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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 161/2016. · Registro digital (IUS): 26649
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-09-09
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2829.

AMPARO DIRECTO 161/2016. 2 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. PONENTE: FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA. SECRETARIA: MIRIAM SUÁREZ PADILLA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación del quejoso resultan fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada.

Del análisis de las alegaciones hechas valer en vía de conceptos de violación por parte del quejoso, sustancialmente, sostiene que la Sala aplicó incorrectamente los artículos 4.138 y 4.139 del Código Civil del Estado de México, al imponer al quejoso el 27% (veintisiete por ciento) de pensión alimenticia, vulnerando así el principio de proporcionalidad al ser desigual, sin tomar en consideración que la progenitora también tiene medios, incluso, mayores al quejoso para cumplir con la obligación alimenticia; lo que trae como consecuencia que con el remanente de ********** que le queda, difícilmente se puedan satisfacer sus necesidades extraordinarias, así como aquellos gastos que genera el hecho de visitar a su hija, comprarle un helado, llevarla al cine, comprarle ropa y calzado, llevarla a un parque o de vacaciones, festejarle su cumpleaños o darle un regalo el día de reyes.

Esos argumentos resultan fundados.

Por cuestión de método y para facilitar la comprensión del estudio que efectuará este Tribunal Colegiado de Circuito, se expondrán diversos temas que se identificarán mediante un apartado y subtítulo correspondiente.

I. Estricto derecho.

De inicio, este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los motivos de inconformidad del quejoso se analizarán de acuerdo al principio de estricto derecho, el cual obliga al juzgador a limitar su estudio, teniendo como límite lo expuesto en los conceptos de violación, pues es mayor de edad; salvo que este órgano jurisdiccional al efectuar el estudio correspondiente advierta que exista en su contra una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, o se encuentre en un supuesto de pobreza o marginación, en términos de las fracciones VI y VII del artículo 79 de la Ley de Amparo.

Apoya lo anterior, por analogía, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto:

"ALIMENTOS. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTISTA O ACREEDOR ALIMENTARIO MAYOR DE EDAD CON CAPACIDAD JURÍDICA, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIONES I O VI, DE LA LEY DE AMPARO.-Cuando el juicio de amparo derive de una controversia civil de alimentos y el quejoso sea el deudor alimentista o acreedor alimentario, mayor de edad y no se encuentre acreditado que padezca alguna incapacidad jurídica; de acuerdo con la fracción V del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, el estudio de los motivos de inconformidad debe realizarse de acuerdo con el principio de estricto derecho, el cual obliga al juzgador a limitar su estudio, teniendo como límite lo expuesto, ya sea en los conceptos de violación o en los agravios, sin ir más allá, esto es, el Juez habrá de circunscribirse a la litis planteada, sin poder manifestar de propia iniciativa algún vicio que se advierta, sino en virtud de que así se haya hecho valer a través del razonamiento respectivo, salvo cuando se actualice alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en las fracciones I o VI del numeral citado, esto es, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o se advierta que ha habido en su contra una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Por las razones expuestas, este órgano jurisdiccional se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia XX.2o. J/25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2353."(9)

II. Suplencia de la queja e interés superior de los menores.

Este órgano colegiado determina que, en la especie, debe suplirse la deficiencia de la queja en beneficio de la menor **********, toda vez que la ilegalidad de la sentencia trasciende en su esfera jurídica, y el hecho de que un acto afecte sus derechos, obliga al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia en su beneficio.

Además, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

"Artículo 4o. ...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.-Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.-El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. ..."

La norma de mérito establece con claridad que en todas las decisiones y actuaciones del Estado debe velarse y cumplir con el principio del interés superior de los niños y niñas, garantizando sus derechos, sobre la base de que tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en la inteligencia de que también servirá ese principio como guía en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Luego, se desprende que nuestro Texto Constitucional ya reconoce como eje rector de las decisiones del Estado en que se discuta un derecho de los niños y las niñas, de atender a ese interés superior, y servirá para decidir cualquier controversia en la definición del ejercicio de sus derechos o de incompatibilidad entre ellos.

Así lo ha dicho la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXIII/2012 (10a.), de rubro y texto siguientes:

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. El interés invocado tiene la dimensión de ser una pauta interpretativa, aplicable para resolver aquellos contextos en los que se produzcan situaciones que hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos para un mismo niño. En estos casos, es el interés superior del menor, utilizado como pauta interpretativa, el que permite relativizar ciertos derechos frente a aquellos que constituyen el denominado ‘núcleo duro’, para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos que se consideran forman parte de ese núcleo dentro del sistema normativo, y con ello otorgar una protección integral al menor."(10)

Ahora bien, aunque nuestro Texto Constitucional reconoce expresamente los derechos humanos de las niñas y los niños relativos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, de conformidad con lo previsto por el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, debe considerarse que su núcleo se extiende a otros derechos tutelados en tratados internacionales sobre derechos humanos.

También es pertinente dejar asentado que nuestro país es parte integrante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año, de la cual cabe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 27, el cual establece:

"Artículo 27.

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

"2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

"3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

"4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados."

En ese orden de ideas con las disposiciones de los preceptos jurídicos nacional e internacional transcritos, cabe señalar que debe entenderse como interés superior del menor el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.5o.C. J/16, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.-Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social."(11)

A efecto de cumplir con los derechos de los menores, específicamente el derecho que tienen a los alimentos, procederemos a analizar el tema de proporcionalidad de alimentos.

Proporcionalidad de alimentos.

Los artículos 4.130, 4.135 y 4.138 del Código Civil vigente en el Estado de México a partir del veintidós de junio de dos mil dos, disponen:

"Artículo 4.130. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más próximos."

"Artículo 4.135. Los alimentos comprenden todo lo que sea necesario para el sustento, habitación, vestido y atención médica y hospitalaria. Tratándose de menores y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista. Respecto de los descendientes los alimentos incluyen también proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales."

"Artículo 4.138. Los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor alimentario y de las necesidades de quien deba recibirlos.

"Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, el Juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año, la cantidad correspondiente no podrá ser inferior a un salario mínimo diario.

"Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de manera proporcional a las modificaciones de los ingresos del deudor alimentario. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente."

De los preceptos transcritos se desprende que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos; además, los alimentos comprenden todo lo que sea necesario para el sustento, habitación, vestido, atención médica y hospitalaria y cuando los hijos son menores, los alimentos comprenden también los gastos necesarios para su educación primaria y secundaria y el proporcionarles algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.

Asimismo, es importante destacar que si los alimentos se determinan a través de un convenio o sentencia, entonces tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en la zona de que se trate, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, en cuyo caso el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor.

En otro sentido, respecto a la naturaleza jurídica de los alimentos, cabe precisarse que por alimentos se entiende como todas aquellas asistencias que por determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para su sustento y sobrevivencia.(12)

Asimismo, debe precisarse que la obligación alimentaria debe entenderse como la prestación generada por el parentesco e incluso por el matrimonio, de ayudar al pariente o al cónyuge en estado de necesidad, proporcionándole alimentos para su subsistencia.

Las únicas fuentes de la obligación alimentaria son el matrimonio y el parentesco.

Los sujetos de dicha obligación son el acreedor, que es la persona facultada para exigir que se le cubran los alimentos y el deudor, que es la persona obligada a proporcionarlos.

Las características específicas de la obligación alimentaria son: que es recíproca, proporcional, a prorrata, subsidiaria, imprescriptible, irrenunciable, intransigible, incompensable e inembargable.

• Es recíproca, puesto que el obligado a darla tiene a su vez el derecho de exigirla. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 4.127 del Código Civil vigente en el Estado de México.

• Es proporcional, porque los alimentos deben atender a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe. Este principio produce varias consecuencias, a saber: torna revisable la pensión alimenticia en todo momento, siempre que varíen las circunstancias relativas a la posibilidad del deudor de otorgarla y a la necesidad del acreedor de recibirla, lo que implica que lo determinado con relación a una pensión alimenticia nunca puede causar estado y siempre estará latente la posibilidad de plantear y analizar la procedencia de aumentarla o disminuirla, esto sin perjuicio de la variación que el Código Civil prevé en cuanto al incremento automático mínimo, equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en la zona de que se trate, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Este principio de proporcionalidad se encuentra reflejado en el artículo 4.138 del Código Civil vigente en el Estado de México.

• Es a prorrata, ya que la obligación alimentaria debe dividirse cuando son varios los obligados a dar alimentos a otro, atendiendo a la fortuna de los deudores.

• Es subsidiaria, pues establece la obligación de alimentos a cargo de los parientes más lejanos sólo cuando los más cercanos no pueden cumplirla.

• Es imprescriptible, en tanto no se extingue aunque el tiempo transcurra.

• Es irrenunciable, pues no puede ser objeto de renuncia a futuro aunque sí a las pensiones vencidas.

• Es intransigible, porque no es objeto de transacción entre las partes.

• Es incompensable, porque no se extingue a partir de concesiones recíprocas.

• Es inembargable, ya que la pensión alimenticia establece un derecho preferente.

Precisado lo anterior tenemos que, en el caso, el solicitante del amparo sostiene que la Sala fijó por concepto de pensión alimenticia la cantidad que resulte del 27% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, lo cual -a juicio del quejoso- infringe el artículo 4.138 del Código Civil vigente en el Estado de México, porque no es proporcional.

Pues bien, a efecto de analizar lo anterior, en principio se considera necesario primeramente precisar que en el dictamen de trabajo social la parte actora declaró:

"Datos generales

"Nombre completo: **********

"Edad: 35 años

"Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1980

"Lugar de nacimiento: **********

"Estado civil: Soltera

"Escolaridad: Licenciatura en enfermería

"Ocupación: Enfermera

"...

"La parte actora refirió ingresos de ********** pesos quincenales con descuentos de **********, dando un total de ********** pesos quincenales por su empleo en el **********, se anexa copia de recibos de nómina donde se desglosan deducciones. Por su empleo en el ********** percibe ********** pesos quincenales con deducciones de ********** pesos dando un total de ********** pesos quincenales, se anexa copia de recibos de nómina. Aunado a esto refiere que (sic) pensión alimenticia por parte del demandado de ********** pesos quincenales, se anexan copias de comprobantes.

"Por tanto, su ingreso mensual neto asciende a la cantidad de: **********.

Ver ingreso mensual neto por concepto

De lo transcrito puede advertirse que la menor requiere para su subsistencia y manutención la cantidad de ********** mensual; asimismo, se advierte que la progenitora tiene un ingreso mensual de ********** y un egreso mensual de **********.

Por otro lado, el quejoso en el mismo informe de trabajo social sostuvo que:

Ver informe

De lo anterior se advierte que el quejoso declaró que obtiene ingresos de ********** quincenales, con descuentos de **********; sin embargo, del recibo de nómina que se anexó al dictamen en materia de trabajo social se advierte que tiene ingresos brutos de ********** quincenales; asimismo, se advierte que sus descuentos ascienden a ********** y no a ********** como lo manifestó el quejoso.

A efecto de evidenciar lo anterior, se reproduce el comprobante de percepciones y deducciones hechas al quejoso de manera quincenal.

Ver comprobante de percepciones

Una vez precisado lo anterior, entonces podemos decir que el quejoso obtiene como ingresos brutos ********** quincenales menos ********** quincenales de deducciones; por tanto, tenemos que el quejoso obtiene un ingreso quincenal neto de **********, que multiplicado por dos, entonces, el quejoso obtiene un ingreso neto mensual de **********.

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro:

Ver cuadro

Ahora, de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable fijó por concepto de pensión alimenticia el monto que resulte del 27% (veintisiete por ciento) de los ingresos ordinarios como extraordinarios que percibe ********** como profesor, mismos que estimó ascendían a ********** mensuales; esto es, la cantidad de **********; por tanto, le restaban **********, cantidad a la que descontando los **********, por concepto de egresos, le queda entonces un remanente de **********.

Empero, como ya se aclaró en párrafos anteriores, los ingresos netos mensuales del quejoso ascienden a **********; por tanto, si la Sala responsable fijó por concepto de pensión alimenticia el monto que resulte del 27% (veintisiete por ciento) de los ingresos ordinarios como extraordinarios que percibe ********** como profesor, entonces, la cantidad que se le descontará será de ********** y le restarán **********, cantidad a la que descontando los **********, por concepto de egresos, le queda un déficit de -**********.

Ahora bien, lo fundado de ese argumento obedece a que la Sala responsable fijó por concepto de pensión alimenticia el monto que resulte del 27% (veintisiete por ciento) de los ingresos ordinarios como extraordinarios del quejoso, lo cual se traduce a la cantidad de **********, sin tomar en consideración que el quejoso tiene un déficit de -**********, circunstancia que vulnera lo dispuesto por el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México.

En consecuencia, realmente el quejoso se encuentra imposibilitado para cubrir el 27% (veintisiete por ciento) a que fue condenado, si tomamos en consideración, en principio, que: 1) Se trata de una menor que actualmente cuenta con la edad de ********** años; 2) Que sus necesidades ascienden a **********; 3) El quejoso obtiene como ingresos mensuales la cantidad de ********** y como egresos ********** mensuales; 4) Cantidad que se le descontará por concepto de pensión alimenticia **********; 5) Por tanto, le queda un déficit de -**********; 6) La progenitora tiene como ingresos mensuales **********; egresos **********; 7) Aportará como pensión alimenticia **********; y, 8) Por tanto, le resta un remanente de **********.

Para mayor ilustración se realizan los siguientes cuadros:

Ver cuadros

En ese orden de ideas, con los anteriores elementos podemos considerar que la progenitora obtiene como ingresos ********** y una vez descontados los gastos que requiere para sobrevivir, le queda un remanente de **********; ahora en relación con el quejoso se aprecia que éste obtiene ingresos de ********** y una vez descontados sus egresos le queda un déficit de -**********, lo cual evidencia que la actividad económica del quejoso, no le permite sufragar tanto sus gastos personales como los de la menor, lo cual pone de manifiesto que la pensión alimenticia fue fijada de manera desproporcional, desatendiendo lo dispuesto en el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, pues no debe perderse de vista que la proporcionalidad estriba, precisamente, en que ambos progenitores deben cumplir con la obligación alimenticia, misma que deberá ser impuesta de manera proporcional; esto es, tomando en consideración los ingresos y egresos de cada uno.

Lo anterior es así, partiendo de la base de que, justamente, quien percibe ingresos mayores, es quien debe aportar mayor porcentaje para cubrir las necesidades del menor, esto con independencia de que la madre o progenitora tenga incorporada a la menor en su domicilio.

En otro orden de ideas, se aprecia que en el dictamen pericial en materia de trabajo social el quejoso reportó como egresos diversos rubros, como son:

Ver rubros

Pues bien, de la reproducción anterior se advierte que el quejoso reportó, entre otros gastos, egresos por concepto de "transporte" la cantidad de ********** y por concepto de "otros" por la cantidad que asciende a **********.

Ahora, el mismo quejoso ante el perito en materia de trabajo social desglosó el concepto de "transporte" y refirió que eran ********** semanales en transporte público; ********** semestrales en mantenimiento de su auto; ********** anuales en tenencia; ********** anuales en verificación; y, ********** semanales en gasolina.

De igual manera, sostuvo que el concepto de "otros" lo integraban ********** mensuales de pago de tarjeta Banamex y ********** mensuales de préstamo Bancomer.

Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que existen algunos rubros que no pueden considerarse como egresos básicos de subsistencia, pues no debe perderse de vista que en el dictamen en materia de trabajo social los deudores alimentistas deben reportar como egresos, lo necesario para vivir con decoro atendiendo a su subsistencia.

Sobre esas bases, al resultar fundados y suficientes los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo para los efectos que se precisarán más adelante.

OCTAVO.-Efectos del juicio de amparo. En ese sentido, atendiendo al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, lo procedente es conceder el amparo a **********, para los efectos de que:

1) La autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada;

2) Dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración los ingresos y egresos básicos de subsistencia reportados por los progenitores; y,

3) Una vez dividido el porcentaje de la pensión alimenticia, y equilibrados los ingresos de las partes, de manera proporcional, fije una nueva pensión alimenticia atendiendo al contenido del artículo 4.138 del código sustantivo.

En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo a la parte quejosa para los efectos precisados en el presente fallo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, para los efectos precisados en esta sentencia, en contra de la resolución reclamada precisada en el resultando segundo del presente fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al órgano jurisdiccional de origen y una vez que la misma cause ejecutoria, requiérase a la autoridad responsable su cumplimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en la nota estadística y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por mayoría de votos del Magistrado Jorge Arturo Sánchez Jiménez presidente y del Magistrado Fernando Alberto Casasola Mendoza, contra el voto particular del Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

9. Tesis XX.2o.58 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 1280.

10. Tesis 1a. CXXIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, página 259.

11. Jurisprudencia I.5o.C. J/16, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2188.

12. Baqueiro Rojas, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía, "Derecho de familia y sucesiones.", Ed. Harla, México, 1990, 491 páginas.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26649-46399914/pension-alimenticia-cuestiones-a-considerar-para-su-fijacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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