USURA. TRATÁNDOSE DE TÍTULOS DE CRÉDITO SUSCRITOS EN FAVOR DE UN PARTICULAR, CUYAS ACTIVIDADES NO SE EQUIPAREN A LAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, PARA EL ANÁLISIS DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES PACTADOS EN AQUÉLLOS, EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CUENTA COMO PARÁMETRO LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) REGULADA POR EL BANCO DE MÉXICO, CONJUNTAMENTE CON LOS PARÁMETROS GUÍA ESTABLECIDOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVA AL EXAMEN DE AQUÉLLA.
AMPARO DIRECTO 315/2017. 8 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO. SECRETARIO: BERNARDO HERNÁNDEZ OCHOA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Los conceptos de violación son fundados.
En principio, es necesario precisar que de la lectura de los conceptos de violación, se deduce que la litis se constriñe a dos temas: 1) El relativo a la reducción de la tasa de intereses moratorios, que el impetrante aún considera excesiva; y, 2) La cuantificación en la sentencia de ese concepto y la aplicación del pago hecho por la parte demandada en el juicio.
Asimismo, resulta oportuno destacar que la parte quejosa señala, de manera genérica, que la sentencia reclamada vulnera los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, así como el precepto 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin embargo, no se aprecia que alegue, propiamente, que se transgredieron sus derechos fundamentales de igualdad e integridad personal, que deba efectuarse interpretación convencional, conforme o pro persona de alguna disposición legal; que se hayan soslayado las formalidades esenciales del procedimiento; transgresión del derecho de audiencia; que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación; y, tampoco alega transgresión alguna al derecho de acceso a la justicia tutelado por el último precepto indicado.
En cambio, lo que se advierte es que la vulneración de tales dispositivos de orden constitucional, la hace derivar de su desacuerdo con las consideraciones que estima ilegales, en cuanto a la reducción de la tasa de interés moratorio, pues manifiesta que sigue siendo excesiva, y que lo relativo a la cuantificación de intereses moratorios y la aplicación de un pago hecho en el juicio, debió dejarse para su liquidación en ejecución de sentencia. Por tanto, es bajo ese enfoque que se abordarán sus motivos de disenso.
Por otra parte, el quejoso expresa en cuanto la reducción de la tasa de intereses moratorios por parte del Juez responsable, a través del correspondiente estudio de convencionalidad, lo siguiente:
• Que la sentencia reclamada es incongruente en cuanto a la condena de intereses moratorios y la aplicación del monto exhibido en el juicio, como del pago parcial de ese concepto.
• Que existió una incorrecta interpretación de la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.),(9) de título y subtítulo: "USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO."
• Que en la sentencia reclamada, por un lado, se considera que el acreedor no tiene gastos de operación y recuperación de créditos como las instituciones bancarias, y que tampoco se justificó que se dedique a una actividad crediticia que se encuentre regulada, ni existe contrato escrito que rigiera las relaciones entre las partes contendientes; y que, por otro lado, se toma en cuenta el Costo Anual Total (CAT) de la tarjeta de crédito Banorte Clásica; lo cual resulta contradictorio, pues ese referente contiene conceptos tales como comisiones, primas de seguros y demás accesorios que los bancos incluyen en los contratos relativos de tarjetas de crédito; que el Juez partió de la premisa de que el acreedor no tiene gastos de operación y recuperación de pagos como las instituciones bancarias; y, que no se aprecia que se dedique a una actividad crediticia regulada, ni un contrato que rigiera las relaciones entre las partes.
• Que no se debió condenar a la tasa de interés moratorio, la equivalente al Costo Anual Total de la tarjeta bancaria Banorte Básica (sic), de un 74.39% anual, debido a que ese indicador es para las instituciones financieras, que por sus características requieren una mayor infraestructura, personal y gastos en general; de ahí que a sus clientes les cobren no sólo intereses por el préstamo y retraso en su cumplimiento sino, además, comisiones, garantías, seguros y otras cuestiones que no aplican ni rigen en un pagaré firmado por particulares y que no obran datos que válidamente permitan equiparar las actividades de las instituciones de crédito con las partes en el juicio.
• Que el CAT contempla varios rubros, no únicamente los intereses, sino que incorpora los costos inherentes a los créditos, y dicho indicador sirve para que los consumidores puedan conocer ante qué institución financiera contratarán un crédito.
• Que el indicador que tomó en cuenta el juzgador federal no es el idóneo para determinar si el interés pactado es usurario o no, y mucho menos establecer una tasa de interés similar a la de una tarjeta de crédito básica, pues sólo es una referencia.
• Que el actor no aportó pruebas de que se dedique a una actividad crediticia regulada, pero sí obra en autos la prueba confesional de los demandados en la que manifestaron que no firmaron el pagaré.
• Que el Juez responsable analizó de manera deficiente las condiciones del mercado, dado que no estableció qué elementos le sirvieron para concluir que la tasa de 74.39% anual es idónea; que no se cercioró de la calificación que da la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a la tarjeta bancaria de Banorte Básica (sic), si ese banco tiene reportes o multas por implementar cláusulas abusivas en sus contratos, que si durante la fecha de suscripción del pagaré y la presentación de la demanda, la moneda mexicana se depreció o, si se incrementó el poder adquisitivo de la población; cuáles fueron los índices de morosidad entre los clientes de diversos productos financieros; y, que la tasa decretada por el Juez responsable aún sigue siendo desproporcionada y le afecta derechos humanos.
• Que lo justo es establecer una tasa de interés moratorio de entre 6% y 37% anual, dado que el artículo 2395 del Código Civil Federal prohíbe la usura y señala que podrá reducirse equitativamente hasta el tipo legal; y que el precepto 2328 del Código Civil para el Estado de Veracruz dispone que no podrá cobrarse por concepto de intereses una cantidad que exceda de la mitad de la que realmente se haya prestado.
• Que las instituciones de crédito permiten que los deudores, después del pago de algunas mensualidades, le abonen al capital, para reducir los intereses.
• Que el costo anual total debe utilizarse bajo ciertos requisitos y no de forma dogmática, como lo hizo el Juez, sino sólo para evidenciar la existencia de intereses usurarios; que la inaplicación de ese indicador está justificada en aquellos casos en que arroje un monto por concepto de intereses que, aun siendo menor al pactado por las partes, de todos modos sea excesivo, pues no se protegería el derecho humano que prohíbe la usura.
• Que el plazo para el pago del crédito fue un mes, lo cual revela una desventaja, porque permite al acreedor el cobro inmediato del préstamo.
Tales argumentos son fundados, en virtud de que este órgano colegiado, en efecto, advierte desproporcionalidad del interés fijado en el pagaré, al compararlo con la tasa de interés bancaria que guarda mayor semejanza con el crédito litigioso.
En relación con ello, cabe tener en cuenta las consideraciones torales que sustentan el estudio de convencionalidad que realizó el Juez Federal, para reducir prudencialmente la tasa de interés moratorio reclamada, y que son las siguientes:
A) Que respecto de los intereses moratorios, era parcialmente procedente el derecho de la parte actora para reclamarlo, causados desde su incumplimiento, a razón del diez por ciento mensual que se pactó en el propio pagaré, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 362 del Código de Comercio,(10) porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21, numeral 3,(11) prohíbe la usura, lo que es de observancia obligatoria para todos los Jueces nacionales y de aplicación oficiosa, en virtud de lo dispuesto por el primer y tercer párrafos del artículo 1o. constitucional; que el Juez puede apartarse del contenido del interés pactado y reducirlo prudentemente de forma tal que no resulte excesivo.
B) Que el pago de intereses moratorios procede cuando los deudores demoren el pago de sus deudas, desde el día siguiente al del vencimiento, a razón del interés que para ese caso se encuentre pactado en el documento y que, a falta de estipulación, el interés será del seis por ciento anual, de acuerdo con el artículo 362 del Código de Comercio, y preceptos 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y, que de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, en los actos mercantiles rige la voluntad contractual, siempre y cuando sean convenciones lícitas, pues las ilícitas no producen obligación ni acción, de acuerdo con el numeral 77 de la citada codificación.
C) Que el pacto irrestricto de intereses en caso de mora, es inconvencional, pues tolera que los particulares se excedan en su cobro con la eventualidad que éstos sean usurarios; que ni la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ni el Código de Comercio supletorio a ella, prevén un límite para el pacto de intereses en caso de mora, dado que en los actos mercantiles rige la voluntad contractual.
D) Que el artículo 2395 del Código Civil Federal, supletorio al Código de Comercio, prevé que el interés legal anual es del nueve por ciento, y el convencional aquel que fijen los contratantes; asimismo, prevé la posibilidad de que el convencional pueda reducirse hasta el equivalente al legal, si aquél es tan desproporcional que se haga fundar que el acreedor abusó del apuro pecuniario, inexperiencia o ignorancia del deudor; de ahí que está prevista la reducción de los réditos, bajo la justificación en el juicio de la figura jurídica de la lesión, sin hacer referencia a intereses usurarios y mucho menos fija un porcentaje en tal sentido; y que la usura es un acto motivo de represión por las legislaciones penales, como lo refiere el Código Penal Federal, en sus artículos 386 y 387, fracción VIII.
E) Que las jurisprudencias 1a./J. 47/2014 (10a.)(12) y 1a./J. 55/2016 (10a.),(13) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen que los juzgadores tienen la facultad para analizar y determinar respecto del reclamo de intereses pactados en un pagaré, sobre la base de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, teniendo como parámetros guía el tipo de relación existente entre las partes, la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si es que la actividad del acreedor se encuentra regulada; el destino o finalidad del crédito, su monto, el plazo del crédito, la existencia de garantías para su pago, las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, la variación del índice inflacionario nacional durante la vida del adeudo, las condiciones del mercado, así como la condición de vulnerabilidad o desventaja; y que de los autos del juicio, el juzgador advirtió las siguientes circunstancias:
1) Las partes en el juicio son: el actor una persona física, respecto de la cual no se advierte que se dedique a alguna actividad crediticia sujeta a regulación, como ocurre con una institución financiera; y, los demandados son personas físicas.
2) No se tiene certeza del tipo de relación existente entre las partes.
3) En el juicio no obra prueba de que los demandados pertenezcan a un grupo vulnerable, ya sea por condición social, étnica o cualquier otra condicionante.
4) Tampoco existe prueba de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja de los deudores en relación con el acreedor.
5) No se desprende cuál sería el destino o finalidad del crédito otorgado a la parte demandada, pues en el caso concreto, la procedencia de la acción parte de la hipótesis que el documento base goza de autonomía y abstracción.
6) El monto del crédito es **********M.N. (********** pesos, cero centavos, moneda nacional).
7) El plazo del crédito es de un mes para el pago del crédito.
8) Respecto de las garantías, del contenido del pagaré se advierte que se estipuló un interés moratorio a razón del ********** por ciento mensual, sin que se desprenda algún dato que permita colegir que se garantizó el pago de una forma diversa.
9) En relación con las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, se estudiarán como hecho notorio más adelante.
10) La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo y las condiciones del mercado, conforme a la página oficial del INEGI, la tasa promedio mensual de inflación entre el trece de febrero de dos mil quince (fecha de suscripción del documento base de la acción) y el cinco de agosto de dos mil dieciséis (fecha en que se presentó la demanda) es de 0.16% (cero punto dieciséis por ciento).(14)
11) Referente a otras condiciones, también se considera que el acreedor no tiene los gastos de operación y recuperación de pagos o créditos que tienen las instituciones bancarias; habida cuenta que, como se ha expuesto, de las constancias de autos no se advierte que éste se dedique a una actividad crediticia que se encuentre regulada.
F) Que si bien no existen mayores elementos en el expediente, para determinar de manera cierta y precisa cada uno de los parámetros previstos en las jurisprudencias en análisis, el interés del ********** por ciento mensual pactado por las partes contendientes, constituye usura, dado que:
• No se demostró en autos que hubiera un contrato escrito que rigiera las relaciones entre las partes, lo que permitió que el accionante pudiera actuar de manera relativamente libre; circunstancia que corrobora la disparidad encontrada entre los contratantes para pactar los intereses moratorios en el título de crédito.
• Las condiciones del mercado a la fecha de firma del pagaré no pueden considerarse las más propicias para su cumplimiento, dada la situación económica nacional y mundial, lo que supone también que no existía certeza de que la relación comercial entablada entre las partes pudiera soportar la carga de los intereses pactados en caso de mora.
• El interés pactado es equivalente a ********** veces el interés legal del seis por ciento anual previsto en el artículo 362 del Código de Comercio, siendo aquél del ********** por ciento mensual, esto es, el ********** por ciento anual.
G) Que con independencia de lo anterior, la inexistencia de constancias que revelen mayores aspectos para analizar la usura a la luz de los parámetros guía y las condiciones de vulnerabilidad del deudor, no resulta un obstáculo para que se realice la apreciación de hechos notorios, los cuales no necesitan ser probados, al producir convicción o certeza de su existencia.
H) Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el Costo Anual Total (CAT) resulta ser un referente financiero idóneo que informa cuál es el costo de un crédito para los clientes o usuarios del mismo; y que es un hecho notorio la información que aparece en la página de Internet de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),(15) de la que se advierte el Costo Anual Total que cobran las instituciones bancarias por tarjetas de crédito, particularmente, el análisis comparativo de las tarjetas bancarias tipo "clásica", con datos al mes de febrero de dos mil quince (periodo más próximo a la fecha de suscripción del documento basal),(16) pues su finalidad es la adquisición de bienes o servicios con límite de crédito de hasta quince mil pesos (rango en el cual se encuentra el monto total de la suerte principal) la cual oscila entre la que otorga Banorte básica de 74.39%, setenta y cuatro punto treinta y nueve por ciento anual y visa básica internacional de 38.06%, treinta y ocho punto cero seis por ciento anual (en este punto, en la sentencia se inserta una tabla comparativa de las tasas en comento).
I) Que entonces, si la tasa moratoria pactada en el documento base de la acción es del ********** (********** por ciento) mensual, o sea, **********% (********** por ciento) anual, resulta evidente que sí existe un beneficio lucrativo y desproporcionado a favor del acreedor, así como una desventaja hacia los deudores, pues ésta supera el valor más alto respecto de las operaciones crediticias similares en cuanto a su monto; que ello es notoriamente excesivo, puesto que el título de crédito base de la acción es un documento que permite de inmediato su ejecución y, en su caso, garantizar el adeudo con el embargo correspondiente; así como que no aparece que el acreedor tenga una gran infraestructura para recuperación de pagos de créditos, que pueda mermar la ganancia que con motivo del juicio ejecutivo debe instaurar para lograr su cobro pues, incluso, la ley le otorga el derecho de pago de gastos y costas en este tipo de acciones, cuando éste resulte procedente; que la tasa por mora que deberá aplicarse a la suerte principal es del ********** por ciento (**********%) anual, cantidad que constituye el porcentaje más alto del Costo Anual Total utilizado como referente financiero, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del título.
En ese contexto, en efecto, el estudio oficioso de usura que hizo el Juez Federal resulta incorrecto, porque no empleó como parámetro objetivo la tasa de interés bancaria que guarda mayor semejanza con el crédito documentado en el pagaré base de la acción.
En la sentencia reclamada, el Juez civil estimó que los intereses moratorios fijados en el pagaré (*********% mensual o *********% anual) son excesivos, entre otras cosas, en comparación con el Costo Anual Total (CAT) para tarjetas de crédito tipo clásica con datos de febrero de dos mil quince, que ha fluctuado del 38.06% (Banco del Bajío) al 74.39% (Banco Mercantil del Norte), que es el mes en que la parte demandada suscribió el pagaré.
Ahora bien, este tribunal considera erróneo ese criterio, ya que el índice bancario tomado como parámetro de usura (CAT para tarjetas de crédito del segmento clásica o equivalente) no es el indicador que guarda mayor semejanza con el crédito litigioso.
En primer lugar, se estima que en el caso particular no se puede atender al Costo Anual Total (CAT), previsto en los indicadores básicos de tarjetas de crédito.
Ciertamente, la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.),(17) de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal establece que para apreciar la proporcionalidad de los intereses debe considerarse como parámetro el CAT que reporte el valor más alto respecto a operaciones similares a la litigiosa.
Sin embargo, la propia jurisprudencia aclara que el juzgador puede aplicar una tasa diferente al CAT, siempre y cuando esa determinación se encuentre adecuadamente justificada. Tal es el caso que nos ocupa, porque tratándose de créditos otorgados entre particulares, el CAT no es un indicador idóneo de proporcionalidad de intereses.
Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.),(18) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO. Sin desconocer que la elección del referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, tratándose de asuntos en los que el documento base de la acción es un título de crédito, genera certidumbre emplear como referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte el valor más alto para operaciones similares y corresponda a la fecha más próxima a la suscripción del título de crédito respectivo, por tratarse de un referente financiero de naturaleza activa que informa cuál es el costo de un crédito para los clientes o usuarios del crédito. Este referente, al ser un porcentaje anual que mide el costo de un financiamiento, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito al incorporar todos los costos y gastos inherentes del crédito, como son la tasa de interés, las comisiones, primas de seguros que el cliente deba pagar de conformidad con su contrato de crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de otros elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago. Entre otras ventajas, al tratarse de un indicador que incorpora varios elementos, lleva a una sobrevaluación del costo del dinero, de manera que su uso como referente es útil para advertir indiciariamente una tasa de interés usuraria, en tanto refiere al costo del dinero tolerado en el mercado del crédito. También, permite una comparación acorde a diferentes tipos de crédito, de manera que el juzgador puede tomar el CAT de un crédito hipotecario para créditos con garantías de este tipo o el CAT de una tarjeta de crédito para créditos quirografarios, etcétera; respecto de la cual el juzgador tiene un amplio margen de aplicación, pues a partir del análisis del resto de los parámetros está en aptitud de aplicar su potestad jurisdiccional y aplicar el porcentaje que corresponda según el tipo de crédito, su monto, el mercado al que se dirige y otras circunstancias útiles para su resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador considera que es el caso de aplicar una tasa diferente del CAT, debe justificar adecuadamente su decisión." (lo destacado es propio de esta ejecutoria)
Al respecto, cabe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 1, 3, fracción VI y 4, penúltimo párrafo, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que establecen:
"Artículo 1. La presente ley es del orden federal y sus disposiciones son de orden público y de interés social. Tiene por objeto regular las comisiones y cuotas de intercambio así como otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de créditos de cualquier naturaleza que realicen las entidades, con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger los intereses del público."
"Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, en singular o plural se entenderá por:
"...
"VI. CAT: al Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las entidades. ..."
"Artículo 4. (Reforma 25/05/2010) anterior a la vigente
"...
"El Banco de México propiciará que las instituciones de crédito y las sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas otorguen préstamos o créditos en condiciones accesibles y razonables. Para ello, deberá tomar en cuenta las condiciones de financiamiento prevalecientes en el mercado nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento y administración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las instituciones y otros aspectos pertinentes. ..." (lo destacado es propio de esta ejecutoria)
De tales preceptos, se deduce que el Costo Anual Total alude a una medida del costo de un financiamiento porque incorpora todos los costos y gastos inherentes del crédito. Por ser un porcentaje anual, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito, por las entidades financieras reguladas por el Banco de México. Para ello se supone que el crédito se encuentra vigente todo un año.
Incluye la periodicidad de los pagos, amortizaciones de principal, intereses ordinarios, comisiones, cargos y primas de seguros requeridas para el otorgamiento del crédito, el costo de captación, los costos para el otorgamiento y administración de los créditos, la diferencia entre el precio del bien si se adquiere a crédito y su precio al contado y bonificaciones y descuentos pactados en el contrato.
En el caso, dado que el crédito fue otorgado por un particular (y no por una institución financiera regulada por el Banco de México) es claro que, salvo el interés moratorio, los demás elementos que integran tal referente están ausentes, así que aquí no es dable utilizarlo, a efectos de la reducción.
Lo que adquiere sentido si se tiene en cuenta que el propósito de tal referente es posibilitar a los potenciales clientes de un banco, la elección del crédito que más les conviene de entre una vasta oferta, lo que no ocurre en los créditos entre particulares, donde para la elección del acreedor, el deudor no compara costos anuales totales, sino simple y llanamente, en su consideración sólo tiene en cuenta el monto, la tasa de interés y la fecha de vencimiento.
Además, cabe mencionar que la calculadora del Banco de México para determinar el Costo Anual Total (CAT) no permite obtener un resultado, dada la imposibilidad de ingresar los datos solicitados para el cálculo (como comisiones, seguros u otros accesorios), tratándose de un pagaré en el que no se ha consignado información relativa a esos rubros, de conformidad con los artículos 1, 3, fracción VI y 4, penúltimo párrafo, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Así pues, a juicio de este tribunal, para apreciar la proporcionalidad de los intereses moratorios no debió atenderse al Costo Anual Total (CAT), pues este indicador aglomera cargos incompatibles con créditos otorgados entre particulares.
En cambio, se estima que debió atenderse a un diverso indicador bancario, como lo es la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) relacionada con créditos revolventes asociados con tarjetas de crédito. Es así, porque los créditos relativos a dicho indicador financiero se asemejan al adeudo documentado en un título quirografario, en cuanto al riesgo de impago asumido por el acreedor, factor que incide en la determinación de un interés justo.
En efecto, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evaluar el carácter usurario del interés pactado en un pagaré, el juzgador puede atender, entre otros parámetros, a las tasas de intereses bancarias relativas a operaciones similares a la analizada.
Para tal efecto, el órgano jurisdiccional puede apoyarse en las publicaciones bimestrales del Banco de México sobre los indicadores del comportamiento de las tasas de interés correspondientes a los diferentes segmentos del mercado financiero; publicaciones previstas en el artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.(19)
Entre los referidos indicadores se encuentra la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP), la cual refleja los réditos que, en promedio, se cobran en los préstamos del mercado de las tarjetas de crédito de aceptación generalizada, tanto a los clientes "totaleros" (quienes pagan mensualmente el saldo total de su tarjeta), como a los clientes "no totaleros".(20)
La Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) revela que, ordinariamente, los créditos revolventes(21) asociados con las tarjetas de crédito generan intereses relativamente elevados, en comparación con otros préstamos financieros. La razón estriba en que las instituciones bancarias, por lo general, otorgan esos créditos sin exigir garantías reales, sino únicamente con base en una estimación de viabilidad de pago, a partir del análisis de solvencia crediticia y capacidad de cumplimiento del tarjetahabiente.(22)
En este sentido, el Banco de México ha destacado que "los créditos de las tarjetas... generalmente son más caros debido en parte a que los tarjetahabientes no cuentan con garantías que respalden los créditos otorgados."(23)
Así pues, de acuerdo con las leyes del mercado de crédito, se justifica que la institución otorgante de una tarjeta de crédito obtenga un interés más elevado que el generado a través de otros productos financieros, debido a que ha asumido un alto riesgo de que el tomador del préstamo no lo restituya en los términos acordados; además, el otorgamiento y administración del crédito le genera costos, entre ellos, la instalación y mantenimiento de sucursales bancarias y el pago de empleados (lo que no ocurre con un particular).
En este aspecto, los créditos revolventes asociados con las tarjetas de crédito pueden asimilarse a los créditos otorgados sin garantías reales, en cuanto a su nivel de riesgo. Es así, porque en ambos casos el acreditante es titular de un crédito personal o quirografario, es decir, de un préstamo que "a diferencia de los garantizados con bienes muebles o inmuebles (garantía real), no goza de los privilegios de éstos".(24)
Expuesto en otro modo, en los casos comparados, la expectativa de pago de los acreedores está fincada sólo en la aparente capacidad y voluntad de cumplimiento de los deudores. Así, entre ambos supuestos existe una semejanza en el riesgo de impago y, por ende, hay una similitud en el grado de compensación que está legitimado a percibir el acreedor por asumir ese riesgo.
En tal virtud, es razonable que al apreciar el carácter excesivo de los intereses de un pagaré suscrito en favor de un particular y no de una entidad financiera, el juzgador tome como referente la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP), porque ese indicador refleja la compensación promedio que el suscriptor habría tenido que cubrir en el mercado financiero por el otorgamiento de un crédito cuyo riesgo de impago es similar al litigioso.
Ahora
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28242-1e644dd9/usura-tratandose-de-titulos-de-credito-suscritos-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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