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Modo: Corpus Pro

PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 350/2013. · Registro digital (IUS): 25106
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-06-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉS
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Pág. 349.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 350/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, RESPECTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio señalan como discrepante, respecto del sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El veintinueve de mayo de dos mil trece, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (tribunal denunciante) resolvió el amparo directo civil 144/2013, del que es necesario conocer los siguientes antecedentes, que se desprenden de la ejecutoria respectiva:

• ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil de **********, el pago de $********** (**********), por concepto de suerte principal, que fue originada por la suscripción de once pagarés, el pago de los intereses moratorios a razón del 10% (diez por ciento) mensual, a partir de la fecha de vencimiento de diez de los once títulos de crédito, el pago de los intereses moratorios a razón del 8% (ocho por ciento) mensual, a partir de la fecha de vencimiento de uno de los once títulos de crédito y el pago de gastos y costas procesales.

• De dicho juicio correspondió conocer al Juez Primero de Paz Civil del Distrito Federal quien, seguidos los trámites legales, resolvió que la actora acreditó parcialmente la acción, y la demandada parcialmente sus excepciones y defensas, por lo que condenó a la demandada a pagar la cantidad de $********** (**********), por concepto de suerte principal, y a pagar únicamente un interés moratorio a razón del 5% (cinco por ciento) mensual, causado sobre diez de los once pagarés, así como un interés moratorio de 4% (cuatro por cierto), causado sobre uno de los once pagarés y condenó a la demandada al pago de costas procesales.

• Inconforme con esa resolución, la demandada interpuso en su contra juicio de amparo directo, de la que correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió negar el amparo a la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:

• El planteamiento aducido por la quejosa respecto a la constitucionalidad del artículo 362 del Código de Comercio, en relación con los numerales 150, 167, 170 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en cuanto a que son contrarios al artículo 1o. constitucional, 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 5 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, resulta inoperante, toda vez que la solicitante no expone razonamiento alguno que permita emprender el estudio de los dispositivos en cita a la luz de los principios emanados de la Constitución Federal, ni de los tratados internacionales invocados en la demanda de amparo, en tanto que, omite expresar los motivos por los que resultarían contrarios al orden constitucional y convencional que refiere, y aun cuando cita diversas tesis aisladas en las que se alude a la inconstitucionalidad del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en dichos criterios no se dice nada respecto de los artículos 362 del Código de Comercio y 150, 167 y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

• Es infundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa respecto a la inconstitucionalidad del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que, si bien es cierto que tampoco se expone un razonamiento concreto encaminado a demostrar la contravención de dicho precepto respecto del marco constitucional y convencional que refiere, al citar diversas tesis aisladas en las que se aborda el estudio de dicho tópico, se logra colegir que, para sostener su pretensión, la promovente del amparo pretende hacer suyos los razonamientos contenidos en los criterios invocados. No obstante ello, este Tribunal Colegiado no comparte la postura que sostienen las tesis aisladas, toda vez que la interpretación del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no puede hacerse literalmente ni de manera aislada, como lo hacen los criterios en cita, pues esa manera de entender la norma llevaría a la errónea convicción de que dicho precepto permite la práctica de la usura, al no establecer límites ni parámetros a la libertad contractual respecto de los intereses que se pacten en un título de crédito.

• Si bien es verdad que el artículo 174 del ordenamiento en comento, no contiene de manera expresa un parámetro que limite la libertad de contratación de las partes respecto del pacto de intereses en un documento cartular, lo cierto es que la interpretación sistemática del dispositivo en cita, lleva a concluir que, en otros artículos aplicables a los documentos mercantiles, sí se establecen esas limitantes.

• Por un lado, el artículo 78 del Código de Comercio consagra los principios de autonomía de la libertad y libre contratación, que se identifican con el derecho que tienen las personas para decidir cuándo celebrar contratos, con quién hacerlo y la libertad para determinar el contenido del mismo. Sin embargo, si bien el orden jurídico reconoce dichos principios, también lo es que el legislador estableció diversas normas imperativas que los restringen o limitan.

• Toda vez que el Código Civil Federal es supletorio al Código de Comercio, válidamente puede sostenerse que a los actos de comercio les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del código aludido. Dicho dispositivo prohíbe, imperativamente, la obtención de un lucro excesivo obtenido mediante el aprovechamiento de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro.

• En ese sentido, debe concluirse que, en el sistema jurídico al que pertenece el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, existe una limitante a la libertad contractual en lo referente al pacto de intereses que se puede establecer en un título de crédito, de tal suerte que, la sola circunstancia de que en el mencionado precepto no se haya establecido literalmente cuáles son los parámetros que deben tenerse en cuenta para pactar los intereses, no conlleva, por sí sola, la inconstitucionalidad del precepto y, de la misma manera, tampoco sería procedente que en un aparente control de convencionalidad ex oficio, se deje de aplicar dicho precepto.

• Al existir ya normas imperativas que limitan la facultad de contratación de las partes respecto de los réditos correspondientes, en rigor, no existe necesidad de que el legislador hubiera establecido de manera específica las limitaciones que aplican al respecto, y la falta de tales parámetros en el precepto que se tilda de inconstitucional, no constituye una omisión legislativa que provoque la contravención de preceptos constitucionales o convencionales invocados por la demandante de amparo.

• Es infundado el motivo de la quejosa tendiente a alegar que el Juez responsable violó las reglas de valoración de las pruebas, así como el artículo 2395 del Código Civil, al calificar de excesivo el derecho del actor para reclamar el pago de intereses moratorios sobre el diez por ciento mensual, por lo que, al proponer la excepción personal derivada de la existencia de este contrato en el procedimiento de cobro del débito documentado en un pagaré, era posible reducir el interés pactado en ese título crediticio a razón del interés legal del nueve por ciento anual, ya que, de lo contrario, se estaría apoyando la usura.

• El Tribunal Colegiado sostuvo que, si bien es cierto que se faculta a los contratantes de un mutuo con interés para pactar un interés convencional, éste podrá verse limitado si se fija de manera desproporcionada debiéndose acreditar para la actualización de dicho supuesto dos requisitos, uno, de tipo objetivo, consiste en la desproporción entre las prestaciones estipuladas en el pacto de intereses y, el otro, de tipo subjetivo, que se traduce en que el referido desequilibrio sea causado por la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del afectado. Por lo que, si se actualiza la presunción legal de que el interés convencional es desproporcionado, resulta indispensable que se arribe a esa conclusión bajo parámetros objetivos que en su momento aporte el deudor, a quien corresponde entonces la carga probatoria para demostrar que existió abuso de su apuro pecuniario, inexperiencia o ignorancia.

• En el caso, el Juez responsable acogió parcialmente la pretensión de la parte demandada, ahora quejosa, al considerar que el interés convencional pactado en los pagarés base de la acción era excesivo, por lo que, a efecto de no conculcar sus derechos humanos, determinó reducir en un cincuenta por ciento el interés convencional establecido en los basales de la acción.

• En ese tenor, si la parte demandada, ahora quejosa, estimó que la reducción en la tasa de interés que determinó el Juez responsable no era suficiente por seguir siendo usurario el interés establecido, aun con la disminución en las tasas establecidas originalmente, debió aportar los elementos necesarios que demostraran ese extremo, puesto que la reducción de intereses debe hacerse sobre parámetros objetivos que sólo es posible conocer en la medida en que la parte interesada aporta elementos para ello.

• Lo anterior, máxime de que la reducción de la tasa de interés no necesariamente debe hacerse hasta la tasa legal establecida en el artículo 362 del Código de Comercio o 2395 del Código Civil Federal, pues éstos otorgan a las partes la decisión de pactar libremente el monto de los intereses, y la facultad del juzgador para reducirlos cuando resulten desproporcionados, debe hacerse tomando en cuenta las especiales circunstancias del caso y de manera equitativa; de lo que se sigue que no necesariamente deben reducirse al tipo legal.

• Las manifestaciones de la quejosa con respecto a que el Juez de los autos hace una indebida aplicación del artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como de los artículos 127 y 174 del mismo ordenamiento, por lo que debió, a su juicio, decretar procedente la excepción de caducidad u ordenar que la actora ejerciera la acción de causalidad, devienen en parte infundadas y en parte inoperantes.(3)

• En esa virtud, ante la ineficacia de los conceptos de violación esgrimidos, y al no advertirse que proceda suplir la queja deficiente, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada.

II. El siete de junio de dos mil doce, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo 369/2012, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

• ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil de ********** y otro, el pago de $********** (**********), por concepto de suerte principal, los intereses ordinarios generados a razón del 1.32% (uno punto treinta y dos por ciento) semanales sobre la suerte principal, el pago de los intereses moratorios en razón del .5% (punto cinco por ciento) diarios sobre saldos insolutos y el pago de gastos y costas.

• De dicho juicio correspondió conocer al Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y, seguido el juicio en sus etapas legales, dictó sentencia en la que estimó que la actora justificó parcialmente su acción, por lo que condenó a la parte demandada al pago de la cantidad de $********** (**********), por concepto de suerte principal, y al pago de los intereses ordinarios y moratorios que debían cuantificarse al 6% (seis por ciento anual), porque el pacto de intereses en montos muy superiores a los usuales en el mercado constituyen un acto de usura, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de dicha resolución, sin hacer especial condena en costas.

• Inconforme con esa resolución, la actora interpuso en su contra juicio de amparo directo, al que, por razón de turno, correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que resolvió negar el amparo solicitado por el quejoso, con base en las consideraciones que, por lo que atañe a la presente contradicción, se exponen a continuación:

• Se declaran infundadas las aseveraciones de la quejosa tendientes a sostener que la sentencia reclamada viola lo establecido en los artículos 362 del Código de Comercio y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puesto que ninguno de ellos prohíbe que los intereses rebasen la suerte principal, además de que la reducción de la tasa de intereses ordinarios y moratorios que realizó la responsable resulta desproporcionada e inequitativa en relación con los daños y perjuicios que resultan del retraso en la obligación de pago de los deudores, aunado a que, si la demandada no hizo valer lo relativo al supuesto abuso, estaba imposibilitada la actora para desvirtuarlo.

• También es infundado lo relativo a que la responsable, sin motivación en elementos objetivos, redujo los intereses hasta el tipo legal, tutelando únicamente los derechos del demandado y sin tutelar los del acreedor, alejándose de los principios de igualdad y equidad y fomentando el incumplimiento.

• Lo anterior es así, pues, contrario a lo aseverado por la quejosa, fue correcta la decisión del Juez responsable, pues a la luz de lo establecido por los artículos 1o. y 133 constitucionales, y las tesis de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias están obligados a velar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.

• Por lo que, desde la perspectiva constitucional y de interpretación de nuestro Máximo Tribunal, se tiene que, si el artículo 21 de la Convención Interamericana (sic) sobre Derechos Humanos previene que la usura debe prohibirse por la ley, implica que, si de acuerdo con su contenido el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito comprende la voluntad de las partes como elemento primordial para convenir sobre las tasas de interés ordinarios y moratorios, evidentemente que no es jurídicamente admisible, por contraponerse con lo dispuesto por el artículo 21 de la citada convención.

• En el caso no se trata de resolver, si los artículos 362 del Código de Comercio y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito comprendan o no la prohibición de que los intereses rebasen la suerte principal, sino de juzgar dentro del marco constitucional y de la Convención Interamericana (sic) sobre Derechos Humanos; en esa medida, no es dable considerar que la reducción de las tasas de interés legales y moratorios sean desproporcionadas e inequitativas en relación con los daños y perjuicios que se dice, resultan del retraso en el pago de la deuda.

• Por otro lado, es incontrovertible que la conducta desplegada por el Juez responsable no se aleja de los valores jurídicos de igualdad y de equidad, puesto que, tanto en la Constitución Federal, como en los instrumentos internaciones celebrados por el Estado Mexicano se consagran los derechos fundamentales de las personas que, desde el plano universal, justifican plenamente la intervención de las autoridades para proteger esos derechos.

• Lo propio debe decirse de lo planteado en relación con los intereses moratorios, toda vez que, si el ordinal 3 del artículo 21 de la Convención Interamericana (sic) sobre Derechos Humanos establece que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben prohibirse por la ley, es inconcuso que, si el caso materia de estudio se ubica dentro de ese supuesto, la defensa de la quejosa fincada en su derecho de desvirtuar el apuro pecuniario, la inexperiencia o la ignorancia del deudor, no tiene razón de ser.

• Dicho criterio dio lugar a la siguiente tesis de rubro: "USURA Y CUALQUIER OTRA FORMA DE EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO SE CONTRAPONE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."(4)

III. El doce de abril de dos mil doce, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito resolvió el amparo directo civil 193/2012, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes, que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

• ********** demandó a ********** en la vía ejecutiva mercantil, el importe de un pagaré por la cantidad de $********** (**********), el pago de intereses moratorios a razón del tres punto cinco por ciento mensual y el pago de gastos y costas. El demandado en su contestación de demanda reconoció haber suscrito el pagaré, pero negó que se hayan estipulado los intereses reclamados. Seguido el juicio en sus trámites legales, el Juez de origen dictó sentencia en la que condenó al demandado al pago de las prestaciones tal cual le fueron reclamadas.

• En contra de dicha resolución, ********** interpuso juicio de amparo directo, la que, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito quien, seguidos los trámites legales, resolvió amparar al quejoso, en lo relativo a la presente contradicción, con base en las siguientes consideraciones:

• Es fundado el concepto de violación en el que el quejoso adujo que la condena al pago de intereses moratorios al tres punto cinco «por ciento» mensual era ilegal, puesto que se trataba de intereses desproporcionados, donde no podía operar de manera absoluta la voluntad de las partes, aunado a que el interés moratorio es prohibitivo e ilegal, al contravenir el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Este tribunal ejerce en el caso un "control de convencionalidad" sobre el contenido del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con el 78 de la codificación mercantil, impidiendo que, en el caso particular, proceda la usura pretendida por la parte actora en perjuicio del aquí quejoso.

• Válidamente puede definirse la usura como el cobro de un interés excesivo en un préstamo. Las normas mercantiles que regulan el pacto de réditos en caso de mora son el artículo 362 del Código de Comercio y los artículos 152, fracción II y 174, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por su parte, el artículo 78 del Código de Comercio establece que en los actos mercantiles rige la voluntad contractual, sin embargo, dicho principio se encuentra limitado por el artículo 77 del mismo ordenamiento jurídico, en el entendido de que la libertad contractual tiene que versar sobre cuestiones lícitas, pues las ilícitas no producen obligaciones ni acción.

• Por tanto, la voluntad de las partes en materia mercantil no es irrestricta, pues lo convenido siempre debe referirse a cuestiones lícitas, esto es, no debe contravenir disposiciones de orden público. Por otro lado, el apartado 3 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, disposición que es de observancia obligatoria para todos los Jueces nacionales y de aplicación oficiosa.

• El artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es inconvencional, al no establecer límite para el pacto de intereses en caso de mora, puesto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos proscribe la usura.

• El artículo en estudio, al permitir el pacto irrestricto de intereses en caso de mora, es inconvencional, pues tolera que los particulares se excedan en su cobro con la eventualidad de que éstos sean usurarios; de ahí que el precepto legal en comento, debe inaplicarse en el caso.

• Para poder determinar si el interés constituye un acto de usura, el criterio de "intereses superiores a los usuales en el mercado", puede ser abstracto e impreciso, por lo que la ley penal para el Estado de Aguascalientes (codificación sustantiva local) es más acorde para la protección del derecho humano reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para fijar un porcentaje certero y eficaz.

• El artículo 48, fracción I, de la ley penal para el Estado de Aguascalientes prevé que "La usura consiste en: ... un interés convencional evidente o encubierto, que exceda a un treinta y siete por ciento anual."

• En ese tenor, es más asequible determinar, si la tasa de interés anual convenida en un título de crédito es usuraria, siendo que, en el caso concreto, basta multiplicar 3.5% de su monto, por doce meses que tiene el año, lo que da como resultado una tasa del 42% anual, lo que -atento con la convencionalidad que se ejerce- debe ser objeto de protección, pues existe una porción normativa convencional que proscribe la práctica de la usura, como un derecho fundamental.

• Por lo que, si bien el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es inconvencional, la consecuencia será determinar un límite para el cobro de intereses moratorios, es decir, dicha declaración no puede sino traducirse en que, en caso de que los réditos se excedan, el Juez estará en posibilidad de reducirlos a ese porcentaje, sin que pueda considerarse que ello trae como consecuencia absolver de su pago o que su reducción debe hacerse hasta el interés legal.

• Se otorga el amparo al quejoso, a efecto de que la responsable dicte una nueva sentencia en la que, en lo tocante a la condena al pago de interés moratorios, de conformidad con el control de convencionalidad ejercido, se reduzcan los intereses moratorios hasta el treinta y siete por ciento anual, y se conmina a la responsable para que, en lo subsecuente y de ser el caso, ejerza un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos.

• Dicho criterio dio lugar a la siguiente tesis de rubro: "INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, QUE PERMITE SU PACTO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."(5)

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis, deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirven de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6) y la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.";(7)

2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.";(8) y,

6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que, sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(9)

De la lectura de las resoluciones contendientes se desprende que sí existe la contradicción de tesis y que el punto de oposición entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados consiste en determinar, si el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es inconstitucional por inconvencional, al permitir el pacto de intereses usurarios en contravención de lo que dispone el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que hace procedente su inaplicación ex oficio con motivo del control de convencionalidad; o si dicho precepto no es inconstitucional ni inconvencional dada su interpretación sistemática, por lo que no procede su inaplicación ex oficio con motivo del control de convencionalidad.

Lo anterior sobre la base de que, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo, en esencia, que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no puede interpretarse literalmente ni de manera aislada, en el sentido de que permite la usura, al no establecer parámetros a la libertad contractual respecto de los intereses que se pacten en un título de crédito (pagaré), sino que en el sistema jurídico al que pertenece ese precepto, existe una limitante a la libertad contractual en lo referente al pacto de intereses que se puede establecer en un título de crédito, de tal suerte que, la sola circunstancia de que en el mencionado precepto no se haya establecido literalmente cuáles son los parámetros que deben tenerse en cuenta para pactar los intereses, no conlleva, por sí sola, la inconstitucionalidad del precepto y tampoco sería procedente que en un aparente control de convencionalidad ex oficio, se deje de aplicar dicho precepto, pues de conformidad con el artículo 2o. del Código de Comercio, es supletoria la legislación civil federal; asimismo, el artículo 81 del Código de Comercio establece que en defecto de las disposiciones mercantiles, los actos se rigen por disposiciones de derecho civil en cuanto a excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos, por lo que les resulta aplicable a los actos de comercio lo dispuesto por el artículo 17 del Código Civil

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25106-7954a60f/pagare-el-articulo-174-parrafo-segundo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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