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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS ENTRE EXCÓNYUGES. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS SE ACTUALIZA ANTE EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO AL MOMENTO DE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO DE PAREJA Y SE FIJA EN LA SENTENCIA RESPECTIVA, SIENDO LA ÚNICA FUENTE DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA ENTRE AMBOS, POR LO QUE ANTE LA INSUFICIENCIA DE ESA MEDIDA PUEDE ACUDIRSE A LA OBLIGACIÓN DE LOS HIJOS DE PROPORCIONAR ALIMENTOS A SUS PADRES (LEGISLACIÓN CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 847/2022. · Registro digital (IUS): 31801
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-10-06
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo V, Pág.4735.

AMPARO DIRECTO 847/2022. 22 DE JUNIO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. SECRETARIO: JUAN MANUEL TÉLLEZROA RUIZ.

CONSIDERANDO:

1. TERCERO.—Estudio de los conceptos de violación. Son parcialmente fundados los conceptos de violación, ello en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo que a continuación se expone:

2. Para empezar a abordar el estudio de los citados planteamientos, es conveniente, en lo que nos interesa, establecer lo siguiente:

3. Consideraciones de la responsable.

- Que eran infundados los agravios expuestos por la apelante, toda vez que defendió la postura del a quo, porque éste había absuelto al demandado del pago de los alimentos señalados por la recurrente, porque no se había actualizado la obligación alimentaria subsidiaria del demandado, consistente en "la falta de cónyuge o excónyuge", al dejar de acreditar la accionante la falta o imposibilidad de su cónyuge o excónyuge para proporcionarle alimentos y que, en tal virtud, estableció la Sala responsable, en la sentencia apelada se había cumplido con el principio de completitud en la impartición de justicia contenido en los artículos 17 de la Constitución General y 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de donde se derivan los principios de congruencia y exhaustividad, entendidos como el análisis y resolución diligente de todos y cada uno de los puntos objetos del debate, sin que abordara algunos ajenos a la controversia.

- Que aun cuando es verdad que, en el caso, es obligación que los órganos jurisdiccionales suplan la deficiencia de la queja en favor, entre otros, de los acreedores alimentarios; sin embargo, de ello no se sigue que necesaria y forzosamente todas las controversias sean resueltas a favor de los adultos mayores de edad, ni de las mujeres por el solo hecho de serlo, sino que constituye únicamente el deber de los tribunales de privilegiar el pronunciamiento de sus decisiones o medidas, el orden constitucional y la tutela de los derechos cuando sea procedente, aun cuando no formaran parte de los puntos litigiosos objeto del debate pues, de lo contrario, se inobservaría el derecho humano a la tutela jurisdiccional previsto en el artículo 17 constitucional, así como los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que destacó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN."

- Que no se admitieron las pruebas relativas a las constancias del expediente **********, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, ni la carpeta de investigación **********, de la Fiscalía Quinta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba, Veracruz, por lo que, en tal sentido, el juzgado primario no tenía la obligación de analizarlas, ni tampoco se actualizó la hipótesis de la obligación alimentaria subsidiaria (consistente en la falta de cónyuge o excónyuge) y no propiamente en la falta de prueba para justificar la necesidad de la acreedora a percibir alimentos; de tal manera que, aun cuando a dichas pruebas se les otorgara efectos demostrativos no serían útiles para modificar o revocar la sentencia sujeta a revisión.

- Y reiteró que la absolución al demandado en comento, se sustentó en la subsidiariedad de la obligación alimentaria de los hijos para con los padres, y no en la falta de necesidad de percibir alimentos, lo cual, para la responsable, se encontraba ajustado a derecho en términos del artículo 235 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y que era a la parte actora a la que le correspondía acreditar los elementos de su acción en términos del precepto 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales eran el parentesco entre ella y el deudor alimentista, la capacidad económica de éste para proporcionar los alimentos reclamados y la necesidad de la acreedora de percibir los alimentos y que, en este caso, no existe alguna presunción a favor de la actora por ser una acción de naturaleza subsidiaria; justificar también la existencia del deudor alimentario legalmente preferente que, como ejemplo lo puede ser el esposo o excónyuge de quien la ejercitó, y citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 103/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALIMENTOS PARA ASCENDIENTES. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO CUANDO LO RECLAMAN DE SUS DESCENDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."

- Que también se debió atender a la prelación contenida en los artículos 233 y 235 del Código Civil para el Estado de Veracruz, de la cual se deriva el reconocimiento de un derecho natural primario, que es el emanado de la celebración del matrimonio y, en su caso, del divorcio, en donde los esposos o excónyuges asumen la obligación de darse alimentos; disposición que se complementa con los artículos 98 y 100 del código sustantivo civil del Estado, ambos anteriores a la reforma de diez de junio de dos mil veinte, en lo inherente a la igualdad de los derechos y obligaciones de los consortes nacido del matrimonio y a la reciprocidad al socorrerse, como sucede cuando uno de los dos esté imposibilitado para contribuir a las cargas económicas de la familia, en cuyo supuesto al otro corresponde la obligación de asumirlas íntegramente y ministrar alimentos a su cónyuge y, por ello, sólo a falta o por imposibilidad de este último, la obligación de dar alimentos es al consorte o al excónyuge, y únicamente surge a la vida jurídica la obligación de sus descendientes de proporcionarle alimentos, si falta o existe imposibilidad del cónyuge a quien corresponde en primer lugar el cumplimiento de la obligación, pues éste es de un tipo condicional y suspensivo en términos de los artículos 1871 y 1872 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; siendo que para apoyar su determinación citó, entre otras, la tesis aislada VII.2o.C.203 C (10a.), de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Séptimo Circuito, de título y subtítulo: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPOCIONARLOS POR PARTE DE LOS ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, HERMANOS Y DEMÁS PARIENTES COLATERALES DENTRO DEL CUARTO GRADO ES DE TIPO CONDICIONAL Y SUSPENSIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."

- Que la parte actora, al absolver posiciones articuladas por su contraparte y calificadas de legales, en las que aceptó que contrajo nupcias con el papá del demandado, y que recibe de aquél una pensión alimenticia semanal, y que también es acreedora a un pago bimestral por la cantidad de $**********, por parte del programa del gobierno llamado "Bienestar", por lo que determinó la responsable que la obligación de proporcionar alimentos a la parte actora corresponde a su ahora excónyuge, es por lo que la acción no puede prosperar, con independencia de que se encuentre acreditado el parentesco que une a las partes y la capacidad económica para proporcionar alimentos del demandado, así como la necesidad de la actora de percibir alimentos y que, según la confesión de la actora, percibe una pensión semanal de su excónyuge, misma que aun cuando no fuera suficiente para satisfacer las precitadas necesidades alimentarias de la demandante o no se cubriera oportunamente su pago, no podría producir el efecto jurídico de trasladar automáticamente esa carga a su hijo demandado, ya que está al alcance legal de ella reclamar o exigir al deudor alimentario primario el incremento y el cabal cumplimiento de la propia obligación, ya que ésta únicamente es dable de trasladarse a los descendientes ante la falta o imposibilidad del referido consorte o exconsorte. Sobre este punto la Sala responsable citó la doctrina escrita sobre el caso, y también apuntó que no era óbice a lo resuelto que los órganos jurisdiccionales tienen a su favor de allegarse las pruebas necesarias conducentes para justificar las necesidades alimentarias de quienes reclaman el pago de alimentos y las posibilidades económicas del obligado para suministrarlos; sin embargo, la absolución se apoyó en la falta de actualización del deber de subsidiariedad de los hijos, de proporcionar alimentos a sus padres, y no en la incomprobación de tal necesidad y/o posibilidad económica.

4. Estudio del asunto.

5. Son parcialmente fundados los conceptos de violación, ello en suplencia de la deficiencia de la queja.

6. Para resolver los planteamientos, conviene establecer lo siguiente:

7. Del artículo 4o. constitucional se desprende que toda persona tiene derecho a acceder a un nivel de vida adecuado, lo que implica la satisfacción de otros derechos como la alimentación, educación, vestido, salud, vivienda, para cumplir con las necesidades básicas de los seres humanos.

8. En ese sentido, es al Estado a quien, en principio, le corresponde asegurar la satisfacción de estas necesidades básicas, así como garantizar el goce de cada uno de estos derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales.

9. Sin embargo, es a través de la doble dimensión de los derechos humanos que el Estado delega facultades a los particulares para la optimización de éstos, ya que esta dimensión constituye, por una parte, la conformación de derechos públicos subjetivos; esto es, las relaciones con el Estado y, por su función objetiva en la cual los derechos humanos se unifican, identifican e integran en un sistema jurídico a las restantes normas, lo que hace que éstos permeen en el resto de componentes del sistema jurídico.(1)

10. Es por ello que el Estado, para asegurar el pleno ejercicio de estos derechos, vincula no sólo en el ámbito ético-social, sino a través del derecho a la familia, para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, con base en el deber jurídico de asistencia mutua, solidaridad, subsistencia, por ser la célula en la que el individuo nace, crece, se educa y se desarrolla.

11. Así, a nivel local el artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, los cuales comprenderán los rubros de vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, así como los gastos necesarios para la educación básica que puedan proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales, de conformidad con el artículo 239 del referido código.

12. De ahí que si bien el Estado tiene la posición de garante de la protección alimentaria, ello no implica que esté obligado a proveerla, sino debe promover, respetar, proteger y garantizar las condiciones necesarias para que los individuos puedan tener acceso a ella.

13. De lo que se concluye que existe una interacción dual Estado-familia, en el que la familia funge como institución social que hace efectivo el derecho a la alimentación y educación, mientras el Estado desempeña la función de garante y protector del cumplimiento del mismo, con el fin de otorgarle a los acreedores alimentarios su autonomía y capacitarlos como miembros de una sociedad democrática.

14. Es por ello que el derecho humano a los alimentos, consagrado en el artículo 4o. constitucional, abarca el ámbito subjetivo y objetivo de las personas, y tiene como objetivo el desarrollo integral del sujeto a quien se le proporcionan, el cual va más allá del ámbito alimenticio en sentido estricto.

15. Al respecto, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la alimentación no implica un derecho a ser alimentado, sino un derecho a alimentarse en condiciones de dignidad, pues se espera que las personas puedan satisfacer sus propias necesidades a través de su esfuerzo y trabajo.

16. Ahora, la cuestión toral de la sentencia reclamada fue el tema de la subsidiariedad de la obligación alimentaria de los hijos para con los padres, y no la falta de necesidad de percibir alimentos, ello en términos del artículo 235 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de los criterios invocados por la responsable, entre los que se encuentra el emitido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada VII.2o.C.203 C (10a.), de título y subtítulo: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPOCIONARLOS POR PARTE DE LOS ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, HERMANOS Y DEMÁS PARIENTES COLATERALES DENTRO DEL CUARTO GRADO ES DE TIPO CONDICIONAL Y SUSPENSIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", en la que se pone hincapié que primero debe recurrirse al exconsorte de la actora, para que cubra la necesidad y no directamente al vástago como lo señaló la responsable.

17. En efecto, en toda su demanda de amparo la parte quejosa se duele de que la pensión que percibe de su excónyuge es precaria y no le alcanza para su subsistencia, y que por tal motivo recurrió a demandar a su hijo, hoy demandado (tal como se advierte de la copia certificada del acta de nacimiento cincuenta y uno, visto a fojas 6 y 7 del juicio principal), inconformidad que es fundada, en la medida en que la obligación de los hijos para con los padres tiene su fundamento en un principio de solidaridad, basado en una expectativa de asistencia recíproca, pues de conformidad con el artículo 232, en relación con el diverso 235, ambos del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la obligación de dar alimentos es recíproca, pues el que los da, tiene a su vez el derecho de pedirlos; en este caso se presume que la quejosa, al ser la madre del demandado, le proporcionó alimentos en su niñez, cuidados, asistencia, por lo que no debe regirse tal obligación por el concepto de subsidiariedad, ni puede atenderse al principio de prelación, pues tal artículo tiene como sustento un carácter inminentemente proteccionista a la persona que en cierta etapa de su vida requiere ser alimentada por sus vástagos. Esto es así, porque aunque lo normal es que los hijos demanden alimentos a sus ascendientes, ante el aumento en la expectativa de vida del ser humano, en el caso, la acreedora en la actualidad tiene setenta y cuatro años de edad, tal como se advierte del acta de nacimiento que obra agregada en autos, cada vez existen más asuntos en los que los progenitores demandan a sus hijos, tal como es el caso, ante la falta de solvencia económica para satisfacer sus necesidades más elementales, siendo que en lo particular, el demandado hoy tercero interesado, en ningún momento objetó la falta de socorro cabal con la obligación alimentaria que tenía la quejosa en sus años de infancia, por lo que le asiste el derecho a la quejosa de reclamarle la pensión alimenticia.

18. Lo anterior, con independencia de que la quejosa obtenga una pensión alimenticia de su excónyuge pues, precisamente, el reclamo que hizo en el juicio de origen, fue porque ésta es insuficiente para satisfacer sus necesidades, amén de que al tener el grado de expareja, ya no puede reclamarle alimentos en su calidad de consorte, pues el estatus de la quejosa hace que sólo se limite a pedir el cumplimiento de la pensión que recibe de su expareja, y por el tiempo en el cual se concreticen tales acciones, se corre el riesgo de que se prive de los satisfactores más elementales para la subsistencia de la quejosa.

19. Sin que pase desapercibido que este Tribunal Colegiado de Circuito, haya sostenido la tesis aislada VII.2o.C.203 C (10a.), de título y subtítulo: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR PARTE DE LOS ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, HERMANOS Y DEMÁS PARIENTES COLATERALES DENTRO DEL CUARTO GRADO ES DE TIPO CONDICIONAL Y SUSPENSIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", pues en ésta se trató de una obligación subsidiaria, que fue a cargo de los abuelos, en donde la ley establece una prelación de deudores para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios menores de edad, y no en una relación directa, como es el caso entre la madre y su hijo, en la que debe regir el principio de solidaridad familiar basado en una expectativa de asistencia recíproca.

20. Sin embargo, una vez que se estableció la solidaridad alimentaria que tienen los hijos para con los padres, es importante señalar que también debe estudiarse la necesidad que tiene la acreedora alimentaria para que sea benefactora de los alimentos a cargo de su hijo, para lo cual se debe analizar, precisamente, tanto las necesidades de ésta, como las posibilidades de su deudor, ello en términos del artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quehacer jurídico que corresponde a la Sala responsable, en la que agote su jurisdicción en este sentido.

21. Tiene aplicación al caso el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"Registro digital: 189214

"Instancia: Primera Sala

"Novena Época

"Materia: Civil

"Tesis: 1a./J. 44/2001

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001,

"Página: 11

"Tipo: Jurisprudencia

"ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social."

22. En conclusión, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la obligación alimentaria entre los excónyuges nace del desequilibrio económico al momento de la disolución de la ruptura de la pareja y se fija en la sentencia; dicha determinación constituye la única fuente de la obligación alimentaria, por lo que ya no se puede solicitar tal prestación por un deterioro posterior en las condiciones de alguno de los excónyuges.

23. Lo anterior en virtud de que el artículo 232 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que los alimentos deben proporcionarse en forma recíproca; por otro lado, el diverso precepto 233 de ese mismo ordenamiento regula la obligación alimentaria entre los cónyuges, esto es, con un carácter de solidaridad durante la vigencia de la relación marital, así como cuando la obligación queda subsistente ante el divorcio y el propio código regula la figura de la pensión compensatoria en cualquiera de sus vertientes, aunque la misma no encuentre sustento en una relación de solidaridad, sino ante el desequilibrio económico advertido al momento de decretar el divorcio, o en la disolución de la relación de pareja.

24. A su vez, los artículos 234 y 235 del Código Civil local regulan la obligación alimentaria entre padres e hijos, que descansa en los lazos filiales.

25. Por ello, cuando en una controversia familiar se decreta el divorcio y el juzgador advierte un desequilibrio económico en el que se coloca a alguno de los cónyuges, lo que motiva a decretar una pensión compensatoria, ya sea resarcitoria o asistencial e, incluso, ambas; es evidente que si con posterioridad alguno de los excónyuges alega la insuficiencia de dicha medida, su pretensión ya no es exigible, porque dejó de existir la obligación solidaria que da sentido a los alimentos entre cónyuges, sino que se requiere acudir a otra fuente alimentaria, como lo es la obligación de los hijos de proporcionar alimentos a sus padres.

26. Sentado lo anterior, al resultar fundados los conceptos de violación en suplencia de la deficiencia de la queja, lo que procede es conceder la protección federal solicitada, para los siguientes efectos:

Que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que determine que la obligación del tercero interesado para con la quejosa es de carácter solidaria en términos del considerando que antecede y, con plenitud de jurisdicción aborde el tema de si existe necesidad de la peticionaria de amparo de recibir alimentos de su hijo.

CUARTO.—Autorización de copias. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizado para ello, previa razón actuarial.

Por lo expuesto, fundado se

RESUELVE:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca de apelación número **********.

Notifíquese; anótese en el libro de gobierno, una vez que lo permitan las labores de este Tribunal Colegiado de Circuito, remítase una impresión de la sentencia que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con sus evidencias criptográficas, así como los autos al lugar de su procedencia y archívese el expediente.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los ciudadanos Magistrados Isidro Pedro Alcántara Valdés y José Manuel De Alba De Alba, en contra del voto particular del Magistrado Alfredo Sánchez Castelán. Fue ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 103/2008, 1a./J. 103/2017 (10a.) y aislada VII.2o.C.203 C (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 9; en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas y 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 48, Tomo I, noviembre de 2017, página 151 y 71, Tomo IV, octubre de 2019, página 3461, con números de registro digital: 166746, 2015591 y 2020773, respectivamente.

La tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2016 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas.

________________

1. Décima Época. Registro digital: 2012505. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Tomo I, septiembre de 2016. Materia: Constitucional. Tesis: 1a./J. 43/2016 (10a.). Página: 333. "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31801-6228a0d0/alimentos-entre-exconyuges-la-obligacion-de-proporcionarlos-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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