SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS.
AMPARO DIRECTO 585/2017 (CUADERNO AUXILIAR 943/2017) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 17 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE. SECRETARIO: LUIS FELIPE RIVERA VÁSQUEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Estudio. En términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo procede el estudio exhaustivo del presente asunto en suplencia de la queja, por tratarse de un litigio en materia de alimentos que afecta el orden y desarrollo de la familia; sin embargo, al no advertirse cuestión alguna que pueda llevar a la concesión del amparo impetrado y toda vez que los conceptos de violación resultan inoperantes en un aspecto e infundados en lo restante; procede negar el amparo solicitado.
Se dice lo anterior, ya que en la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a que se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras.
En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable.
Por ende, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con tal institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de aquellos que son o fueron sus miembros; así, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios, procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio, conforme al mencionado artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al inconforme o, por el contrario, le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento por aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por tanto, resulte procedente el amparo.
Precisado lo anterior, en una primera parte de sus conceptos de violación, el quejoso aduce que la autoridad responsable, al emitir la sentencia reclamada, violó lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que desde el momento en que se le condenó al pago de una pensión compensatoria aplicada en su salario y demás prestaciones, por el tiempo de veintitrés años, once meses y veinticuatro días, no tomó en consideración el estado de necesidad manifiesta para determinar el monto y modalidad de la obligación.
En ese tenor, menciona que desde el momento que la demandada quedó divorciada desapareció el derecho alimentario en su calidad de cónyuge por la disolución del vínculo matrimonial; por lo que al no haber acreditado su estado de necesidad, no existió un razonamiento claro para que se le haya fijado el pago de pensión alimenticia compensatoria de un 20% (veinte por ciento); de ahí que la autoridad responsable, para determinar el monto y la modalidad de la obligación, debió considerar lo dispuesto por el numeral 162 del Código Civil para el Estado de Veracruz, es decir, tuvo que acreditarse lo siguiente:
• La necesidad alimentaria de la acreedora;
• Su nivel de vida;
• Los ingresos de **********;
• La edad y el estado de salud de las partes;
• El grado de estudios, así como la calificación profesional, experiencia laboral y la posibilidad de acceso a un empleo;
• La duración del matrimonio;
• La dedicación pasada y futura de la familia; y,
• Cualquier otra circunstancia, así como la capacidad para laborar de **********.
Puntos sobre los cuales el propio quejoso hace una exposición detallada en relación con su situación personal y la de su contraparte.
Argumentos que devienen inoperantes.
Lo anterior es así, en tanto el quejoso formula argumentos novedosos que tienen relación con la manera en que la Juez de primera instancia determinó la procedencia y el porcentaje de la pensión compensatoria que debía pagarse a su contraparte en el juicio; los cuales debieron hacerse valer por el propio impetrante al momento de estar en aptitud de interponer el recurso de apelación que dio origen al acto que aquí se reclama, lo que no hizo.
En efecto, la procedencia del juicio de amparo lleva su base en el entendido de que la parte quejosa, al estimar que el acto reclamado le causa un menoscabo en su esfera jurídica de derechos, tiene la carga procesal de demostrar la inconstitucionalidad de éste a través de los conceptos de violación que para tal efecto argumente en su demanda; sin embargo, dichas inconformidades deben hacerse valer en el momento procesal oportuno, es decir, para el caso de aquel fallo que se emita al resolver el recurso ordinario de apelación, deviene necesario que las cuestiones que lleven relación con el fondo del asunto, se hagan valer, previo al amparo, ante la Sala que conozca del referido medio de impugnación, pues es a ésta a quien corresponde dilucidar los aspectos que versan sobre la controversia principal, así como determinar, a la luz de los agravios hechos valer, si la Juez de primera estancia estuvo en lo correcto al pronunciarse en torno a la procedencia de la pensión compensatoria y el porcentaje respectivo.
Pues sólo de ese modo es que, virtud a los conceptos de violación que, en su caso, se hagan valer, este Tribunal Colegiado se pronunciará en torno a la manera en que el tribunal de alzada atendió a dichas alegaciones al momento de resolver la apelación; empero, si no se hicieron valer esas irregularidades ante la autoridad responsable, ello no puede señalarse en la ulterior instancia constitucional como concepto de violación.
De modo que los motivos de inconformidad de que se trata, no pueden ser introducidos en un amparo promovido (como en el caso) contra la sentencia derivada de la tramitación de un medio ordinario de impugnación, en la que no fueron materia de análisis, por no haberse planteado dentro de los agravios por la contraparte apelante; en tanto no es jurídicamente aceptable que el quejoso promueva un juicio de amparo directo y exprese alegatos que tengan relación con la ilegalidad de las consideraciones sustentadas por la Juez de primer grado, si desde el momento en que estuvo en aptitud de acudir a la apelación pudo haberlos hecho valer a efecto de que el superior jerárquico de la autoridad recurrida se pronunciara en torno a su idoneidad.
Por ende, si en el caso se advierte que los citados conceptos de violación se encuentran encaminados a controvertir la confirmación de la resolución recurrida en apelación, por cuanto hace a la manera que se consideró pagadero el porcentaje de veinte por ciento en favor de la demandada natural, por concepto de pensión compensatoria; tales cuestionamientos, por novedosos, resultan inatendibles por este Tribunal Colegiado, en razón de que el impetrante pudo haberlo planteado al interponer el recurso de apelación, donde debía reclamar las irregularidades que se cometieron para resolver de acuerdo a su pretensión o, incluso, controvertir la forma en que la autoridad de primera instancia acordó sobre la procedencia de la pensión compensatoria.
Máxime si la litis de segunda instancia se circunscribió a resolver en torno a la temporalidad en que el actor natural debía cumplir con la obligación alimentaria que le fue impuesta, en atención a lo hecho valer por la apelante beneficiaria de esa medida; por lo que, se insiste, si alguna inconformidad existía en cuanto a su monto, era necesario que ésta se planteara por el deudor alimentario mediante la interposición del recurso ordinario procedente contra la sentencia primigenia.
Sobre el particular, por analogía, se cita la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE.-En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios."
Así como, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito,(2) que se comparte, de epígrafe:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL.-Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas."
Sin que sea obstáculo para declarar la inoperancia de los agravios que, en el caso, se trate de un asunto de materia familiar, ya que esto no exime al tribunal de hacer un estudio exhaustivo en suplencia de la queja.
Se cita como fundamento la tesis aislada VII.2o.C.41 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito,(3) que este órgano colegiado comparte, que es de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS HECHOS VALER POR CUALQUIERA DE LAS PARTES EN ASUNTOS DE NATURALEZA FAMILIAR. AUN CUANDO DEBA SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ELLO NO IMPLICA QUE PUEDAN DECLARARSE INOPERANTES. Si bien en materia familiar debe suplirse la deficiencia de la queja, ello no implica que puedan declararse inoperantes los conceptos de violación o los agravios hechos valer por cualquiera de las partes, porque esto no exime al tribunal de hacer un estudio exhaustivo en suplencia de la queja del caso, pero para eso no es necesario plasmar expresamente un análisis oficioso pormenorizado de todos los puntos legales que contenga el acto reclamado, sino sólo de aquellos que van a llevar a la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, lo anterior, como lo prevé el artículo 79, fracción VII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo."
En otro orden de ideas, en sus conceptos de violación, el peticionario del amparo menciona que la autoridad responsable no señaló razonamientos suficientes por los cuales lo haya condenado al pago de la pensión compensatoria por el tiempo de veintitrés años, once meses y veinticuatro días, ya que no tomó en consideración la pensión alimenticia decretada en el expediente **********, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, en beneficio de **********, la cual estuvo cobrando por once años, tiempo que, a su parecer, se tuvo que haber descontado de la condena actual.
Asimismo, señala que, en relación con el lapso de la pensión compensatoria, sin que exista un plazo de duración para su aplicación, la autoridad responsable interpretó la ley sin que atendiera a que debe estar estrictamente al tiempo necesario para corregir o reparar el desequilibrio económico entre la pareja y, con ello, se pudiera colocar al cónyuge acreedor en una posición de proporcionarse los medios necesarios para su subsistencia, sin perjuicio de los supuestos de cese de la obligación establecidos en la legislación civil o familiar.
Motivos de disenso que devienen infundados.
Lo anterior es así, toda vez que la obligación de otorgar alimentos a que el quejoso se refirió, nació como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutua entre los cónyuges, por lo que, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio; sin embargo, una vez decretada la disolución del vínculo matrimonial, de que aquí se trata, esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, como lo es la pensión compensatoria, cuya procedencia fue decretada por la Juez natural.
En efecto, la figura de la pensión compensatoria surge como una forma de "compensar" por el desequilibrio económico que generó el fracaso de la convivencia conyugal, lo cual coloca al cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos en una situación de desventaja, pues su posición en la estructura familiar le impidió dedicarse a una actividad remunerada que le permitiera hacerse de recursos propios, generar antigüedad y, por ende, obtener una jubilación e, inclusive, en muchos casos, de realizar o terminar estudios profesionales que en un momento dado le facilitarían la entrada al mundo laboral.
En tales condiciones, la finalidad perseguida es hacer efectivo el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) específicamente en el tercer párrafo, al derecho a la alimentación y, con ello, salvaguardar el derecho humano a la equidad que debe regir entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial, toda vez que se encuentra dirigida a sanear la desventaja económica que puede presentarse entre ellos, y evitar que uno caiga en estado de necesidad extrema que afecte su dignidad como persona.
De ahí que el presupuesto básico para que proceda la obligación de pagar una pensión compensatoria, consiste en que la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges, sin importar su género, en una situación de desventaja económica que, en última instancia, incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.
Circunstancia, la anterior descrita, que difiere de la pensión alimenticia que se genera con motivo de la existencia de un vínculo matrimonial, cuyo origen deriva de la obligación recíproca de los cónyuges de proporcionarse mutuamente los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de vida en común, lo que traería como consecuencia el cumplimiento de los fines del matrimonio; en tanto que ambas instituciones no gozan de la misma naturaleza jurídica atendiendo a las circunstancias que las originan y, por ende, no son interdependientes una de otra.
De ahí que la obligación alimentaria que nace entre los cónyuges, no pueda ser tomada en consideración al momento de pronunciarse sobre aquel resarcimiento que uno de ellos necesita con motivo de la ruptura del vínculo matrimonial, para proveerlo de determinado equilibrio económico que no adquirió durante el matrimonio como resultado de las actividades desarrolladas que lo colocaron en una desventaja al momento de suscitado el rompimiento.
Sustenta lo anterior, la tesis aislada 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) de título, subtítulo y texto siguientes:
"PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro país establece una obligación de dar alimentos como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de ‘pensión compensatoria’, aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala considera que el presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos concluir que la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia."
Por tanto, si la Sala responsable, al momento de pronunciarse sobre la duración del pago del concepto solicitado, atendió a un criterio de proporcionalidad, verificando que su temporalidad correspondió adecuadamente a las circunstancias del caso concreto, y concluyó que la pensión compensatoria decretada debía pagarse por el mismo tiempo que subsistió el matrimonio, sin descontar el tiempo por el cual la demandada estuvo percibiendo la pensión alimenticia, en virtud de la existencia de ese vínculo, dicha consideración se estima ajustada a derecho, toda vez que la autoridad responsable tenía la obligación -como lo hizo- de analizar si el divorcio decretado por la Juez natural colocó a los ex cónyuges en una situación de desventaja económica que incida en la capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades que le impida el acceso a un nivel de vida adecuado, tomando en cuenta que para la fijación de una pensión compensatoria en los términos destacados por el tribunal de alzada, no es necesario demostrar que la misma se necesita, o bien, que fue solicitada por uno de los contendientes ya que, de acuerdo con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pensión compensatoria tiene como finalidad resarcir y establecer un equilibrio económico entre los ex cónyuges.
Lo cual significa, como se dijo, que la obligación de proporcionarla es de naturaleza distinta a la obligación alimentaria que surge de las relaciones de matrimonio, pues el presupuesto básico para su procedencia consiste en la existencia de un desequilibrio económico.
Sustenta lo dicho la tesis aislada 1a. CCLV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) de título, subtítulo y texto siguientes:
"OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. DEBE SER PROPORCIONAL EN CUANTO A SU DURACIÓN. El principio de proporcionalidad que rige a los alimentos implica un balance entre la capacidad económica del deudor frente a la necesidad alimentaria del acreedor; sin embargo, no se agota en ello. Esta Primera Sala advierte que una obligación alimentaria que dure indefinidamente es susceptible de volverse inconstitucional, cuando se verifique que ha durado por un lapso que no corresponde proporcionalmente a las circunstancias del caso concreto. En este sentido, la proporcionalidad vincula al Juez a verificar que la carga alimentaria sea proporcional no sólo en cuanto a su contenido económico, sino también en cuanto a su duración."
Consecuentemente, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, resulta procedente, en la especie, negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados.
Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se endilga a la Juez Décimo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Vigésimo Primer Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, ya que únicamente se controvierte en vía de consecuencia y no por vicios propios.
Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia VI.2o. J/317, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,(7) que se comparte, intitulada:
"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."
En mérito de lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74 y 170 de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Colegiado
RESUELVE QUE:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos y autoridades puntualizados en el resultando primero, por los motivos precisados en el sexto apartado considerativo del presente fallo.
Engrósese la presente ejecutoria a los autos; y en cumplimiento a los incisos seis y siete del punto quinto del Acuerdo General 27/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse los mismos, junto con el disco que contiene esta sentencia, a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, para que se encargue de su remisión a la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado de origen; háganse las anotaciones pertinentes en el libro electrónico de registro correspondiente; y, en su oportunidad, agréguese copia certificada al cuaderno de antecedentes de lo actuado por este tribunal auxiliar.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, Fernando Córdova del Valle, Adrián Avendaño Constantino y Adolfo Eduardo Serrano Ruiz, firmando el primero como presidente y ponente, de conformidad con el artículo 188 de la Ley de Amparo.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial, que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 148/2012 y la sentencia que recayó a la acción de inconstitucionalidad 2/2010 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 620 y Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 991, respectivamente.
_______________
1. Registro digital: 169923. Instancia: Primera Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, materia común, página 39.
2. Registro digital: 178788. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, materia administrativa, página 1137.
3. Registro digital: 2013751. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, materia común, tesis VII.2o.C.41 K (10a.), página 2177 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas».
4. "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
"Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
"Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. ..."
5. Registro digital: 2007988. Instancia: Primera Sala, tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, materia civil, tesis 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), página 725 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas».
6. Registro digital: 2009823. Instancia: Primera Sala, tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, materias constitucional y civil, tesis 1a. CCLV/2015 (10a.), página 470 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de agosto de 2015 a las 10:30 horas».
7. Registro digital: 210778. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, materia común, página 83.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27757-fc84fb80/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-materia-familiar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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