CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS HECHOS VALER POR CUALQUIERA DE LAS PARTES EN ASUNTOS DE NATURALEZA FAMILIAR. AUN CUANDO DEBA SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ELLO NO IMPLICA QUE PUEDAN DECLARARSE INOPERANTES.
AMPARO EN REVISIÓN 276/2017. 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIA: MARCELA MAGAÑA PÉREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son ineficaces los agravios acorde con las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.
De acuerdo con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio de garantías deberá suplir la deficiencia de la queja en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; con lo cual se especifica claramente la obligación de resolver con conocimiento pleno la controversia familiar que afecta su orden y estabilidad, y no únicamente colocar a los miembros que la componen en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de amparo y sustantiva en su resolución.
De tal manera que en los casos por los cuales dos integrantes de la familia tengan el carácter de quejoso y de tercero interesado, respectivamente, deberá suplirse la deficiencia de la queja, sin que ello implique una asesoría técnica-jurídica en favor de una parte y en detrimento de la otra, sin importar que se esté en presencia de casos entre deudor y acreedor alimentario (entre otros supuestos).
Ahora bien, el que en materia familiar se deba suplir la deficiencia de la queja no implica que no se puedan declarar inoperantes los conceptos de violación o los agravios hechos valer, porque ello no exime al tribunal de hacer un estudio exhaustivo en suplencia de la queja del caso, pero para ello no es necesario plasmar expresamente un análisis oficioso pormenorizado de todos los puntos legales que contenga el acto reclamado, sino sólo de aquellos que van a llevar a la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior, tal como lo prevé el artículo 79, fracción VII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
Al respecto, cabe citar el criterio número VII.2o.C.41 K (10a.), que ha sustentado este órgano colegiado, de registro digital: 2013751, cuyos título, subtítulo y texto son los siguientes:
" Si bien en materia familiar debe suplirse la deficiencia de la queja, ello no implica que puedan declararse inoperantes los conceptos de violación o los agravios hechos valer por cualquiera de las partes, porque esto no exime al tribunal de hacer un estudio exhaustivo en suplencia de la queja del caso, pero para eso no es necesario plasmar expresamente un análisis oficioso pormenorizado de todos los puntos legales que contenga el acto reclamado, sino sólo de aquellos que van a llevar a la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, lo anterior, como lo prevé el artículo 79, fracción VII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo."
De tal manera, este órgano colegiado -atendiendo a la prerrogativa referida- estima que en el presente caso es constitucionalmente válido el acto reclamado, sin que se advierta punto que contravenga la esfera de la impetrante del amparo, en atención a lo siguiente.
Del análisis del escrito de agravios se advierte que, por una parte, aduce que el Juez de Distrito no advirtió que el Juez de origen pasó por alto de una forma negligente la audiencia prevista en el artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, desahogada el catorce de octubre de dos mil dieciséis, donde la actora confesó expresamente que es **********, último grado de estudios, **********; y no analizó los conceptos de violación del escrito de demanda, los cuales solicita se tengan por reproducidos.
Argumento que resulta ineficaz, pues al contrastar lo aducido por la recurrente con lo considerado y resuelto por el Juez de Distrito, se advierte que no formula algún motivo de inconformidad tendiente a combatir, aunque sea de manera mínima, las razones que le sirvieron de fundamento y motivo para negar al quejoso el amparo solicitado.
Ello es así, pues el Juez de Distrito sí analizó lo relativo al concepto de violación donde el impetrante hizo valer que el catorce de octubre del año dos mil dieciséis, se celebró la audiencia prevista en el aludido artículo, y que de tal audiencia se obtuvo que la madre de la diversa acreedora alimentaria, reconoció tener un ********** (además de que vivía en casa del demandado, el cual dijo en dicha audiencia que había sido obtenida tal vivienda a través de un crédito concedido por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores -Infonavit-), lo que debió ser ponderado pues, lo contrario, es lesivo a sus derechos fundamentales.
Pero sobre esto, el Juez de Distrito citó el criterio VII.1o.C. J/21, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", y consideró que el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado impone la obligación al Juez del procedimiento de recibir y valorar las pruebas documentales que se acompañen al escrito en el cual se interponga el recurso de reclamación; esto es, restringe la posibilidad de valorar en esa interlocutoria diversos medios de convicción que no fueran exhibidos con la demanda inicial, la contestación -y la reclamación-, así como al momento de desahogar la vista respectiva, particularmente aquellos que requieran especial preparación.
Que, por ello, era incorrecta la afirmación del quejoso al pretender que la responsable diera valor probatorio a lo declarado por la tercero interesada en la audiencia referida, puesto que esas manifestaciones no son prueba documental que se pueda recibir y valorar dentro del medio de defensa intentado contra la medida alimenticia provisional, dado que éste se trata de un procedimiento sumario que debe resolverse únicamente con las documentales citadas, al constreñirse su estudio al análisis de proporcionalidad de la pensión, sin que se pueda ocupar de cuestión diversa, especialmente si con ello se pretende acreditar o desacreditar alguna cuestión que constituya materia de análisis de la sentencia que dirima el fondo del asunto.
En tales condiciones, lo alegado por la recurrente deviene ineficaz, dado que ninguna relación tiene con lo considerado por el Juez de Distrito que es la materia de este recurso de revisión; ni ello se cumple sólo con el extremo de señalar que se tienen por reproducidos los conceptos de violación que hizo valer.
Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital: 166031, cuyos rubro y texto son:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.-Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado."
Asimismo, es ineficaz el agravio relativo a que se violentan los artículos 330, 333 y 336 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado; 234, 242 y 243 del Código Civil, en relación con los artículos 1o., 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el juzgador de primer grado debió analizar la capacidad económica de cada uno de los deudores alimentarios; que en el asunto de origen son dos los deudores alimentarios y debió dividir el importe de la obligación para así dictar una resolución fundada y motivada, con base en la equidad en el parámetro aritmético de cada parte.
Ahora bien, la calificativa establecida a este agravio, deviene en que está dirigido a atacar el actuar de la autoridad responsable, lo cual no es materia de estudio en el recurso de revisión; ya que no tiene por objeto analizar el acto reclamado, sino el proceder del Juez de Distrito en la sentencia o resolución dictada en el juicio de amparo.
Lo anterior, conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo que, en lo que interesa, señala:
"Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. ..."
Así, del artículo transcrito se pone de manifiesto que la parte a quien perjudica la resolución recurrida -la sentencia del Juez Federal- tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes.
En otras palabras, en el recurso de revisión, la materia de la segunda instancia se ciñe exclusivamente al estudio integral de la sentencia del Juez de Distrito, en vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes, que indefectiblemente deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones lógico-jurídicos contenidos en la sentencia que se recurre y no pueden ni deben comprender cuestiones diversas de su materia.
Cabe citar, por su contenido, la tesis aislada III.3o.C.27 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que en lo conducente se comparte, de registro digital: 223344, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"AGRAVIO. DEBE IR DIRIGIDO SIMPLEMENTE A IMPUGNAR LOS RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO AL ACTO RECLAMADO.-Lo que expone el revisionista acerca de la multa que le fue impuesta (que no se encuentra fundada ni motivada, que no era merecedor de ella por no haber actuado de mala fe, etcétera) técnicamente constituye un concepto de violación dado que se encuentra encaminado a atacar el acto reclamado, mas no un agravio, puesto que éste debe ser dirigido a impugnar simplemente los razonamientos vertidos en la sentencia recurrida."
Además, el tema que se analiza en este agravio, fue atendido por el Juez de Distrito al extraer como concepto de violación que el impetrante hacía valer que la pensión alimenticia debía modificarse en razón de que la progenitora de la hija de ambos, tiene posibilidades, lo cual, consideró infundado, en razón de que durante la secuela procesal relativa al recurso de reclamación, no se probó que la madre de la diversa acreedora alimentaria percibiera un ingreso (sobre lo que también ya se pronunció este Tribunal Colegiado en párrafos que anteceden), pero que, independientemente de ello, el hecho de que a uno de los padres se imponga una carga procesal de proporcionar alimentos en determinado porcentaje de su salario, en favor de su hija acreedora, no revela discriminación por razón de género, ni se viola el principio de igualdad, pues si ésta se encuentra incorporada al hogar de la madre, esa circunstancia denota que la madre está cumpliendo con esa obligación a que se refiere el artículo 240 del Código Civil del Estado, ya que tiene la guarda y custodia de la (entonces) menor, la vigila, la lleva a la escuela, la auxilia en sus labores diarias, se encarga del orden del domicilio en donde vive; además que los artículos 240 y 243 de dicho código tienen dos reglas, una relativa a la forma de cumplir la obligación alimentaria, y la otra relacionada para el caso de ser varios obligados, dicha obligación debe dividirse en forma proporcional a sus posibilidades.
En razón de lo anterior, estimó que la progenitora está obligada a dar alimentos a la hija de ambos, pero tal obligación debe tenerse por satisfecha, al tenerla incorporada en su domicilio, al ser una forma expresamente permitida por la ley; y que con perspectiva de género, debe considerarse como parte del cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de la progenitora de la menor, todos aquellos actos que despliegue sobre su guarda y custodia pues, de esa manera, se satisfacen las necesidades de aquélla, aun cuando no se traduzcan en un beneficio económico; apoyándose en el criterio I.8o.C.53 C, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "ALIMENTOS. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO CIVIL LA MUJER CUMPLE CON EL DEBER DE CONTRIBUIR CON EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR CUIDANDO DE ÉL."
Lo que tampoco ataca en sus agravios; por lo que también se tiene aquí por reproducida la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ya haber sido transcrita en párrafos que anteceden.
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Colegiado considera que no existe queja deficiente que suplir, conforme a lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo; y, por ende, ante lo ineficaz de los agravios resulta procedente confirmar la sentencia recurrida en la que se negó la protección constitucional solicitada.
Cabe destacar que este órgano colegiado sostuvo un criterio similar en torno a la ineficacia de los motivos de inconformidad, al resolver -por unanimidad de votos- los amparos en revisión 340/2016, 471/2016 y 113/2017, en sesiones de diez de febrero, cuatro de mayo y trece de julio de dos mil diecisiete, así como el amparo directo 616/2016, en sesión de diecinueve de enero de ese mismo año.
QUINTO.-Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo -además- en el artículo 92 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado,
RESUELVE QUE:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto y autoridad señalados en el antecedente primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; anótese con testimonio de la presente sentencia, remítanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados Ezequiel Neri Osorio, Isidro Pedro Alcántara Valdés y José Manuel De Alba De Alba, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción VI, 7, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis aisladas y de jurisprudencia VII.2o.C.41 K (10a.), VII.1o.C. J/21, 2a./J. 188/2009, III.3o.C.27 K y I.8o.C.53 C citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, página 2177; en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, noviembre de 2005, página 775; y XXX, noviembre de 2009, página 424; en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 107, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 625, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27600-46eda4d1/conceptos-de-violacion-o-agravios-hechos-valer-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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