NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LOS JUZGADOS FAMILIARES SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN SU FAVOR Y A ADOPTAR DECISIONES O MEDIDAS DE PROTECCIÓN A SU INTERÉS SUPERIOR, AUNQUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS.
AMPARO DIRECTO 778/2021. 19 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIOS: FLAVIO BERNARDO GALVÁN ZILLI Y ALAN IVÁN TORRES HINOJOSA.
CONSIDERANDO:
(1) CUARTO.—Resultan ineficaces en parte e infundados en otra los conceptos de violación, acorde con lo que se expondrá en párrafos subsecuentes.
(2) Tales argumentos consisten, en síntesis, en lo siguiente:
a) La sentencia reclamada vulnera los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución General, relativos a los derechos humanos y garantías de seguridad y certeza jurídicas, así como el debido proceso, por ende, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como diversos preceptos del Código de Procedimientos Civiles local, pues no se dictó a verdad sabida ni apreciando los hechos en conciencia, dado que se limitó a declarar infundados los agravios del apelante, sin tomar en cuenta los perjuicios que se le causaron al quejoso.
b) El resolutivo primero de la sentencia reclamada causa agravio al quejoso, dado que es falso que se haya probado la acción intentada por la parte demandada, pues no acreditó sus excepciones y defensas con el material probatorio ofrecido en el juicio natural, el cual la autoridad responsable debió valorar en términos del artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles; respecto de lo cual fue omisa, ya que sólo se concretó a hacer una valoración indebida de los agravios sin analizar el fondo del asunto.
c) La acción de reducción de alimentos quedó acreditada con el acta de nacimiento de la menor hija del quejoso, la cual tiene el mismo derecho que su otra hija a percibir alimentos, así como con el diverso juicio ********** con el que se demuestra que viene proporcionando una pensión alimenticia de manera vitalicia a **********, aunado a que el amparista tiene necesidades primordiales que sufragar, tanto de él como de su concubina **********, condiciones con las que se evidencia un cambio de circunstancia.
d) El Juez familiar debe velar porque se respeten los derechos alimentarios de las menores de edad involucradas, no como lo hizo la autoridad responsable, pues sólo se limitó a resaltar la cantidad que como salario le resta al quejoso con los pagos de las pensiones alimenticias que se encuentra cumpliendo, sin tomar en cuenta sus necesidades primordiales, de su hija, así como de su concubina, quien se encuentra también afectada en sus derechos al formar parte del núcleo familiar.
e) En la resolución reclamada, la autoridad responsable sólo se inclinó a favor de la hija del quejoso representada por su progenitora.
f) La autoridad responsable invocó diversos criterios federales, relativos al principio pro persona, lo cual no sólo favorece a la parte acreedora, sino al quejoso y a la menor de edad hija que ésta representa, respecto de la cual se vulneró su interés superior, pues la referida autoridad sólo los invocó para evidenciar que las medidas protectoras son únicamente a favor de la menor acreedora representada por su progenitora **********; por ende, se vulneraron los artículos 210 y 514 del Código de Procedimientos Civiles local.
g) La autoridad responsable modificó el fallo de primera instancia para el efecto de que, conforme al artículo 363, fracción II, en relación con el diverso 98, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, el Juez de primer grado requiera al quejoso a efecto de que dentro del término de tres días acredite que su hija cuenta con el servicio de seguridad social y, en caso de no hacerlo así, ordene su afiliación; sin embargo, la imposición de otorgar seguridad social por parte de la responsable se encuentra inmersa en el concepto de alimentos, por lo que de ordenarse de nueva cuenta dicha prestación se vulneran los derechos fundamentales del quejoso, al no ser omiso en proporcionarle alimentos a su hija; de ahí que en la resolución reclamada se debieron dejar a salvo los derechos para que la acreedora alimentaria por conducto de su progenitora los haga valer en la vía conveniente.
(3) Por razón de método, los conceptos de violación antes sintetizados se estudiarán en orden diverso al arriba propuesto.
(4) Asimismo, como cuestión previa, conviene destacar que no serán motivo de estudio en la presente sentencia de amparo, las consideraciones por las cuales la autoridad responsable estimó fundados los agravios que el quejoso hizo valer en contra del incremento de la pensión alimenticia de un veinte a un veinticinco por ciento de sus percepciones y, por ende, que la actora en reconvención no cumplió con su carga procesal –fojas 45 a 58 de la sentencia reclamada–.
(5) El concepto de violación abreviado con la letra b resulta ineficaz, en primer lugar, porque conforme al artículo 228(1) del Código de Procedimientos Civiles local, corresponde al actor probar su acción, no así a la parte demandada (sic) sus excepciones y defensas.
(6) Por otro lado, es ineficaz el concepto de violación en comento, dado que se limita a señalar de manera genérica y abstracta que la autoridad responsable debió valorar las pruebas en términos del artículo 337 del citado código adjetivo, respecto de lo cual fue omisa; sin embargo, omite precisar de manera concreta y específica cuáles pruebas la autoridad responsable omitió valorar. De ahí que su motivo de inconformidad carezca de causa de pedir.
(7) Por las razones que la informan, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y rubro son los siguientes:
"Registro digital: 185425
"Instancia: Primera Sala
"Novena Época
"Materia: común
"Tesis: 1a./J. 81/2002
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61
"Tipo: jurisprudencia
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO."
(8) Igual calificativa ameritan los conceptos de violación abreviados con las letras a, e y f, pues el quejoso sólo se limita a señalar, en esencia, desde un punto de vista subjetivo y sin base objetiva que lo sustente, que la autoridad responsable se inclinó a favor de su menor hija que procreó con **********, y que los criterios citados en la sentencia reclamada sólo se aplicaron a favor de ésta, aun cuando también favorecían a su otra menor hija, aunado a que la sentencia no se dictó a verdad sabida ni buena fe guardada; sin embargo, omite controvertir consideración alguna de la sentencia reclamada, en específico, en lo relativo a que los Jueces de primera instancia deben dictar sentencia sujetándose a las reglas probatorias, por lo que dichos motivos de inconformidad carecen de causa de pedir.
(9) La anterior calificativa dada a los conceptos de violación (sic), sin que pase inadvertido que en el presente asunto procede suplir la deficiencia de la queja, pues entre otras cuestiones, se decretó el divorcio y se fijó una pensión a favor de la exesposa del quejoso; sin embargo, ello no es impedimento para declarar inoperantes o ineficaces los motivos de inconformidad, cuando por técnica jurídica ameritan tal respuesta.
(10) Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/11 (10a.) sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto son los siguientes:
"Décima Época
"Registro digital: 2016142
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 51, Tomo III, febrero de 2018,
"Materia(s): común y civil
"Tesis: VII.2o.C. J/11 (10a.)
"Página: 1225
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS HECHOS VALER POR CUALQUIERA DE LAS PARTES EN ASUNTOS DE NATURALEZA FAMILIAR. AUN CUANDO DEBA SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ELLO NO IMPLICA QUE PUEDAN DECLARARSE INOPERANTES. Si bien en materia familiar debe suplirse la deficiencia de la queja, ello no implica que puedan declararse inoperantes los conceptos de violación o los agravios hechos valer por cualquiera de las partes, porque esto no exime al tribunal de hacer un estudio exhaustivo en suplencia de la queja del caso, pero para eso no es necesario plasmar expresamente un análisis oficioso pormenorizado de todos los puntos legales que contenga el acto reclamado, sino sólo de aquellos que van a llevar a la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, lo anterior, como lo prevé el artículo 79, fracción VII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo."
(11) Igualmente, son ineficaces los conceptos de violación abreviados con las letras c y d, dado que no basta con acreditar la procreación de un diverso hijo, o bien, contar con otro acreedor a cargo para la procedencia de la acción de reducción de pensión alimenticia, sino que corresponde a los Jueces en materia familiar llevar a cabo un análisis de todos los elementos que aporten las partes o los que se allegue en ejercicio de sus facultades probatorias que les permitan valorar las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos los acreedores, a fin de determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, así como lo necesario para su subsistencia.
(12) Por las razones que la informan, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto son los siguientes:
"Registro digital: 2023537
"Instancia: Primera Sala
"Undécima Época
"Materia: civil
"Tesis: 1a./J. 8/2021 (11a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 5, Tomo II, septiembre de 2021, página 1892
"Tipo: jurisprudencia
"REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. FORMA DE RESOLVER LA ACCIÓN RELATIVA CUANDO SE FUNDA EN EL NACIMIENTO DE NUEVOS HIJOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discrepan sobre cómo debe resolverse la acción de reducción de pensión alimenticia cuando se funda en el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, pues para uno de esos tribunales, basta la demostración de ese hecho para que proceda la disminución, mientras que para el otro no es así, sino que se requiere además agotar otros medios de prueba, para determinar si la pensión fijada previamente debe reducirse.
"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se promueve la acción de reducción de pensión alimenticia alegando como causa de pedir el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, no basta la prueba de ese nacimiento para proceder en automático a la disminución solicitada, sino que atendiendo al principio de proporcionalidad rector de los alimentos, considerando las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos sus acreedores, el Juez ha de determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores y, a partir de ahí, considerar si procede o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de los demandados.
"Justificación: Lo anterior es así, porque atendiendo al principio publicístico que rige los procesos judiciales del orden familiar y al imperativo de tener como consideración primordial el interés superior de la niñez, el Juez familiar debe velar porque se respeten los derechos de los menores de edad involucrados, tanto los que fueron demandados, como aquellos cuya existencia se invoca como motivo para reducir la pensión alimenticia, y asegurarse de que sus derechos alimentarios sean respetados y satisfechos cabalmente. Para lo cual, a partir del análisis integral de los elementos para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores, y la capacidad económica del deudor, se podrá determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, junto a la propia subsistencia del deudor, para definir si cabe o no hacer una reducción a la pensión alimenticia respecto de la cual se ejerció la acción."
(13) En efecto, en la demanda que dio origen al juicio natural **********, el aquí quejoso demandó la reducción de la pensión alimenticia fijada en el diverso expediente ********** a favor de la menor hija que procreó con **********, consistente en el veinte por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe en su fuente laboral.
(14) Dicha acción el quejoso la sustentó, esencialmente, en que en el diverso expediente ********** celebró un convenio donde se pactó que pagaría a favor de su exesposa ********** una pensión alimenticia consistente en el veinte por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe en su fuente laboral. Asimismo, señaló que procreó una diversa hija con su concubina **********, la cual nació el trece de marzo de dos mil doce. Por lo que, ante dichas circunstancias, el sueldo que percibía resultaba insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias a las que se encontraba sujeto.
(15) Ahora bien, es verdad lo que aduce el quejoso en el sentido de que acreditó el nacimiento de su menor hija que procreó con **********, lo que se advierte de la partida de nacimiento respectiva, y que en el diverso expediente ********** celebró un convenio en el que pactó una pensión alimenticia a favor de su excónyuge, consistente en el veinte por ciento de sus percepciones, como se desprende del informe rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad ante quien se tramitó dicho proceso.
(16) Cierto es también, que ello no resulta suficiente para tener por acreditada la acción de reducción de pensión alimenticia demandada, pues del análisis integral del material probatorio aportado por el quejoso, la autoridad responsable no advirtió elemento alguno que acreditara un cambio de circunstancias que dieran lugar a la reducción demandada.
(17) En efecto, al analizar el material probatorio aportado por el quejoso la autoridad responsable, en lo que aquí interesa, respecto de la acción de reducción de alimentos demandada por el aquí quejoso, medularmente estimó:
• El examen de las constancias revela que la pensión cuya disminución se reclamó se estableció en la sentencia pronuncia el veintiséis de enero del dos mil doce, el nacimiento de la diversa menor hija del recurrente cuyo derecho alimentario también debe ponderarse, el cual no es suficiente por sí solo para estimar acreditada la acción deducida en lo principal.
• Lo anterior, pues con independencia de no haber ofrecido el actor algún medio de convicción para justificar ser a quien de manera exclusiva le corresponda asumir esa nueva carga alimentaria, de las referidas constancias, en especial del acta de registro civil de la menor de edad, se deduce que cuando nació, esto es, el trece de marzo del dos mil doce, restaba a ********** el ochenta por ciento de las percepciones obtenidas en su fuente de empleo para satisfacer esta nueva carga alimentaria y los gastos de su propia subsistencia.
• Además, puede presumirse con validez que sus ingresos le eran tan suficientes, que el uno de abril de dos mil trece, esto es, un año después del nacimiento de su nueva acreedora celebró convenio en el diverso juicio ********** para proporcionar como pensión alimenticia definitiva y vitalicia a favor de ********** el veinte por ciento de su sueldo y demás prestaciones percibidos en su empleo en la **********, como se asentó en el informe glosado a foja ciento treinta y siete, cuyo valor probatorio deviene de los artículos 261, fracción VIII, 265 y 326 del Código de Procedimientos Civiles local.
• Informe con el cual se justificó que en ese juicio no se decretó pensión alimenticia alguna a favor de los hijos habidos en su matrimonio, contrario a lo afirmado en la demanda principal, pues en la fecha en que se celebró el convenio, estos últimos ya eran mayores de edad.
• Así planteadas las cosas, aun cuando quedara demostrado el descuento en el diverso juicio **********, cuya cancelación promovió el apelante en el expediente **********, en modo alguno puede considerarse justificada la existencia del cambio o variación de las circunstancias en las posibilidades del deudor alimentista prevalecientes al instante mismo de haberse determinado el porcentaje de la pensión alimenticia objeto indirecto de la acción principal que hagan una nueva fijación en su monto pues, incluso, el aludido demandante después del nacimiento de su menor hija estuvo de acuerdo en otorgar el veinte por ciento de sus percepciones a favor de quien fuera su esposa, restándole para hacer frente a sus restantes obligaciones el sesenta por ciento de sus emolumentos.
• Los cuales, de acuerdo con sus percepciones netas deducidas de los recibos de pago agregados a autos, arrojan en promedio el importe líquido catorcenal de ********** pesos con ********** centavos, en tanto, el veinte por ciento que se pretende disminuir conforme a la media aritmética asciende a ********** pesos con ********** centavos de las propias percepciones.
• En ese tenor, la decisión de la Juez de estimar no probada la acción deducida en el principal, no puede estimarse ilegal, pues las pruebas ofrecidas por él y de cuya falta de valoración se duele no son eficaces para hacer procedente su pretensión de reducir el porcentaje del pago de alimentos reclamado ya que, contrario a lo aseverado por el autor de los agravios en estudio, la lectura del fallo apelado revela que sí fueron considerados y, se insiste, el acta de nacimiento número **********, de fecha de registro ********** de ********** de **********, con la cual pretende acreditar el cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario no es suficiente para tener por acreditada esa variación que haga necesaria una nueva fijación, al no poder seguir aportando el monto anteriormente fijado (veinte por ciento) ya que, incluso, con posterioridad a ese nacimiento voluntariamente pactó en el referido expediente ********** el pago de una pensión por el mismo porcentaje a favor de su exesposa, lo cual denota su capacidad para hacer frente a la pensión preexistente y los compromisos previos a la celebración de ese convenio.
• En tanto que el legajo de copias certificadas del expediente ********** es eficaz para demostrar el descuento que se le está aplicando a favor de su menor hija, al igual que los recibos de nómina exhibidos, pues en el apartado de deducciones se hace referencia a dos descuentos por concepto de pensión; empero, al ponerse de relieve del examen de la pensión preexistente y el importe que resta al deudor para cubrir los alimentos de sus nuevos acreedores y los de su propia subsistencia, que en tanto a su hija aquí demandada le corresponde en promedio, la suma líquida de (********** pesos con ********** centavos, al apelante le restan ********** pesos con ********** centavos), para hacer frente a sus gastos alimentarios durante el mismo periodo y de sus restantes obligaciones.
• Y si bien no pasa inadvertido que su alcance líquido en sus periodos de pago, conforme a los recibos ofrecidos como pruebas de su parte asciende en promedio a (********** pesos con ********** centavos), ello no es atribuible a la pensión que pretende disminuir sino, entre otros, a la existencia de deducciones relacionadas con el **********, las cuales no son susceptibles de ser consideradas en la fijación del pago de alimentos, al constituir obligaciones personales del propio deudor:
(18) Consideraciones que al margen de no controvertirlas el quejoso mediante concepto de violación eficaz, este órgano de control constitucional las comparte; por un lado, porque de las constancias del juicio natural no se advierte que el quejoso hubiere allegado elemento probatorio alguno que evidencie a cuánto ascienden los gastos de la menor de edad que procreó con **********, aun cuando en términos del artículo 228 del código adjetivo civil invocado tenía la carga de acreditar tal extremo, sino que sólo se concretó a señalar el nacimiento de dicha infanta y a exhibir el acta correspondiente. (19) Por otro lado, el quejoso, posterior al nacimiento de la menor de edad, celebró un convenio en el que pactó proporcionar de manera vitalicia el veinte por ciento de sus percepciones a su exesposa; el propio amparista asumió tener capacidad para cubrir los alimentos de sus dos hijas, así como de quien fuera su cónyuge, así como las consecuencias que derivan de la propia naturaleza de dicho convenio, en atención al principio de autonomía de la voluntad contractual previsto en el artículo 1729(2) del Código Civil local. Por tanto, no era dable que invocara dicho acuerdo de voluntades con la finalidad de obtener la reducción de la pensión alimenticia.
(20) Por último, por cuanto hace a su concubina, ésta no goza de la presunción de necesitar alimentos por parte del quejoso, por lo que a él le correspondía la carga de acreditar que es su acreedora alimentaria.
(21) En tales condiciones, si en autos no quedó acreditada la existencia de un cambio de circunstancias que den lugar a la reducción de la pensión alimenticia demandada, en modo alguno puede sostenerse que la sentencia reclamada vulnera el principio del interés superior de la menor hija del quejoso; de ahí que, se itera, los conceptos de violación en estudio resultan ineficaces.
(22) Por último, el concepto de violación resumido en la letra g resulta infundado, pues no es verdad que se vulneren sus derechos fundamentales con la condena que se le impuso en el sentido de demostrar la inscripción de la acreedora alimentaria en la seguridad social y, en caso negativo, a que se le afilie.
(23) Bien, lo primero que hay que manifestar es que la Sala responsable actuó conforme a derecho, al suplir la deficiencia de la queja en favor de la persona menor de edad acreedora alimentaria, aun cuando no se haya interpuesto recurso de apelación en su representación y que quien acudió a la segunda instancia hizo valer intereses contrarios.
(24) En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", así como la tesis aislada 1a. CXIV/2008, de rubro: "MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO SON VÍCTIMAS DE UN DELITO, PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, INCLUSO SI EL RECURSO DE REVISIÓN LO INTERPUSO EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.", consideró que siempre que esté de por medio, directa o indirectamente el bienestar de un menor de edad, los juzgadores y juzgadoras tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud, independientemente del carácter de los promoventes o de quien haya promovido los recursos.
(25) Lo anterior, en atención a que en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, el interés jurídico no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Además, que el principio non reformatio in peius no opera en los casos en que otra de las partes también ha interpuesto el recurso.
(26) Por ello, si bien la parte aquí quejosa fue la única que acudió a la apelación en contra de la sentencia de primera instancia defendiendo intereses totalmente opuestos a los de su menor hija; lo cierto es que al constatarse la posible afectación directa o indirecta al interés superior del menor de edad, cualquier tribunal familiar se encuentra obligado a estudiar la controversia a la luz de aquél e ir más allá de la litis directamente planteada.
(27) Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Registro digital: 2024135
"Instancia: Segunda Sala
"Undécima Época
"Materias: administrativa y constitucional
"Tesis: 2a./J. 1/2022 (11a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 10, Tomo II, febrero de 2022, página 1424
"Tipo: jurisprudencia
"INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. CUANDO SE ADVIERTAN AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL TRIBUNAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE ESTUDIARLAS A LA LUZ DEL REFERIDO PRINCIPIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE TALES LESIONES NO HAYAN SIDO MATERIA DE CONTROVERSIA NI LOS MENORES DE EDAD PARTE EN EL JUICIO.
"Hechos: En un juicio laboral se impugnó el despido injustificado de un director de una secundaria pública. Al llegar el asunto al amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la parte patronal acreditó que el director había sido cesado previo al despido que fue impugnado y, por ende, no era procedente el pago de las prestaciones reclamadas ni la reinstalación. Para ello, el Tribunal Colegiado analizó oficiosamente el cúmulo probatorio del referido cese con base en el interés superior de la niñez, ya que el director había sido cesado por vulnerar diversos derechos de los menores de edad que estaban a su cargo. Inconforme con ello, el trabajador interpuso revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación alegando que no era posible tomar en cuenta esas violaciones, ya que ello era ajeno a la litis y los estudiantes no fueron parte en el juicio de origen ni en el juicio de amparo.
"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando las Juezas o Jueces de amparo adviertan que en algún caso que se les presenta se encuentran involucrados, directa o indirectamente, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, deben estudiar los hechos y las pruebas que se vinculan con tales menores de edad, en atención al principio del interés superior de la niñez, a pesar de que ello no haya sido materia de controversia o discusión y sin importar que los niños no hayan acudido al juicio.
"Justificación: Esto se explica, pues si la obligación jurídica contenida en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de adoptar el interés superior de la niñez, se aplica a todas las decisiones y medidas que afectan directa o indirectamente a los niños, entonces se colige que si el juzgador percibe que existen cuestiones que no forman parte propiamente de la litis que le es elevada, pero cuyo conocimiento y pronunciamiento es esencial para tutelar el interés superior del menor de edad, ante el riesgo o peligro de afectación que la sentencia depararía directa o indirectamente en el niño, no sólo resulta permisible, sino obligatorio que el Juez, oficiosamente, examine tales cuestiones ‘indirectas’ a la litis, a fin de que el interés superior del menor de edad sea tomado en cuenta de manera primordial en dicha decisión jurisdiccional. Luego, la autorización de ir más allá de lo directa o expresamente establecido en la litis que se le plantea al tribunal, deriva del hecho de que el Poder Judicial de la Federación, en virtud del interés superior del menor de edad, ha sido investido de facultades amplísimas para intervenir oficiosamente en esta clase de problemas relacionados con las niñas, niños y adolescentes, al grado de que puede hacer valer los conceptos o razonamientos que en su opinión conduzcan a la verdad y a lograr el bienestar del menor de edad. En el entendido de que la adopción del interés superior del menor de edad, en estos casos, no se actualiza por una simple conexidad o vinculación lejana entre la litis planteada y los derechos de la niñez –por ejemplo, simplemente porque la relación laboral se desarrolle en un lugar donde acudan menores de edad a realizar una determinada actividad–, sino que cobra aplicación cuando efectivamente se adviertan daños o riesgo de daño a los derechos de las niñas, niños y adolescentes –sean directos o indirectos– derivado de la decisión jurisdiccional respectiva."
(28) En ese sentido, es de manifestar que la tesis aislada 1a. XXIV/2019 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. ES IMPROCEDENTE SI ES EL IMPUTADO QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO AQUÉLLA SEA MENOR DE EDAD.", en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si el imputado en el proceso penal es quien promueve el juicio de amparo, no puede operar la suplencia de la queja en favor de la víctima del delito ni aunque fuere persona menor de edad, porque no es parte inconforme y en atención al principio non reformatio in peius no se puede agravar la situación de la parte recurrente; no es aplicable en los casos y controversia derivadas de la materia familiar.
(29) Ello, porque dicho criterio partió de ponderar el interés superior del menor de edad con la naturaleza del proceso penal ordinario, el cual es distinto a los principios de la materia civil y familiar y fue expreso en indicar que se circunscribía a la hipótesis contenida en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; de ahí que ese criterio excepcional y que partió de la teleología de la materia punitiva no pueda hacerse extensivo a los casos de la materia familiar en donde el principio del interés superior del niño, niña y adolescente y la suplencia de la queja operan con toda su amplitud y sin obstar el carácter del promovente.
(30) En consecuencia, este órgano colegiado sustenta la tesis aislada, en el sentido que:
"NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. EL JUZGADO FAMILIAR SE ENCUENTRA OBLIGADO A SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y ADOPTAR DECISIONES EN PROTECCIÓN A SU INTERÉS SUPERIOR, AUNQUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS.
"Hechos: La persona quejosa promovió un juicio de reducción de pensión alim
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30741-8b834984/ninas-ninos-y-adolescentes-los-juzgados-familiares-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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