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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA SU PROCEDENCIA BASTA LA PRESUNCIÓN NO DESVIRTUADA DE HABER NACIDO DESPUÉS DE LOS CIENTO OCHENTA DÍAS DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, AUN CUANDO EL MENOR SÓLO SE HAYA REGISTRADO CON LOS APELLIDOS DE SU MADRE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 237/2017. · Registro digital (IUS): 27372
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-09-29
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Pág. 1946.

AMPARO DIRECTO 237/2017. 3 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIA: DIANA HELENA SÁNCHEZ ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Resumen de las consideraciones del acto reclamado. La decisión de la Sala responsable se sustenta en los siguientes razonamientos de derecho:

Primeramente, desestimó por infundados los agravios planteados por el hoy tercero interesado en el sentido de que debió ordenarse la reposición del procedimiento a efecto de indagar el tema de la paternidad, porque la actora (quejosa) no presentó el medio idóneo para acreditar la paternidad consistente en la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), por lo que, aunado a que la sola manifestación de la madre en el sentido de atribuir la filiación del menor al demandado, es insuficiente para acreditar tal aspecto.

Lo anterior, pues dijo la Sala que de la lectura del escrito de contestación, no se advertía que el demandado hubiera sustentado su defensa en esas manifestaciones, por lo que al no haber sido introducidas a la litis en el momento procesal oportuno del juicio natural, ya no eran susceptibles de analizarse en la alzada, pues ello conllevaría la variación de la controversia.

Asimismo, razonó la responsable que aunque el juzgador está facultado para recabar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior del menor, no obstante, tal actuar no se justifica porque, en el caso, mediante sus agravios el apelante pretende el desconocimiento de la paternidad, aspecto que impide a la alzada a actuar en la citada manera, pues de hacerlo así, se estaría contraviniendo el interés superior del menor. Para soportar su argumento, la Sala cita la tesis aislada 1a. XXV/2014 (10a.) de título y subtítulo siguientes: "DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EN EL JUICIO INCOADO POR EL CÓNYUGE VARÓN, EL JUEZ NO DEBE ORDENAR OFICIOSAMENTE LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR."

Por otro lado, en el fallo reclamado se precisó que cuando se reclama el pago de alimentos, la parte actora debe justificar con el acta de nacimiento correspondiente el vínculo filial del deudor con el acreedor o, en su caso, con una sentencia que así lo declare, ya que la demanda de alimentos por sí sola no constituye una prueba de la paternidad.

Sin embargo, a juicio de la Sala responsable, la parte actora no acreditó la carga procesal que le impone el artículo 228 del código adjetivo civil vigente en el Estado, pues del acta de nacimiento del menor que aportó, se advierte que sólo fue registrado por su madre y, por tanto, es evidente que no compareció ante el ente registral el presunto padre del mismo.

Por tanto, al no justificarse con la prueba idónea (acta de nacimiento) el vínculo filial padre-hijo entre el menor de edad y el deudor, no existían condiciones para reclamar alimentos al hoy tercero interesado.

Ello -dijo la Sala- a pesar de que es patente que el juzgador debe velar por el interés superior del menor, no obstante, por sí solo tal principio no tiene el alcance de tornar arbitraria la decisión de la Sala soslayando los derechos del deudor alimentario y, sin que la suplencia de la queja a favor del infante tenga el alcance de establecer la filiación.

En consecuencia de todo lo anterior, la Sala revocó la sentencia apelada y absolvió de las prestaciones reclamadas al demandado, y en virtud de la materia familiar del asunto conforme el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles local, no hizo condena en relación con las costas.[1]

CUARTO.-Motivos de disenso. En el presente apartado se realiza la síntesis de la exposición de los conceptos de violación, lo cual no vulnera disposición legal alguna al no existir precepto normativo dentro de la Ley de Amparo que obligue a este Tribunal Colegiado a transcribirlos.

De esta forma, en esencia, los conceptos de violación, consisten en lo siguiente:

a) La resolución combatida viola en perjuicio del menor el derecho de legalidad reconocido en los artículos 1o., 14, 16 y 29 de la Constitución Federal, así como su interés superior, porque la Sala responsable, al negar la filiación entre el citado infante y el demandado, cita artículos que no deben ser interpretados de forma rígida e inflexible, pues deben ser atendidos a la luz del interés superior de los menores pues, en el caso, no se desvirtuó la presunción de hijo legítimo, pues la Sala sólo señala que no se acredita la filiación, pero no funda ni motiva tal aseveración.

b) Asimismo, luego de esbozar la definición y naturaleza del interés superior del menor, señala que la responsable no atendió al citado concepto, ya que en ninguna parte de su resolución se aprecia que mencione dicha cuestión y, contrariamente, dejó de atenderlo.

c) Por su parte, señala que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación adecuada, porque soslaya los artículos 255, 256, 256 Bis, 256 Ter, 257, 258, 259, 260, 261, 266 y 276 del Código Civil vigente en el Estado, y se limita a relacionar las pruebas sin que exista el más mínimo análisis de las mismas.

d) Alega que la Sala no valoró el material probatorio que allegó a los autos la quejosa y sólo señaló que la actora no demostró la filiación de mérito cuando de los autos consta que con las testimoniales, documentales y la confesión del demandado (sic) en el sentido de reconocer la existencia del matrimonio, así como del embarazo.

e) Por tanto, concluye que se realizó una incorrecta valoración de los hechos y de las pruebas, porque está demostrada la presunción de hijo legítimo en términos de los artículos 255 y 256 citados, sin que se haya demostrado lo contrario, circunstancia que es suficiente para que el menor tenga derecho a recibir alimentos sin que sea necesario el reconocimiento de paternidad, pues reitera, al nacer dentro del matrimonio, se presume su entroncamiento.

f) Además, señala que correspondía al demandado demostrar su defensa en el sentido de negar la paternidad, negativa que a juicio de la quejosa entraña una afirmación, por lo que el demandado tuvo la oportunidad de aportar la prueba de ADN, pues es él quien niega el parentesco que se le atribuye.

g) En el fallo reclamado, se basa la negativa a establecer la filiación en el hecho de que el estado civil se comprueba con el acta de nacimiento, lo cual es incorrecto porque el estado civil es distinto a la filiación, ya que en la ley no se prevé que debe obrar reconocimiento del padre en el acta o que la madre debe manifestarlo en la misma, pues el artículo 255 del Código Civil de Veracruz se refiere al nexo causal de matrimonio, continuidad del mismo, nacimiento del menor y su fecha de asentamiento, además, el artículo 272 ibídem señala que, en caso de deficiencias en la partida de nacimiento, la filiación se probará con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio, lo cual se actualiza en el presente; hipótesis que tiene como finalidad evitar que el padre se desentienda de sus obligaciones.

h) Aunque la recurrente registró a su hijo sólo con sus apellidos en virtud de las amenazas de su esposo, ello no le resta derecho al menor de demandar alimentos al citado, ni impide al Juez realizar una declaración de pleno derecho en función de que la filiación está acreditada con las pruebas que hay en autos, por lo que sólo resta declarar sus consecuencias como lo es el referido derecho alimentario.

i) De lo contrario, señala que se violan los derechos alimentarios del menor previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 4o. constitucional.

QUINTO.-(1) Análisis de los motivos de disenso. Previamente a dar respuesta a los conceptos de violación que anteceden, es menester precisar el carácter con que comparece la parte quejosa en su demanda de amparo; toda vez que en el juicio de primera instancia, **********, promovió demanda por su propio derecho y en representación de su menor hijo contra el tercero interesado, demandando el pago de alimentos para ella y su representado; dicha calidad le fue reconocida por el Juez de primer grado.

(2) Por su parte, en la sentencia que constituye el acto reclamado, emitida el ********** de ********** de **********, en el toca de apelación número **********, la Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, revocó el fallo apelado.

(3) Derivado de lo anterior, es claro que si ********** acude a la presente instancia constitucional, debe estimarse que lo hace por propio derecho y como representante de su menor hijo, toda vez que el fallo reclamado tiene injerencia tanto en su esfera jurídica como en la de este último, aunado a que los conceptos de violación combaten exclusivamente la absolución decretada al demandado en la alzada sobre la pensión para el menor; y así debe considerarse para todos los efectos legales conducentes; ello de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, que autoriza a este órgano a realizar las correcciones necesarias, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

(4) Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1348, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[2] de contenido siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR CUANDO SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO, PERO DE SU APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE QUE SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRO.-Si el artículo 79 de la Ley de Amparo impone la obligación de suplir los errores en que incurra la parte quejosa, en la cita de los preceptos constitucionales y legales, se estima que por mayoría de razón, autoriza a los tribunales de amparo para corregir el error del promovente que señala comparecer por derecho propio cuando de la apreciación integral de la demanda, se desprende que lo hace en representación de otro, pues sólo de esta manera se podría cumplir con la facultad que concede la segunda parte del citado precepto para examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión que realmente se planteó, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; tanto más si durante las instancias del juicio natural el promovente de la demanda tuvo el reconocimiento de las autoridades responsables como representante de la parte quejosa, lo que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Amparo, lleva a admitir la señalada personalidad."

(5) A continuación, para efectos de precisar la litis en el presente juicio de amparo, debe destacarse que no será motivo de análisis el reclamo alimentario que realizó la quejosa por su propio derecho, ya que desde la resolución de primer grado le fue negada la pensión alimenticia a su favor y de autos se advierte que sólo el demandado, hoy tercero interesado, se inconformó con la citada sentencia; por tanto, es evidente que lo relativo a ese tema quedó firme ante su falta de impugnación mediante el recurso de apelación. Máxime que en la demanda de amparo sólo se esgrimen argumentos tendientes a atacar la decisión de la responsable en el sentido de absolver al demandado del pago de una pensión alimenticia para el menor de edad.

(6) En el caso, procede la suplencia de la queja a favor de quien promueve amparo, debido a que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, misma que opera en toda su amplitud, debido a que en el caso, con la absolución en torno a la pensión alimenticia para el menor, pueden afectarse sus derechos.

(7) Son fundados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa y que fueron resumidos en el considerando anterior bajo los incisos a), d), e) y f), en los que aduce que es procedente el reclamo de alimentos para el menor de edad, debido a que su nacimiento ocurrió durante el matrimonio y, por ende, se presume su filiación con el demandado en calidad de hijo-padre.

(8) En efecto, no se comparte lo decidido en el fallo reclamado en el sentido de que es improcedente la acción de alimentos para el menor de edad, debido a que ésta debe fundarse en la correspondiente acta de nacimiento en donde el deudor lo reconozca como hijo o, en su defecto, demostrarse mediante la sentencia ejecutoriada que así lo declare.

(9) Lo anterior, según las razones que a continuación se explican.

(10) El artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz prevé lo siguiente:

"Artículo 234. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado."

(11) Texto legal del que se advierte que constituye una obligación legal de los padres, el dar alimentos a sus hijos.

(12) Por su parte, los numerales 255 y 256 del citado código, disponen lo que sigue:

"Artículo 255. Se presumen hijos de los cónyuges:

"I. Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio;

"II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del contrato, de muerte del marido o de divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial."

"Artículo 256. Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso carnal con su mujer, en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento, o que aun habiéndolo tenido existan razones biológicas o fisiológicas comprobadas médicamente que imposibiliten la concepción."

(13) De los preceptos legales transcritos se advierte que todo hijo que nazca dentro de los ciento ochenta días posteriores a la celebración del matrimonio y, hasta trescientos días después de su disolución, su filiación se presume como hijo de los cónyuges.

(14) Ahora bien, en el caso la parte quejosa y el tercero interesado contrajeron matrimonio el trece de julio de dos mil doce, según se advierte del acta de matrimonio que obra a foja ocho del juicio natural.

(15) Asimismo, del acta de nacimiento del menor de edad que reclama alimentos se aprecia que éste nació el ********** de ********** de **********.

(16) Además, no existe constancia ni aseveración por alguna de las partes de que se haya disuelto el matrimonio.

(17) En tales condiciones, a pesar de que en el acta de nacimiento del menor conste que éste fue registrado sólo con los apellidos de su madre, ese no es un impedimento para la procedencia de la pensión alimenticia a su favor en virtud de que se presume su filiación con el demandado, hoy tercero interesado, ello en virtud de que el citado menor nació dentro del matrimonio existente entre la actora y el demandado, porque éste se celebró el trece de julio de dos mil doce y el menor nació el ********** de ********** de **********, es decir, después de los ciento ochenta días de contraídas las nupcias, lapso requerido para que opere la presunción de mérito.

(18) Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 256 de la codificación sustantiva civil del Estado, contra esa presunción sólo se admiten pruebas en dos supuestos: (a) el no acceso carnal a la pareja en los primeros ciento veinte días precedentes al inicio del matrimonio; y, (b) la imposibilidad de concepción fundada en razones biológicas o fisiológicas comprobadas médicamente.

(19) Entonces, aunque de autos se advierte que la defensa del demandado, aquí tercero interesado, consistió en la negativa de la paternidad que se le atribuye bajo el argumento de que su cónyuge abandonó el domicilio conyugal desde el trece de marzo de dos mil trece; hecho que intentó demostrar con la confesional a cargo de la citada y la constancia expedida por el jefe de manzana de su localidad.

(20) Sin embargo, la confesional no le produce beneficio a fin de demostrar su defensa referente a que su consorte abandonó el domicilio conyugal en marzo de dos mil trece, debido a que en las posiciones que se le formularon a la citada, no se aludió a tales hechos.

(21) Ni tampoco lo demostró con la constancia expedida por el jefe de manzana (foja cuarenta y dos del juicio **********) en la cual, dicho funcionario asentó que **********, dejó de habitar en la citada fecha en el domicilio conyugal, en virtud de que no se precisa la razón de cómo se percató ese funcionario de tales hechos, aunado a que al margen de dicho documento, se precisa que éste sólo tendrá validez para ser usado como constancia de dependencia económica, buena conducta, residencia, unión libre, notoria pobreza y las anuencias para el establecimiento de comercios.

(22) En esa medida, la presunción de ser hijo de los cónyuges (quejosa y tercero interesado), es suficiente para la procedencia de la pensión alimenticia que se demandó a este último, debido a que dicha presunción se perfeccionó porque el demandado no acreditó los hechos que alegó como defensa.

(23) Cabe precisar que no es impedimento a lo anterior, lo argumentado por la Sala responsable sobre que la paternidad se demuestra sólo con el acta de nacimiento respectiva o, en su caso, la sentencia que así lo declare.

(24) Lo anterior, porque el derecho alimentario del menor no puede supeditarse en ningún caso a la voluntad del padre de registrarlo, cuando existe a su favor la presunción de hijo por haber nacido dentro del matrimonio.

(25) Ello, porque los derechos en colisión de esos dos sujetos (el menor y su padre), no son equiparables, ya que son cualitativamente distintos, mismos que se explican en los párrafos subsecuentes.

Derecho del menor a recibir alimentos.

(26) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2293/2013, emitió las consideraciones que se sintetizan a continuación:

(27) El derecho de alimentos se conforma con un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia, sino que también se busca una mejor inserción en la sociedad. Acorde con lo anterior, los elementos de la obligación alimentaria es posible derivarlos del artículo 4o. constitucional, ya que cuando en su párrafo octavo determina que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, está delineando los elementos esenciales del derecho de alimentos que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores.

(28) Así, es claro que el trasfondo de la obligación alimentaria es económico pues se traduce en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal: aunque patrimonial es el objeto de la prestación, la obligación se encuentra vinculada con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad.

(29) Es importante recordar que la obligación alimentaria puede consistir en una obligación de dar o de hacer, ya que se cumple mediante la asignación de una pensión o la realización de actividades determinadas con la finalidad de proporcionar una vida digna al acreedor alimentista. En el caso de los menores, también implica brindarles la educación y capacitación para que, posteriormente, puedan valerse por sí mismos. Tomando en cuenta lo anterior, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos del acreedor alimentista.

(30) La Suprema Corte, en diversas resoluciones, ha sostenido que los alimentos son materia de orden público e interés social, hasta el punto de conceder la suspensión contra el pago de alimentos, entre otras razones, porque de no otorgarse se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia.

(31) Expuestos los rasgos generales del derecho de alimentos, debe señalarse que la obligación de los alimentos se da, en primer lugar, en la relación paterno-filial; de ahí que los alimentos sean normalmente considerados como un derecho de los hijos y como un deber de los padres, independiente de que ostenten o no la patria potestad, y sin que importe si los hijos han nacido fuera o dentro del matrimonio: la obligación de los progenitores de prestar alimentos a sus hijos queda integrada en la relación de patria potestad, pero la fuente no es la patria potestad, sino la paternidad y/o maternidad en los casos de los alimentos que derivan del reconocimiento de paternidad, de tal manera que esa situación comienza para el menor desde el instante que marca el inicio de su vida. Sobre este aspecto, conviene precisar que la obligación alimentaria recae no sólo sobre el progenitor que convive con su hijo menor de edad, sino también sobre el progenitor no conviviente, porque -como ya se dijo- el origen es el vínculo paterno-materno-filial.

(32) A diferencia de los alimentos entre parientes, la obligación alimentaria de los padres para con los hijos reviste una fisonomía particular y se rige por normas específicas que contemplan su singularidad, como es el que no debe acreditarse la necesidad del alimentado, pues ésta se presume: el menor no necesita probar el elemento de necesidad para pedir alimentos, configurándose así una situación especialísima que marca una nítida diferencia con la obligación entre parientes; es decir, tratándose del derecho de alimentos, cuyo titular es un menor de edad, no se requiere la conformación del requisito de necesidad, sino que basta la mera existencia del vínculo familiar.

(33) Por otra parte, la obligación alimentaria posee características especiales que la diferencian de las obligaciones originadas por la voluntad negocial, lo que hace que las normas que la regulan se aparten de los principios generales del derecho netamente crediticio y se rijan por normas específicas, lo cual debe tenerse siempre presente, especialmente cuando se trata de resolver situaciones que involucren el derecho de alimentos de un menor. Aunado a lo ya dicho, es importante enfatizar que la obligación de suministrar alimentos no sólo incluye los bienes indispensables para la subsistencia del menor, sino aquellos necesarios para su desarrollo integral armónico, de tal manera que todos estos aspectos deben ser evaluados por el juzgador al momento de determinar el monto de la cuota alimentaria.

(34) Hasta aquí la síntesis de las consideraciones del referido amparo directo en revisión.

Derechos del progenitor.

(35) Con el desconocimiento de paternidad, sus consecuencias serán la destrucción del vínculo filial, con la ulterior privación de los derechos alimentarios y hereditarios del presunto padre, así como los lazos que vinculan al menor con sus parientes; lo anterior tiene su origen en el conocimiento biológico de un niño para con su progenitor, lo cual encierra, como se dijo, que se exima al presunto padre de todas las cargas inherentes a la paternidad, las cuales se traducen en cuestiones preponderantemente económicas, pues quien intenta la acción de desconocimiento de paternidad, implica su falta de anuencia para seguir protegiendo en todos los aspectos al infante que en el citado controvertido constituirá su contraparte.

(36) De la ponderación de los derechos fundamentales del menor a percibir alimentos y la prerrogativa del presunto padre al desconocimiento de la paternidad, se patentiza la disparidad entre éstos, fundada en que al ser intereses naturalmente antagónicos, el perjuicio que se produciría al menor sería indefectiblemente mayor, pues el derecho alimentario indicado tiene rango constitucional.

(37) En esa tesitura, el deber alimentario del progenitor en relación con el menor se sobrepone a la voluntad del primero a reconocerlo ante la entidad registral correspondiente, debido a que no es dable que el pago de una pensión alimenticia para el infante, se supedite a que el deudor quiera o no reconocerlo cuando tiene a su favor la presunción de hijo al haber nacido dentro del matrimonio, pues es patente la relevancia tanto constitucional como convencional que adquiere este derecho.

(38) En el entendido de que tal derecho de alimentos tiene génesis en el lazo paterno-filial, que deriva de la procreación y, en ese contexto, no es el reconocimiento que realiza el padre del menor como hijo, sino que es la existencia del nexo biológico el fundamento del derecho alimentario y, sobre éste último, la ley prevé la presunción en el sentido de que el menor que nazca dentro del matrimonio es hijo de los consortes.

(39) Por tanto, no es admisible la exigibilidad a que se refiere la Sala responsable para fijar la pensión alimenticia al menor de edad a que se exhiba el acta de nacimiento o la sentencia que lo declare hijo del tercero interesado, puesto que el derecho alimentario del infante se origina derivado de la presunción legal que tiene a su favor de haber nacido dentro del matrimonio conformado por este último y la madre del niño, misma que no fue destruida.

(40) Entonces, la consecuencia lógica de que el nacimiento de la obligación de proporcionar alimentos a los menores desde que nacen resulta una prerrogativa de éstos, y deber imprescriptible e insustituible de ambos progenitores, pues no es voluntad de éstos ser titulares de la patria potestad y, con ello, deudores alimentarios, en consecuencia, si existe a favor de los hijos nacidos del matrimonio la presunción de ser hijos de los cónyuges, no es dable operar con tal rigidez como lo hizo la responsable en el sentido de exigir para el otorgamiento de la pensión a favor del menor, el acta de nacimiento o la sentencia que declare la paternidad, si en el caso no se desvirtuó la aludida presunción.

(41) Ya que la cuestión alimenticia excede la legislación civil, proyectándose como un derecho humano enclavado en el artículo 4o. constitucional y en diversas disposiciones legales que estatuyen que los niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral.

(42) Entonces, contrariamente a lo aducido por la Sala responsable, de los artículos 271 y 291 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que ésta citó en su sentencia, los cuales son de contenido siguiente:

"Artículo 271. La filiación de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la partida de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres."

"Artículo 291. La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio, se prueba por el reconocimiento voluntario, o por una sentencia que declare la paternidad o maternidad, en los casos que este capítulo permite."

(43) De dichos preceptos legales, consta que la filiación de los hijos nacidos dentro del matrimonio se prueba con su partida de nacimiento y el acta de matrimonio de los padres y sólo para los hijos nacidos fuera de matrimonio es exigible el reconocimiento voluntario o, en su defecto, la sentencia que declare la paternidad; en el caso, como ya se precisó, si el menor de edad acreedor nació después de ciento ochenta días de celebrado el matrimonio se actualiza a su favor la presunción de ser hijo de los cónyuges.

(44) Estimar lo contrario y requerir al menor de edad quejoso que acredite su filiación con el acta de nacimiento donde se le reconozca como hijo, tanto por la madre como por el demandado, implicaría admitir un esquema con presupuestos iguales para supuestos cualitativamente distintos, porque a favor de los menores que nacen del matrimonio surge, de facto, la presunción de ser hijos derivados del mismo.

(45) Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el presente juicio, la paternidad no formó parte de la controversia, sino que ésta se conformó con el reclamo alimentario realizado por el menor.

(46) En conclusión, no se comparte el criterio de la Sala responsable de revocar la sentencia de primer grado para el efecto de estimar improcedente la pensión decretada en favor del menor de edad, ello, argumentando que debió demostrarse su filiación mediante el acta de nacimiento o la sentencia donde se decida sobre la paternidad correspondiente, previamente al reclamo de alimentos intentado porque, como ya se precisó, existe la presunción de ser hijo de los cónyuges por haber nacido después de los ciento ochenta días posteriores a la celebración del matrimonio, el cual sigue vigente.

(47) Máxime que, en el caso, estamos ante la presencia de una sentencia definitiva en la cual se está decidiendo el derecho del menor de edad a recibir alimentos, el cual, si bien es cierto que los artículos 271 y 291 del Código Civil para el Estado de Veracruz señalan que tal derecho se acredita mediante la presentación del acta de nacimiento donde el menor esté reconocido por ambos progenitores, el acta de matrimonio o con una sentencia que declare la paternidad o maternidad, también lo es que dichos elementos probatorios no son los únicos para decidir ese derecho, pues de acuerdo con los artículos 255 y 256 del código citado, bajo la presunción de ser hijo nacido después de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio igualmente se puede decidir ese derecho a recibir alimentos, aun cuando el menor sólo haya sido reconocido por su progenitora, como en el caso, pues al no existir prueba por parte del progenitor que desvirtúe la pretensión, con base en dicha presunción se declara procedente el derecho del menor de edad a recibir alimentos.

(48) Por último, se estima innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, porque su estudio no variaría el sentido de la presente ni conllevaría un mejor beneficio del ya obtenido con la concesión del amparo.

(49) Sentado lo anterior, al resultar fundados los conceptos de violación en análisis, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable:

a. Deje insubsistente la sentencia reclamada;

b. Reitere los aspectos no comprendidos en la concesión del amparo, consistentes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27372-147378d7/pension-alimenticia-para-su-procedencia-basta-la-presuncion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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