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Modo: Corpus Pro

RECONVENCIÓN. ANTE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 377 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2021. · Registro digital (IUS): 30337
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-01-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, Pág. 2501.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2021. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ Y TERESA MUNGUÍA SÁNCHEZ. DISIDENTE: OCTAVIO CHÁVEZ LÓPEZ. PONENTE: RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ. SECRETARIO: RAÚL RODRÍGUEZ EGUÍBAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para conocer de la presente contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo circuito, cuyo tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializado este Tribunal Pleno (sic).

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los numerales 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—En primer término, debe establecerse si en el caso, existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo, a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Conforme al artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias"; entendiéndose por "tesis", el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Así, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas o accidentales que los rodean no sean exactamente idénticas.

Por tanto, la condición de existencia de una contradicción de tesis, deriva de la discrepancia de los criterios jurídicos empleados para la solución de temas jurídicos esencialmente iguales, pero de los que se arriba a una conclusión distinta en cada uno de los casos; situación que actualiza el objeto establecido en la Constitución General de la República y en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite que se brinde certeza jurídica ante la unificación de los criterios emitidos por los tribunales de la Federación, a través de los Plenos de Circuito especializados por materia.

A este respecto, resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época, página 7, con número de registro digital: 164120, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

CUARTO.—Establecido lo anterior, procede examinar si en la especie se actualiza el supuesto de existencia de contradicción de criterios entre los tribunales contendientes.

Por tanto, resulta menester traer a cuenta lo que resolvieron los tribunales contendientes, en el orden cronológico siguiente:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante sesión ordinaria pública, celebrada el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, resolvió el amparo indirecto en revisión 372/2019, en los términos siguientes:

"TERCERO.—Uno de los agravios transcritos es esencialmente fundado y suficiente para revocar el fallo dictado en este amparo indirecto.—Ello es así, en virtud de que atento a sus características, la reconvención guarda similitud con la demanda y, debido a ello, la no admisión a trámite de la contrademanda es impugnable, al igual que lo es el desechamiento del escrito inicial, a través del recurso de apelación, al tratarse de un auto que sin ser sentencia, le pone fin a la instancia, en este caso, a la de carácter reconvencional, surtiéndose así la regla impugnatoria que deriva de la interpretación relacionada de los artículos 377(1) 1.(‘Artículo 377. El recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia.—El recurso de apelación sólo procede en los juicios de cuantía específica, cuando su interés exceda del equivalente a la cantidad de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización calculadas en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento.’) y 687(2) 2.(‘Artículo 687. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en estos procedimientos, procede el recurso de apelación. Contra las resoluciones de trámite no procede recurso alguno.’) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicable a la tramitación del juicio natural.—Para así considerarlo se estima necesario señalar que la acción reconvencional que por regla general puede intentarse en un juicio, se erige en un procedimiento que tiene por sustento el ejercicio de una acción diversa a la que da soporte a la litis principal y que, por ende, guarda cierta autonomía en cuanto al objeto de las prestaciones reclamadas y a los hechos en que se apoyan, aunque conserve relación directa con la misma causa que motiva a la instancia principal.—En dicho contexto, se puede establecer que la demanda reconvencional merece el mismo tratamiento que el de la demanda principal, pues de ser admitida, corresponde emplazar al demandado respectivo, a efecto de cumplir, por una parte, con el respeto de sus derechos fundamentales, y por otra, para que produzca su contestación, sin que valga en dicho supuesto, para obviar el respectivo emplazamiento, que se trate de una de las partes que ya contendían en un determinado procedimiento jurisdiccional, es decir, al ser el demandado reconvenido el actor en lo que al ejercicio de la acción principal se refiere.—Ilustra lo anterior el siguiente criterio:—‘RECONVENCIÓN. EL AUTO QUE LA ADMITE DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL DEMANDADO RECONVENIDO (LEGISLACIONES DE BAJA CALIFORNIA Y EL DISTRITO FEDERAL). Los códigos procesales de Baja California y del Distrito Federal no establecen la forma en que se debe notificar una reconvención, sino que solamente se limitan a decir que de la misma se dará traslado al actor para que la conteste. La expresión «dar traslado» no se refiere a la forma en que se debe notificar la reconvención, sino a la manera en que las partes pueden tener acceso a los autos y a los documentos que corran agregados, para que conozcan su contenido y se impongan de ellos. Por lo tanto, al existir una laguna legal en cuanto a la forma en que se debe notificar el auto que admite la reconvención, se debe atender a la naturaleza de la demanda reconvencional, la cual implica el ejercicio de acciones en contra del actor en el principal, por lo que constituye también una demanda que, como tal, debe recibir el mismo tratamiento que se le da a la demanda principal. De esta manera, si ambos códigos establecen que una vez que se admite la demanda se debe correr traslado de ella a la parte demandada y emplazarla para que la conteste, en el caso de la reconvención también se debe emplazar. Ello implica que se debe notificar personalmente el auto admisorio correspondiente, acompañando las copias de dicha demanda reconvencional, tal y como ocurre cuando se hace el emplazamiento de la demanda principal. Con lo anterior se busca que se cumpla con la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 14 constitucional a favor de la parte reconvenida, porque aunque ésta ya conoce la existencia del juicio y la autoridad ante quien se tramita, desconoce las pretensiones de su contraparte y las acciones que se ejercitan en su contra en vía de reconvención, por lo cual, si no se le notifica personalmente el auto que admite dicha demanda reconvencional, se limitaría su garantía de defensa estando imposibilitada para dar respuesta a las acciones de la reconvención y para desvirtuarlas a través de las pruebas que considere pertinentes para ese fin.’(3) 3.(Registro 178647, jurisprudencia 1a./J. 134/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 617.) (Énfasis añadido).—Partiendo de la señalada consideración, es decir, que la demanda principal y la de naturaleza reconvencional conllevan cada una el ejercicio de una acción diversa, y que las respectivas pretensiones a su vez son distintas, se puede establecer válidamente que la no admisión de alguna de ellas, pone fin a la correspondiente instancia.—Dicho en otros términos, la tramitación en un mismo juicio de dos acciones, una principal y otra reconvencional, conduce a un escenario en el que el Juez abocado a la resolución del respectivo asunto, deba pronunciarse en cuanto a la procedencia y, en su caso, fundamento de sendas pretensiones; en cambio, el desechamiento de la reconvención, impide que llegado el momento de dictar sentencia, se efectúe algún pronunciamiento al respecto, dado que en tal supuesto sería ajeno al debate entablado entre los contendientes, aquello que pudo formar parte de la litis reconvencional.—Al respecto se estima oportuno citar el siguiente criterio:—‘LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN DEBE ATENDERSE A LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE AQUÉLLA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Si en el auto admisorio de la demanda no se mencionan todas las acciones hechas valer por la parte actora en el escrito relativo, el hecho de no impugnarlo no implica el consentimiento de que sólo las acciones comprendidas en ese auto serán materia de la litis, pues estimar lo contrario significaría que el Juez es quien plantea la controversia, lo cual es inadmisible, porque la determinación de los puntos litigiosos en un proceso no corresponde al juzgador, sino a las partes. En efecto, de acuerdo con los artículos 28 y 87, así como los diversos 478 y 479 de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, respectivamente, el litigio u objeto del proceso se fija a partir de las pretensiones expresadas en los escritos de demanda y contestación y, en su caso, de reconvención y contestación a ésta, así como en el de desahogo de la vista que se dé con las excepciones y defensas opuestas, correspondiendo al Juez tomar en cuenta todo lo que plantean las partes para poder resolver el litigio, independientemente de que se comprenda o no en el auto que admite la demanda, para que, de esta manera, se cumpla con los principios de completitud de las sentencias, establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de congruencia de las mismas, conforme a los cuales, se debe resolver sobre todo lo efectivamente planteado por las partes.’(4) 4.(Registro 179549, jurisprudencia 1a./J. 104/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 186.) (Énfasis añadido).—A partir de lo antes señalado, se cuenta con elementos para establecer que el desechamiento de la contrademanda pone fin a la litis reconvencional, y por tanto, el auto que no la admite a trámite es impugnable en términos de los citados artículos 377 y 867 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, a través del recurso de apelación, al tratarse de una resolución que sin ser sentencia, le pone fin a la instancia, en este caso, de naturaleza reconvencional. De ahí lo fundado de lo que al respecto se alega en el escrito de agravios.—Además, debe resaltarse el hecho de que la procedencia del amparo indirecto, contra el auto vinculado con el desechamiento de la reconvención, está supeditada, por regla general –dado que constituye un supuesto de excepción la existencia de una interpretación adicional o fundamento legal insuficiente en cuanto a la procedencia de algún recurso–, al agotamiento previo del medio ordinario de defensa que proceda en contra de esta clase de determinaciones, en cumplimiento del principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de control constitucional.—Lo anterior así se desprende de la interpretación efectuada por el Pleno de la Máxima Instancia Jurisdiccional del País, que se ve reflejado en el siguiente criterio:—‘RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio general que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención planteada procede el juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho acto procesal debe considerarse como de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis. Por otro lado, en virtud del carácter especial y sui géneris de la resolución que confirma aquella que desechó la reconvención, este Máximo Tribunal advierte que también, por excepción, es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de carácter procesal, como lo es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo Juez y no ante otro, así como el derecho que tiene de que un solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes.’(5) 5.(Registro 190661, jurisprudencia P./J. 146/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 20.). (Énfasis añadido).—Por tanto, la satisfacción del indicado principio o carga impugnatoria, se cumple mediante la promoción del recurso de apelación que procede contra la resolución definitiva que pone fin a la instancia reconvencional en un procedimiento privilegiado, en términos de los mencionados artículos 687 y 377 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que evidentemente tal determinación no es una sentencia definitiva, mucho menos un auto de trámite, dado que ningún curso se da a la pretensión reconvencional.—No escapa a esta integración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 234/2011, de la que surgió la jurisprudencia de rubro: ‘RECONVENCIÓN. CONTRA SU DESECHAMIENTO NO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE MORELOS, MÉXICO, CHIAPAS, PUEBLA –ABROGADA–, Y JALISCO, VIGENTE ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994).’, citada por el Juez de Distrito a quo en su sentencia, como fundamento del sentido de dicho fallo, arribó a la conclusión de que el auto desechatorio de la reconvención no era impugnable a través del recurso de queja.—Sin embargo, de la lectura de la parte considerativa de la ejecutoria de la cual emanó dicha jurisprudencia, y cuya síntesis se ve reflejada en el citado criterio, se logra advertir, en primer término, que se analizó la legislación procesal civil para el Estado de Puebla, actualmente abrogada, y diversas legislaciones estatales, en las que se regulaban entre otros recursos, al de queja; y en segundo lugar, que la previsión legal de ese medio de defensa, es decir, de la queja, era especial, y sólo procedía contra cierto tipo de resoluciones expresamente identificadas por el legislador, entre ellas, contra el desechamiento de la demanda, según se establecía en el artículo 237 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla,(6) 6.(‘Artículo 237. Los Jueces desecharán de plano las demandas que no cumplan con las disposiciones que las rigen; y contra el auto que deseche la demanda procede el recurso de queja.’) vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por lo que no cabía la posibilidad –esa fue la conclusión de la citada Sala del Alto Tribunal del País– de establecer su procedencia mediante interpretación jurisdiccional y a virtud de un proceso de integración analógica, a supuestos diversos de los específicamente identificados por el autor de la norma.—Sin que lo anterior implique que dicho criterio interpretativo de la legislación abrogada, pudiera ser aplicable al interpretar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en vigor a partir del uno de enero de dos mil cinco, ya que en la legislación vigente no se incluyó como recurso especial al de queja, mismo que desapareció para sólo establecer a la reclamación y a la apelación como únicos medios de impugnación de las resoluciones y sentencias dictadas en los procedimientos jurisdiccionales. Es decir, sólo implementaron un recurso horizontal cuyo conocimiento y resolución compete a la misma autoridad recurrida, y otro de naturaleza vertical, en el que participa el superior jerárquico del Juez de primera instancia, para tramitar y resolver este medio de impugnación, el cual está reservado contra sentencias definitivas y resoluciones que sin serlo pongan fin a la instancia, es decir, no se estableció de manera específica sólo para impugnar el desechamiento de la demanda.—Por tanto, el citado criterio jurisprudencial no resulta apto para sustentar el sentido que debe tener la sentencia dictada en este juicio de amparo indirecto.—En mérito a lo hasta aquí señalado, lo que procede en la especie, como se adelantó, es revocar la sentencia sujeta a revisión y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, es decir, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: a) deje insubsistente el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente 7/2018 (número de expediente de origen) y; b) en su lugar emita otro en el que, con fundamento en los artículos 337 y 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, acuerde conforme a derecho proceda lo relativo al recurso de apelación propuesto, absteniéndose de desecharlo por improcedente, por el motivo aludido en el auto de cinco de abril citado, siguiendo para ello, los lineamientos contenidos en este fallo.—Cabe aclarar que los efectos por los que se otorga el amparo, están acotados al acuerdo que deba recaer a la interposición del recurso de apelación hecho valer por el demandado contra el desechamiento de su reconvención, y por ende, ningún pronunciamiento adelantan en cuanto al sentido que deba tener en su caso la resolución que al respecto se emita, es decir, si en los procedimientos privilegiados tramitados conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, es posible o no que se tramite un procedimiento reconvencional, pues dicho aspecto no ha sido abordado de fondo por este Tribunal Colegiado de Circuito, gozando, por tanto, la autoridad a quien toque conocer de dicho medio de impugnación, de plena jurisdicción para pronunciarse en el sentido que estime ajustado a derecho."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en sesión ordinaria pública de siete de mayo de dos mil veintiuno, al resolver el amparo indirecto en revisión 204/2020, sostuvo las consideraciones siguientes:

"SEXTO.—A.I. En una parte del escrito de agravios el recurrente señala que la sentencia recurrida infringe en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales; así como los diversos 61, 574 a 582 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado.—II. Tal argumento debe desestimarse por inoperante, primero, porque este órgano jurisdiccional está imposibilitado para examinar en el recurso de revisión violaciones al Pacto Federal que hubiese podido cometer el titular de un órgano constitucional al emitir una sentencia, como lo es el Juez de Distrito.—Lo anterior, porque tratándose de juicios de amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden infringir disposiciones de la Ley de Amparo (y su legislación supletoria), que reglamentan su función de tutelar los derechos fundamentales del gobernado, esto es, actúa como órgano de control constitucional respecto de las transgresiones de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, por lo que en el recurso de revisión no debe analizarse el agravio consistente en que el Juez de Distrito violó derechos fundamentales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función constitucional que el a quo desempeña.—Además, de acuerdo con el contenido de los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a los derechos fundamentales, ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 94 del cuerpo de leyes en cita, lo es el juicio de amparo; por tanto, este Tribunal Colegiado, como instancia revisora, se encuentra imposibilitado jurídicamente para examinar el agravio en que se sustenta la vulneración de derechos públicos subjetivos por parte del Juez de Distrito, pues ello conllevaría el ejercicio de un control constitucional sobre otro control constitucional y, entonces, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es propio del juicio de amparo.—Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto a través de la jurisprudencia número P./J. 2/97, visible en la página 5 del Tomo V de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, publicada en el mes de enero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto dicen:—‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’.—Y, segundo, porque los Jueces de Distrito, al dictar las sentencias de amparo, no violan disposiciones contenidas en las normas del orden común, de ahí que las transgresiones en que podrían incurrir serían respecto de los artículos que se contienen en la Ley de Amparo o en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30337-1a245021/reconvencion-ante-el-desechamiento-de-la-demanda-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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