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Modo: Corpus Pro

INCONFORMIDAD CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN RECURSO OPTATIVO POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 223/2009. · Registro digital (IUS): 22026
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 403.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 223/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y el punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002, ambos del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por el ********** en su carácter de autorizado en términos del artículo 27 de la ley de la materia por la quejosa ********** en el amparo en revisión RP. 1333/2004, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual es uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXVIII, noviembre de 2008

"Tesis: 2a./J. 152/2008

"Página: 227

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario ahora transcribir y posteriormente analizar las ejecutorias que participan en la misma.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el treinta y uno de agosto de dos mil cuatro el amparo en revisión 1333/2004, determinó lo siguiente:

"CUARTO. Ahora bien, cabe establecer que la materia del presente recurso de revisión atañe de manera circunscripta al único punto resolutivo, en lo conducente, y considerando tercero que lo rige, en específico al sobreseimiento establecido por el Juez de amparo respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de abril de dos mil tres, dictado por la responsable de la Agencia de Revisión ‘B’, de la Fiscalía de Revisión ‘A’ de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el cual autorizó la propuesta de no ejercicio de la acción penal; por lo que ante la ausencia de impugnación y agravios respecto al resto de las consideraciones de la resolución recurrida, en lo que corresponde la misma debe quedar incólume. Es aplicable la tesis sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1649, Tomo XXXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: ‘REVISIÓN DE AMPARO.’ (se transcribe). Ahora bien, dada la naturaleza del acto reclamado, los agravios expresados por la recurrente y el contenido de las consideraciones de la sentencia recurrida, es preponderante analizar, en primer lugar, al tenor de los agravios que la recurrente expone, lo relativo a la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra el acuerdo de tres de abril de dos mil tres, dictado por la responsable de la Agencia de Revisión ‘B’, de la Fiscalía de Revisión ‘A’ de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el cual autorizó la propuesta de no ejercicio de la acción penal. En síntesis el motivo en que el Juez de Distrito sustentó su criterio, tocante a la improcedencia del juicio de amparo respecto del acto precisado en el párrafo que precede; fue que la quejosa ahora recurrente no agotó el medio de impugnación (inconformidad) previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en relación con los numerales 63 y 68 del Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia del Distrito Federal; al no hacerlo, el Juez de control constitucional, consideró que se incumplía con el principio de definitividad y con ello se actualizaba la causal de improcedencia del juicio de garantías, establecida en el artículo 73, fracción XV de la Ley de Amparo. Ahora bien, los argumentos que la recurrente expone en contra de tal consideración, en el que denomina como primer agravio, son esencialmente fundados por las razones que en seguida se precisan. Es importante para resolver el presente asunto realizar una interpretación de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución General de la República, para lo cual, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto por el decreto mediante el que se reformó el mismo. ‘Artículo 21.’ (lo transcribe). De la anterior transcripción se desprende que la reforma al artículo 21 de la Constitución General de la República, en la parte que interesa, párrafo cuarto, estableció la posibilidad, antes no existente, de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal. Ante la vigencia actual y, por ende, la obligatoriedad contemporánea de la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es oportuno señalar los antecedentes legislativos de la reforma, partiendo desde la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, hasta los dictámenes formulados por las comisiones encargadas por las colegisladoras Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, siendo esto para desentrañar el propósito perseguido al efecto por el Poder Revisor de la Constitución. La iniciativa de reforma que el presidente de la República formuló, en lo conducente establece: (se transcribe). Tal iniciativa pone de relieve el reconocimiento del Ejecutivo Federal de la necesidad de someter al control de órganos distintos al Ministerio Público, las resoluciones de éste sobre el no ejercicio de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede sin ser perseguido sin la correspondiente justificación jurídica. El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores al Congreso de la Unión, en cuanto a la iniciativa en comento, en la parte que al caso interesa, es del siguiente tenor: (se transcribe). Del anterior dictamen aprobatorio de la iniciativa presidencial, descuella como elemento determinante el hacer efectiva la seguridad jurídica de los gobernados en lo referente a las funciones que el Ministerio Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y ejercitar la acción penal, otorgando a aquéllos la oportunidad de impugnar las determinaciones respecto del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con un interés múltiple, a precisar: por un lado, que las víctimas de los delitos o sus familiares logren una reparación del daño; por otro, que se abata la impunidad, y, además, que se impida que por actos de corrupción, la representación social no cumpla con sus funciones constitucionales. A su vez, el dictamen emitido respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, dice en lo que interesa: (se transcribe). Los analizados antecedentes legislativos son reveladores de que la intención cristalizada del Poder Revisor de la Constitución con la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Carta Magna, es la de reconocer constitucionalmente en favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de éste, o del legalmente interesado por la comisión de un ilícito, el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, coetáneo del derecho a exigir del Estado la persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual, pues es un derecho que la Constitución garantiza al gobernado frente a la autoridad, la que, por consecuencia, se ve limitada en la función relativa, en la medida en que sus mencionadas determinaciones pueden ser revisadas por autoridad jurisdiccional y, en su caso, es factible lograr que en reparación se ejercite la acción penal. De acuerdo con lo anterior, el respeto a esa garantía individual no puede considerarse postergado o sujeto a agotar un medio de impugnación (inconformidad) no regulado por una ley formal y material como lo argumenta la recurrente; pues ya se dijo el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional dispone: (se transcribe). Por su parte, el artículo 73, fracción XV de la Ley de Amparo, establece: (se transcribe). El texto del segundo precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que la norma constitucional transcrita alude: ‘podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley’; es decir, dicho normativo hace referencia a los medios ordinarios de impugnación en relación con la ley que los establece, situación que obliga a realizar una interpretación jurídica de tales expresiones, para determinar cuál debe considerarse como la ley susceptible de consagrar los medios ordinarios de defensa que deben agotarse previamente al juicio de garantías. El vocablo ‘establecer’, aplicable al ámbito jurídico, denota la instalación, institución o fijación de una determinada regla. De este modo, cuando las normas aplicables al procedimiento de amparo se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa del acto reclamado, debe entenderse que tal remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él; por tanto, no es posible hacer extensiva, por analogía ni por mayoría de razón, la eficacia de un determinado medio de impugnación a supuestos que no se encuentran expresamente previstos para regular cierto acto en particular, es decir, la hipótesis que autoriza la impugnación de un acto de autoridad a través de un recurso o medio ordinario de defensa requiere colmar las consecuencias que produzca dicho acto en el ámbito jurídico del gobernado. Por otro lado, de conformidad con el contenido de las previsiones antes transcritas, el ordenamiento jurídico que debe contener los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes para impugnar el acto reclamado requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una ‘ley’ y no cualquier otro ordenamiento general (como lo es el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal y el Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia del Distrito Federal); el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, Materia Común y Administrativa, publicada en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe). Igualmente es aplicable la tesis 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, Materia Común, publicada en la página 156 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). La conclusión precedente de ninguna manera implica que el particular no pueda interponer recursos o medios de defensa previstos en ordenamientos diversos a los legales, sino sólo patentiza que la circunstancia de su falta de agotamiento no es susceptible de producir la improcedencia del juicio de garantías, por no tratarse de una ley en sentido formal y material. Por tanto para que opere la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa, inmediata y específica la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en dicho ordenamiento. En otras palabras, la hasta ahora ausencia de ordenamientos legales en una ley formal y material que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar por la vía de legalidad las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, no impide que tal determinación pueda ser reclamada, por el momento, directamente, mediante el juicio de amparo, dado que al estar regulada la relativa actuación de la representación social por el propio Pacto Federal, entre otros de sus preceptos, por los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio de amparo, ya que éste es precisamente un medio de control constitucional por vía jurisdiccional; sin necesidad de agotar el medio de impugnación (inconformidad) por estar éste regulado en un reglamento y no en una ley en estricto sentido. Arribar a una postura que sobre el particular vede la procedencia del juicio de amparo, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 del Pacto Federal, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales. Por tanto, resulta inconcuso que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, en tanto, no exista en una ley formal y material que prevea el medio de impugnación, no pueden escapar del control constitucional mediante su examen en el juicio de amparo, pues, fundamentalmente, deben ajustarse a los mandatos constitucionales en los que las funciones relativas encuentran su origen, justificación y regulación. Por todo lo anterior, se concluye que no es acertado pensar que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se haya agotado el medio de impugnación (inconformidad) previsto en los artículos 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 63 y 68 del Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia del Distrito Federal, pues entonces se estaría supeditando la procedencia de este juicio constitucional a un medio de impugnación que no está reglamentado en una ley formal y material, lo que sería inadmisible e incluso contrario al principio de definitividad que rige al amparo, conforme al cual, éste procede contra actos definitivos, entendiéndose por tales, a aquellos en contra de los cuales no proceda o no exista medio de defensa ordinario expresamente regulado por una ley formal y material, que deba agotarse previamente, mediante el que puedan ser revocados, anulados o modificados tales actos; es decir, se exigiría que para la procedencia del amparo en contra de un acto de autoridad existiera un previo medio de defensa ordinario no previsto por una ley formal y material, lo que resultaría del todo injustificado y haría nugatorio el derecho de los gobernados a exigir que se respeten sus garantías individuales mediante el juicio de amparo. Resulta aplicable en lo correspondiente la jurisprudencia número CLXIX/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110, Tomo VI, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘ACCIÓN PENAL. LA RESOLUCIÓN POR LA QUE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PROPONE AL PROCURADOR EL NO EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL OFENDIDO, DENUNCIANTE O QUERELLANTE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.’ (se transcribe). ..." (subrayados añadidos).

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el trece de noviembre de dos mil ocho el amparo en revisión 177/2008, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"OCTAVO. Los agravios hechos valer por el recurrente unos son inoperantes, otros infundados y, los restantes inatendibles. Por cuestión de método, los agravios no se estudiarán en el orden planteado y, en su caso, se analizarán en conjunto, cuando guarden relación entre sí, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previo a su estudio, es conveniente reiterar que la a quo, a través de la sentencia recurrida, en resumen, determinó sobreseer en el juicio, al considerar que el acto reclamado a la ‘responsable de la Agencia Investigadora «B» de la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal’, consistente en el acuerdo que autorizó el no ejercicio de la acción penal (resolución intermedia), dictado en la indagatoria en comento, no se trataba de un acto definitivo sino que era impugnable mediante la vía ordinaria, esto es, el recurso de inconformidad a que se refieren los ordinales 17, 18, 20 a 25, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y los numerales 63, 64, 68 a 70, del Acuerdo A/003/99, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; en consecuencia, concluyó se actualizó la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XVIII, con relación al artículo 114, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la determinación de no ejercicio de la acción penal reclamada estaba supeditada a la autorización definitiva de ese inejercicio que en su caso se resolvería mediante el recurso de inconformidad de referencia. Sentido de la resolución que, correctamente justificó a la a quo para no ocuparse del examen de los conceptos de violación planteados y, en consecuencia, no analizó el fondo del asunto como se destacó por la impetrante de garantías a través de la respectiva demanda de amparo; de ahí que resulten inoperantes los agravios de la recurrente en ese sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/96, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 109, Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe). Ahora bien, este órgano colegiado estima que, en efecto, la determinación de la a quo en cuanto a sobreseer en el juicio es correcta, sin embargo, considera que el fundamento de la actualización de la casual de improcedencia que conlleva al referido sobreseimiento es diversa a la estimada por la juzgadora de amparo, es decir, atento a la naturaleza del acto reclamado, referente a la: ‘autorización de la propuesta de no ejercicio de la acción penal’, que constituye una resolución intermedia, esto es, contra la que procede la inconformidad de la que deriva, en su caso, la definitiva, se colige que la causa de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, referente a la obligación de la quejosa de agotar el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo. En tales condiciones, la técnica que rige el juicio de amparo dispone que al considerarse la actualización de diversa causa de improcedencia en el juicio de amparo, conlleva al innecesario examen de los agravios esgrimidos por la recurrente; empero, toda vez que, en esencia los razonamientos destacados por la a quo a efecto de sobreseer en el juicio, se hicieron depender concretamente en la obligación que tenía la impetrante de garantías de agotar el referido principio de definitividad, y del análisis de los agravios se desprende que son tendentes a combatir tales argumentos, este Tribunal se ocupará del estudio de dichas manifestaciones. Así las cosas, contrario a lo que aduce la recurrente, del examen pormenorizado de las constancias que integran el juicio de amparo, en especial la sentencia sujeta a revisión, se advierte que la misma se encuentra dictada de conformidad con los numerales 76, 77 y 78 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, pues la Juez de Distrito de Amparo, de acuerdo a lo que la quejosa destacó como acto reclamado, y de conformidad con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en el sentido que ‘es cierto que en la averiguación previa número ********** el quince de julio del año en curso acordó procedente autorizar el no ejercicio de la acción penal (foja 41)’, así como de las constancias con las que acompañó dicho informe, en ejercicio de sus facultades legales, correctamente resolvió, de manera congruente con lo demandado, sobreseer en el juicio; para ello, delimitó con claridad el acto combatido, apreció las pruebas relativas a su existencia, expuso los motivos lógicos y los fundamentos legales correspondientes a su fallo y, consideró, de manera acertada, en esencia que el acto combatido no es una determinación definitiva para con ello determinar el sobreseimiento en el juicio, de acuerdo a lo dispuesto en el ordinal 74, fracción III, de la legislación citada; por tanto, resulta infundado lo alegado al respecto. Por otra parte, la recurrente aduce que existe un ‘razonamiento incongruente en la sentencia que se recurre’, en virtud que la a quo en principio admitió a trámite la demanda y al resolver decide sobreseer en el juicio. La manifestación planteada por la disconforme es infundada, habida cuenta que parte de un presupuesto equivocado. Para que el resolutor de amparo en primera instancia esté en posibilidad jurídica de desechar una demanda de garantías, dado lo incipiente del conocimiento que tiene de lo reclamado, solamente puede tomar en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así, de tales extremos se debe desprender un motivo manifiesto e indudable, entendiéndose que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, para ordenar su desechamiento. Contrario a ello, si la causa de improcedencia no es completamente clara, y considera necesario el examen de diversos elementos distintos a los planteados en la demanda, como podrían ser las constancias que en la prosecución del juicio aporten las partes, entonces es necesario admitirla a fin de no dejar a la promovente en estado de indefensión, al no darle oportunidad de allegar ante el Juez los elementos de convicción que justifiquen su reclamo. En esa tesitura, el hecho de que aun cuando la Juez de Distrito haya admitido a trámite la demanda de referencia, no implica, ni mucho menos constituye una ‘incongruencia’ como desacertadamente lo alega la recurrente, el que finalmente haya sobreseído en el juicio, pues las razones que soportan su determinación en ese sentido, encontraron apoyo jurídico en el examen de las constancias que se aportaron al sumario, lo cual la Juez en cita logró definir con la rendición del informe justificado, hasta el dictado de la sentencia a estudio. Ahora bien, como se indicó, la acción constitucional intentada por la quejosa, ciertamente resulta improcedente, lo que determina que se confirme el sobreseimiento decretado en la sentencia dictada por la a quo, pero con apoyo en las consideraciones subsecuentes: De conformidad con lo anterior, debe precisarse que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 73.’ (lo transcribe). Del análisis de la norma precitada, se colige que el juicio de garantías está condicionado a que si existe algún recurso o medio de defensa legal, que pueda modificar o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo, lo que en el caso acontece pues dicho recurso no exige requisitos, éste debe ser ineludiblemente agotado, de tal manera que no resulta optativo, sino obligatorio para la parte quejosa cumplir con el principio de definitividad para la procedencia del amparo. Así las cosas, es pertinente reiterar que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de quince de julio de dos mil ocho, por medio de la cual la autoridad responsable ‘autorizó la determinación del no ejercicio de la acción penal’ en la averiguación previa en cuestión; esto es, la resolución previa y, contra la cual procede el recurso de inconformidad que, en su caso, da origen a la determinación definitiva de no ejercicio de la acción penal; por tanto, el amparo es improcedente contra la primera de las mencionadas. Con el objeto de sustentar la improcedencia del juicio de amparo, con apoyo en las precedentes consideraciones, es necesario tomar en cuenta lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su numeral 21, párrafo cuarto, establece: ‘Artículo 21.’ (lo transcribe). Al respecto, es necesario tomar en cuenta lo previsto en los artículos 3o. Bis, in fine y 9o., fracción XIX, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establecen: ‘Artículo 3o. Bis.’ (lo transcribe). ‘Artículo 9o.’ (lo transcribe). De igual forma, lo dispuesto en los ordinales 2o., 3o. y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que disponen: ‘Artículo 2o.’ (lo transcribe). ‘Artículo 3o.’ (lo transcribe). ‘Artículo 20.’ (lo transcribe). Asimismo, es preciso considerar el contenido de los preceptos 2, 17 a 25, y 38, del reglamento de la ley invocada, que disponen: ‘Artículo 2o.’ (lo transcribe). ‘Artículo 17.’ (lo transcribe). ‘Artículo 18.’ (lo transcribe). ‘Artículo 19.’ (lo transcribe). ‘Artículo 20.’ (lo transcribe). ‘Artículo 21.’ (lo transcribe). ‘Artículo 22.’ (lo transcribe). ‘Artículo 23.’ (lo transcribe). ‘Artículo 24.’ (lo transcribe). ‘Artículo 25.’ (lo transcribe). ‘Artículo 38.’ (se transcribe). Disposiciones que en esencia tienen correspondencia con lo establecido en el Acuerdo A/003/99 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus artículos 63 a 68; en lo que interesa, el último ordinal citado dispone: ‘Artículo 68.’ (lo transcribe). De los anteriores preceptos legales y de su interpretación armónica y sistemática se desprende con claridad que, si bien los agentes del Ministerio Público del Distrito Federal, tienen la función de proponer el inejercicio de la acción penal, cuya c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22026-504d3fc6/inconformidad-contra-la-determinacion-del-no-ejercicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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