Corpus
Modo: Corpus Pro

ABANDONO DE FAMILIA. EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DECRETADO EN UNA SENTENCIA DE DIVORCIO VOLUNTARIO, NO CONFIGURA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PERO SÍ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 280 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 407/2009. · Registro digital (IUS): 22084
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 16.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 407/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quienes se encuentran facultados para ello de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción son las siguientes:

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión número 181/2008, fallado el once de diciembre de dos mil ocho, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"Resulta infundado el agravio de mérito, pues como acertadamente lo adujo el a quo, las sentencias constitutivas son las que crean o modifican una situación o relación jurídica concreta. De ahí, que las sentencias de divorcio por mutuo consentimiento son constitutivas, pues crean o modifican una situación jurídica en razón de un convenio celebrado entre los consortes en el que no sólo manifiestan su conformidad con la disolución del vínculo matrimonial, sino que además de otras cuestiones, acuerdan la forma de subvenir las necesidades de los hijos, durante y después de ejecutoriado el divorcio. Acuerdo de voluntades que al ser ratificado por los cónyuges, y aprobado en todos sus puntos, se eleva al rango de sentencia. Por tal razón, es que se insiste, una sentencia de divorcio por mutuo consentimiento es de naturaleza constitutiva, pues establece derechos y obligaciones para las partes involucradas (cónyuges e hijos), como lo es la obligación de suministrar alimentos a los menores, pero ello a partir de un convenio celebrado entre los consortes, sin que exista controversia entre éstos. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 19/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos cincuenta y uno, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘DIVORCIO VOLUNTARIO. LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO.’ (la transcribe). De igual modo, es aplicable la tesis consultable a página un mil quinientos seis, Tomo XLVIII, Quinta Época de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ‘DIVORCIO VOLUNTARIO, RECURSOS EN EL JUICIO DE.’ (la transcribe). En tanto, que en las sentencias de condena, se impone una obligación de dar, hacer o no hacer a la parte que resulte culpable en la controversia dirimida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CL/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos sesenta y siete, Tomo XXVI, julio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘PENSIÓN ALIMENTICIA EN CASO DE DIVORCIO NECESARIO, TIENE LA NATURALEZA DE UNA SANCIÓN PARA EL CÓNYUGE CULPABLE (CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).’ (la transcribe). Por tal razón, si el delito de abandono de familia previsto por el artículo 282 del Código Penal para el Estado, exige para su materialización la existencia de una obligación alimenticia derivada de una sentencia condenatoria, y si en la especie, la pensión alimenticia que el quejoso tiene la obligación de cubrir a favor de sus menores hijos, se originó con motivo de una resolución de divorcio por mutuo consentimiento, que por su naturaleza es constitutiva de derechos y obligaciones; es indudable que no se actualiza la figura delictiva que se le atribuyó. Ahora, el hecho de que lo determinado en una sentencia constitutiva y una de condena, esté revestido de obligatoriedad, ello de modo alguno puede estimarse suficiente para considerar que ambas resoluciones son condenatorias, pues como ya se dijo, tal aspecto deriva únicamente de su naturaleza jurídica. En efecto, aun cuando tanto la sentencia de divorcio como aquella de condena al pago de alimentos, constituyen una norma que vincula al deudor alimentista a cubrir esa pensión a los acreedores alimentarios, ello de modo alguno significa que en ambos casos existe una condena, porque la sentencia de divorcio, no se originó de un procedimiento donde la causa de pedir derivó del incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, lo que sí concierne en el juicio sumario de alimentos, que deriva de un abandono de esa obligación; de ahí que ante la imposibilidad de aplicar la ley penal por analogía precisa declararla inaplicable, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que establece: ‘Artículo 14. ... En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata ...’. Como se ve, el numeral de mérito consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la cual protege al inculpado para que en el juicio que se le siga, no le sea impuesta por analogía o por mayoría de razón, pena que no establezca la ley para la conducta que se ha cometido. En efecto, tal garantía deriva de los principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, cuyo objeto es el de brindar seguridad jurídica a los gobernados; por ende, cualquier hecho que no esté señalado en la ley como delito, no será delictuoso y, por tanto, no es susceptible de acarrear la imposición de una pena. En otras palabras, la garantía de exacta aplicación de la ley establece la prohibición de imponer pena alguna por una conducta no tipificada, apoyándose en la semejanza que ésta pueda tener con una diversa que sí lo está. Por tal razón, como acertadamente lo consideró el Juez de Distrito, el auto de formal prisión reclamado resulta violatorio de la garantía de referencia, dado que la conducta que se acreditó que desplegó el quejoso, y que no se encuentra tipificada, indebidamente se equiparó a una diversa que si lo está. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ochenta y cuatro, Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.’ (la transcribe). De igual modo, cobra aplicación la tesis 1a. LXXXIX/2005, de la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página doscientos noventa y nueve, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (la transcribe)."

Criterio del que derivó la siguiente tesis:

"No. Registro: 167,324

"Tesis aislada

"Materia(s): Penal

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXIX, mayo de 2009

"Tesis: IV.1o.P.44 P

"Página: 1025

"ABANDONO DE FAMILIA. EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL INCULPADO EN EL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO NO DEBE EQUIPARARSE A AQUEL DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). La estructura jurídica del delito de abandono de familia previsto por el numeral 282 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, exige para su integración la existencia de una obligación alimenticia derivada de una sentencia condenatoria; luego, si la autoridad judicial decretó auto de formal prisión en contra del inculpado por su presunta responsabilidad en ese delito, al estimar que el activo había dejado de cubrir injustificadamente la pensión alimenticia a sus acreedores derivada de una sentencia de divorcio por mutuo consentimiento, tal proceder es violatorio de garantías, toda vez que esta resolución judicial no es de naturaleza condenatoria, puesto que no derivó de una acción de pago por incumplimiento de una obligación, sino de un acuerdo celebrado entre los consortes al promover, en jurisdicción voluntaria, un juicio de divorcio, en el que, entre otros aspectos, convinieron la forma en que se cubrirían los gastos alimenticios de sus menores hijos. De ahí que en aras del principio de exacta aplicación de la ley penal que proscribe la analogía y la mayoría de razón, dicha conducta no debe equipararse a la hipótesis delictiva de abandono de familia contemplada en el citado artículo 282.

"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito."

2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 103/2009, fallado el treinta de septiembre de dos mil nueve, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"... Ahora bien, de la lectura de la sentencia impugnada, se advierte que el Juez de Distrito en lo que interesa, argumentó: ... En contra de la anterior decisión el aquí recurrente aduce como agravios, los siguientes: ... Como se ve, el revisionista combate frontalmente la consideración relativa a la naturaleza condenatoria o no, del acto impugnado, asimismo, expone las razones de su estimación, argumentos que por haberse dirigido a la consideración toral de la resolución recurrida a la cual destruyen, son suficientes para estudiar el fondo del asunto. Efectivamente, son fundados los agravios del recurrente en cuanto aseguran que la sentencia que deriva de un juicio de divorcio voluntario sí tiene efectos condenatorios porque impone el cumplimiento de una prestación, lo anterior pues en opinión de este Tribunal Colegiado se equivocó el Juez de Distrito al afirmar que la sentencia emitida el quince de junio de dos mil uno, en el expediente 383/2001, sólo tenía efectos constitutivos. Para abordar el punto en cuestión, derivado del elemento normativo del tipo penal que nos ocupa, será necesario establecer algunas consideraciones preliminares que se invocan para una mejor explicación de la decisión de este tribunal. Así lo autoriza la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintiuno, volumen 56, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Séptima Época, de rubro y texto: ‘AGRAVIOS EN LA APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ESTUDIO DE LOS, QUE NO IMPLICA SUPLENCIA DE LA QUEJA.’ (se transcribe). Lo primero que hay que destacar es que la obligación alimentaria tiene su origen en un deber moral que ha sido incorporado al sistema jurídico con el valor de elemento de orden público e interés social, pues la comunidad tiene como fin la subsistencia de sus miembros, particularmente del grupo familiar, de ahí que los alimentos para los acreedores constituyen un derecho con la correlativa obligación para los deudores de proporcionarlos. El derecho a recibir los alimentos es irrenunciable, intransferible e inembargable, lo que denota la importancia de dicha institución del derecho de familia, cuyo fundamento esencial es el derecho a la vida. Así, la institución de los alimentos implica el deber recíproco que tienen determinadas personas, de proporcionar a otras igualmente determinadas, los elementos que permitan su subsistencia, tales como: casa, vestido, comida, asistencia médica en casos de enfermedad y tratándose de menores, además, lo necesario para sufragar su educación. Sin olvidar que la obligación de proporcionar alimentos, a los hijos, como ocurre en el caso, surge desde que se tiene el carácter de acreedor alimentario, esto es, cuando se adquiere la calidad de padre o hijo. Ilustra lo anterior, el criterio emitido por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 28, Volumen 3, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 242498, de rubro y texto: ‘ALIMENTOS. DERECHO A PERCIBIRLOS. SURGE DESDE QUE SE ADQUIERE EL CARÁCTER DE ACREEDOR ALIMENTARIO.’ (se transcribe). Así es, la obligación consistente en proporcionar alimentos, surge coetáneamente al derecho de reclamarlos, esto es, cuando se tiene la calidad de padre, hijo, cónyuge, dado el interés del Estado en la subsistencia de los miembros del grupo familiar para hacer efectiva la solidaridad humana. El reconocimiento de este derecho y su correlativa obligación, constituyen una preocupación del Estado mexicano, particularmente a partir de la firma de la Declaración de los Derechos del Niño, de cuyo contenido se desprenden los siguientes principios: ‘Principio 4.’ (se transcribe). ‘Principio 6.’ (se transcribe). ‘Principio 7.’ (se transcribe). Principios que recoge nuestra Constitución cuando en su artículo 4o., señala: ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). Este compromiso internacional provocó además, la creación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece en sus numerales 3, 11 y 12: ‘Artículo 3.’ (se transcribe). ‘Artículo 11.’ (se transcribe). ‘Artículo 12.’ (se transcribe). De lo hasta aquí expuesto se desprende la preocupación constante de la Organización de las Naciones Unidas y del Estado mexicano en proteger a la infancia expidiendo las normas legales que garantizan la tutela y el respeto de los derechos de los niños, particularmente la alimentación, derechos y obligaciones que subsisten aun cuando los padres no vivan en el mismo hogar. En efecto, cuando se disuelve el vínculo conyugal, como ocurrió en la especie, ya sea por medio de un juicio de divorcio voluntario o necesario, el derecho a recibir alimentos y la obligación de otorgarlos por parte del deudor alimentario subsiste, porque no deriva del matrimonio de los padres, sino de la calidad de padre e hijo, correspondiendo a la autoridad respectiva sancionar los términos o la forma en que se debe cumplir con esa prestación. Esto es, la autoridad judicial al analizar los términos del convenio de divorcio cuando existen hijos y elevarlo a cosa juzgada, no ‘constituye’ el derecho a la prestación porque éste ya existía, sino que aprueba la forma en que se va a dar cumplimiento a la pensión alimentaria (semanalmente, quincenalmente, mensualmente, con un porcentaje respectivo y bajo determinados conceptos), lo anterior atendiendo a que mientras que los padres convivían, la manera en que se proporcionaban los alimentos correspondía a su esfera íntima en la cual el Estado no intervenía, salvo cuando existía incumplimiento y se requería la coacción estatal. De ahí que, como lo menciona la representación social, cuando la autoridad jurisdiccional sanciona un convenio definiendo los derechos de las partes y elevándolo a cosa juzgada, otorga al acreedor alimentista el derecho a exigir la prestación acordada, y al deudor la obligación de cubrirla porque el juzgador se la impuso. Es cierto que una sentencia de divorcio puede ser constitutiva de derechos cuando decide, por ejemplo, la repartición de bienes que dejan de formar parte de una sociedad conyugal y pasan en exclusiva a uno u otro cónyuge, pero también lo es, que es de condena cuando regula la forma en que se va a cumplir con la obligación de dar alimentos y obliga a las partes a cumplirla. En otras palabras, la sentencia puede tener un carácter mixto atendiendo, como lo asegura el Ministerio Público, a los efectos que producirá la decisión sobre las prestaciones debatidas y la obligación que se adquiere de acatar lo resuelto, ya no por razón del convenio, sino por la voluntad de la ley (cosa juzgada). A más de lo anterior, no puede olvidarse que la figura de que se trata es antijurídica porque atenta contra un bien jurídico de la mayor importancia como lo es la protección de los acreedores alimentarios cuya subsistencia peligra cuando no se les proporcionan los alimentos, de ahí que no resulta lógico considerar que el legislador sólo quiso proteger los derechos de los hijos a percibir alimentos cuando éstos sean declarados en un juicio contencioso (juicio de divorcio necesario o de alimentos), y no a aquellos cuyos progenitores se hubiesen desvinculado mediante un acuerdo de voluntades, cuando el bien jurídico que pudiera vulnerarse es el mismo, al encontrarse en similares situaciones el acreedor y el deudor alimentario de recibir y proporcionar alimentos. Esto es, el incumplimiento del pago de las pensiones es antijurídico e ingresa, por tanto, al campo penal, porque pone en peligro la subsistencia de los acreedores alimentarios, especialmente, cuando no hay causa justificada para incumplir y existe una condena al respecto. Ahora bien, de la lectura de la sentencia emitida el quince de junio de dos mil uno, por la Jueza Octava de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, en el expediente 383/2001, relativo al divorcio voluntario del ahora quejoso y la madre del ofendido, se advierte que en los puntos resolutivos, se determinó textualmente: ‘Ciudad Monterrey, Nuevo León quince de junio del dos mil uno. Vistos: los autos del expediente número 0383/2001 para resolver el juicio de divorcio voluntario promovido por los señores ********** ... QUINTO. Se aprueba en forma definitiva el convenio presentado por los promoventes así como las modificaciones hechas al mismo, condenando a éstos y al fiador alimentista, a estar y pasar por él ahora y en todo tiempo, interponiendo para ello este juzgado su autoridad y judicial decreto. En la inteligencia de que el monto de la pensión alimenticia establecida, podrá ser modificada en su cuantía, previo el procedimiento respectivo, a fin de que sea ajustada permanentemente y a las necesidades del deudor alimentario ...’ (lo destacado es nuestro). Esto es, se aprobó en forma definitiva el convenio presentado por los promoventes, así como las modificaciones hechas al mismo y se condenó a los promoventes y al fiador alimentista a estar y pasar por dicho acuerdo de voluntades en todo tiempo, entonces, la referida sentencia que regula, entre otras cosas, la forma en que se continuará cumpliendo con la obligación de proporcionar alimentos, es de condena. Así es, obliga al quejoso a acatar el convenio de fecha dos de marzo de dos mil uno, en el que en la cláusula décima, se estipuló: ‘... Décima. El **********, se compromete a pagar una pensión alimenticia, mensual de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), tanto dentro de la vigencia del presente procedimiento como una vez ejecutoriada la sentencia de divorcio, precisamente los días 15 y 30 de cada mes. Conviniendo además, ambas partes, que dicha pensión será revisada, semestralmente y ajustado su monto de acuerdo al aumento que reciba en su trabajo el **********, por lo que se obliga, éste a ajustar la pensión mensual conforme a dicho porcentaje de aumento, sin necesidad de procedimiento judicial ...’. Esto es, el inculpado se comprometió a pagar una pensión alimenticia mensual por la cantidad de diez mil peso

, cubriendo dicha cantidad los días quince y treinta de cada mes y que esa pensión sería revisada semestralmente y ajustado su monto de acuerdo al aumento que el indiciado recibiera en su empleo sin necesidad de procedimiento judicial. También obliga al inculpado la modificación de la citada cláusula décima, en la que se aclaró lo siguiente: ‘... En este acto desean aclarar a la cláusula décima del convenio, en el sentido que existe actualmente un procedimiento de juicio sumario de alimentos, ante este juzgado, bajo el expediente número 100/2001 y se le descuenta al **********, el 30% (treinta por ciento) de su salario y demás prestaciones el cual equivale a la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) quincenales por lo que en esta cláusula se incrementa dicha cantidad como pensión alimenticia que deberá subsistir a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), quincenales en la forma establecida en la citada cláusula, los cuales se depositarán en la cuenta número **********, de la institución de crédito **********, sirviendo como recibo para el promovente la ficha de depósito ...’. De ahí, que al imponer la autoridad civil al procesado la obligación de estar y pasar por el citado convenio y cumplir con el pago de la pensión alimenticia en los términos fijados en el convenio de dos de marzo de dos mil uno y su respectiva aclaración a la cláusula décima, es claro que la sentencia dictada en el citado juicio de divorcio voluntario de quince de junio de dos mil uno, sí constituye una sentencia de condena. Lo anterior, en razón que en la referida resolución de quince de junio de dos mil uno, dictada por la Jueza Octava de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, en el expediente 383/2001, no se declara sólo la disolución del vínculo matrimonial sino que se impone al inculpado la forma, el porcentaje o cantidades, en que deberá cumplir con la pensión alimenticia a la que se obligó. Máxime, que al someterse las partes a la potestad de la autoridad judicial para que apruebe el citado convenio y ésta sancionarlo elevándolo al rango de cosa juzgada, existe por parte de la autoridad civil la facultad de exigir y hacer uso de su imperio para que se cumpla con lo pactado, de ahí, que la sentencia no sólo es constitutiva de derechos sino también de condena, pues ordena el cumplimiento de una determinada conducta, según se advierte del resolutivo tercero de la mencionada sentencia de divorcio voluntario, que condena a los ex esposos a las obligaciones del convenio en relación con los alimentos. Sin que pase inadvertido para quienes esto resuelven el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de este propio circuito, en la tesis número IV.1o.P.44 P, visible en la página 1025, Tomo XXIX, mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167324, de rubro y texto: ‘ABANDONO DE FAMILIA. EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL INCULPADO EN EL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO NO DEBE EQUIPARARSE A AQUEL DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). La estructura jurídica del delito de abandono de familia previsto por el numeral 282 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, exige para su integración la existencia de una obligación alimenticia derivada de una sentencia condenatoria; luego, si la autoridad judicial decretó auto de formal prisión en contra del inculpado por su presunta responsabilidad en ese delito, al estimar que el activo había dejado de cubrir injustificadamente la pensión alimenticia a sus acreedores derivada de una sentencia de divorcio por mutuo consentimiento, tal proceder es violatorio de garantías, toda vez que esta resolución judicial no es de naturaleza condenatoria, puesto que no derivó de una acción de pago por incumplimiento de una obligación, sino de un acuerdo celebrado entre los consortes al promover, en jurisdicción voluntaria, un juicio de divorcio, en el que, entre otros aspectos, convinieron la forma en que se cubrirían los gastos alimenticios de sus menores hijos. De ahí que en aras del principio de exacta aplicación de la ley penal que proscribe la analogía y la mayoría de razón, dicha conducta no debe equipararse a la hipótesis delictiva de abandono de familia contemplada en el citado artículo 282.’ (lo destacado es nuestro). Criterio que no se comparte por este órgano colegiado, pues como ya se dijo, en el caso la sentencia emitida el quince de junio de dos mil uno, en el expediente 383/2001, relativa al juicio de divorcio voluntario, condena al demandado a efectuar una prestación, esto es, le impone cumplir con el pago de la pensión alimenticia en los términos en que se comprometió, lo cual implica una conducta de dar y por ello, se considera que la referida resolución además de constitutiva de derechos, es de condena. Sin que se pierda de vista que es cierto que la sentencia emitida el quince de junio de dos mil uno, no derivó de una acción de pago por incumplimiento de una obligación, sino de un acuerdo celebrado entre los consortes. Empero, ello no implica, como lo afirma el Primer Tribunal Colegiado de este propio circuito, que se trate de diligencias promovidas en jurisdicción voluntaria, pues de la lectura de la ejecutoria que dio origen al criterio emitido en la tesis número 1a./J. 19/2005, visible en la página 251, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 178,745, de rubro y texto: ‘DIVORCIO VOLUNTARIO. LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que le pongan fin al juicio, siempre y cuando sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, el artículo 46 de la misma Ley de Amparo establece que son sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, aunque en el divorcio por mutuo consentimiento no existe, en principio, una controversia entre los cónyuges que someten su decisión de disolver el vínculo matrimonial ante el Juez, y por ello podría considerarse, desde un punto de vista, que no se trata de un verdadero juicio, lo cierto es que la sentencia que en dicho procedimiento se dicte tiene el carácter de definitiva para los efectos de procedencia del juicio de garantías y, por ende, es impugnable a través del amparo directo. Ello es así porque en el juicio de divorcio voluntario se somete una causa (la disolución del vínculo matrimonial) a una autoridad jurisdiccional competente, quien definirá el derecho de las partes a través de una sentencia, la cual es susceptible de constituir derechos y obligaciones.’. Se advierte que se argumentó lo siguiente: ‘... De lo expuesto se puede concluir que las diligencias de jurisdicción voluntaria tienen dos características esenciales: a) Que no esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas y b) Este tipo de procedimientos no concluyen con una sentencia que defina derechos entre las partes. Entonces, tomando en cuenta los elementos característicos de un juicio (desde el punto de vista estrictamente procesal) y de las diligencias de jurisdicción voluntaria, el trámite de un divorcio por mutuo consentimiento se lleva a cabo a través de un procedimiento sui géneris, ya que si bien le falta el elemento de controversia (que desde un punto de vista lo definiría plenamente como un juicio), no es una jurisdicción voluntaria, porque en él si hay derechos que se someten a la decisión de un Juez, y es tal ese hecho que concluye con una sentencia que define esos derechos entre las partes. En esa virtud, se puede concluir que el procedimiento de divorcio voluntario, para los efectos del juicio de amparo, sí se considera como un juicio, puesto que existe una causa (que sería la disolución del vínculo matrimonial), se lleva ante una autoridad jurisdiccional en forma de juicio y concluye con una sentencia que define el derecho de las partes, estableciendo obligaciones y declarando disuelto el matrimonio ...’ (lo destacado es nuestro). Esto es, que el procedimiento de divorcio voluntario se considera como un juicio, pues existe una causa que sería la disolución del vínculo matrimonial, se tramita ante una autoridad jurisdiccional en forma de juicio y concluye con una sentencia que define el derecho de las partes, además, establece obligaciones. De igual modo, no se comparte el criterio del tribunal homólogo, porque apoya su afirmación de que una sentencia de divorcio por mutuo consentimiento sólo es constitutiva de derechos, en el criterio de tesis ya transcrito, sin embargo, de la ejecutoria de mérito se observa que el tema de contradicción consistía en definir ¿cuál es el tipo de juicio de amparo que procede en contra de una sentencia dictada en un divorcio por mutuo acuerdo o voluntario?. Para lo cual estableció que el procedimiento de divorcio voluntario, para los efectos del juicio de amparo sí se considera un juicio, pero no declaró que la sentencia de divorcio voluntario era constitutiva de derechos, lo anterior, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: ‘... En esa virtud, se puede concluir que el procedimiento de divorcio voluntario, para los efectos del juicio de amparo, sí se considera como un juicio, puesto que existe una causa (que sería la disolución del vínculo matrimonial), se lleva ante una autoridad jurisdiccional en forma de juicio y concluye con una sentencia que define el derecho de las partes, estableciendo obligaciones y declarando disuelto el matrimonio, incluso, en algunos casos establece cuestiones que afectan a los menores hijos del matrimonio ...’. Sino que señaló que el procedimiento de divorcio voluntario, para lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22084-eb6e1c83/abandono-de-familia-el-incumplimiento-injustificado-del-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.