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Modo: Corpus Pro

INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE. INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2012. · Registro digital (IUS): 24237
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Pág. 667.

INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2012. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 3 DE OCTUBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: JORGE ROBERTO ORDÓÑEZ ESCOBAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado integrante del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, José David Cisneros Alcaraz, en virtud de que en el órgano colegiado que preside se sostiene uno de los criterios que se suscitan en la presente contradicción. Por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas en contienda. En primer término, debe establecerse si, en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo, a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impidan su resolución.

En tales condiciones, de conformidad con el criterio referido del Pleno de este Alto Tribunal, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, emitida por el Tribunal en Pleno, cuyos rubro y texto son:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Establecido lo anterior, es procedente examinar si, en la especie, se da o no la contradicción de criterios, de acuerdo a lo siguiente:

1) El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito resolvió en los amparos directos 214/2012 y 215/2012, que se encuentran relacionados compartiendo las consideraciones medulares en el tema conducente que, en esencia, se traduce en lo siguiente:

Amparo directo 214/2012:

"CUARTO. ... Atendiendo al principio constitucional de convencionalidad, en suplencia de la queja, este tribunal estima fundado que la condena a intereses moratorios a razón del 57% anual (cincuenta y siete por ciento anual), que se traduce en un 4.75% mensual (cuatro punto setenta y cinco por ciento mensual), es una sanción que vulnera derechos humanos ... En otras palabras, la obligación de garantizar los derechos humanos establecidos en un tratado internacional, cuando se trate de una cuestión evidente, como en el caso en que se obtiene del texto del pagaré fundatorio, no debe subordinarse o condicionarse a la circunstancia de que la parte afectada haya ejercido adecuadamente su defensa, de acuerdo a las excepciones que opuso al contestar la demanda en el juicio de origen, o a los conceptos de violación aquí propuestos, pues se trata de un control ex officio que el Poder Constituyente Permanente otorgó al tribunal de amparo ... En este punto, conviene mencionar que la violación a un derecho humano, tradicionalmente, se ha concebido desde el enfoque de la actuación o la omisión atribuibles a una autoridad; sin embargo, en esta materia existe una opinión importante, en el sentido de que el derecho humano puede ser vulnerado por un particular. Así las cosas, resulta evidente que un interés elevado en un crédito, por sí mismo, ya constituye una violación a un derecho humano, y cuando la autoridad condena a la parte deudora a cubrirlo, evidentemente, se consuma esa violación, porque ya existe una decisión del Poder Estatal respecto a que la deudora debe pagar a su acreedor dicho interés ... En la especie, debe precisarse que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ... En su artículo 21, intitulado derecho de propiedad privada, apartado 3, se establece: (se transcribe). Resulta claro que dicho precepto que consagra el derecho humano a preservar la propiedad privada, en este caso, el dinero de la parte deudora frente a un interés usurario ... En ese orden, las preguntas relevantes en el caso a estudio son: ¿Cuál puede ser un límite razonable al interés convencional?, ¿Puede el Juez constitucional responder esa pregunta y, en su caso, reparar la violación al derecho humano cuando juzga un asunto sometido a su alta potestad (esta última expresión resaltada en cursivas se manifiesta en el entorno relevante que no existe otra instancia que pueda revisar y reparar ese aspecto jurídico)? ... Pues bien, existe criterio jurisprudencial definido de que la litis en un juicio ejecutivo mercantil se fija con el escrito de demanda y su respectiva contestación ... Por ello, resulta conveniente destacar que, en el caso, sí fue materia de la litis en el juicio mercantil el monto de los intereses moratorios que debe cubrir la deudora a su acreedor, en primer lugar, porque fue materia de reclamación en el escrito inicial de demanda y, en segundo lugar, debido a que la parte quejosa, al contestar la demanda expuso, en cuanto a dicho tópico: ‘Es totalmente improcedente el cobro del 57% de interés que el actor pretende cobrarme sobre la cantidad de **********. En virtud de que dichos intereses son demasiado altos y fuera de toda legalidad ...’, además de que el tribunal de apelación y el Juez responsable impusieron condena respecto a dichos intereses. Entonces, aunque la quejosa en los agravios de apelación no se agravió de tal tópico ni expresó como concepto de violación que tales intereses resultaban usurarios, ello no constituye impedimento para que este tribunal examine las interrogantes antes formuladas, debido a que estamos en presencia de un acto de autoridad que viola sus derechos humanos, según se explicó anteriormente ... Luego, el examen conjunto de los preceptos invocados (362 del Código de Comercio y 234, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima) permite concluir que el interés convencional que fijan las partes puede ser inferior o superior al legal que asciende al seis por ciento anual, pero ese interés convencional no puede exceder del tres por ciento mensual o de su equivalente, treinta y seis por ciento anual, pues de lo contrario resulta desproporcionado al superar el permitido por la ley. En efecto, un interés razonable será aquel que no rebase el 3% mensual o 36% anual, que constituye usura. De ahí, deviene incontrovertible que el interés a tasa que corresponde al 57% anual, que se estableció en los documentos fundatorios de la acción, supera de manera significativa al interés usurario; por tal motivo, corresponde al tribunal de amparo reparar ese derecho humano, a fin de evitar la ruina o el menoscabo del gobernado, quien de otra forma tendrá que soportar el pago condigno ... el artículo 234, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima, para los efectos de este estudio, debe interpretarse como prohibitiva en la materia mercantil, de manera que cuando un particular la viola, ello no justifica que la autoridad respalde ese hecho imponiendo la condena respectiva, debido a que, como se indicó, las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio y la protección a los derechos humanos debe interpretarse en su dimensión más amplia, según lo dispone el invocado artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, pues establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia ... En ese sentido, se estima que los órganos de control constitucional sí pueden examinar si se trata de un interés usurario, y respecto a la segunda pregunta que se formuló, evidentemente que también deben reparar la violación al derecho humano cuando juzgan un asunto sometido a su alta potestad, en razón de que no existe otra instancia que puede revisar y reparar la condena a un interés usurario. Por las razones esgrimidas, la protección de un derecho humano amerita que el tribunal constitucional supla la queja deficiente. La norma legal exige que la quejosa exprese en sus conceptos de violación, conforme a lo dispuesto por el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo, mientras que el numeral 1o., párrafo segundo, constitucional consigna el deber de favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia ... Es cierto que la jurisprudencia transcrita en segundo lugar se refiere a un auto de vinculación a proceso que concierne a la materia penal; sin embargo, es relevante precisar que la protección a los derechos humanos, en este nuevo esquema de derecho constitucional, en que el control de la actividad del Estado es la persona humana, no justifica que si se trata de otra materia, como la mercantil, se haga distinción y se establezca el criterio de que no opera la suplencia de la queja deficiente, si al final de cuentas de lo que se trata es de proteger los derechos humanos que son indivisibles, interrelacionados e interdependientes; de modo que el avance de uno facilita el avance de los demás; de la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás ... Corolario a lo antes expuesto, este criterio no socava el derecho de audiencia de la tercera perjudicada, consagrado en los artículos 14, párrafo primero, constitucional y 8o., fracción 1, de la mencionada convención, en el sentido de que toda persona tiene derecho a ser oída en juicio con las debidas garantías, pues aunque alegara que no son usurarios los intereses, cuyo pago reclamó en el juicio natural, ello no podría prosperar, si las pruebas que aportó (pagarés) demuestran fehacientemente lo contrario, y sería inútil alegar contra lo que disponen las normas jurídicas examinadas. ..."

2) El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo 60/2012, en sesión de primero de marzo de dos mil doce, en el que determinó, en esencia y por lo que a esta contradicción se refiere, lo siguiente:

"QUINTO. ... nada señaló en relación a que los intereses moratorios convenidos fueran excesivos y que, por ende, procedía su reducción. No obstante que dicha situación no fue materia de excepción o defensa por parte de la deudora, el Juez natural se pronunció al respecto, lo que evidentemente denota una incongruencia por parte de la responsable, puesto que, con tal proceder, añadió nuevos elementos que no fueron materia de la litis en el juicio natural, con la consecuente infracción a las garantías de defensa del solicitante del amparo, puesto que se vio imposibilitado dentro del juicio natural para argumentar lo que a su derecho conviniere y para ofrecer las pruebas que considerara pertinentes, a fin de desvirtuar la actualización de dicha excepción. Lo anterior, atendiendo a que la litis cerrada en el juicio ejecutivo mercantil no permite que el juzgador se sustituya en la obligación procesal del actor o del demandado, al variar las prestaciones demandadas o las excepciones y defensas opuestas, por lo que es evidente ante la falta de excepción o alegación relativa a la reducción de intereses por estimarse excesivos, el a quo no debió pronunciarse al respecto ... Por otro lado, también asiste razón a la quejosa cuando alega que la determinación relativa a la condena al pago de intereses moratorios al tipo legal es incorrecta pues, contrariamente a lo estimado por el Juez natural, el pacto convencional de intereses al 4% mensual que establecieron las partes en el documento basal no constituye un acto de usura violatorio de derechos humanos ... Esto es, se incorporó expresamente en el artículo 1o. de la Constitución Federal el principio de interpretación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, conocido como pro personae o pro homine que indica que los derechos humanos deben ser interpretados favoreciendo la protección más amplia posible, e interpretando del modo más estricto posible las normas que los menoscaban. Ahora bien, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente: ... En el caso particular, nuestra legislación mexicana, específicamente los artículos 17 y 2395 del Código Civil para el Distrito Federal, prevén: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 2395.’ (se transcribe). Es dable apreciar que ambas normas buscan evitar la explotación de uno de los contratantes sobre el otro, aprovechándose de su debilidad, al establecer una desproporción en las prestaciones a las que se obligan, esto es, ambos preceptos legales persiguen combatir la usura ... También es dable mencionar que el artículo 17 del Código Civil está ubicado en las disposiciones preliminares de ese ordenamiento legal, por lo cual, su alcance es general y su aplicación es para todo tipo de contratos o acto jurídico en los que se encuentre inmersa la obtención de un lucro excesivo, por lo que se puede ejercer contra cualquier estipulación contractual que implique la explotación de uno de los contratantes, aprovechándose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria; además, encierra un derecho que puede ejercerse mediante acción o excepción, ya de nulidad (relativa), o bien, de reducción equitativa de la obligación; además, este derecho está sujeto a caducidad. Por su parte, el artículo 2395 del Código Civil otorga una defensa al deudor de un contrato de mutuo con interés; esta defensa se otorga sobre la base de que se haya estipulado un interés convencional desproporcionado y opera sobre la base de una presunción legal, consistente en que quien impone un interés desproporcionado abusa del apuro pecuniario, inexperiencia o ignorancia de quien lo acepta. Por efecto de esta presunción se releva al deudor de la carga procesal de demostrar los supuestos en los que descansa tal afirmación normativa, obligándolo solamente a alegar ante la autoridad judicial tal circunstancia, para que el Juez examine si se está o no en presencia de un interés convencional fijado en forma desproporcionada y, de ser así, reducirlo equitativamente, pudiendo ser hasta la tasa fijada como interés legal. Se limita exclusivamente al mutuo con interés convencional y requiere, para su aplicación, la demostración de un interés desproporcionado. Del marco legal antes transcrito podemos concluir que para que en un acto jurídico, en el que se estipuló o convino el pago de intereses (ordinarios o moratorios), éstos sean considerados como un acto de usura, es menester la actualización de los siguientes requisitos, a saber: a) Que se aprecie pactado a cargo del deudor una tasa de interés desproporcionada en comparación a la obligación que contrajo el acreedor. b) Que tal pacto provenga del aprovechamiento de la necesidad del deudor, de su miseria o de su notoria inexperiencia. En ese orden de ideas, la estipulación de una tasa de interés en un pagaré o en algún acto de comercio, mayor al promedio de los usuales en el mercado, no puede estimarse por sí solo un acto de usura y, por ende, tampoco puede considerarse como un pacto que infringe el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que su estipulación en esos términos obedece, en primer lugar, al ánimo de lucro que trae consigo cualquier acto de comercio y, en segundo lugar, a la expresión de voluntad de las partes de obligarse en esos términos, lo cual no prohíbe la citada convención y, por el contrario, sí está permitida en la legislación positiva que regula la materia. La que aquí importa es la primera en mención, es decir, la literalidad, que implica que el titular de ese documento puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que se contengan en su cuerpo, es decir, habrá de estarse a lo expresamente consignado en él. Por su parte, el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevé: ‘Artículo 174.’ (se transcribe). Del precepto legal referido se aprecia, por un lado, que es aplicable a los pagarés, entre otros, el artículo 152 del propio ordenamiento legal, que establece: ‘Artículo 152.’ (se transcribe). Por otro lado, el artículo 174 transcrito, en su último párrafo, dispone que los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento y, en defecto de ambos, al tipo legal. El tipo legal corresponde al seis por ciento anual, según se aprecia del artículo 362 del Código de Comercio, de aplicación supletoria a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora bien, como se dijo, el artículo 174 multicitado prevé expresamente que en el pagaré puede quedar comprendido el pacto para el pago de intereses moratorios diverso al interés legal, lo cual es acorde con el principio de libertad de contratación en materia mercantil establecido por el artículo 78 del Código de Comercio, que dice: ‘Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.’. Luego, si lo señalado en el numeral 78 del Código de Comercio constituye una norma de carácter permisivo, al facultar a las partes a obligarse en los términos que quieran hacerlo, al ser su voluntad la Ley Suprema, ésta es la que debe prevalecer. De ahí que, en el caso, no cobra aplicación el artículo que refirió el Juez natural de la aludida convención porque, como se expuso, tratándose de actos de comercio celebrados entre particulares, lo pactado entre las partes sobre intereses ordinarios o moratorios, no puede ser estimado como un acto de usura, independientemente del monto o porcentaje de los mismos, ya que para ello sería menester demostrar que se trata de una convención desproporcionada a la obligación correlativa que contrajo el acreedor, pero más aún, que no es producto de la expresión libre de voluntad entre las partes, sino que constituye un acto de explotación de la miseria, necesidad, o bien, de la suma ignorancia o inexperiencia del deudor. En el caso concreto, se destaca que el monto del interés legal pactado (4% mensual), en principio, no puede considerarse desproporcionado al valor de la deuda principal que representa el monto de la obligación del acreedor, por lo que si bien es cierto, como lo estimó el Juez, tal porcentaje puede ser mayor a los índices de interés interbancario, a las tasas de interés por tarjeta de crédito o al interés cobrado en el mercado hipotecario, ello no significa que el interés fijado constituya un acto de usura, pues justamente así se obligaron las partes en la literalidad del pagaré y, como se expuso, ello constituye la voluntad suprema. Además de que no fue alegado y mucho menos probado que su estipulación se haya realizado atendiendo a un ánimo de explotación de la necesidad, miseria, inexperiencia o suma ignorancia del deudor. ..."

3) El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito resolvió los amparos directos 613/2011 y 98/2012, en las sesiones de los días diecisiete de noviembre de dos mil once y trece de abril de dos mil doce, en esencia y por lo que a esta contradicción se refiere, lo siguiente:

Amparo directo 613/2011:

"SEXTO. ... Como antes se dijo, no obstante que la tesis citada por la autoridad responsable sea inaplicable, este Tribunal Colegiado coincide en que, de oficio, deban ser analizados los intereses ordinario y moratorio del título de crédito que le sea presentado como base de la acción, si se toma en consideración que esas prestaciones están comprendidas dentro de la acción cambiaria directa ejercida. De los artículos 1194 y 1326 del Código de Comercio se desprende: ‘Artículo 1194.’ (se transcribe). ‘Artículo 1326.’ (se transcribe). De los preceptos anteriores se desprende que en materia mercantil la procedencia de la acción debe ser estudiada de oficio, dado que en ellos se prevé que el actor está obligado a probar su acción pues, de no acreditarla, el demandado será absuelto. De igual forma, los artículos 150, fracción II, 152, fracción I y 174, todos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito prevén lo siguiente: ‘Artículo 150.’ (se transcribe). ‘Artículo 174.’ (se transcribe). Si se parte de la base de que el juzgador está facultado para analizar de oficio la procedencia de la acción ejercitada, y si de acuerdo con lo que establecen los preceptos legales transcritos, a través de la acción cambiaria directa, se pueden reclamar, entre otras prestaciones, el importe de la letra, en este caso, el importe del pagaré, pues de conformidad con el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para los efectos del artículo 152 del mismo ordenamiento, el importe del pagaré, entre otras prestaciones, comprende los intereses ordinarios y los moratorios. Por lo tanto, no obstante que la litis sea cerrada, en tratándose del juicio ejecutivo mercantil y que, en el caso, se prosiguió el juicio en rebeldía de la parte demandada, al no dar respuesta a la demanda en la que se excepcionara y se defendiera, así como que el título base de la acción, por estar contemplado en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, sea un acto de comercio si, por otra parte, la acción ejercitada en este asunto fue la cambiaria directa y, para ello, se exhibió como documento fundatorio un pagaré, es incuestionable que atento a lo que establecen los preceptos legales destacados con anterioridad, los intereses convencionales son parte de la acción cambiaria directa ejercitada, por lo que el juzgador estaba obligado a analizar la procedencia de su pago, máxime si advirtió que era ilegal el pacto de su pago, sin que pueda estimarse, por ello, que la autoridad responsable haya suplido deficiencia alguna en la contestación a la demanda de la contraparte natural de la aquí quejosa ... Por otra parte, este Tribunal Colegiado coincide lo considerado por la mencionada Juez, en cuanto a que, en este caso, lo pactado en relación al pago de intereses moratorios es ilícito, por las razones que a continuación se precisan: Los artículos 77, 78 y primer párrafo del artículo 362 del Código de Comercio disponen: ‘Artículo 77.’ (se transcribe). ‘Artículo 78.’ (se transcribe). ‘Artículo 362.’ (se transcribe). En atención a lo dispuesto por los artículos antes indicados, es cierto que en las convenciones mercantiles cada parte se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, además de que los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para tal caso o, en su defecto, el seis por ciento anual; asimismo, debe tomarse en cuenta lo que en lo conducente dispone el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con el pagaré ‘... los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal ...’. Ahora bien, en el documento fundatorio de la acción (pagaré) se pactaron como pago de intereses ordinarios, de la suerte prin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24237-42cbf707/interes-usurario-en-materia-mercantil-cuando-debe-considerarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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