CONEXIDAD DE DELITOS. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE LOS DEL FUERO COMÚN QUE TENGAN CONEXIDAD CON ILÍCITOS FEDERALES, NO IMPLICA QUE LAS CONDUCTAS DEBAN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA PREVISTA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 378/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número XIV-780-P de veintiocho de octubre de dos mil nueve, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido en su fecha, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a fojas 192 de autos.
Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del treinta de octubre al quince de diciembre de dos mil nueve, descontándose los días treinta y uno de octubre; uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre; cinco, seis, doce y trece de diciembre, todos del dos mil nueve por ser sábados y domingos, respectivamente, inhábiles de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo; así como dos, dieciséis y veinte de noviembre; inhábiles en términos del Acuerdo del Tribunal Pleno en sesión privada de seis de octubre del mismo año; primer párrafo del artículo 23 de la ley de la materia y punto primero, incisos c) y l) del Acuerdo Plenario 2/2006, de treinta de enero de dos mil seis.
Por oficio DGC/DCC/1325/2009, de fecha treinta de noviembre de dos mil nueve, recibido el uno de diciembre siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el presente asunto, estimando en esencia lo siguiente:
• Que el Juez Federal tiene competencia para resolver respecto de los hechos locales, para lo cual debe de aplicar la legislación federal, ya que aunque se trate de ilícitos del fuero común cuya realización se efectuó bajo la normatividad penal de la entidad correspondiente, en base a la figura de conexidad, son competencia del fuero federal en lo que atañe al procedimiento y a la resolución en sentencia de dichos asuntos, teniendo siempre presente el principio de exacta aplicación de la ley penal, ya que aunque fue bajo la competencia de los ordenamientos locales que se cometieron los hechos delictivos, éstos deben ser analizados a la luz de la legislación federal, ya que al unificar los delitos se preserva la continencia de la causa, por lo que estimó el representante social adscrito que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de siete de septiembre de dos mil nueve, resolvió el amparo en revisión número 132/2009, y en lo que es materia de contradicción, esencialmente sostuvo:
"... en casos de conexidad debe conocer la autoridad federal de ilícitos que primigeniamente le correspondía a los tribunales del orden común, en esos casos, como aparece del numeral 10, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez Federal tiene competencia para resolver respecto de esos hechos, para lo cual debe aplicar la legislación penal local sustantiva, sin que haya lugar a homologación alguna, ya que se trata de antijurídicos del fuero común cuya realización se efectuó bajo el imperio de la normatividad penal de la entidad que corresponde y son competencia del fuero federal en lo que atañe al procedimiento; en ese sentido, debe tenerse presente el cumplimiento al principio de exacta aplicación de la ley penal, puesto que precisamente es bajo la competencia de los ordenamientos locales que se cometieron las conductas ilícitas y así deben ser analizadas. En efecto, en el caso del ordinal 10 del referido código adjetivo citado (sic) se observa que tiene efectos para el proceso, ya que lo que pretende es preservar la continencia de la causa; por ello la unificación de los asuntos; de ahí que, sus consecuencias únicamente son relativas a la ampliación de la competencia o facultad que tiene el Juez de Distrito para resolver el asunto atento a la unidad jurídica que procedimentalmente le atribuyó el legislador, pero ello de ninguna forma implica el cambio o sustitución de las características y particularidades de la conducta ilícita, la que debe continuar en los términos de la legislación sustantiva penal que primigeniamente la regula. Así, es concluyente que la atracción de fuero sólo rige en relación con el procedimiento, puesto que lo que se presenta es una prórroga de jurisdicción, pero no respecto de la ley que prevé la acción criminal; dicho en términos distintos, lo que acontece es una ampliación de la facultad de resolver que se otorga al Juez Federal, pero el antijurídico sigue siendo del orden común; es decir, la aludida atracción no genera una transformación del hecho criminal en federal, sino únicamente que sea un Juez de ese fuero quien lo resuelva. Por tal razón, la ‘homologación’ efectuada en el acto reclamado es inadecuada, ya que, en relación con los delitos del fueron común que son conexos con los federales, para aquéllos, la determinación que los rige es la pronunciada en el plazo constitucional, aspecto que establece la situación jurídica respecto de esos hechos. Esa situación de equivocación al efectuar la adecuación de las conductas criminales, en ocasiones también se observa, en los casos en que se consigna con detenido a un juzgador que no tiene competencia originaria para resolver, pero por la necesidad y la urgencia en que se resuelva la situación jurídica del capturado conduce a que los hechos ilícitos, que no son de aquellos respecto de los cuales tiene atribuciones originarias para conocer el Juez ante quien se ejerce la acción penal, se le hace de su conocimiento, en esas circunstancias, de forma similar, las facultades que extraordinariamente tiene para emitir la resolución de plazo constitucional no deben estimarse que llegan al extremo de permitir que un suceso criminal cambie en su determinación jurídica, puesto que lo que se amplió es sólo la posibilidad para que un Juez diverso del que tiene competencia, resuelva lo procedente con aplicación de la ley sustantiva que es aplicable al caso; dicho en forma diversa tiene atribución para decir el derecho, pero no para cambiar la ley que rige la materia de decisión."
Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada número I.2o.P.182 P, visible en el Tomo XXX, octubre de 2009, página 1377, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto establecen:
"COMPETENCIA FEDERAL POR ATRACCIÓN. EL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SÓLO FACULTA AL JUEZ FEDERAL PARA CONOCER DE LOS HECHOS DELICTIVOS PERO NO PARA ADECUAR LA CONDUCTA A LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. En casos de conexidad debe conocer la autoridad federal de ilícitos que primigeniamente le corresponde a los tribunales del orden común, en esos casos, como aparece del numeral 10, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez Federal tiene competencia para resolver respecto de esos hechos, para lo cual debe aplicar la legislación penal local sustantiva, sin que haya lugar a homologación alguna, ya que se trata de antijurídicos del fuero común cuya realización se efectuó bajo el imperio de la normatividad penal para la entidad que corresponda y son competencia del fuero federal en lo que atañe al procedimiento, máxime que debe atenderse al principio de exacta aplicación de la ley penal, puesto que precisamente es bajo la previsión de los ordenamientos locales que se cometieron las conductas ilícitas. Así, del ordinal 10 del citado código se observa que sólo tiene efectos para el proceso, ya que lo que pretende es preservar la continencia de la causa, por ello, sus consecuencias únicamente son relativas a la ampliación de la competencia o facultad que tiene el Juez de Distrito para resolver el asunto atento a la unidad jurídica que procedimentalmente le atribuyó el legislador pero ello de ninguna forma implica el cambio o sustitución de las características y particularidades de la conducta ilícita, la que debe continuar en los términos de la legislación sustantiva penal que originariamente la regula. En igual forma debe procederse en los casos de consignación con detenido, en los que se ejerce acción penal, a un juzgador que no tiene competencia originaria para resolver por razón de fuero, pero por la necesidad y urgencia en que se resuelva la situación jurídica del indiciado, la ley autoriza que se emita el auto de plazo constitucional por una autoridad originariamente incompetente, pero debe aplicar la ley sustantiva que rige respecto del hecho ilícito. Por ello, es concluyente que la atracción de fuero o en casos de urgencia, la facultad para resolver lo procedente sólo rige en relación con el procedimiento o la atribución para emitir decidir el derecho, pero no respecto de la ley que prevé la acción criminal."
QUINTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de treinta de noviembre de dos mil seis, resolvió el amparo directo número 3387/2006, y en lo que es materia de contradicción, esencialmente sostuvo:
"Por otra parte, este Tribunal Colegiado no soslaya, que si bien el ilícito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro por el que se dictó sentencia condenatoria, en principio, es del fuero común, la autoridad responsable legalmente conoció de él, toda vez que se surtió competencia a favor del fuero federal, en atención a la conexidad con diversos ilícitos previstos en leyes federales. En efecto, la competencia de jurisdicción para conocer de los delitos del orden federal, contemplados en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mismo que es del tenor siguiente: ‘Artículo 50.’ (se transcribe) Por su parte, el artículo 10, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales señala: ‘Artículo 10.’ (se transcribe). De conformidad con el precepto transcrito, para que un Juez Federal conozca de delitos del fuero común que concurran con delitos federales, no basta que haya concurso de delitos, sino que es necesario además, que exista conexidad entre ellos. Al respecto, el artículo 475, del Código Federal de Procedimientos refiere: (se transcribe)-Ahora bien, en el caso se actualizan las fracciones I y III del dispositivo en cita, toda vez que la causa penal 239/2000, del índice del Juzgado Tercero de Procesos Penales Federales, de la cual deriva el acto reclamado, se instruyó además en contra del quejoso, por la comisión del delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, previsto en el artículo 2o. del ordenamiento legal en cita, y a sus coacusados se les instruyó proceso por los diversos delitos de portación de arma de fuego sin licencia y del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por el diverso delito de homicidio calificado, cometido en agravio de los Policías Federales Preventivos ********** y **********, a quienes privaron de la vida cuando realizaban funciones propias a su encargo, pues al momento en que los coacusados exigían el rescate para liberar a ********** ‘*********’ ‘**********’, ********** o **********, los referidos funcionarios intentaron asegurarlos, sin embargo, fueron privados de la vida; de ahí que, se surta la competencia federal para conocer del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, ya que los delitos en cita fueron cometidos por varias personas unidas, y el último, se ejecutó para asegurar la impunidad del ilícito que nos ocupa; de ahí que se surtan las hipótesis a que se refiere el artículo 50, fracción I, inciso a) y g), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, el injusto de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, fue legalmente considerado en términos de lo establecido en el artículo 366, fracción I, inciso a), y fracción II, incisos c) y d), del Código Penal Federal, en atención a las siguientes consideraciones: En términos generales, la finalidad del segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales citado anteriormente, es que no se divida la continencia de la causa, cuando ésta se siga por delitos del fuero común y del fuero federal y exista conexidad entre ellos como se expuso. De manera que, si la ejecución de los delitos tiene una dependencia que motive una relación entre uno u otro fueros, evidentemente implica, que no se pueden desvincular, pues las conductas constituyen una unidad dentro de la concepción criminal y, consecuentemente, la conducta que en principio es considerada del orden común, debe calificarse y sancionarse en función del ordenamiento federal por la atracción del fuero, ya que no sería lógico y mucho menos jurídico, que el Juzgador Federal aplicara la legislación local, pues no sería congruente entonces la necesidad de fincar en él la competencia, y al no advertirlo así, se contravendrían los principios básicos que estructuran el procedimiento penal, pues como se dijo, la conexidad forma una unidad o un todo que no puede separarse. Por lo que, fue legal que la autoridad responsable en términos de lo establecido en el artículo 50, fracción I, incisos a) y g), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 10, párrafo segundo, y 475, fracciones I y II, ambos dispositivos del Código Federal de Procedimientos Penales, conociera del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en términos del artículo 366, fracción I, inciso a), y fracción II, incisos c) y d), del Código Penal Federal. Como corolario a lo anterior, debe concluirse válidamente, que de conformidad con el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 10, párrafo segundo y 475, del Código Federal de Procedimientos Penales, un Juez de Distrito es competente para conocer de los delitos del fuero común que concurran con federales cuando exista conexidad entre ellos, con la finalidad de que no se divida la continencia de la causa; de manera que, si la ejecución de los delitos tienen una dependencia que motive una relación entre uno y otro fueros, evidentemente implica, que no se pueden desvincular, pues las conductas constituyen una unidad dentro de la concepción criminal y, consecuentemente, la conducta que en principio es considerada del orden común, debe calificarse y sancionarse en función del ordenamiento federal por la atracción del fuero, si las conductas están tipificadas igualmente en ambos ordenamientos, ya que no tendría objeto que el juzgador federal aplicara la legislación local, pues no sería congruente entonces la necesidad de fincar en él la competencia, y al no advertirlo así, se contravendrían los principios básicos que estructuran el procedimiento penal."
Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada número I.7o.P.93 P, visible en el Tomo XXV, abril de 2007, página 1676, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen:
"CONEXIDAD DE DELITOS DE DISTINTO FUERO. LA CONDUCTA QUE EN PRINCIPIO ES CONSIDERADA DEL ORDEN COMÚN, DEBE CALIFICARSE Y SANCIONARSE EN FUNCIÓN DEL ORDENAMIENTO FEDERAL POR LA ATRACCIÓN DEL FUERO. De conformidad con los artículos 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 10, párrafo segundo y 475, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, los Jueces Penales Federales son competentes para conocer de los delitos del fuero común que concurran con los del orden federal cuando exista conexidad entre éstos, con la finalidad de que no se divida la continencia de la causa; de manera que si la ejecución de los delitos tiene una dependencia que motiva una relación entre uno u otro fueros, ello implica que no se puedan desvincular, pues las conductas constituyen una unidad dentro de la concepción criminal y, consecuentemente, la conducta que en principio es considerada del orden común, debe calificarse y sancionarse en función del ordenamiento federal por la atracción del fuero, si las conductas están tipificadas igualmente en ambos ordenamientos, ya que no tendría objeto que el juzgador federal aplicara la legislación local, pues no sería congruente entonces la necesidad de fincar en él la competencia y, al no advertirlo así, se contravendrían los principios básicos que estructuran el procedimiento penal."
SEXTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de esta denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Lo anterior quedó plasmado en las tesis que a continuación se transcriben:
Tesis P. XLVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 68, del siguiente tenor:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
Tesis P. XLVII/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 67, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
Con base en los anteriores razonamientos, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que a fin de determinar si en el caso se encuentran actualizados los requisitos anunciados, procede precisar las posturas de los tribunales en posible contradicción, que es lo que se hace a continuación:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 132/2009, promovido por **********, en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil nueve dictada por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 145/2009, estimó que en casos de conexidad debe conocer la autoridad federal de ilícitos que primigeniamente le corresponde a los tribunales del orden común, en dichos supuestos, como aparece del numeral 10, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez Federal tiene competencia para resolver respecto de esos hechos, para lo cual debe aplicar la legislación penal local sustantiva, sin que haya lugar a homologación alguna, ya que se trata de antijurídicos del fuero común cuya realización se efectuó bajo el imperio de la normatividad penal para la entidad que corresponda. Así, el ordinal en cita sólo tiene efectos para el proceso, por ello, sus consecuencias únicamente son relativas a la ampliación de la competencia o facultad que tiene el Juez de Distrito para resolver el asunto atento a la unidad jurídica que procedimentalmente le atribuyó el legislador, pero que ello, de ninguna forma implica el cambio o sustitución de las características y particularidades de la conducta ilícita, la cual debe continuar en términos de la legislación sustantiva penal que originariamente la regula.
Por su parte, el Séptimo Tribunal Coleg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22230-22cd48a9/conexidad-de-delitos-la-facultad-del-juez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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