SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LA APELACIÓN. TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON DERECHOS DE MENORES O INCAPACES, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE ANALIZAR TODOS LOS ASPECTOS LITIGIOSOS, AUNQUE NO SEAN MATERIA DE AGRAVIO, Y RAZONAR SU DECISIÓN SIN LIMITARSE A MANIFESTAR SU ACUERDO CON EL JUEZ NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
AMPARO DIRECTO 1550/2011. 30 DE MARZO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MA. ÁLVARO NAVARRO. SECRETARIA: SANDRA WALKYRIA AYALA JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación transcritos son inoperantes en una parte e infundados en otra.
El Magistrado responsable sostuvo que si bien es cierto que el artículo 261, fracción VIII, del Código Civil del Estado, no señala expresamente como requisito para que prospere la disolución del vínculo matrimonial, que exista la obligación del consorte abandonado de permanecer en el domicilio conyugal; de una interpretación funcional y no literal de ese numeral, sí debe satisfacerse, por regla general, ese requisito para declarar exitoso un reclamo de esa naturaleza, salvo casos excepcionales.
Que es así, porque acorde con la tesis que invocó la Juez primigenia del rubro: "DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL COMO CAUSA DE. REQUISITOS. (ESTADO DE MÉXICO).", uno de sus elementos es la existencia de la casa conyugal, la cual debe subsistir por el periodo de seis meses que contempla el precepto legal, lo cual obedece a que si el consorte abandonante decidiera regresar a la vivienda, pueda hacerlo para continuar con la vida en común bajo el mismo techo; que la consecuencia de la inexistencia de ese domicilio consiste en que dicho lapso sea interrumpido y no se completen los seis meses de mérito, por lo cual no se actualiza el motivo de ruptura matrimonial, volviéndose a iniciar ese plazo a partir de que el hogar sea restablecido o se esté en condiciones de hacer vida en común en él. Y concluyó, señalando que si la juzgadora invocó la tesis del rubro: "DIVORCIO, ABANDONO DE HOGAR COMO CAUSAL DE. REQUISITO QUE EL DOMICILIO SUBSISTA POR UN AÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", se debió a que en ese criterio se interpretó un precepto idéntico al contenido del artículo 261, fracción VIII, del Código Civil del Estado y que la función interpretativa consiste en explicar el sentido del dispositivo legal y poner de manifiesto el pensamiento del legislador, como lo prevé el artículo 14 constitucional, al señalar que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, siendo válida ésta mientras la norma esté vigente.
Para combatir estas consideraciones, el quejoso aduce en una parte de sus conceptos de violación, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la demandada en su escrito de contestación sostuvo que efectivamente se salió del hogar conyugal, derivado del carácter irascible del actor y porque él sostenía otra relación amorosa; que esa confesión judicial hace prueba plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 520 y 521 del Código de Procedimientos Civiles por lo que estima se actualiza la causal invocada; que además, de conformidad con la tesis del rubro: "DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL COMO CAUSAL DE.", para la procedencia del divorcio por la causal invocada, sólo es necesario acreditar los siguientes elementos: la existencia del matrimonio y del domicilio conyugal, así como la separación injustificada del cónyuge demandado por más de seis meses consecutivos, sin que se señale que el cónyuge inocente debe conservar o habitar el domicilio conyugal; que además es ilógico que tenga que esperar más de seis meses en el domicilio para ver si regresa el otro a reincorporarse al mismo; que al respecto es aplicable la tesis del rubro: "DIVORCIO, ABANDONO INJUSTIFICADO DEL HOGAR POR EL ESPOSO. LA CÓNYUGE NO ESTÁ OBLIGADA A LA SUBSISTENCIA EN LA MORADA."
Alegaciones que son inoperantes porque el promotor del amparo se limita a hacer manifestaciones genéricas e incluso a reiterar lo aducido en sus agravios de apelación, sin combatir las consideraciones en que se apoyó el Magistrado responsable, para desestimar los agravios que vertió en torno a ese tema; a saber, que de una interpretación funcional y no literal del artículo 261, fracción VIII, del Código Civil se advierte la necesidad de la permanencia del hogar conyugal, por el periodo de los seis meses que la norma contempla, porque sólo de esa manera el consorte abandonante, si decide regresar, podrá hacerlo para continuar con la vida en común bajo el mismo techo y que la consecuencia de la inexistencia de ese domicilio, es que dicho lapso sea interrumpido y que no se completen los seis meses a que se refiere el precepto legal; que la tesis invocada por la responsable es una interpretación del numeral 261 que es esencialmente idéntico al analizado en ese criterio.
Por tanto, estas consideraciones no combatidas conservan su eficacia legal para seguir rigiendo el sentido del fallo reclamado en la parte que se analiza, de conformidad con la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Registro: 922466
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Apéndice (actualización 2002)
"Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN,
"Materia(s): Común
"Tesis: 8
"Página: 12
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
El promotor del amparo agrega, en la otra parte de sus conceptos de violación, que se violan los preceptos constitucionales citados con anterioridad, porque el Magistrado responsable no analizó que se transgrede el principio de proporcionalidad, toda vez que se fijó por concepto de pago de alimentos, la suma de cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos con cincuenta centavos, a pesar de que él percibe un sueldo mensual de cinco mil pesos; que por lo anterior estima que no se cumple con el principio de proporcionalidad a que se refiere el artículo 454, fracción III, del Código Familiar, pues de una simple operación aritmética de sus ingresos mensuales, menos la cantidad que se le condenó a pagar por concepto de pensión, le queda la cantidad de setecientos cuarenta y siete pesos con cincuenta centavos mensuales para poder solventar sus necesidades alimentarias, vestido etcétera; por lo que considera que la cantidad fijada no se ajusta a la capacidad económica del quejoso, lo que hizo saber al Magistrado responsable.
En lo que no le asiste razón, habida cuenta que contrario a lo que refiere, el Magistrado responsable sí analizó lo relativo al principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, pues sostuvo que el inconforme se equivocaba al sostener que se violó tal principio, al no establecerse un equilibrio entre sus recursos y las necesidades de la acreedora, toda vez que la Juez de primer grado sí tomó en cuenta, tanto las necesidades de su menor hija, como es su minoría de edad (nueve años) y la capacidad económica del recurrente, pues sostuvo que, además, de los oficios consistentes en los informes enviados por el director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y la jefa de Ingresos y Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, donde se hizo mención del inmueble que el inconforme tiene en copropiedad con otras personas, así como los tres vehículos que aparecen a su nombre en dichas dependencias, debía atenderse a las diversas constancias (algunas de las cuales se allegó al no contar con pruebas suficientes para fijar la pensión), y que fueron las siguientes:
1. El oficio suscrito por el administrador local de Servicios al Contribuyente, en el que declaró por concepto de ingresos acumulables a través de la rendición del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal dos mil seis, la cantidad de diecinueve mil seiscientos treinta pesos.
2. El comunicado relativo a la cuenta bancaria tipo Premier, número **********, que se registra a su nombre en HSBC, México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en la que tiene un saldo a favor de nueve mil novecientos cincuenta y cuatro pesos con cincuenta y un centavos; así como la inversión a la vista PF, número ********** de la misma institución, con un saldo a favor de ochenta y un pesos, con noventa y un centavos.
3. La existencia de la tarjeta de crédito de Costco "Banamex", número **********, con un saldo deudor.
4. El poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial, que otorgó el recurrente, donde indicó que es ingeniero civil;
5. Y las manifestaciones que el promotor del amparo hizo a la trabajadora social, donde sostuvo que su percepción era de cinco mil pesos; que aun percibiendo ese salario, otorgaba a la menor, por concepto de pensión alimenticia, la suma de mil pesos; que semanalmente surtía su despensa, erogando en promedio mil o mil doscientos pesos, lo que en criterio de la Juez arrojaba una cantidad de cuatro mil pesos; que, además, la apoyaba con ropa y calzado que fuera necesitando y erogaba ciento sesenta pesos en gasolina para su traslado, lo cual representó un sustento mensual de cuatro mil ochocientos pesos.
Atendiendo a ello, el Magistrado responsable concluyó que si la pensión alimenticia que fijó la juzgadora, la integró, de acuerdo con la versión que dio el mismo quejoso; la alegación relativa a la violación del principio de proporcionalidad en materia de alimentos resultaba infundada.
Y lo anterior pone de manifiesto que el Magistrado responsable sí analizó lo relativo al principio de proporcionalidad a que se refiere el quejoso y que no sólo tomó en cuenta la manifestación que él hizo de que percibía cinco mil pesos mensuales, sino además las cantidades que dijo erogar, motu proprio, por concepto de ropa, despensa y calzado, cuyos conceptos quedan comprendidos en los alimentos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 453, fracción I, del Código Familiar que establece: "Los alimentos comprenden: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto."
Debiendo señalarse que este tribunal considera ajustada a derecho la cantidad que por concepto de alimentos se fijó, al ser acorde con las pruebas que obran en autos y de las que hizo mención la responsable.
Por otra parte, de la sentencia reclamada se advierte que el Magistrado responsable omitió analizar la consideración vertida por la Juez de primera instancia en lo relativo a la patria potestad de la menor, su custodia y a la convivencia de ésta con el accionante; a pesar de que estaba obligado a hacerlo, al estar de por medio dichos intereses y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que en todas las medidas concernientes a los niños y niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, considerarán primordialmente que se atienda al interés superior del niño; así como a lo dispuesto por el artículo 682 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que dispone: "El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de apelación revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. No obstante lo dispuesto anteriormente, en los procedimientos relacionados con derechos de incapaces, se suplirá la deficiencia de la queja.". Siendo aplicable al respecto, la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, cuyos datos de localización y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Registro: 162975
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXIII, enero de 2011
"Materia(s): Civil
"Tesis: XI.C.33 C
"Página: 3310
" El artículo 682 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de alzada revoque o modifique la resolución contra la que se interponga ‘en los puntos relativos a los agravios expresados’, pero no obstante ello ‘en los procedimientos relacionados con los derechos de menores o incapaces se suplirá la deficiencia de la queja’. Lo anterior debe interpretarse en el sentido de que el tribunal de apelación, a fin de cumplir con esa obligación de suplir la deficiencia de la queja en tales procedimientos, debe analizar exhaustivamente todos los aspectos litigiosos, inclusive aquellos sobre los que el Juez natural se hubiere pronunciado, aunque no sean materia de los agravios, a fin de dejar claro si la determinación correspondiente es o no correcta, y no limitarse a manifestar que está de acuerdo con lo resuelto por el juzgador natural, que converge con él, o alguna expresión análoga, es decir, debe hacer un estudio propio de la cuestión de que se trate para concluir si es o no correcta y dar las razones de su decisión."
Sin embargo, sería ocioso conceder el amparo para tal fin, porque desde ahora se advierte que las consideraciones que hizo la juzgadora a ese respecto son correctas.
En la sentencia de primer grado se determinó que ambas partes continuarían ejerciendo la patria potestad sobre la menor **********.
Por su parte, el artículo 418 del Código Familiar, vigente en la fecha en que inició el juicio, establece:
"Artículo 418. La patria potestad se pierde:
"I. Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o cuando es condenado dos o más veces por delitos graves;
"II. En los casos de divorcio teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 268;
"III. Cuando las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudieran comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal;
"IV. Por la excepción que el padre o la madre hagan de sus hijos, o porque los dejen abandonados por más de noventa días, siempre que ello pueda comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos;
"V. Por incumplimiento de la obligación alimentaria por más de noventa días, sin causa justificada; y,
"VI. Por cometer conductas de violencia familiar en contra de quien se ejerce la patria potestad; para los efectos de esta fracción se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el artículo 308 de este código."
Empero, de las constancias que obran en autos, no se advierte que se haya actualizado alguna de las hipótesis previstas en este numeral por parte de alguno de sus progenitores, por lo que es correcto que ambos sigan ejerciendo la patria potestad sobre la infante.
Por otro lado, la Juez de primera instancia determinó que la guarda y custodia de la menor quedaría a cargo de su madre, **********; y este tribunal converge con tal determinación, habida cuenta que no existen medios de convicción que acrediten que con ello se ponga en peligro su sano desarrollo e integridad, por el contrario, se advierte que ha vivido con ella desde que nació y, además, por la edad que tiene, que a la fecha es de doce años, es benéfico y necesario que continúe con ella pues necesita de su atención y orientación en esta etapa de la adolescencia en que se presentan cambios físicos y emocionales y quien mejor que su madre para estar bajo su cuidado; aunado a que con tal determinación, no se alterará su entorno familiar y social al que ha estado acostumbrada.
Finalmente, en torno a la convivencia de la menor con su padre, el Juez de primera instancia determinó:
"... la niña **********, durante su comparecencia ante este tribunal en fecha 1o. uno de junio del presente año, manifestó lo que se transcribe a continuación: ‘... tengo 9 nueve años de edad, voy en tercero de primaria, en la primaria Kipling, me lleva a la escuela mi mamá, mi casa está cerca de donde vivo, yo vivo en la calle ********** esquina con **********, no sé la colonia, ni el número, pero mi escuela está por casa de gobierno, yo vivo en mi casa con mi mamá y una perra que se llama princesa en esa casa nos acabamos de cambiar hace tres meses, estoy a gusto viviendo en esa casa, está bonito, está tranquilo, tengo amiguitos de la escuela y los que he conocido en la colonia, veo a mi papá seguido los sábados y él va por mí a mi casa, va por mí a las tres de la tarde y me regresa a las siete de la noche, el domingo no lo veo y entre semana no lo veo porque tengo escuela, los viernes tengo ajedrez y salgo a las tres; entre semana él me habla por teléfono o yo le hablo, a veces él me lleva al cine a Maqui Mac, me lleva a patinar en hielo, me divierto mucho con mi papá; me gustaría una hora más con él para seguir divirtiéndome, mi papá es ingeniero, los domingos quiero descansar y jugar con mis amigos, voy a la casa de la abuela y juego con mis primos; con mi mamá me llevo bien, siempre salimos a pasear en el fraccionamiento con mi perra; mi papá me da dinero de vez en cuando, él me lleva juguetes cuando es mi cumpleaños o cuando son días festivos; sé que mi papá le depositaba a mi mamá mil quinientos pesos, pero ya desde febrero no le da dinero, lo sé porque le pregunté a mi papá no me acuerdo bien a quién y me dijeron que desde febrero ya no le da dinero; mi mamá trabaja en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ahí trabaja, ella me recoge, sale a las 2:00 p.m. de trabajar y regresa a las 4:00 p.m., a veces me voy con ella al trabajo u otras veces me deja en la casa, le pone llave a la puerta para que no me vayan a robar; a la familia de mi papá no la veo seguido, sólo cuando hay comidas, me llevo bien con ellos, me tratan bien’; opinión que debe tomarse en consideración dentro del juicio que nos ocupa, como testimonio singular realizado por la menor hija de las partes de este litigio y que adminiculado además con la participación realizada por la señora **********, en dicha audiencia, en el siguiente sentido: ‘Yo estoy de acuerdo que el papá de mi hija siga viéndola los días sábados o los días que él pueda ...’; porque fundan dentro del mismo, presunción humana, ello de conformidad con los numerales 367, fracción VII, 505, 507 y 552 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable en relación con los artículos 745 y 870, fracción VII, del Código Familiar, resultando del todo suficientes para que este tribunal familiar decreta la convivencia entre el señor ********** y su menor hija **********, de la siguiente forma: Los sábados, de las 15:00 quince a las 20:00 veinte horas, cada ocho días, debiendo pasar por ella al domicilio en que habita en compañía de su madre **********, ubicado en la calle **********, fraccionamiento **********, de esta ciudad, y regresarla al citado domicilio, una vez concluida la convivencia el mismo sábado a las 20:00 veinte horas; debiendo regir los mismos términos por cuanto ve a los periodos vacacionales, en el entendido de que de autos se advierte, la menor hija de las partes de este juicio, **********, no pernocta con su papá y, por ende, no puede determinarse una convivencia estricta y rígida entre ambos en periodos vacacionales, puesto que, bajo el prudente arbitrio de la que ahora resuelve, ello conllevaría a ocasionar un desequilibrio en la forma en que ellos llevan a cabo su convivencia, advirtiéndose además que fue la propia menor **********, quien durante su participación el 1o. uno de junio de 2010 dos mil diez, expresó su conformidad con la manera en que se ha venido dando la convivencia con su papá, con la salvedad de que, lo anterior, por el momento debe imperar, hasta en tanto sea la propia menor quien decida en todo caso ampliar la convivencia con su progenitor, los días domingos, o bien, en periodos vacacionales, sin que lo anterior deba ser motivo de conflicto entre sus padres, puesto que al ser ellos las personas más interesadas en su bienestar, se encuentran obligados a satisfacer las necesidades de asistencia y afectivas de su descendiente, para con ello, contribuir al fortalecimiento de su personalidad y carácter; entendiéndose que dicha convivencia surtirá efectos a partir de que la presente sentencia cause ejecutoria; en lo tocante a los días festivos e inhábiles, que surjan en el año, así como a la fecha de cumpleaños de la citada menor, día del padre y la madre, este tribunal propone que la convivencia se lleve a cabo previo acuerdo que se logre entre los padres de la niña, a quienes debe recordarse que la convivencia deberá guardar un justo equilibrio para ambos. Proponiéndose incluso que pueda llevarse a cabo de forma alternada, es decir, empezando a convivir con su papá **********, una vez que se declare firme el presente fallo, el primer día de asueto, tocándole a su mamá el siguiente y así sucesivamente; corriendo la misma suerte, el día del cumpleaños de la citada menor ..."
Lo cual se estima ajustado a derecho, pues se advierte que la Juez de primera instancia cuidó que la convivencia del quejoso con la menor, se dé más frecuentemente, de acuerdo con la manifestación que ésta última vertió en su comparecencia ante el juzgado de origen, por lo que se considera que de esta manera se propiciarán las condiciones necesarias que permitan a la infante un adecuado desarrollo psicológico y emocional, fomentándose la unión que debe existir entre ambos, lo cual será benéfico para la correcta formación de la niña.
En consecuencia, lo procedente es negar al quejoso el amparo que solicita; negativa que se hace extensiva a su ejecución por no impugnarse por vicios propios.
En atención al Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se asienta que este expediente no guarda relevancia documental, porque el sentido de las resoluciones adoptadas en el mismo no tienen excepcional trascendencia jurídica, política, social o económica.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclama al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil once, dictada dentro del toca de apelación I-243/2011; y su ejecución, que reclama a la Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad.
Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, José Ma. Álvaro Navarro, Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo y Óscar Naranjo Ahumada.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23778-d0d69fab/suplencia-de-la-queja-en-la-apelacion-tratandose · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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