **********, iniciada en su contra (fojas 15 a 21). 2. La quejosa señaló como autoridad responsable al director general adjunto de Averiguaciones Previas, Control de Procesos y Amparo, por ausencia de la fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República. 3. Por oficio DAAR/07/07018/08 de cuatro de abril de dos mil ocho, la autoridad responsable director general adjunto de Averiguaciones Previas, Control de Procesos y Amparo, por ausencia de la Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, rindió su informe justificado en el que negó la existencia del acto reclamado (foja 28). 4. Por auto de nueve de abril de dos mil ocho, la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que al tratarse de un acto negativo el acto reclamado por el peticionario de garantías, la carga de la prueba se revierte a la autoridad responsable, y por ello, consideró necesario solicitarle la totalidad de las constancias de la averiguación previa **********, de donde derivan los actos reclamados por la impetrante del amparo; decisión que constituye el auto recurrido en esta vía. Establecido lo anterior, debe precisarse que del escrito que contiene el recurso de queja se desprende que el recurrente fundamenta la procedencia del recurso en lo previsto, entre otros, en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo. Sin embargo, en la especie, dada la naturaleza del auto recurrido, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que en el presente caso, no se surten las hipótesis de procedencia del recurso de queja a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo. En efecto, si bien la fracción VI del artículo 95, establece que el recurso de queja es procedente contra resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, que por excepción, no admitan expresamente el recurso de revisión, ello no implica que en el presente caso se actualice dicha hipótesis. El artículo 95, fracción VI, dice lo siguiente: ‘El recurso de queja es procedente VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley.’. Del precepto legal transcrito, se desprende que el recurso de queja procede contra actos dictados antes y después de fallado el juicio de amparo y para que se actualice la primera de las hipótesis se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Que se dicte durante la tramitación del juicio de garantías y que no admita el recurso de revisión; b) Que atento a su naturaleza se considere trascendental y grave y; Que sea susceptible de ocasionar a alguna de las partes un perjuicio irreparable en la sentencia definitiva. Es aplicable al respecto, por identidad jurídica sustancial, la tesis de este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1424, Tomo XVI, septiembre de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA AUTOS DEL JUEZ DE DISTRITO QUE SE REFIEREN A CUESTIONES DE TRÁMITE, QUE POR SU NATURALEZA NO PUEDAN CAUSAR DAÑO O PERJUICIO A ALGUNA DE LAS PARTES, NO REPARABLE EN SENTENCIA DEFINITIVA ...’ (se transcribe). Así como la tesis publicada en la página 598, Tomo IX, abril de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘QUEJA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA, CUANDO SE APOYA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO ...’ (se transcribe). En el caso, la autoridad recurrente impugna el acuerdo de nueve de abril de dos mil ocho, en el que el Juez de Distrito ordenó solicitar al director general adjunto de Averiguaciones Previas, Control de Procesos y Amparo, por ausencia de la fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, la totalidad de las constancias de la averiguación previa **********. De lo anterior se advierte, que en el presente caso no se cumplen con los requisitos de procedencia del recurso de queja, pues el acuerdo recurrido, no es de naturaleza trascendental y grave que sea susceptible de ocasionar a alguna de las partes perjuicio irreparable en la sentencia que ponga fin al juicio de amparo. Es así, en razón de que el acuerdo recurrido no contiene decisión alguna, por tratar cuestiones de mero trámite, es decir, dicho proveído no puede ocasionar un daño irreparable al recurrente, porque ese acuerdo no causa por sí solo un perjuicio, como lo alega el recurrente, pues lo único que hace es requerir la totalidad de las constancias de la averiguación previa **********, para un mejor conocimiento del asunto puesto a consideración del Juez de amparo. En tal contexto, no se satisfacen los supuestos de procedencia del recurso previsto en la citada fracción VI del artículo 95, de la Ley de Amparo y, por ende, procede declarar improcedente el recurso de queja. Dado el sentido del presente recurso, no son materia de estudio los agravios expresados por la autoridad recurrente. Así también, por los anteriores motivos resultan inatendibles las manifestaciones que con respecto a la presente queja hizo ********** (quejosa en el juicio de amparo indirecto 287/2008-V), por conducto de su autorizado, mediante escrito presentado ante este Tribunal Colegiado de Circuito el veintinueve de abril de dos mil ocho. Sin que sea obstáculo a declarar improcedente el presente recurso de queja, el que se hubiera admitido a trámite, en virtud de que los autos de presidencia no causan estado y por lo tanto no obligan al órgano colegiado actuando en Pleno. Lo anterior, encuentra poyo en la tesis de jurisprudencia publicada en la página 67, tomo 85, enero de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO, POR SER DETERMINACIONES DE TRÁMITE ...’ (se transcribe)."
El órgano colegiado resolvió en similares términos los recursos de queja 30/2008 y 36/2008 (el veintitrés de octubre y cuatro de diciembre, ambos de dos mil ocho).
Los fallos anteriores dieron origen a la tesis siguiente:
"No. Registro: 167650
"Tesis aislada
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIX, marzo de 2009
"Tesis: I.6o.P.113 P
"Página: 2838
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS ÍNTEGRAS DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. El recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo no es el medio idóneo para impugnar cuestiones de mero trámite, pues de conformidad con dicho precepto, los supuestos que debe reunir el acto recurrido son: a) Que se dicte por un Juez de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la citada ley; b) Que se dicte durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; c) Que no admita expresamente el recurso de revisión en términos del artículo 83 de la Ley de Amparo; d) Que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) Que sea dictada después de fallado el juicio en primera instancia y que no sea reparable por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, si el inconforme recurre en queja el acuerdo dictado por el Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de garantías, en el que requiere a la responsable copia certificada de las constancias íntegras de una averiguación previa, no se satisface el requisito señalado en el inciso d), consistente en que el acuerdo por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a las partes, no reparable en sentencia definitiva, en tanto que la única consecuencia que el auto relativo trae consigo es obligar a la responsable a que envíe copias certificadas completas de la averiguación previa para que el Juez de amparo pueda apreciar la constitucionalidad o no del acto reclamado, es decir, no introduce una variación en la litis constitucional, antes bien, el Juez de Distrito podrá fijarla correctamente al apreciar lo actuado por la autoridad responsable, además, ese requerimiento no es contrario a los intereses y facultades de la autoridad responsable, ya que la solicitud de las copias certificadas de una averiguación previa por parte del Juez de amparo no le impide continuar con su integración y resolución, dado que para ello cuenta con el expediente original y, en tal supuesto, no se produce un daño o perjuicio. Por tanto, es precisamente con el dictado de la sentencia definitiva cuando el Juez determinará con vista en las constancias remitidas por la autoridad responsable la constitucionalidad o no del acto reclamado, sin que ello agravie los intereses de la responsable, pues de concederse el amparo al quejoso, tal determinación puede impugnarse a través del recurso de revisión."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de esta denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo origina no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22608-be095d8b/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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