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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DEBE ESTABLECERSE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, PRIMORDIALMENTE, EL INTERÉS SUPERIOR DE ÉSTE, COMO CRITERIO ORIENTADOR PARA GUIAR CUALQUIER DECISIÓN SOBRE AQUÉLLAS [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA I.3O.C. J/68 (9A.)].

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 367/2012. · Registro digital (IUS): 28984
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Pág. 4355.

AMPARO DIRECTO 367/2012. 16 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: BENITO ALVA ZENTENO. SECRETARIA: ROSA MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Legalidad de la sentencia reclamada en lo relativo a la guarda y custodia otorgada a la madre del menor.

Al respecto, el quejoso manifiesta en forma toral, que el acto reclamado viola los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque la Sala responsable interpretó incorrectamente lo manifestado por el ahora quejoso en la audiencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, celebrada en el juicio natural, al estimar que el inconforme dio su consentimiento para que la actora (hoy tercero perjudicada) permaneciera con la guarda y custodia de su menor hijo **********.

Dicho argumento resulta infundado, porque es correcta la determinación de la Sala responsable en el sentido de que el ahora quejoso consintió en que la guarda y custodia del citado menor –quien cuenta con la edad de cuatro años y diez meses de edad– la conservara la madre del menor, dado que en la diligencia referida, el hoy inconforme señaló lo siguiente:

"... En uso de la palabra la parte demandada, por conducto de su abogado patrono manifestó: que en este acto, con el propósito de concluir la controversia, se hace el ofrecimiento a favor del menor **********, al pago de alimentos, del veinte por ciento, de las percepciones de la parte demandada, situación que se hace del conocimiento en esta diligencia, para que la parte actora si es de su conveniencia acepte dicha propuesta, asimismo, respecto a la guarda y custodia solicitada por la actora, manifiesto (sic) mi conformidad con dicha prestación..."

Como se ve, el ahora quejoso sí otorgó su conformidad para que su contraparte conservara la guarda y custodia del menor, por lo que no es verdad que la responsable hubiera realizado una incorrecta interpretación de la manifestación del quejoso en la citada audiencia en lo relativo a la guarda y custodia del menor ********** y, por ende, si en el caso no se analizó la pretensión del quejoso en cuanto a la guarda y custodia compartida que solicitó al dar contestación a la demanda, es obvio que ello se derivó a que estuvo conforme en que se otorgara a la madre del menor la guarda y custodia que ésta solicitó en su favor desde el escrito inicial de la demanda del natural, tal como lo expresó el hoy quejoso en la citada audiencia de ley al señalar: "respecto a la guarda y custodia solicitada por la actora, manifiesto mi conformidad con dicha prestación".

Aunado a lo anterior, la Sala responsable para estimar que la guarda y custodia del menor debía quedar en favor de la madre se fundó en la presunción legal prevista en el artículo 282 del código sustantivo civil para el Distrito Federal, dada la edad del menor –cuatro años y diez meses–, y en que no corría riesgo alguno permaneciendo al lado de la madre; sin que, en el caso, el quejoso manifieste que contrario a lo estimado por la responsable en los autos del natural presentó pruebas con las que hubiera desvirtuado esa presunción legal establecida en favor de la madre, hoy tercero perjudicada.

Asimismo, en la especie, cabe destacar que la decisión sobre la guarda y custodia de un menor debe ser más favorable a éste, es decir, que frente a un conflicto de intereses, se busque en un grado de mayor jerarquía el pleno desarrollo de los derechos de aquél, así lo enuncia el artículo 416 Ter del código citado, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 416 Ter. Para los efectos del presente código se entenderá como interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos:

"I. El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal;

"II. El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar;

"III. El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos;

"IV. Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional; y

"V. Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables."

Luego, a fin de determinar si, en el caso, el que se otorgara la guarda y custodia del menor en favor de la actora (mamá) era lo más favorable para éste, atento al interés superior del menor, cabe resaltar los datos relevantes que se desprenden de las constancias de autos:

I. Que ********** y el demandado **********, procrearon al menor **********, quien a la fecha cuenta con cuatro años y diez meses de edad, en virtud de que de su atestado se aprecia que nació el treinta y uno de agosto de dos mil siete. (foja 8 del expediente principal)

II. Que la actora siempre ha tenido consigo al menor **********, al que le proporciona un hogar donde vivir y la educación necesaria para su desarrollo.

III. Que el demandado **********, manifestó en la confesional que estuvo a su cargo (sic) que, desde el diez de abril de dos mil ocho, dejó el domicilio en que habita el menor.

En ese contexto, se estima que es legal la determinación de la Sala responsable sobre el tema de la guarda y custodia de que se trata, porque atendiendo al interés superior del menor, existen datos que derivan de las constancias de autos, que permiten establecer que el menor debe quedar bajo la guarda y custodia de la madre, dado que siempre ha vivido al lado de ésta y dicho menor sólo cuenta con cuatro años y diez meses; edad en la que se estima recomendable que el menor esté al cuidado de la madre, dado que requiere de mayor atención y cuidado en su alimentación, dada la etapa de crecimiento en que se encuentra, pues es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre, y no sólo a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación sino, y como –se señala en la ejecutoria citada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro.

En esta lógica, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor el cual, como ya se señaló, resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir; de ahí lo infundado de los argumentos en que se impugna la guarda y custodia que, en el caso, se otorgó a la madre del menor.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis «P. XLV/2008», del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 712, Tomo XXVII, junio de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del contenido siguiente:

"MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.—De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios."

En virtud de las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, cabe señalar que este tribunal federal se aparta del criterio contenido en la jurisprudencia número I.3o.C. J/68 (9a.), consultable en la página 3624, Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"MENORES DE SIETE AÑOS. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR SU NORMAL DESARROLLO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).—En términos de la fracción V del artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal, existe la presunción legal de que los hijos menores de siete años deben quedar al cuidado de la madre, salvo que se acredite que con ella el desarrollo normal de dichos menores se encuentre en grave peligro. En esta tesitura, para desentrañar el sentido de la frase ‘desarrollo normal’, debe acudirse a la Convención sobre los Derechos del Niño, de veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, instrumento internacional que es de referencia obligatoria cuando se involucra a un menor, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto fundamental que, incluso, sitúa a esa convención por encima de las legislaciones ordinarias federales y locales. En esta tesitura, del preámbulo del referido instrumento internacional, así como de su artículo 9, punto 1, se advierte que el desarrollo normal de un menor, es aquel que se produce cuando el entorno de éste le permite u otorga la posibilidad, en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con una percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; circunstancias que son posibles cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia, convivencia con sus padres –en tanto ello no le resulte más perjudicial que benéfico–, socialidad, comprensión en razón a sus aptitudes físicas y mentales, libre expresión de sus ideas dentro del marco de la moral y buenas costumbres, educación, información, desarrollo psicosexual correlativo a su edad, juego y esparcimiento, experiencias estética y artística y las libertades de conciencia y religión; de tal manera que la presunción legal que nos ocupa sólo puede desvirtuarse en el caso en que se acredite la existencia de un peligro inminente de privar al referido menor de alguna de las circunstancias antes descritas."

Lo anterior, tomando en consideración que el criterio anterior se contrapone con lo establecido en la tesis aislada «1a. CLXIII/2011», de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXXIV, agosto de 2011, materias constitucional y civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del contenido siguiente:

"INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA.—Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social."

Dicho criterio indica que en una controversia del orden familiar, sobre guarda y custodia de un menor, debe establecerse ésta tomando en consideración, primordialmente, el interés superior de los menores, como criterio orientador que ha de guiar cualquier decisión sobre su guarda y custodia, esto es, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia.

Por lo que las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar sino, exclusivamente, el bien de los hijos, criterio que sujeta a los órganos jurisdiccionales, incluso, a los padres, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección del futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social.

Por ende, si el Alto Tribunal estableció que el juzgador, para resolver sobre la guarda y custodia de los hijos menores de edad, debe tomar en consideración, primordialmente, el interés superior de éstos; entonces, la tesis de este Tribunal Colegiado, en que se sustentó que conforme a lo previsto en el artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal, la presunción legal en favor de la madre para conservar bajo su resguardo a los hijos menores –de siete años– sólo puede desvirtuarse, salvo que se acredite que con ella el desarrollo normal de dichos menores se encuentra en grave peligro, se contrapone con aquel que determinó que la guarda y custodia de un menor de edad debe atenderse primordialmente al interés superior de éste.

Por las anteriores razones, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio judicial mencionado.

OCTAVO.—Conceptos de violación encaminados a impugnar la pensión alimenticia que se determinó a favor del menor **********.

En cuanto a este tema, los conceptos de violación que hace valer el hoy inconforme, devienen fundados para conceder el amparo solicitado.

En efecto, son fundados porque como lo refiere el quejoso, la Sala responsable no observó el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, ni tampoco contó con las pruebas respectivas a fin de establecer el monto de la pensión alimenticia en favor del menor **********.

Se afirma lo anterior, por lo siguiente:

Los artículos 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal disponen lo siguiente:

"Artículo 941. El Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros.

"En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho.

"En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento ..."

"Artículo 942. No se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial.

"Esta disposición no es aplicable a los casos de divorcio o de pérdida de la patria potestad.

"Tratándose de violencia familiar prevista en el artículo 323 Ter del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, el Juez exhortará a los involucrados en audiencia privada, a fin de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hicieran, en la misma audiencia el Juez del conocimiento determinará las medidas procedentes para la protección de los menores y de la parte agredida. Al efecto, verificará el contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público."

De acuerdo con las anteriores disposiciones, además de la congruencia que deben revestir las resoluciones judiciales, en el caso concreto de aquellas en que se diriman asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y de alimentos, es dable para el órgano judicial actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recopilación de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, el monto de la pensión alimenticia que debe otorgar el deudor alimentario a favor de los acreedores alimentarios.

Apoya a lo anterior, la jurisprudencia «I.3o.C. J/50», emitida por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página 827, Tomo XXVII, mayo de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece lo siguiente:

"ALIMENTOS PARA MENORES. CUANDO NO SE ALLEGARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES AL JUICIO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO O FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR, INCLUSO, LA FALTA DE RECLAMACIÓN DE ESE DERECHO Y LOS ARGUMENTOS QUE TIENDAN A CONSTITUIRLO, ASÍ COMO RECABAR LAS PRUEBAS NECESARIAS AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).—De la interpretación sistemática de los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende que tratándose de los derechos de los menores, entre otros, el de alimentos, los tribunales del orden familiar deben decretar todas las medidas precautorias que salvaguarden su supervivencia, la integridad física y su desarrollo emocional y la aplicación de todos los derechos que sobre el particular se establecen en la Constitución General de la República y en las convenciones internacionales, leyes federales y locales, por ser ese derecho de orden público; además, dentro de esa atribución se encuentra la de suplir la deficiencia de los argumentos que se planteen a favor del menor y, en su caso, oficiosamente, recabar todas las pruebas que le beneficien, entre éstas, las relativas a la procedencia de la acción de alimentos y a la fijación de la pensión correspondiente, independientemente de que en la demanda la parte actora no haya reclamado como prestación accesoria a la acción principal de reconocimiento de paternidad, el pago de una pensión alimenticia o, reclamándola, no se aporten pruebas, o en caso de que las aportadas no fueren suficientes para colmar la finalidad perseguida (tener noticia de los ingresos del deudor o su capacidad económica y las necesidades del acreedor); por consiguiente, al establecer el legislador la facultad contenida en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no fijó límites para su ejercicio, con la única salvedad de que sea el menor el beneficiado."

En ese tenor, es inconcuso que en el supuesto de falta de los elementos probatorios necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión alimenticia, conforme a lo dispuesto en los artículos antes invocados, el juzgador ya sea de primer o segundo grado, está obligado a recabar oficiosamente dichos medios de prueba que le permitan establecer la capacidad económica real del deudor alimentario, a fin de que puedan fijar la pensión alimenticia correspondiente en forma objetiva, atento al principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos.

Así las cosas, en la especie, conviene precisar la naturaleza de los alimentos y los criterios para fijar el monto de la pensión alimenticia.

Los artículos 303, 308, fracciones I y II, 309, 311 y 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, son del tenor siguiente:

"Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado."

"Artículo 308. Los alimentos comprenden:

"I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto;

"II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales."

"Artículo 309. El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez de lo familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias. ..."

"Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente."

"Artículo 311 Bis. Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos."

El análisis literal y sistemático de esos dispositivos legales permite concluir que la obligación de proporcionar alimentos en tratándose de menores, recae principalmente en los padres. Tal obligación se origina con el ejercicio de la patria potestad, en virtud de que los menores de edad, por ser incapaces, tienen necesidad de protección y ayuda.

Asimismo, se establecen los rubros que los alimentos comprenden: comida, vestido, habitación, atención médica y hospitalaria, en el caso, puntualizando que en lo que se refiere a menores se incluyen gastos de educación y suministro de oficio, arte o profesión.

También deriva de los preceptos invocados el supuesto para fijar una pensión alimenticia en función de una serie de parámetros específicos que deben ser ponderados por el juzgador, atendiendo a la necesidad del acreedor y a las posibilidades del deudor, esto es, que los deudores deben contribuir a la satisfacción de las necesidades del acreedor alimentario en función de su respectiva capacidad económica o sobre la base de los ingresos percibidos, es decir, debe aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos para salvaguardar la supervivencia de aquél, dada la relación filial existente entre ellos, ponderando que se trata de cubrir con estas erogaciones las necesidades de quien debe recibir los alimentos.

Además, cabe señalar que en el caso de ser varios los deudores, no debe atenderse a un criterio matemático o aritmético, sino a las necesidades concretas del acreedor alimentista y a las posibilidades reales de aquéllos.

Lo anterior también se desprende del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).—De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social."

Conforme a este criterio jurisprudencial, cuya aplicación es obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el punto relevante para establecer el monto de los alimentos obedece a los principios de proporcionalidad y equidad, que no es otra cosa que atender a la necesidad de recibirlos y a la posibilidad de suministrarlos, de modo que la obligación alimentaria no derive en perjuicio para una u otra parte.

En el caso, la Sala responsable para resolver sobre la cuestión relativa al monto de la pensión alimenticia en favor del menor **********, no atendió a los diferentes elementos comprendidos en la institución de los alimentos, ya que señaló que el Juez de origen no observó el principio de proporcionalidad para el pago de alimentos que establece el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, por lo cual declaró fundados los agravios en que se impugnó el monto del veinte por ciento que había establecido el Juez de origen, como pensión alimenticia en favor del menor, bajo las consideraciones siguientes:

"a) Del informe rendido por **********, generalista de recursos humanos de ********** (visible a fojas 270 y 271 del tomo I del expediente principal), se desprende que el señor *********, en promedio, percibe la cantidad de $25,611.00 (veinticinco mil seiscientos once pesos 00/100 M.N.) mensuales.—b) En cuanto a los ingresos mensuales que percibe la señora **********, de constancias de autos se advierte lo siguiente: i) Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil once (visible en la foja 57 del tomo II del expediente principal), la licenciada **********, jefe del área del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó, entre otras cosas, que la señora **********, estaba registrada en dicho instituto con un salario base de $733.15 (setecientos treinta y tres pesos 15/100 M.N.) diarios en la empresa **********, por lo que mensualmente correspondería a la suma de $21,994.50 (veintiún mil novecientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.).—ii) Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil once (visible en la foja 59 del tomo II del expediente principal), la licenciada **********, representante legal de **********, informó, entre otras cosas, que la señora **********, percibe por concepto de salario base diario la cantidad de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios en dicha empresa, que equivale a $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, suma notoriamente inferior a la que se encuentra registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que cabe presumir, en términos de lo dispuesto por los artículos 379 y 380 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que la citada empresa, a través de su representante legal, pretende auxiliar a la señora **********, en la evasión del cumplimiento de sus obligaciones.—En consecuencia de lo anterior (sic), debe decirse que los datos informados por la citada representante legal, y que se refieren al fondo de ahorro y a los vales de despensa, cuyo cálculo se realiza con base a un porcentaje 13% y 11%, respectivamente, se encuentran equivocados.—iii) Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil once (visible en la foja 101 del tomo II del expediente principal), la licenciada **********, jefe del área del Instituto Mexicano del Seguro Social informó, entre otras cosas, que la señor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28984-e6210435/controversias-del-orden-familiar-la-guarda-y-custodia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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