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Modo: Corpus Pro

INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS. CUANDO EN UN CONTRATO SE HAYAN ESTIPULADO AMBOS, AL MARGEN DE SER DE DIVERSA NATURALEZA Y FUNCIÓN, SI EXCEDEN EL TOPE MÁXIMO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EL JUZGADOR DEBE REGULAR DE OFICIO SU MONTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 107/2020. · Registro digital (IUS): 29694
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-03-12
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, Pág. 2613.

AMPARO DIRECTO 107/2020. 8 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RODOLFO CASTRO LEÓN. SECRETARIO: JOSÉ JULIO DELGADILLO GAMBOA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio de fondo. El único concepto de violación es jurídicamente ineficaz.

En él sostiene la parte quejosa que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con lo dispuesto por el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.(1)

Refiere que el punto resolutivo quinto del fallo impugnado –en el que se le condenó al pago de intereses ordinarios y moratorios a razón del 3.08% (tres punto cero ocho por ciento) mensual más el impuesto al valor agregado sobre la suerte principal, a partir del mes de agosto de dos mil dieciséis y hasta la solución total del asunto, cuya cuantía será calculada en forma líquida en el periodo de ejecución de sentencia–, no se emitió conforme a lo previsto por el citado artículo 82 del código procesal civil del Estado y es violatorio de los principios de equidad y congruencia, aunado a que carece de la debida fundamentación y motivación, puesto que la autoridad responsable dejó de observar los hechos que motivaron la demanda inicial, así como las pruebas en el sumario.

Aduce, que si bien es cierto que no dio contestación a la demanda entablada en su contra y, por ello, no opuso la excepción correspondiente, la responsable dejó de analizar que el cobro simultáneo de los intereses ordinarios y moratorios que se pretende por la actora en el juicio de origen es ilegal, pues no pueden coexistir, ya que el interés ordinario se genera durante el tiempo pactado por las partes para la devolución del capital mutuado, en tanto que el moratorio se genera por el impago en que incurre la deudora, al no realizar el pago del capital en el tiempo convenido, de suerte que desde el momento en que se comienza el cobro del interés moratorio deja de generarse el cobro del interés ordinario.

Argumenta que la condena realizada en su contra es contraria a derecho, toda vez que el numeral 2266 del Código Civil del Estado(2) no establece el supuesto del cobro simultáneo de dichos intereses y, por ello, la cláusula respectiva del contrato de mutuo debió carecer de valor por contravenir una norma prohibitiva.

En apoyo a su dicho, invoca la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de título y subtítulo: "INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS PACTADOS EN UN CONTRATO DE MUTUO. NO PUEDEN GENERARSE SIMULTÁNEAMENTE POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 1977 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO."(3)

Estos argumentos deben desestimarse, pues constituyen planteamientos novedosos respecto de los cuales la autoridad responsable no tuvo oportunidad de pronunciarse, ya que adversamente a lo que aduce la parte quejosa, conforme al artículo 2266 del Código Civil del Estado, si es factible que tales intereses coexistan, siempre que no excedan el tope porcentual previsto en el propio artículo, tal como sucede en el caso sujeto a estudio.

En efecto, tal como se asentó en los antecedentes de esta ejecutoria, pese a que los demandados –incluyendo a la aquí quejosa– presentaron su escrito de contestación de demanda en el sumario de origen; en proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Juez responsable determinó que no era dable tenerlos por contestando la demanda, habida cuenta que sus escritos resultaron extemporáneos, según se aprecia de la parte conducente de dicho auto, que dice:

"Se tiene por recibido el escrito que suscriben ********** y **********, demandados.

"Dígaseles a los promoventes que no ha lugar a tenerles por contestando la demanda instaurada en su contra, toda vez que las referidas contestaciones fueron presentadas de manera extemporánea, ya que de las constancias que obran en autos se advierte que los emplazamientos fueron realizados en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, para que dentro del término de nueve días, contestaran la demanda, término que les feneció en fecha ocho de junio del año dos mil dieciocho, y de la nota de presentación puesta por Oficialía de Partes del Poder (sic) del Estado de Aguascalientes, se desprende que sus escritos fueron presentados el día once de junio del año dos mil dieciocho, por lo que al no cumplir con dicho término se les tiene por no presentada la contestación de demanda, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo (sic) 123 y 224 del Código de Procedimientos Civiles."

En ese sentido, si para efectos procesales se tuvo que la parte reo no contestó la demanda –quien además no impugnó tal determinación–, ello implica que lo argüido en sus respectivos escritos de contestación no forma parte de la litis.

Por tanto, si lo ahora propuesto por la solicitante del amparo tiene que ver con un aspecto sobre el cual la Juez natural no se pronunció al dictar el fallo reclamado, por causas atribuibles a la propia parte demandada, es evidente su inoperancia, ya que no es dable técnica ni jurídicamente para este órgano de control constitucional atender cuestiones respecto de las cuales la Juez responsable no tuvo oportunidad de analizarlas al dictar la resolución impugnada.

Es aplicable, por las razones jurídicas que la integran, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 12/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 169923, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios."

Asimismo, le resulta cita a (sic) la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, con número de registro digital: 166031, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia a la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado."

En el mismo sentido, deviene inoperante aquel fragmento argumentativo en el que la parte quejosa aduce que para resolver lo conducente, la Juez responsable dejó de observar los hechos que motivaron la demanda inicial, así como las pruebas en el sumario.

Ello es así, en razón de que la impetrante del amparo no precisa cuáles fueron los hechos y pruebas que, a su criterio, se dejaron de observar, sino que sólo se limita a señalar tal circunstancia genéricamente; de ahí que al ser el amparo en materia civil de estricto derecho, este Tribunal Colegiado no puede hacer un examen general del acto reclamado ni de las constancias que integran el juicio de primera instancia pues, de hacerlo, estaría realizando un ejercicio de suplencia de la queja respecto de un asunto en el cual no está permitida esa institución.

Al respecto, se comparte la jurisprudencia II.3o. J/48, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 63, marzo de 1993, página 42, con número de registro digital: 216781, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES, CUANDO NO SE PRECISAN EN ELLOS LAS PRUEBAS MAL APRECIADAS Y EL RACIOCINIO RESPECTIVO. En los conceptos de violación deben precisarse las pruebas que a criterio del quejoso se dejaron de valorar, así como los argumentos lógico jurídicos por los cuales se estima que fueron incorrectamente valoradas, pues siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un examen general del acto reclamado, ni de las constancias que integran el juicio de primera instancia."

Al margen de lo anterior, y en cuanto al tema de fondo combatido por la parte quejosa, a saber, si los intereses ordinarios y moratorios pueden o no coexistir simultáneamente, la ineficacia de lo planteado estriba en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el sentido de que pueden coexistir ambos intereses y pueden devengarse simultáneamente, en atención a que tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, ya que mientras los intereses ordinarios derivan del simple préstamo e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una cantidad de dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades, los intereses moratorios provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de acuerdo con la pactado en el contrato.

Las consideraciones que anteceden se encuentran recogidas en la jurisprudencia 1a./J. 29/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 236, con número de registro digital: 190896, que es del tenor siguiente:

"INTERÉSES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de Comercio señala que los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre pactado en el documento y que a falta de estipulación, el interés será del seis por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del documento base y determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal establecido para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras los primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de una cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; los segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y consisten en la sanción que se impone para la entrega tardía del dinero de acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es devuelta la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos un lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo."

Por otro lado, tocante al diverso argumento esgrimido por la quejosa en el sentido de que el artículo 2266 del Código Civil del Estado no permite el cobro simultáneo de intereses ordinarios y moratorios y, que en tal virtud, la cláusula respectiva del contrato de mutuo debió carecer de valor por contravenir una norma prohibitiva, ello es igualmente ineficaz.

En efecto, el referido artículo 2266 del Código Civil del Estado establece:

"Artículo 2266. El interés legal es del nueve por ciento anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes y puede ser menor al interés legal, pero no podrá exceder de treinta y siete por ciento anual. En caso de exceder la tasa del interés convencional, el Juez de oficio, deberá disminuirla hasta establecerla dentro de los límites del presente artículo."

Al respecto, este órgano jurisdiccional ha sostenido que si en el mencionado artículo 2266 del Código Civil del Estado, el legislador hizo una clasificación de los intereses de acuerdo al sujeto que los determina, precisándolos como legales (los fijados por el creador de la norma), o bien, convencionales (los precisados por las partes), tal clasificación lleva a concluir que si hay un interés pactado por las partes, entonces debe regularse hasta un máximo del treinta y siete por ciento, de acuerdo con el artículo 2266 del Código Civil, independientemente de si éste es ordinario o moratorio, por constituir una unidad, sujeta al tope máximo de intereses en mención, lo que implica que dicho artículo sí permite el cobro simultáneo de dichos intereses.

Esto, pues en el concepto de "interés convencional" se encuentra inmerso lo relativo a intereses ordinarios y moratorios, en la medida en que el referido artículo 2266 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en un aspecto señala la tasa del nueve por ciento anual respecto del interés legal, y deja a la libre voluntad de los contratantes lo que corresponde al convencional, con la limitante de que no podrá exceder del treinta y siete por ciento anual; o sea, que bien pueden establecerlo, con esa salvedad, sólo en cuanto a ordinarios o únicamente respecto de moratorios, o de ambos, pero sin exceder el límite fijado.

En esa medida, es dable establecer que la intención del legislador al haber prescrito en el artículo 2266 del Código Civil del Estado, que en caso de que la tasa del interés convencional exceda del treinta y siete por ciento anual, el Juez, de oficio, deberá disminuirla hasta establecerla dentro de los límites de dicho precepto legal, tiene como finalidad evitar que el interés porcentual estipulado por las partes, conformado por el ordinario y el moratorio, o sólo por alguno de ellos, no exceda de la indicada tasa del treinta y siete por ciento anual.

Se afirma lo anterior, porque de estimar lo contrario, o sea, que el ajuste del interés convencional debe hacerse considerando en forma independiente lo convenido por intereses ordinarios y lo estipulado en torno a los intereses moratorios, se haría nugatoria la intención del legislador, pues pudiera ocurrir el caso de que tanto por los primeros como por los segundos se acordara, respectivamente, una tasa porcentual que anualmente fuera hasta del treinta y siete por ciento, y pese a que sumarían el setenta y cuatro por ciento anual, se llegaría al absurdo de estimar improcedente su ajuste en términos de lo dispuesto en el artículo 2266 del Código Civil del Estado, no obstante que el interés convencional se integra por los dos tipos de réditos citados y que, en su conjunto, superaran el treinta y siete por ciento anual; o todavía más, siendo el caso en que las tasas convenidas de intereses ordinarios y moratorios excedan, respectivamente, del treinta y siete por ciento anual, sólo pudieran ajustarse a dicho porcentaje, pese a que de subsistir así, juntas, rebasen éste.

Similar criterio sustentó este órgano colegiado al resolver, entre otros, los amparos directos en materia civil 621/2012, 703/2012, 849/2012, 860/2012 y 768/2018, aprobados en sesiones de veintiséis de julio, seis de septiembre, veintiocho de septiembre y once de octubre, todos de dos mil doce y nueve de mayo de dos mil diecinueve, respectivamente, por unanimidad de votos.

Consideraciones que dieron paso a la tesis XXX.2o.3 C (10a.), sustentada por este órgano jurisdiccional, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2083, con número de registro digital: 2002554, que es del tenor siguiente:

"INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS. AL MARGEN DE SER DE DIVERSA NATURALEZA Y FUNCIÓN, CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYAN ESTIPULADO AMBOS, SUMADOS NO DEBEN EXCEDER EL TOPE MÁXIMO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DE LO CONTRARIO, EL JUZGADOR DEBERÁ REGULAR DE OFICIO SU MONTO. Las partes en los contratos pueden obligarse en los términos que hubieran querido hacerlo, pero en el caso del establecimiento del pago de intereses convencionales, ya sean ordinarios o moratorios, existe el límite establecido en el mencionado artículo 2266, con el cual conforme al dictamen que lo creó (17 de junio de 2009, de la Comisión de Justicia del Estado de Aguascalientes), se pretende evitar un abuso por parte de uno de los contratantes, facultando al juzgador para que, de oficio, los disminuya hasta en el límite del treinta y siete por ciento anual que dicha norma prevé. Ahora, los intereses ordinarios corresponden al precio de su uso y disposición en el tiempo o al disfrute de un bien o servicio, cuyo valor se paga a futuro y, los moratorios, a la indemnización del perjuicio causado por la mora; de ahí que al margen de ser diversa su naturaleza y función, como el legislador al dar origen al referido precepto 2266, no hizo esa separación, sino que en la tasa de interés convencional comprendió la indemnización tanto ordinaria como moratoria, entonces cuando en el contrato se hayan estipulado ambos intereses, pueden generarse simultáneamente, pero sumados no deberán exceder del tope máximo señalado en el artículo invocado, de lo contrario, deberá regularse de oficio su monto."

Con motivo de la reiteración del criterio sustentado en la tesis que antecede, dése el aviso que corresponda a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales a que haya lugar, en observancia a lo dispuesto por el Acuerdo General Número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.

En esa tesitura, debe decirse que la condena decretada en contra de la aquí quejosa por concepto de intereses ordinarios y moratorios a razón del tres punto cero ocho por ciento mensual más el impuesto al valor agregado sobre la suerte principal a partir del mes de agosto de dos mil dieciséis, y hasta la total solución del asunto, cuya cuantía será calculada en forma líquida en el periodo de ejecución de sentencia –resolutivo quinto–, no se advierte contraria a derecho, toda vez que si dicho monto se calcula en forma anual asciende a treinta y seis punto noventa y seis por ciento, lo que evidentemente resulta inferior al tope máximo establecido en el artículo 2266 del Código Civil vigente en el Estado (treinta y siete por ciento anual por concepto de interés convencional).

De ahí que no se esté en algún caso que obligue a la juzgadora responsable a regular el monto de tales intereses pues, incluso, cabe señalar que ésta correctamente se ajustó a la pretensión de la parte actora, quien no obstante lo pactado en las cláusulas tercera y cuarta del contrato base de la acción,(4) en donde las partes estipularon un interés ordinario del uno por ciento mensual más el impuesto al valor agregado y un interés moratorio a razón del cuatro por ciento mensual(5) –lo que de suyo arrojaría un interés convencional del cinco por ciento mensual o sesenta por ciento anual–, se limitó a reclamar el tres punto cero ocho por ciento mensual, como así se desprende de la prestación "c)" contenida en el escrito inicial de demanda, circunstancia que se vio reflejada en el considerando sexto y el resolutivo quinto de la sentencia reclamada, en los que la Juez natural estableció que el interés a pagar sería solamente del tres punto cero ocho por ciento mensual el que, se insiste, no supera el tope máximo previsto en el artículo 2266 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.

En cuanto a la tesis que invoca la quejosa en respaldo a su dicho, dado que su cita se realizó en apoyo a los argumentos que han quedado desestimados, ningún beneficio conllevaría atender a su texto, aunado a que no resulta vinculante para este Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.(6)

Finalmente, en cuanto a los alegatos formulados por el tercero interesado **********, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, este Tribunal Colegiado de Circuito estima innecesario plasmar mayor consideración al respecto, ya que en ellos no fue invocada alguna causal de improcedencia, sino sólo argumentos encaminados a señalar su conformidad con el sentido del acto reclamado y a desestimar los planteamientos de la parte quejosa, pretensión que se vio satisfecha con la emisión de la presente ejecutoria de amparo.

Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, página 5, con número de registro digital: 2018276, que establece:

"ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial."

En el panorama expuesto, ante lo ineficaz de los argumentos expuestos y no advertir este Tribunal Colegiado de Circuito alguna violación manifiesta de la ley que hubiese dejado a la quejosa sin defensa y, por ende, afectara sus derechos previstos en el artículo 1o. del Pacto Supremo de la Unión, y tampoco que la parte disidente hubiese estado en condiciones de pobreza o desventaja social para su defensa en el juicio, para suplir la queja deficiente en términos de lo establecido por el artículo 79, fracciones I, VI y VII, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección constitucional solicitados.

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 188 de la Ley de Amparo, así como en el 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se

RESUELVE:

ÚNICO.—Se niega el amparo a **********, contra la sentencia dictada por la Juez Primero de lo Civil del Estado, en el juicio especial hipotecario ********** de su índice, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo.

Notifíquese por lista a las partes; anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Rodolfo Castro León (presidente y ponente), Patricia Mújica López y Guillermo Tafoya Hernández, en sesión ordinaria virtual llevada a cabo en forma remota a través de videoconferencia, en términos de los artículos 11, fracción III, inciso b) y 29 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en su texto modificado por el diverso Acuerdo General 18/2020, de conformidad con la certificación secretarial correspondiente, como se hizo constar en el acta de sesión respectiva.

En términos de lo pre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29694-0d44397f/intereses-ordinarios-y-moratorios-cuando-en-un-contrato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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