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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS RETROACTIVOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, DEBE RETROTRAERSE AL NACIMIENTO DEL MENOR DE EDAD Y NO A LA FECHA EN QUE SE DICTA LA SENTENCIA QUE LOS DECRETE (INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 129/2022. · Registro digital (IUS): 31726
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-09-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, Pág.5265.

AMPARO DIRECTO 129/2022. 26 DE ENERO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IVÁN GABRIEL ROMERO FIGUEROA. PONENTE: GÜNTHER DEMIÁN HERNÁNDEZ NÚÑEZ. SECRETARIO: ENRIQUE ALÍ ALTAMIRANO GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Síntesis y estudio de los conceptos de violación.

En el presente apartado se harán conjuntamente la reseña y el estudio de aquéllos, en obsequio a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010,(7) en el sentido de que resulta innecesaria su transcripción para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia en las sentencias de amparo, también para evitar repeticiones ociosas.

I. En el primer concepto de violación, el quejoso aduce que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser incongruente y contraponerse a las disposiciones legales que se invocan en la misma.

Lo anterior, en razón de que la responsable estableció que sus agravios primero, segundo, tercero y parte del décimo –en los que alegó la actualización de diversas violaciones procesales–, son fundados pero insuficientes para revocar o modificar la sentencia apelada, porque no trascendieron al resultado de ese fallo; ello, aun cuando refiere que el Juez señaló de manera incongruente fecha y hora para la audiencia prevista en el multicitado precepto 985, cuando fue otra la petición de la parte actora, así como haber determinado que la audiencia preliminar citada tendría verificativo respecto de una menor cuando en el asunto no la hay.

Resolución que, contrario a lo sostenido por la responsable, ocasiona agravios en perjuicio del apelante, ya que las actuaciones del juzgador de origen se encuentran fuera de contexto legal, violentando con ello el principio de debido proceso.

Aunado a que si bien el tribunal de apelación expuso que los agravios resultaban infundados, porque ********** no volvió a participar en el asunto; sin embargo, dicha persona sí lo hizo, ya que en la audiencia prevista en el artículo 985 fue señalada fecha y hora a petición de su apoderado, a quien para entonces ya se le había desconocido tal carácter dentro del juicio; lo que ocurrió con fecha anterior al apersonamiento de **********, ignorando la responsable todos estos antecedentes, como lo refiere en su detallado, para argumentar que los conceptos de agravio a que hace referencia en su considerando tercero resultan insuficientes, cuando son a todas luces notorias las violaciones procesales ocasionadas por el propio juzgador de origen, lo que se traduce en un procedimiento plagado de inconsistencias y fuera de contexto legal que vulnera los derechos de legalidad y seguridad jurídica del quejoso.

Es infundado el concepto de violación.

En efecto, de lo dispuesto por el artículo 1088 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo se desprende que la apelación es el recurso que tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique las resoluciones dictadas en primera instancia y, en su caso, analice las violaciones procesales sostenidas, decretando la reposición del procedimiento, si así procediere.

Por otra parte, de lo dispuesto por el artículo 1097 del mismo cuerpo normativo citado se desprende que la apelación debe interponerse por escrito ante el Juez que pronunció la sentencia o auto, dentro de nueve días si la sentencia fuere definitiva o dentro de seis si fuere interlocutoria o auto que ponga fin al procedimiento; siendo que en el escrito el apelante formulará los agravios que en su concepto le genere la resolución recurrida, expresando en relación con cada uno, cuál es la parte que lo causa, citando el precepto o preceptos legales violados y explicando el concepto por el cual lo fueron y señalará correo electrónico o domicilio en la capital del Estado para recibir notificaciones.(8)

Así, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se obtiene que las violaciones procesales que se hagan valer en juicio o controversias en materia familiar son impugnables a través del recurso de apelación que se promueva en contra de la sentencia definitiva que, analizadas a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, de ser fundadas podrán traer consigo la reposición del procedimiento, si así procediere, es decir, si hubieran trascendido al resultado del fallo.

Lo anterior tiene su razón de ser en que no basta la sola existencia de una violación procesal para que se pueda ordenar la reposición del procedimiento citada, al ser necesario que el agravio que causa hubiera afectado las defensas del quejoso, vulnerando con ello sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso, como lo sostuvo la responsable:

a) El hecho de que por medio del escrito de doce de agosto de dos mil veinte, el apoderado legal de la parte actora hubiera comparecido ante el Juez de primera instancia a señalar domicilio particular de **********, a fin de estar en condiciones de notificarle personalmente sobre el trámite del juicio, y que en forma incongruente a dicho ocurso hubiera recaído el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el que el Juez de primera instancia fijó las catorce horas del catorce de septiembre de dos mil veinte para el desahogo de la audiencia preliminar señalada en el artículo 985 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo; y,

b) El hecho de que al fijar en los autos dictados el diecisiete y dieciocho de agosto del dos mil veintiuno, el día y hora en que tendría verificativo el desahogo de la audiencia preliminar, se hizo mención a una menor de edad, cuando en este asunto no la hay, atendiendo a que ********** alcanzó la mayoría de edad desde el veintisiete de junio de dos mil veinte, por así desprenderse de la certificación de su acta de nacimiento, ubicada a foja siete del expediente de primera instancia, no implican una violación procesal que haya dejado al recurrente en estado de indefensión, ni que hayan trascendido al resultado del fallo definitivo.

Lo anterior porque, como también lo sostuvo la responsable, de las actas mínimas que fueron levantadas con motivo de dicha audiencia, así como de las videograbaciones que contienen los respectivos discos ópticos, ********** tuvo la misma oportunidad procesal que su contraria, por lo que, pese a las mencionadas incongruencias internas, no existe afectación a las defensas del apelante que pudieran trascender al resultado del fallo definitivo; siendo así que, de ordenarse la reposición del procedimiento por las causas señaladas, lejos de obtener un beneficio se atentaría contra el principio de prontitud de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Argumentos que, incluso, no fueron controvertidos por el quejoso, por lo que deben subsistir en sus términos; máxime que este órgano colegiado no advierte algún motivo por el que deba operar la suplencia de la queja deficiente a favor del promovente del amparo.(9)

Además, de los antecedentes procesales del juicio de origen se advierte que:

a) Por auto de siete de agosto de dos mil veinte, el Juez de primera instancia determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante ocurso de cuatro de agosto -señalar día y hora para el desahogo de la audiencia preliminar-, toda vez que si bien el compareciente era mandatario judicial de ********** -quien demandó como representante de su menor hija-; sin embargo, de autos se advertía que dicha hija de nombre **********, a esa fecha ya era mayor de edad, motivo por el que el ocursante no podía gestionar a nombre ella y, en virtud de ello era improcedente su pedimento.

Por ello, ordenó requerir a la actora para que señalara el domicilio de su hija, a fin de estar en condiciones de notificarle del trámite del asunto, toda vez que a la fecha del citado acuerdo ********** era mayor de edad.

b) Por medio del escrito de doce de agosto de dos mil veinte, el apoderado legal de la parte actora compareció ante el Juez de primera instancia a señalar domicilio particular de **********.

c) Mediante escrito de veintisiete de agosto de dos mil veinte, ********** compareció ante el Juez de origen a hacer suyo todo lo actuado hasta ese momento dentro del juicio, es decir, las acciones y prestaciones tramitadas originalmente por su progenitora, y a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales; a lo cual recayó el proveído de uno de septiembre siguiente que acordó de conformidad lo solicitado.

De lo anterior se sigue que, efectivamente, desde que a ********** le fue desconocida la representación legal con la que acudió a juicio, dada la mayoría de edad de su hija, aquélla no volvió a tener participación alguna en el asunto, por propio derecho, y si bien la siguiente actuación fue realizada por conducto de su mandatario judicial, ello ocurrió para dar cumplimiento a lo ordenado, en el sentido de que proporcionaran el domicilio de la acreedora alimentaria para notificarle de la existencia del juicio; siendo que ********** ejerció sus derechos mediante escrito presentado ante el juzgado de primera instancia el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el que hizo suyas las acciones y prestaciones inicialmente tramitadas por su progenitora.

En ese contexto, no puede sostenerse válidamente que las actuaciones citadas hubieran irrogado agravio al inconforme, ya que no se actualiza la violación procesal alegada, en el sentido de que hubiera sido ilegal que la parte actora hubiera señalado domicilio para que se llamara a juicio a la acreedora alimentaria que había adquirido la mayoría de edad, dado que ello ocurrió a fin de atender a un requerimiento del órgano jurisdiccional; máxime si se considera que la comparecencia de la acreedora alimentaria no causó indefensión al ahora inconforme; motivos por los que es infundado el concepto de violación que se analiza.

II. En el segundo motivo de inconformidad, el quejoso aduce que la resolución reclamada vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la Sala responsable, al hacer el estudio del cuarto motivo de agravio estableció que era infundado, porque los documentos exhibidos como fundatorios del incidente de justas causas no reunían las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que condujeran a su eficacia probatoria.

Lo anterior, habida cuenta que quien los expidió no manifestó lo más preciso posible las circunstancias del hecho, ya que sólo expresó de manera clara y detallada el padecimiento, sin que ello cumpliera con las circunstancias de modo.

Determinación que es ilegal porque si bien inicialmente refiere "quien expide los documentos no manifiesta lo más preciso posible las circunstancias del hecho"; sin embargo, posteriormente refiere "sólo expresa de manera clara y detallada el padecimiento"; luego entonces, si quien expidió las documentales expresó de manera clara y detallada el padecimiento, resulta contradictorio que diga que no manifiesta lo más preciso posible las circunstancias del hecho; máxime si se considera que expuso de manera clara y detallada el padecimiento y, con ello, es bastante y suficiente para tener por detallada de manera precisa la circunstancia de modo, que lo es el padecimiento que le imposibilitó para comparecer a la audiencia preliminar.

Es infundado el concepto de violación.

Del contenido de los artículos 1045, 1046 y 1088 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo(10) se infiere –en lo que aquí interesa– lo siguiente:

- Los principios de claridad, precisión y exhaustividad, que se traducen en que las sentencias deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes.

Esto es, por exigencia legal las sentencias, además de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna), también deben serlo en cuanto a resolver la litis tal como quedó formulada (congruencia externa).(11)

- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados.

Por tanto, el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados respecto de la litis objeto de la controversia, en los cuales el recurrente expondrá la parte de la resolución que le irroga agravio, citando el precepto o preceptos legales violados y explicando el por qué de ello, en acatamiento al principio de congruencia.

En el caso, del contenido de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable, al emitir la resolución reclamada, determinó que la constancia y receta médica que fueron allegadas al incidente de justas causas, resultaban insuficientes para justificar la ausencia del ahora quejoso a la continuación de la audiencia preliminar, porque al tratarse de documentos privados, no ratificados por la persona que los extendió, no generan la convicción necesaria sobre la veracidad de su contenido; aunado a que no demostraban las circunstancias de tiempo, modo y lugar del padecimiento que impidió al ahora quejoso a acudir a dicha audiencia.

Lo anterior, porque quien los extendió tenía la obligación de manifestar lo más preciso posible, las circunstancias del hecho sobre el que tuvo conocimiento; siendo que tal documento privado únicamente cumplía con los requisitos de tiempo y lugar, pero no con el de modo, dado que solamente expresó de manera clara y detallada el padecimiento que sufrió **********, que fue atendido por el médico internista **********, el diecinueve de marzo del "año en curso", a las ocho horas con treinta minutos, así como la recomendación de efectuarse estudios de laboratorio y guardar reposo en su casa, pero en ningún momento se puntualizó si ese reposo debía ser absoluto o parcial, lo cual resultaba imprescindible para que con la referida constancia lograra acreditar que la condición médica prescrita realmente imposibilitaba a **********, para presentarse el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas, para la continuación del desahogo de la audiencia preliminar, en la que se le tomaría la muestra de sangre para la práctica de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, siendo necesario ese dato para jurídicamente determinar lo conducente respecto a la procedencia de la justa causa invocada.

Determinación que no adolece de congruencia interna, dado que la ineficacia de los documentos citados no deriva de que hubieran precisado o no el padecimiento sufrido por el ahora inconforme, ya que dicho padecimiento se tuvo por demostrado, es decir, la ineficacia se produjo porque los documentos referidos no establecieron claramente si el reposo que debía guardar el ahora quejoso era absoluto o parcial, determinación que es legal.

Lo anterior, en razón de que la justa causa que debió demostrar el deudor alimentario es la imposibilidad de movilidad o deambulatoria que le impidió acudir a la continuación de la audiencia preliminar donde le tomarían pruebas de sangre, a fin de demostrar si era o no el padre biológico de la actora, y no exclusivamente un descanso o reposo en su domicilio a fin de que el tratamiento médico surtiera sus efectos.

Sin embargo, dicha imposibilidad deambulatoria no fue demostrada con la constancia médica expedida el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno a las ocho horas con treinta minutos, dado que en ella únicamente se establece que al enfermo se le indicó efectuarse estudios de laboratorio, compra de medicina y reposo en su domicilio, pero no se establece por qué motivo el reposo tiene que ser total, ni el tiempo de inmovilidad que debe guardar, es decir, no precisa por qué razón el padecimiento debe ser tratado con la inmovilidad total del paciente y cuantos días.

Lo anterior resultaba imprescindible para que la referida constancia lograra acreditar que la condición médica prescrita realmente imposibilitaba a **********, para presentarse el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno a las doce horas, para la continuación del desahogo de la audiencia preliminar, en la que se le tomaría la muestra de sangre para la práctica de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, siendo necesario ese dato para jurídicamente determinar lo conducente respecto a la procedencia de la justa causa invocada; motivos por los que al respecto es infundado el concepto de violación que se analiza.

III. En el tercer motivo de inconformidad, el quejoso aduce que la resolución reclamada vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la Sala responsable confirmó la sentencia definitiva apelada, teniendo como elemento primordial una prueba que la actora en ningún momento ofreció, a saber, la prueba en genética molecular (ADN) y/o huella digital de ácido desoxirribonucleico.

En efecto, como se advierte de las constancias que obran en el juicio natural, en ningún momento la parte actora ofertó dicho medio de prueba, ya que lo ofrecido por la actora fue la prueba pericial consistente en el examen de la molécula de ácido desoxirribonucleico, misma que oportunamente fue objetada por el actor, siendo así que fue ilegal que el Juez de primera instancia la hubiera relacionado.

Aunado a que fue ilegal que la Sala responsable hubiera establecido que la denominación dada a la prueba referida en su ofrecimiento fue un error ortográfico que no puede tener trascendencia de entender; ello, porque jurídicamente no se debe sujetar al entendimiento, sino a lo legalmente establecido.

Además, en cuestiones de índole químico, por seguridad médica el tecnicismo debe ser empleado de manera correcta, pues cualquier modificación puede ocasionar una alteración médica, en este caso, para las partes por tratarse de una prueba ajena, por lo que no basta –como lo intenta hacer creer la responsable– que se debe basar a como se entiendan los términos por falla ortográfica, sino que debe expresarse y escribirse de manera correcta, para así ser aplicada por los peritos de la materia, por lo que resulta endeble el argumento de la responsable que respecto a la prueba ofertada por la parte actora lo fue bajo los términos de faltas ortográficas, lo que demuestra las violaciones a las garantías de legalidad y seguridad jurídica en mi agravio.

Es infundado el concepto de violación.

En efecto, de lo dispuesto por los artículos 929 y 932 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo se desprende que:

a) Los juicios orales se realizarán con base en los principios de inmediación, publicidad, contradicción, concentración y continuidad.

b) El Juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, tratándose de:

I. Menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, y mujeres embarazadas;

II. Asuntos relativos a alimentos; y,

III. Cuestiones relacionadas con violencia familiar.

c) Respecto de menores de edad, se deberá tomar en cuenta su interés superior.

De lo anterior se sigue que, por disposición normativa expresa, el Juez tiene las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda; además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, tratándose de menores de edad y asuntos relativos a alimentos; además, respecto de menores de edad debe tomar en cuenta su interés superior. En el caso, de las constancias que obran en el expediente del juicio de origen se desprende que:

1. Demanda. **********, en cuanto representante legítima de la entonces menor de edad **********, en la vía ordinaria oral familiar demandó de **********:

a) El reconocimiento legal ante la oficialía del Registro Civil de **********, como su hija biológica.

b) El pago de alimentos de manera retroactiva.

c) El pago de gastos y costas procesales.

A fin de demostrar sus pretensiones, ofreció como pruebas de su parte, entre otras, la prueba pericial consistente en el examen de la molécula de ácido dixorribonucleico (sic) (ADN).

2. Contestación de la demanda. Mediante escrito de diez de agosto de dos mil diecisiete **********, por propio derecho contestó la demanda y, respecto de las pruebas ofrecidas, objetó por improcedente la pericial, argumentando que resulta insuficiente para acreditar el parentesco entre dos personas, porque el estudio del ácido desoxirribonucleico no era el medio idóneo para dicho efecto.

3. Mediante escrito de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, la parte actora del juicio natural desahogó la vista que se le dio con el escrito de contestación de demanda y, en el punto número cuatro estableció que, por lo que se refería a la prueba en genética molecular, corregía el nombre, al ser el correcto ácido desoxirribonucleico y no como lo citó en su escrito de demanda, ello por un error ortográfico; sin embargo, dicho nombre correcto se comprendía de la simple lectura, por ello insistía en el ofrecimiento de dicho medio de convicción. (foja 44)

4. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el Juez de primera instancia tuvo a la actora por contestando oportunamente la vista que se le dio con el escrito de contestación de demanda, en la forma y términos de su escrito, lo que se tomaría en cuenta en el momento procesal oportuno.

5. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Juez de primera instancia admitió la prueba pericial en genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN) ofrecida por la actora.

De lo anterior se sigue que si bien la parte actora al ofrecer la prueba pericial erróneamente la citó como examen de la molécula de ácido dixorribonucleico (sic) (ADN) y, posteriormente, mediante escrito de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, rectificó su denominación estableciendo que se refería a la prueba en genética molecular, cuyo nombre correcto era ácido desoxirribonucleico y no como lo citó en su escrito de demanda por un error ortográfico; sin embargo, dicha circunstancia no trae consigo que hubiera sido ilegalmente admitida por el Juez natural en auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve.

Ello es así, habida cuenta que, como se dejó precisado, el Juez de primera instancia tenía amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho correspondía; además de que a la fecha de presentación de la demanda, ocurrida el veintidós de junio de dos mil diecisiete -en cuyo escrito también debían ser ofrecidas las pruebas respectivas, en términos de lo dispuesto por los artículos 970 y 971 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo-,(12) se dilucidaban derechos de una menor, quien cumplió la mayoría de edad hasta el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; siendo así que por tratarse de un asunto relativo a alimentos, respecto de dicha menor debía tomar en cuenta su interés superior.

En ese contexto, fue legal que el Juez natural hubiera admitido la prueba pericial con su denominación correcta, consistente en el examen de la molécula de ácido desoxirribonucleico.

Asimismo, fue legal que la Sala responsable hubiera establecido que la denominación dada a la prueba referida en su ofrecimiento, fue un error ortográfico que no podía tener la trascendencia de entender que la prueba ofrecida por la actora era inexistente dado que, se reitera, dicho medio de prueba fue admitido legalmente en términos de lo dispuesto por los preceptos citados.

Aunado a que ante el derecho humano de un menor de edad a obtener su identidad y establecer la filiación, la pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN, resulta el medio de convicción idóneo.

Por ende, el juzgador debe suplir la queja en sentido amplio y, al efecto, es su obligación velar oficiosamente por su correcto desahogo, por lo que debe realizar las medidas oportunas para lograr su desahogo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 932, fracción II, del Código Familiar para el Estado de Michoacán; motivos por los que al respecto es infundado el concepto de violación que se analiza.(13)

IV. En el cuarto motivo de inconformidad, el quejoso aduce que la resolución reclamada vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que:

a) La Sala responsable, para fundar la condena al pago de alimentos definitivos, sustentó su determinación en el principio de protección al menor, el cual fue citado por "descuido" ya que para el dictado de la sentencia apelada la acreedora alimentaria había dejado de ser menor de edad.

b) Asimismo, el quejoso expresa que se ocasiona agravio a sus derechos fundamentales, cuando la responsable refiere que el derecho a recibir alimentos derivados del parentesco consanguíneo surge desde el nacimiento de la acreedora alimentaria, por lo que consideró correcta la determinación del Juez primario de condenar a partir del nacimiento.

Determinación que, asevera el quejoso, es ilegal, porque tratándose de juicios que versen sobre reconocimiento de paternidad, la obligación de proporcionar alimentos nace a partir del momento en que se resuelve con base en principios jurídicos, y elementos de prueba suficientes que demuestren que es el padre biológico del accionante; asimismo, siendo la sentencia definitiva el elemento jurídico elemental donde se resuelve, es hasta ese momento en el que el accionado tiene conocimiento de que resulta ser el padre biológico de determinada persona, y que nace su obligación alimentaria; siendo así que el hecho de que se le imponga una sanción basada en una obligación, por el tiempo que desconocía legalmente de ella, es violatoria de la legalidad y seguridad jurídica.

El planteamiento es infundado.

Ello, porque como se dejó precisado, de lo dispuesto por los artículos 929 y 932 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, se desprende que el Juez tiene las más amplias facultades de dirección procesal para decidir, en forma pronta y expedita, lo que en derecho corresponda; además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, tratándose de menores de edad y asuntos relativos a alimentos; aunado a que respecto de menores de edad, debe tomar en cuenta su interés superior.

En el caso, del contenido de la demanda inicial presentada el veintidós de junio de dos mil diecisiete, se desprende que la compareciente reclamó derechos de su menor hija, quien aun cuando cumplió la mayoría de edad, esto último hasta el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; la verdad de las cosas es que la condena impugnada solamente abarcó hasta su minoría de edad.

Consecuentemente, no tuvo trascendencia la adquisición de la mayoría de edad durante el transcurso del juicio.

En ese contexto, es innegable que por tratarse de un asunto relativo a alimentos, respecto de dicha infante, debía tomarse en cuenta su interés superior y, por ende, determinar su derecho a recibir el pago de alimentos, aun supliendo la deficiencia de la queja; sin que, según se mencionó, trascienda el hecho de que en el curso del juicio adquirió la mayoría de edad, ya que la pretensión y los motivos que la sustentan fueron expuestos cuando aún era menor de edad.

Sin que pueda admitirse que la Sala responsable avaló el "descuido" del Juez a quo, consistente en sustentar la condena al pago de alimentos en el principio de protección de una menor, sólo porque al momento de emitirse la sentencia definitiva la acreedora alimentaria había adquirido la mayoría de edad.

Ello, pues al momento del ejercicio de la acción, la acreedora alimentaria aún era menor de edad y, se reitera, la condena al pago de alimentos únicamente abarcó hasta tal minoría.

En relación con los argumentos relativos a que el derecho a recibir alimentos derivados del parentesco consanguíneo no puede surgir desde el nacimiento de la acreedora alimentaria, porque dicha obligación se origina a partir de que se dicta la sentencia definitiva en el juicio de origen, por ser hasta ese momento en que el accionado tiene conocimiento de ser el padre biológico de la persona determinada, motivo por el que, expresa el quejoso, es ilegal que se le imponga una obligación respecto del tiempo en que desconocía legalmente de dicho parentesco; debe precisarse que dicho argumento es infundado.

A fin de contar con un marco de referencia para resolver la cuestión debatida, debe destacarse que en sesión de veintidós de octubre de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió resolución en el amparo directo en revisión 2293/2013, en la que la cuestión a dilucidar fue determinar si atendiendo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo dispuesto por el diverso 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el pago de los alimentos debía retrotraerse al nacimiento de un menor y no a la presentación de la demanda de reconocimiento de paternidad; así como el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de los artículos 18, fracción II y 19, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora,(14) a la luz de los principios del interés superior del menor y de igualdad y no discriminación.

Al respecto, en la parte que interesa se determinó lo siguiente:

"El siguiente paso en el análisis consiste en esclarecer cuál es el origen de la obligación de los padres de ministrar alimentos a sus descendientes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31726-2e04b267/alimentos-retroactivos-la-obligacion-de-proporcionarlos-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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