DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. CONSTITUYE UN TIPO PENAL ESPECIAL DE ACREDITAMIENTO INDEPENDIENTE RESPECTO DE LAS CONDUCTAS REQUERIDAS PARA SU INTEGRACIÓN, AL MARGEN DE QUE ÉSTAS PUEDAN CONFIGURAR UN DELITO AUTÓNOMO, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA UN CONCURSO DE NORMAS QUE DEBA SOLUCIONARSE MEDIANTE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 421/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, al tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, lo cual compete a la especialidad de esta Sala, por lo que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse realizado por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere.
TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción. Con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus determinaciones.
I. Consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.
Este tribunal estimó que en la presente contradicción de tesis debían participar las ejecutorias que emitió al resolver los recursos de revisión 73/2008, 175/2009 y 182/2010, porque en ellas se reflejaba el criterio que asumió ante una problemática jurídica concreta. Veamos qué sostuvo en cada una de ellas:
1. Amparo en revisión 73/2008:
A fin de proporcionar mayor claridad a la exposición, de manera breve, relataremos los antecedentes del asunto que se analizó:
El tres de mayo de dos mil siete, el Juez Segundo Penal y de Preparación del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en San Pedro Garza García, en la causa penal **********, decretó auto de formal prisión contra **********, por considerarlo probable responsable de la comisión de los delitos contra la seguridad de la comunidad y equiparable al robo, previstos y sancionados, respectivamente, en los artículos 165 bis, fracciones I, II, IV y VII(3) y 365 bis, fracción III,(4) del Código Penal del Estado de Nuevo León.
En el acto reclamado se afirma que el veintiocho de abril de dos mil siete, después de suscitarse una balacera en la avenida **********, entre las calles **********, entre los participantes del hecho fue detenido el quejoso, por estar relacionado con la camioneta Mitsubishi, Endeavor, serie **********, que tenía reporte de robo y portaba las placas de circulación **********, correspondiente a un automóvil Porsche, Cayene, modelo 2005.
Resolución judicial contra la que el imputado promovió juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, quien lo registró con el número 503/2007. Mediante sentencia constitucional engrosada el dieciséis de noviembre de dos mil siete, el juzgador del amparo concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez natural dejara insubsistente el acto reclamado y dictara otro con libertad de jurisdicción que cumpliera con los requisitos de debida fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal.
En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad judicial responsable, el once de diciembre de dos mil siete, dictó auto de formal prisión contra el quejoso por considerarlo probable responsable en la comisión del delito contra la seguridad de la comunidad, previsto y sancionado por el artículo 165 bis, fracciones IV y VII, en relación con el 16 bis(5) del Código Penal para el Estado de Nuevo León, y auto de libertad con las reservas de ley respecto al mismo ilícito, en la hipótesis de previsión contenidas en las fracciones I y II del citado numeral, así como por el delito equiparable al robo, descrito y punible en términos del numeral 365 bis, fracción III, del mencionado ordenamiento legal.
Determinación contra la cual el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado antes señalado, interpuso recurso de apelación. Medio de impugnación que fue turnado para su conocimiento a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
En tanto que el procesado, por conducto de su defensor particular, promovió juicio de amparo contra la mencionada resolución de término constitucional. El juicio de garantías, radicado con el número 50/2008, fue resuelto por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en audiencia constitucional de seis de marzo de dos mil ocho, en el sentido de estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, por ende, el sobreseimiento en el juicio, en términos de la fracción III del numeral 74 de la misma ley, ante la falta de firmeza de la resolución reclamada.
Inconforme con la anterior resolución, el defensor del quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión 73/2008. En sesión celebrada el veintiocho de agosto de dos mil ocho, el Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad de votos revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado. Las razones en que se sustenta la determinación son las siguientes:
• No se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo invocada por el Juez de Distrito, de conformidad con la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 88/2007-PS, con el rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS A TRAVÉS DEL CUAL EL INCULPADO LO RECLAMA, CUANDO ES EL MINISTERIO PÚBLICO QUIEN INTERPONE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DICHA DETERMINACIÓN."
• Es infundado el concepto de violación por el que se afirma que los artículos 247, fracción VII(6) y 165 bis, fracción VII,(7) del Código Penal para el Estado de Nuevo León actualizan un concurso de delitos, al regular la misma situación de hecho, que debe resolverse mediante el principio de especialidad.
• El ilícito contra la seguridad de la comunidad es una figura compleja, cuya configuración requiere que se incurra sin causa justificada en dos o más de los supuestos que prevé. A manera de ejemplo, al quejoso se le atribuye la comisión de las conductas previstas en las fracciones IV (posea o se desplace o se le relacione con éste, en su domicilio o en el lugar donde se le capture, uno o varios vehículos robados o cuya propiedad se pretenda acreditar con documentación falsa o alterada, o con cualquier otro medio ilícito) y VII (posea, utilice o se le relacione con uno o varios vehículos sin placas o con documentos, placas o cualquier otro medio de identificación o de control vehicular falsos o que no correspondan al vehículo que los porta) del referido numeral.
• Previsión normativa que se distingue de la descripción típica contenida en el artículo 247, fracción VII, del ordenamiento punitivo en cita, que se actualiza con una sola hipótesis (conducir o poner en circulación uno o más vehículos, utilizando para ello documentos, placas o cualquier otro medio de identificación o de control vehicular falsos o que no correspondan al vehículo que los porta).
• La solución de un concurso de leyes, mediante la aplicación del principio de especialidad de ley, requiere cumplir con dos requisitos: (1) la conducta encuadre en el tipo penal descrito en la ley penal; y, (2) ambas leyes, especial y general, contengan disposiciones con los mismos elementos. Exigencias que no se cumplen entre los artículos 165 bis, fracción VII y 247, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, porque no prevén las mismas hipótesis, pues el último numeral no exige la calidad específica del objeto material requerida por el delito contra la seguridad de la comunidad -vehículo robado-.
• En el análisis de fondo del asunto, no existe violación a la garantía de defensa. La resolución reclamada que confirmó el auto de formal prisión dictado contra el quejoso por el ilícito contra la seguridad de la comunidad previsto y sancionado en el artículo 165, fracciones IV y VII, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, está ajustado a derecho y no irroga perjuicios al quejoso.
2. Amparo en revisión 175/2009:
El asunto tiene como origen los hechos acontecidos el veintiuno de enero de dos mil nueve, con motivo de la persecución del vehículo Nissan, Tsuru, placas de circulación **********, del Estado de Nuevo León, que pretendió evadirse ante la presencia de vehículos militares y se detuvo frente a un inmueble del poblado **********, al cual ingresó el conductor, sin lograr cerrar el portón. Los elementos castrenses entraron a la finca y detuvieron a diversas personas en posesión de armas de fuego, cartuchos, material explosivo y aparatos de radiofrecuencias, así como por estar vinculados con un vehículo que tenía reporte de robo, el cual usaba placas de circulación que no le correspondían.
En atención a la acción penal ejercida por el Ministerio Público respecto a los antecedentes fácticos narrados, el Juez Primero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, en la causa penal **********, decretó formal prisión contra los quejosos por el delito contra la seguridad de la comunidad, previsto y sancionado por el artículo 165 bis, fracciones I, II, IV y VII,(8) del Código Penal para el Estado de Nuevo León.
La determinación judicial fue reclamada por los inculpados en el juicio de amparo indirecto 588/2009-I, resuelto por la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en el sentido de negar el amparo solicitado. Contra esta determinación los quejosos promovieron recurso de revisión, registrado con el número 175/2009, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quien resolvió revocar la sentencia constitucional recurrida y conceder el amparo solicitado.
Las consideraciones que son importantes destacar son las siguientes:
• Los agravios expresados por los recurrentes son infundados; sin embargo, en suplencia de la queja, es procedente la revocación de la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada en virtud de que el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales.
•Los inconformes alegan la existencia de un concurso aparente de normas entre la fracción I del artículo 165 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León, con los artículos 83 y 83 ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, porque sancionan la misma conducta, consistente en la portación o posesión de armas de fuego, con la única variante de que el primer numeral citado no menciona que los artefactos sean de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Problemática jurídica que debe resolverse en términos del principio de especialidad.
• Argumento que se desestima porque en el caso no se satisfacen los requisitos que determinan la existencia de un concurso aparente de leyes que deba resolverse mediante el principio de especialidad; a saber: (1) la conducta encuadre en el tipo penal descrito en la ley penal; y, (2) ambas leyes, especial y general, contengan disposiciones con los mismos elementos.
• El ilícito contra la seguridad de la comunidad constituye un delito complejo, cuya configuración requiere que se incurra sin causa justificada en dos o más de los supuestos establecidos en el artículo 165 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León. En cambio, las conductas previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no requieren de la actualización de dos o más de los supuestos descritos en aquella norma. Por tanto, no opera el principio de especialidad.
• Criterio que también fue sustentado al resolver los amparos en revisión 73/2008 y 173/2009.(9)
• Al advertirse violación a los derechos fundamentales, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y realice una nueva valoración de las pruebas, acorde a los lineamientos destacados en la ejecutoria.
3. Amparo en revisión 182/2010:
Los hechos de los que derivó el acto reclamado se suscitaron el diez de agosto de dos mil nueve, cuando el sujeto activo fue detenido porque conducía el vehículo Nissan, tipo Tsuru, modelo dos mil dos, con permiso provisional de circulación **********, que previamente había sido robado y portaba una arma de fuego.
Con motivo de este suceso, el dieciocho de agosto de dos mil nueve, el Juez Quinto de lo Penal del Primer Distrito de Justicia del Estado de Nuevo León, en la causa penal **********, dictó auto de formal prisión en contra del inculpado por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de robo ejecutado con violencia, equiparable al robo y contra la seguridad de la comunidad.
Determinación judicial contra la que el procesado interpuso demanda de amparo, la cual correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, bajo el número 747/2009. Mediante resolución de treinta de octubre de dos mil nueve, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad dejara insubsistente el acto reclamado y en su lugar dictara otro en el que mantuviera intocado el acreditamiento de los cuerpos de los delitos de robo con violencia y equiparable al robo, así como la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del primero, mientras que respecto al segundo determinara el grado de participación; además, para que procediera a analizar el cuerpo del delito contra la seguridad de la comunidad y la probable responsabilidad del imputado, al tenor de los lineamientos establecidos en la sentencia constitucional. La resolución fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en el amparo en revisión 239/2009.
En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el veintiséis de enero de dos mil diez, el Juez Quinto de lo Penal del Primer Distrito de Justicia del Estado de Nuevo León dejó insubsistente el auto reclamado y dictó un nuevo auto de formal prisión contra el quejoso, como probable responsable de la comisión de los delitos de robo ejecutado con violencia, equiparable al robo y el delito contra la seguridad de la comunidad -previsto y sancionado por el artículo 165 bis, fracciones I y IV, del Código Penal del Estado de Nuevo León-. Determinación judicial con la que el Juez de Distrito declaró cumplida la ejecutoria de amparo.
Contra el nuevo auto de formal prisión, el procesado presentó demanda de amparo indirecto, la que también correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, que registró con el número 326/2010-I, quien mediante sentencia constitucional de treinta de junio de dos mil diez negó el amparo solicitado. Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión 182/2010, quien por ejecutoria dictada el catorce de octubre de dos mil diez, resolvió confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo al quejoso.
En lo atinente al concurso de normas invocado por el quejoso expresó lo siguiente:
• A fin de determinar la existencia del concurso de normas entre el artículo 165 bis, fracciones I y IV, del Código Penal para el Estado de Nuevo León y los numerales 81, 83, 83 ter y 83 quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que deba resolverse mediante el principio de especialidad de la ley, requiere constatar la actualización de dos requisitos: (1) la conducta encuadre en el tipo penal descrito en la ley penal; y, (2) ambas leyes, especial y general, contengan disposiciones con los mismos elementos.
• Es infundado el planteamiento del quejoso, porque el delito contra la seguridad de la comunidad es un delito complejo, cuya conformación requiere que el agente incurra sin causa justificada en dos o más de los supuestos que contempla el artículo 165 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León; mientras que las aludidas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no requieren para su configuración la actualización de dos o más de los supuestos precisados en la norma local. Por tanto, al no comprender los tipos penales señalados los mismos elementos del delito, de ninguna manera puede tenerse por actualizado el invocado concurso de normas que requiera solucionarse con el principio de especialidad.
• En virtud de que el acto reclamado no es violatorio de garantías, se niega el amparo solicitado.
II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito estimó que debían participar en la contradicción de tesis las ejecutorias de los amparos en revisión 20/2010, 25/2010, 153/2010 y 240/2007, así como los amparos directos 248/2009, 274/2009, 121/2010 y 138/2010. Véase qué sostuvo en cada una de ellas:
1. Amparo en revisión 20/2010:
La resolución da cuenta de la imputación. Se afirma que el diecisiete de julio de dos mil nueve, en el cruce de las calles **********, interceptaron el vehículo Nissan, tipo Tsuru, placas de circulación ********** de dicha entidad, con reporte de robo, en el que viajaba el quejoso, a quien detuvieron porque sin justificación legal portaba una arma de fuego.
Los hechos narrados dieron lugar al ejercicio de la acción penal, de la cual conoció el Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, en el proceso penal 185/09, y el veinticuatro de julio de dos mil nueve dictó contra el quejoso auto de formal prisión, como probable responsable de la comisión del delito contra la seguridad de la comunidad, previsto y sancionado en el artículo 165 bis, fracciones I y IV, del Código Penal del Estado de Nuevo León.
El imputado promovió juicio de amparo indirecto contra la citada resolución, del que correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, quien lo registró con el número I-710/2009, y el diez de diciembre de dos mil nueve resolvió negar la protección constitucional solicitada. Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió el recurso de revisión que se falló con el número 20/2010, en el sentido de revocar la sentencia constitucional recurrida y conceder para efectos la protección constitucional solicitada.
A continuación se exponen las consideraciones en las que dicho órgano sustentó su fallo:
• En suplencia de la deficiencia de la queja, declaró procedente revocar la resolución recurrida.
• Afirmó que el acto reclamado violó la garantía de exacta aplicación de la ley penal, contenida en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal, al no considerar que en la especie se actualizaba un concurso de leyes que debía solucionarse de acuerdo al principio de especialidad.
• Sostuvo que el tipo penal contra la seguridad de la comunidad, contenido en el artículo 165 bis, fracción I, del Código Penal del Estado de Nuevo León, constituía una reiteración de los artículos 81, 83, 83 ter y 83 quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Lo que denotaba que el legislador reguló en la ley local una misma situación contemplada en una ley especial, sin especificar a quién se atribuye el uso de las armas o municiones.
• En términos del principio de especialidad, la garantía de exacta aplicación de la ley penal y el principio de supremacía constitucional, en la especie, deben prevalecer los tipos penales contenidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por tratarse de las disposiciones específicas que recogen con mayor amplitud el número de elementos, circunstancias o características del hecho en función a la diversidad de comportamientos que establecen, lo cual permite regular la óptima aplicación de las sanciones que corresponden a quien transgrede tal normatividad, desde el punto de vista de la institución que tutelan, como la seguridad pública, el control y registro de armas y municiones.(10)
• Destacó que la ley especial incorpora elementos normativos no contenidos en la legislación local, en virtud de que las armas deben ser consideradas de uso exclusivo de las instituciones armadas del país, que los cartuchos sean o no para utilizarse en armas catalogadas de las fuerzas castrenses y que la conducta se realice sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aspecto que denota la particularidad de las normas especiales frente al tipo penal que describe el delito contra la seguridad de la comunidad.
• Sostiene el Tribunal Colegiado que si las conductas previstas en el artículo 165 bis, fracción I, del Código Penal del Estado de Nuevo León están comprendidas en las disposiciones citadas de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, debía prevalecer únicamente la aplicación de este último ordenamiento con el carácter de ley especial.
• Afirmar un nuevo delito, a partir de la comisión de otros ilícitos ya existentes y descritos en otras disposiciones -federales o locales-, se traduce en la reclasificación y doble penalización de las conductas típicas que transgrede el artículo 23 de la Constitución Federal. En otras palabras, el ilícito contra la seguridad de la comunidad carece de vida autónoma y de elementos propios, porque su actualización depende de la configuración de dos o más delitos previamente descritos en otras normas, que no se desvanecen o fusionan con la integración de la figura delictiva citada, por el contrario, continúan subsistiendo y se aplican de forma obligatoria.
• En consecuencia, el Tribunal Colegiado concedió el amparo para que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y, de acuerdo a los lineamientos del fallo, sin estimar acreditada la hipótesis contenida en la fracción I del artículo 165 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León, resolviera la situación jurídica del quejoso, con libertad de reclasificar los hechos y, en su caso, declarar su legal incompetencia.(11)
El Tribunal Colegiado referido en Materia Penal del Cuarto Circuito resolvió con el mismo criterio los amparos en revisión 25/2010, 153/2010 y 240/2007, así como los amparos directos 274/2009 y 138/2010.
2. Amparo directo 248/2009:
En la resolución de este caso es importante mencionar que además de reiterar el criterio relativo a la existencia de un concurso aparente de normas entre el delito contra la seguridad de la comunidad y diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el mismo tratamiento se introduce respecto a la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 165 bis y el numeral 365 bis, fracción III,(12) ambos dispositivos del Código Penal para el Estado de Nuevo León.
En el proyecto se informa que el diez de abril de dos mil ocho, en el **********, elementos de la policía municipal detuvieron al quejoso al momento en que portaba un arma de fuego y conducía el vehículo Toyota, tipo Corolla, serie **********, reportado como robado, sin placas de circulación.
Respecto a los hechos narrados se instruyó el proceso penal **********, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal y de Preparación del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en San Pedro Garza García, Nuevo León, que concluyó con la sentencia condenatoria que declaró al quejoso penalmente responsable de la comisión de los delitos contra la seguridad de la comunidad y robo equiparado. Determinación que impugnó el sentenciado mediante recurso de apelación que fue resuelto en el toca 13/2009, por la Cuarta Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el sentido de modificar el fallo recurrido.
Contra la sentencia definitiva el enjuiciado promovió juicio de amparo directo, que se registró con el número 248/2009, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quien resolvió conceder la protección constitucional solicitada para los efectos precisados en la ejecutoria.
Los argumentos que en este caso expresó el órgano de control constitucional son los siguientes:
• Le asiste razón al quejoso al afirmar que se actualiza un concurso aparente de normas que debe resolverse mediante el principio de especialidad.
• Las hipótesis contenidas en las fracciones I y IV del artículo 165 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que actualizan el delito contra la seguridad de la comunidad, contienen elementos comunes a los descritos en normas especiales. La fracción I contempla la conducta sancionada por el artículo 83, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Mientras que la fracción IV comprende la descripción tipificada en el artículo 365 bis del referido ordenamiento punitivo estatal.
• La duplicidad de previsión penal tiene solución en el principio de especialidad, que obliga a sancionar la conducta imputada con las disposiciones que resultan más específicas, en congruencia con la garantía de exacta aplicación de la ley penal y el principio de supremacía constitucional. En el entendido de que las hipótesis a que se refiere el artículo 165 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León carecen de vida autónoma y de elementos propios, porque su actualización depende directamente de la configuración de dos o más delitos previamente previstos y sancionados en otras normas; de ahí que la falta de subsunción o consunción de normas necesariamente implica la recalificación de una misma conducta y su doble penalización, porque los delitos especiales no se desvanecen o fusionan con la integración del delito contra la seguridad de la comunidad, sino que subsisten y se aplican de forma obligatoria, lo cual se torna en una violación a garantías individuales.
• Y concluyó el Tribunal Colegiado que procedía conceder el amparo para el efecto de que la autoridad dejara sin efectos el acto reclamado y dictara otro en el que reiterara únicamente el acreditamiento del delito de equiparable al robo, previsto en el artículo 365 bis, fracción III, del Código Penal para el Estado de Nuevo León y la plena responsabilidad penal del quejoso al respecto; además, procediera a absolverlo del delito contra la seguridad de la comunidad.
Criterio que fue reiterado por el citado Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 121/2010.
CUARTO. Desacuerdo de criterios y fijación del tema a dilucidar.
I. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(13) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
En ese sentido, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone la interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23081-ee48add0/delito-contra-la-seguridad-de-la-comunidad-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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