USURA. EN CASO DE QUE EL JUZGADOR, DE MANERA JUSTIFICADA, OPTE POR TOMAR COMO REFERENTE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) PARA CLIENTES NO TOTALEROS, A FIN DE VERIFICAR SI SON USURARIOS LOS INTERESES MORATORIOS PACTADOS POR PERSONAS FÍSICAS EN UN PAGARÉ, DEBE TOMAR EL VALOR MÁS ALTO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 215/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO POR DIVERSAS CONSIDERACIONES, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 215/2022, denunciada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, entre el criterio sustentado al resolver el amparo directo civil 334/2021, con base en la tesis de jurisprudencia VII.1o.C. J/15 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo 101/2020.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en dilucidar si, al analizar la usura en el pacto de intereses moratorios, derivados de la suscripción de un pagaré celebrado entre personas físicas, debe aplicarse el valor más bajo o el más alto, de los publicados para la tasa de interés efectiva promedio ponderada (TEPP), regulada por el Banco de México, para clientes no totaleros.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 102/2022, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, recibido el siete de julio de dos mil veintidós, por conducto del MINTERSCJN y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) los Magistrados integrantes de dicho Tribunal Colegiado, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sostenido al resolver el amparo directo civil 334/2021, con sustento en la tesis de jurisprudencia VII.1o.C. J/15 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, y el derivado de la ejecutoria emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 101/2020.
2. Trámite de la denuncia de contradicción de criterios. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós,(2) admitió a trámite la denuncia de la contradicción de criterios. Asimismo, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Séptimo Circuito y Octavo en Materia Civil del Primer Circuito, remitieran, únicamente por conducto del MINTERSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias, o bien, la versión electrónica en la que constaran las firmas digitales de los Magistrados integrantes del órgano jurisdiccional de referencia, relativas a los amparos directos 315/2017, 652/2017, 843/2017, 50/2018 y 346/2018; y el amparo directo 101/2020, respectivamente, así como del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en el asunto de su índice se encontraba vigente.
3. Asimismo, se ordenó la remisión de los autos, para su estudio, a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
4. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós,(3) la Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los autos de la contradicción de criterios, determinó el avocamiento de la Sala, envió los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, y solicitó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, así como al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para que remitieran las versiones digitalizadas de los originales o, en su caso, de las copias certificadas de las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo 315/2017, 652/2017, 843/2017, 50/2018, 346/2018 y 101/2020, de sus índices respectivos.
5. Informes de vigencia de criterios en contradicción. Por acuerdos de ocho y once de agosto de dos mil veintidós,(4) la Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibidos los anexos remitidos por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y se pronunció respecto del aviso de vigencia del criterio sostenido en el juicio de amparo directo 101/2020.
6. Posteriormente, mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós,(5) la Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, rindiendo el informe sobre la vigencia del criterio emitido al resolver los juicios de amparo directo 315/2017, 652/2017, 843/2017, 50/2018 y 346/2018; sin embargo, fue omiso en remitir la versión digitalizada de dichas ejecutorias y acordó que, a efecto de hacer prevalecer el postulado de pronta y completa impartición de justicia a que se refiere el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, bajo certificación que obrara en las constancias físicas, ordenó agregar al expediente en que se actúa, la versión digitalizada de los fallos mencionados, la cual se obtuvo de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que se realiza de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
7. En consecuencia, en el mismo acuerdo antes mencionado, al estar debidamente integrado el asunto, se ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
II. COMPETENCIA
8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos.(6) No se advierte que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en que se resolvió el amparo directo 334/2021.
IV. PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
10. La mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de la contradicción de criterios entre tribunales (entre el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el del Séptimo Circuito y un Tribunal del Primer Circuito) debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales.
11. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de criterios debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad.(7)
12. Por ello, en las contradicciones de criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
13. En esa guisa, para determinar la existencia de una contradicción de criterios es preciso que se cumpla con los siguientes requisitos:(8)
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
14. Además, la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no constituyan jurisprudencia, no es obstáculo para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de criterios de que se trata pues, a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios distintos al resolver sobre un mismo punto de derecho.(9)
15. Tampoco es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(10)
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
16. A continuación, se realizará una síntesis de las principales consideraciones sostenidas por los tribunales contendientes.
A. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 101/2020
Antecedentes. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Marcelo E. López Muñoz quien también acostumbra a usar el nombre de Marcelo Eduardo López Muñoz, demandó de Trinidad Miguel Campuzano Martínez, en la vía ejecutiva mercantil, las siguientes prestaciones:
"a) El pago de la cantidad de $1’125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, atendiendo a la cantidad literal que se encuentra inserta en los documentos base de la acción.
"b) El pago de intereses moratorios que se han causado desde la fecha en que se dejaron de pagar los pagarés base de la acción y hasta la de su total pago en ejecución de sentencia, los cuales deberán ser calculados a razón del 6 % (seis por ciento) mensual, respecto de la cantidad que se encuentra consignada en dicho documento.
"c) El pago de gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación de este juicio."
• La demanda fue remitida al Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, cuya titular, en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, ordenó formar y registrar el expediente con el número 168/2009.
• Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, Trinidad Miguel Campuzano Martínez, dio contestación a la demanda formulada en su contra, negando las prestaciones reclamadas.
• Agotada la sustanciación del procedimiento, el nueve de septiembre de dos mil diecinueve se dictó la sentencia de primera instancia, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:
"... PRIMERO.—Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil en la que la parte actora López Muñoz Marcelo Eduardo, acreditó su acción y el demandado Trinidad Miguel Campuzano Martínez, no justificó sus excepciones, en consecuencia.
"SEGUNDO.—Se condena al demandado Trinidad Miguel Campuzano Martínez, a pagarle al actor la cantidad de un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N., por concepto de suerte principal, que corresponde a la suma de los pagarés exhibidos como base de la acción, así como al pago de los intereses moratorios a la tasa del seis por ciento mensual, en términos de lo ordenado en el segundo punto considerando de la presente resolución, previa la liquidación que se efectúe en ejecución de sentencia.
"TERCERO.—Se concede al demandado Trinidad Miguel Campuzano Martínez, un término de cinco días, contado a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, para que dé cumplimiento con lo condenado, apercibido que de no hacerlo se procederá al remate de lo embargado y con su producto se hará pago al actor.
"CUARTO.—Se condena al demandado Trinidad Miguel Campuzano Martínez, al pago de las costas originadas en la presente instancia.
"QUINTO.—Notifíquese ..."
• Inconforme con la sentencia anterior, el demandado Trinidad Miguel Campuzano Martínez, por derecho propio, interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la que, en proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, confirmó la calificación de grado en que fue admitido dicho recurso por el juzgador de primera instancia, registrándose bajo el toca 808/2019/1. Y dictó sentencia el dos de diciembre de dos mil diecinueve, con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.—Se modifica la sentencia definitiva de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, en los autos del juicio ejecutivo mercantil seguido por López Muñoz Marcelo Eduardo en contra de Campuzano Martínez Trinidad Miguel, para quedar en los términos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.
"SEGUNDO.—No se hace especial condena en costas a la apelante en esta instancia.
"TERCERO.—Notifíquese con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos y documentos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido."
• Al haber estimado que esa resolución vulneró sus derechos fundamentales Trinidad Miguel Campuzano Martínez, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra dicha sentencia.
• Por cuestión de turno, la demanda se radicó en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el expediente amparo directo 101/2020, en el cual se dictó sentencia de diecinueve de junio de dos mil veinte.
Criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó los conceptos de violación relativos a una aducida violación procesal, y orientados a controvertir la acreditación de la acción, en cuanto a la eficacia de los pagarés basales de la acción.
• En lo conducente, precisó que era fundado el motivo de inconformidad, en el que el quejoso sostuvo que al reducir la Sala responsable los intereses pactados conforme a una tasa anual promedio de interés (TEPP), no tomó en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente, que el acreditante era un particular, mas no una institución bancaria que tenía una mayor capacidad económica y cubría gastos de empleados. Por lo que no se justificaba que se basara en esa tasa anual promedio que, en todo caso, debió reducir los intereses a la tasa mínima o inferior a ésta.
• Indicó el tribunal que lo fundado de la inconformidad derivaba de que la Sala responsable, al emitir su fallo, consideró que el Juez natural, al analizar la usura, no debió basarse en el Costo Anual Total (CAT) de una tarjeta de crédito básicamente porque "ninguna de las partes se trata de una institución de crédito", y el costo anual total conforme a la legislación aplicable, aludía a una medida del costo de un financiamiento expresado en términos porcentuales anuales, que incorporaba la totalidad de costos y gastos inherentes de los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las entidades financieras que, por sus características, requieren de una infraestructura personal y gastos en general. Y que ese parámetro tomaba en cuenta para su fijación, entre otros datos, comisiones, cargos y costos para el otorgamiento y administración de los créditos. Pero que tratándose de créditos otorgados entre particulares, no podía utilizarse el CAT para analizar la usura, "debido a que se consideran elementos que no pueden aplicar para los particulares como los gastos relativos a la instalación y mantenimiento de sucursales bancarias y el pago de empleados."
• De ese modo había estimado la Sala responsable, que la tasa aplicable debía ser la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) para clientes no totaleros, más cercana a la suscripción de uno de los pagarés, siendo, la más alta de 63.5 % anual, correspondiente a BanCoppel y, la más baja, del 24.1 % perteneciente al Banco del Bajío. Promediando dichas tasas daba 43.8 % anual y, al ser más baja que la de los pagarés fundatorios que era de 6 % mensual (72 % anual); redujo los intereses a la aludida tasa promedio.
• Sin embargo, precisó el Tribunal Colegiado que la Sala responsable, al considerar la tasa del TEPP, también debió tomar en cuenta que el crédito no lo había otorgado una institución de crédito que erogaba gastos como infraestructura y pago de sueldos de personal, comisiones, entre otros; sino que se trataba de una relación entre personas físicas particulares y que debía reducirse la tasa de intereses a la mínima, mas no al promedio entre las existentes de BanCoppel y Banco del Bajío.
• Por lo que concedió el amparo para el solo efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera una nueva en la que, tomando en consideración lo antes señalado, redujera el monto de los intereses al mínimo de la TEPP analizada.
• De la sentencia del amparo directo 101/2020 en comento, derivó la tesis I.8o.C.88 C (10a.), de rubro y texto siguientes.
"USURA. AL ANALIZARLA RESPECTO DE UN PAGARÉ CELEBRADO ENTRE PERSONAS FÍSICAS, DEBE APLICARSE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP), PARA CLIENTES NO TOTALEROS Y CALCULARSE LA MÁS BAJA. Tratándose de créditos otorgados entre particulares no puede utilizarse el Costo Anual Total (CAT) para analizar la usura, debido a que considera elementos que no pueden aplicar para éstos, como los gastos relativos a la instalación y mantenimiento de sucursales bancarias y el pago de empleados. Por ello, debe aplicarse la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) para clientes no totaleros, más cercana a la fecha de suscripción del pagaré. Y si ésta varía entre una tasa más alta y otra más baja para entidades del sector financiero mexicano, no puede promediarse para calcular los intereses generados por la mora en el pago de un pagaré celebrado entre personas físicas, sino que debe calcularse la más baja, porque el crédito no lo otorga una institución de crédito, la cual eroga gastos como infraestructura y pago de sueldos de personal y comisiones, entre otros, sino que deriva de una relación entre personas físicas que no realizan esa clase de gastos al celebrar los préstamos documentados en pagarés."(11) B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo civil 334/2021
Antecedentes. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Omar Alejandro Navarro López en su carácter de endosatario en procuración de Claudia Gabriela Martínez Rodríguez, promovió juicio ejecutivo mercantil –acción cambiaria directa– contra Mayela Cid Martínez y Anwar Iván Reveles Herrera, de quienes demandó:
- El pago de dos pagarés que sumados arrojan la cantidad total de $103,758.00 (ciento tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- Intereses moratorios convenidos en los dos documentos base de la acción, correspondientes al cuatro por ciento (4 %) mensual.
- Gastos y costas de la instancia judicial (fojas 1 y 2 del expediente 3/2019).
• Por auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, admitió la demanda de mérito, la registró bajo el consecutivo 3/2019 y ordenó emplazar a los demandados.
• El veintinueve de enero de dos mil veinte, se tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda entablada en su contra y el cinco de julio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia, en la que se declaró procedente la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil; se tuvo por no probada la acción intentada; en cambio, se determinó que la parte demandada acreditó sus excepciones y defensas hechas valer; y, en consecuencia, se absolvió a Mayela Cid Martínez y Anwar Iván Reveles Herrera del pago de la suerte principal así como de las prestaciones accesorias.
• Inconforme con la anterior sentencia, la actora, Claudia Gabriela Martínez Rodríguez, por derecho propio, mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal. Asimismo, los terceros interesados promovieron amparo adhesivo.
Criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito calificó los conceptos de violación en la demanda principal de sustancialmente fundados.
• Acotó que, los motivos de disenso aducidos por la quejosa principal únicamente estaban encaminados a demostrar que el interés moratorio del cuatro por ciento mensual (4 %) pactado por las partes en los pagarés base de la acción, no era usurario; de ahí que determinó el tribunal que no sería materia de análisis lo concerniente al tema de la procedencia de la excepción de pago hecha valer por los demandados (terceros interesados y quejosos adherentes).
• Luego, mencionó que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis, determinó en qué consisten los parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés y enumeró los siguientes:
- El tipo de relación existente entre las partes;
- La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada;
- El destino o finalidad del crédito;
- El monto del crédito;
- El plazo del crédito;
- La existencia de garantías para el pago del crédito;
- Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia;
- La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo;
- Las condiciones del mercado; y,
- Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador.
• Asimismo, adujo que la superioridad estableció que la anterior evaluación debía complementarse con el análisis del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.
• Y que, el criterio objetivo, partía de un límite fijo, aplicable a la generalidad de los casos, éste, a su vez, podía ser absoluto, cuando en la norma se establecía un margen concreto, una tasa determinada; o podía ser relativo, cuando dicho límite pudiera variar, atendiendo a las condiciones existentes en el mercado o a las tasas del sistema financiero, por mencionar algunos ejemplos.
• En tanto que, el criterio subjetivo, por su parte, involucraba conceptos sujetos a interpretación; permitía al juzgador un ejercicio más libre de su arbitrio judicial, a partir de las circunstancias especiales de cada caso. Reflexiones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.).
• Lo anterior, en el entendido de que no era necesario que existiera prueba sobre todos y cada uno de los parámetros de evaluación enunciados en la jurisprudencia de mérito, ya que en el propio criterio se establecía que la desmesura del interés debía ponderarse conforme a las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, considerando los parámetros objetivos expresamente señalados y otros que generaran convicción en el juzgador, es decir, la propia tesis reconocía que los parámetros enlistados no eran un catálogo exhaustivo ni inmutable, sino un grupo de guías enunciadas ejemplificativamente, cuyo número y combinación podía variar de acuerdo con las particularidades de cada caso.
• Además, adujo el Tribunal Colegiado que, en la contradicción de tesis 350/2013, esta Primera Sala había aseverado que las tasas de interés de las instituciones bancarias para "operaciones similares a las que se analizaran en cada caso" eran "un buen referente", como parámetro para examinar la posible usura de una tasa de interés, aunque, desde luego, no podían constituir el único factor a valorar, pues existían otros elementos que debían tomarse en cuenta por la autoridad responsable.
• Consideró el tribunal que, las tasas de las operaciones con mayor similitud a las que analizaba, eran las de tarjetas de crédito, en función del tipo de operación económica que se llevaba a cabo en una y otra, en la inteligencia de que se encontraban vinculadas en el orden jurídico, pues de acuerdo a la regla cuarta de las "Reglas a las que habrán de sujetarse las Instituciones de Banca Múltiple en la emisión y operación de Tarjetas de Crédito Bancarias", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, emitidas por el Banco de México, toda transacción efectuada por medio de tarjeta de crédito se documentará con un pagaré ya sea, firmado de manera autógrafa o electrónicamente con el número de identificación personal (tal como se realiza en la práctica), y destacó que ambos documentos compartían las siguientes características adicionales: en los dos casos se trataba de préstamos personales, la materia del mismo era el dinero y no existía garantía prendaria o hipotecaria para respaldarlo. Por lo que el riesgo asumido por el acreedor al entregar la suma consignada en el pagaré base de la acción, se equiparaba al que se asumía al emitir una tarjeta de crédito por una institución bancaria. Tasas que el Banco de México estimaba adecuadas para retribuir al acreedor de una ganancia lícita.
• Bajo esa línea adujo que, para fijar si un interés moratorio era o no usurario, se debía acudir a la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) para clientes "no totaleros", que eran los que pagaban intereses por no cubrir el saldo total determinado en el estado de cuenta respectivo al uso de la tarjeta de crédito, tomándose como base el indicador existente y cercano a las fechas en que se suscribieron los pagarés (veintiséis de abril de dos mil dieciséis).
• Información que –sostuvo el tribunal– constituía un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se obtenía del portal de Internet del Banco de México y que hacía prueba plena debido a que era un organismo público que, en su calidad de banco central, regulaba los indicadores básicos de las tarjetas de crédito y porque lo que se pretendía determinar era el interés que correspondía fijar por un préstamo.
• Advirtió que los indicadores básicos para clientes no totaleros de tarjeta de crédito, con referente al mes de abril de dos mil dieciséis –fecha de suscripción de los pagarés– donde aparecía la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP), la cual en ese entonces osciló entre el 24.9 % (Santander) y el 63.5 % (BanCoppel) anual –equivalente este último al cinco punto veintinueve por ciento (5.29 %) mensual.
• En tal virtud –precisó el tribunal– si la tasa de interés moratorio pactada por las partes fue del cuatro por ciento (4 %) mensual, tal como se advertía de los pagarés base de la acción que, multiplicado por doce, daba un total de cuarenta y ocho por ciento (48 %) anual; era claro que, contrario a lo considerado por la Juez de Distrito, no superaba el valor más alto de la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) que, por tanto, utilizando ese parámetro, la tasa pactada en los documentos base de la acción, no era usuraria, porque era inferior al porcentaje máximo precisado por el Banco de México en los indicadores básicos de tarjetas de crédito, al mes de junio de dos mil dieciséis, data más cercana a la suscripción de los pagarés.
• Consideró que si bien la autoridad responsable tomó como referencia la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP); también lo era que debió considerar el reporte del valor más alto para operaciones similares, siendo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31375-cd826d98/usura-en-caso-de-que-el-juzgador-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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