SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA CONDENA AL PAGO DE INTERESES POSIBLEMENTE USURARIOS Y SE DESATIENDE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EFECTUADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 46/2014 (10a.).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, Y DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 31 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA, MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA, GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES Y MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. DISIDENTE: MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO. PONENTE: CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIA: JESSICA MARÍA CONTRERAS MARTÍNEZ.
III. Competencia
8. El Pleno de este Decimoséptimo Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
9. Cabe precisar, que se trata de una contradicción de tesis en la que contiende una ejecutoria emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar, que actuó en apoyo del propio denunciante, Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en Ciudad Juárez, Chihuahua; por lo que debe entenderse que se trata de órganos pertenecientes a la misma circunscripción territorial, en la que se encuentra integrado este Pleno de Circuito.(1)
IV. Legitimación
10. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, al haber sido formulada por los Magistrados integrantes de uno de los órganos contendientes.
V. Consideraciones de los Tribunales Colegiados
11. A fin de propiciar un panorama más completo de la cuestión a dilucidar, se estima pertinente efectuar una breve referencia de las consideraciones emanadas de las ejecutorias que dieron origen a la presente contradicción de tesis, sin que resulte necesario aludir a sus respectivos antecedentes, en tanto que basta referir que derivan de juicios ejecutivos mercantiles, donde el documento fundatorio de la acción de los precedentes, consistió en los títulos de crédito denominados pagarés.
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con asiento en Saltillo, Coahuila de Zaragoza:
• Expuso que, en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, debía concederse la protección constitucional a la parte quejosa, respecto de la condena al pago de intereses moratorios a razón de un 5% (cinco por ciento) mensual, aun cuando no se hubiesen vertido motivos de disenso al respecto, pues dicho numeral, en su penúltimo párrafo, autoriza la suplencia, no obstante ante la ausencia de conceptos de violación.
• Lo anterior, derivado de que en las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se efectuó la interpretación conforme del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, respecto del pacto de intereses moratorios.
• Se invocó, en apoyo, la tesis aislada VII.2o.C.10 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, titulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA SOSTENIDO POR JURISPRUDENCIA CUÁL ES LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE UNA NORMA CON LA CONSTITUCIÓN Y EL ACTO RECLAMADO SE FUNDA EN DIVERSA INTERPRETACIÓN."(2)
• Se agregó que la usura podía conceptualizarse como una forma de explotación del hombre por el hombre, consistente en que una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; práctica que debía ser evitada y prohibida en la ley, por imperativo contenido en el artículo 21.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Deber que recae en todas las autoridades del país, en términos del artículo 1o. constitucional, que les compete promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
• En ese orden de ideas, se indicó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 350/2013, por una parte, abandonó algunas premisas contenidas en los criterios de los que derivaron las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.) y 1a. CCLXIV/2012 (10a.), de rubros: "INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE." e "INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.", y por otra, efectuó una interpretación conforme del artículo 174, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
• Se transcribió, en lo conducente, la ejecutoria de la aludida contradicción de tesis 350/2013, así como las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), de voces: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]."(3) y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.",(4) respectivamente, para luego razonar que la conclusión a la que arribó la responsable de condenar al pago de los intereses moratorios reclamados "porque así fueron pactados", resulta incorrecta, ya que, de acuerdo a la interpretación conforme del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se obtenía que la permisión de acordar intereses contaba con la limitante de que una parte no debiera obtener en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, atento lo dispuesto en el numeral 21.3. de dicho instrumento internacional, en relación con el artículo 1o. constitucional.
• Motivo por el cual, la autoridad responsable, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en los pagarés fundatorios de la acción y al emitir la condena conducente, debía aplicar de oficio el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero, acorde al contenido constitucionalmente válido de ese precepto, a la luz de las condiciones particulares, así como de los elementos de convicción con que contara, al momento de resolver la controversia planteada.
• De ahí que, si la autoridad responsable, al examinar la procedencia del pago de los intereses moratorios no llevó a cabo una interpretación conforme del precepto legal que autoriza el pacto de intereses, por ende, inaplicó el contenido constitucionalmente válido del mismo y debía estimarse que vulneró los derechos humanos de la parte quejosa, en la medida que no examinó (de oficio) si la tasa de interés pactada era usuraria o no, a la luz del marco constitucional y convencional.
• Así, concluyó que debía concederse la protección constitucional, en atención a los razonamientos y a las citadas jurisprudencias temáticas, a fin de que la autoridad civil responsable examinara libremente si se verificaba o no el fenómeno usurario, bajo los parámetros objetivos y subjetivos establecidos por la propia superioridad.
Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con asiento en Ciudad Juárez, Chihuahua
• Puntualizó que no soslayaba que en la sentencia reclamada se había condenado al demandado al pago de intereses moratorios, a razón de un 10% (diez por ciento) mensual, lo que pudiera resultar una tasa usuraria, sin que la autoridad responsable lo hubiese advertido oficiosamente, no obstante encontrarse obligada a ello, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.)
• Sin embargo, indicó que tal cuestión no había sido alegada vía concepto de violación, motivo por el cual, el tribunal de amparo se encontraba impedido para analizar de oficio la condena decretada al respecto, al tratarse de un asunto que se rige por el principio de estricto derecho, por lo que no resultaba factible suplir la deficiencia de la queja, en términos de las fracciones I y VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que esa figura sólo procede cuando existe una afectación evidente de derechos fundamentales.
• Precisó que la superioridad en las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), determinó que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permitía que las partes suscriptoras de un pagaré fijaran libremente sus intereses, pero que la exigencia constitucional y convencional prohíbe que con ello, una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo un interés excesivo, con la consecuente afectación a los derechos humanos, como lo es la explotación del hombre por el hombre (usura).
• Empero, estableció que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, no podía ser concebido en forma aislada, ya que para que fuera factible suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a la laboral, penal y agraria, era necesario que la afectación a los derechos fundamentales hubiera dejado sin defensa al quejoso de manera manifiesta o notoria. Ello, al tenor del criterio sostenido en la tesis aislada 1a. LXXIII/2015 (10a.), de epígrafe: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO)."(5)
• Extremos estos últimos, que el órgano de control constitucional determinó no actualizados, en la medida que en el juicio mercantil de origen se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento y se le dio oportunidad de hacer valer su defensa, pues pudo comparecer a juicio, incluso, antes del dictado de la sentencia, planteó incidente de defecto en el emplazamiento, el cual se declaró improcedente. Asimismo, promovió juicio de amparo contra el fallo definitivo, por lo que estuvo en aptitud de rebatir lo resuelto por el Juez Civil, entre otros, la falta de estudio oficioso respecto los intereses pactados en el documento base de la acción.
• Citó al respecto la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.), titulada: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY."(6)
• Así, concluyó que si el quejoso no hizo valer su defensa ante la potestad común por deseo propio o por negligencia, pese a la posible afectación a sus derechos humanos, no resultaba válido que bajo la figura de la suplencia de la queja se introdujeran cuestiones que no formaron parte de las litis, atento el principio de igualdad procesal de las partes. Señaló como aplicable la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, de voz: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE."(7)
• En esa virtud, se estableció que, si bien es obligación de todas las autoridades aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad del acto reclamado, cuando se advierta una violación a derechos humanos, para ello, debía examinarse en cada caso, si el quejoso quedó indefenso, pues de no ser así, no resultaba factible suplir la queja deficiente; por lo que, a su estima, la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), se encontraba dirigida exclusivamente a los juzgadores que conocieran de la litis relacionada con el reclamo del pago de intereses.
• Por otro lado, determinó que tampoco resultaba factible suplir la deficiencia de la queja, en términos de la diversa fracción I del numeral 79 de la Ley de Amparo, como lo expuso el Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, ya que la citada jurisprudencia 1a/.J. 47/2014 (10a.), interpreta el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece la posibilidad de pactar intereses moratorios a la luz de lo establecido en el artículo 21.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que, de ninguna manera significa que tal dispositivo fuera declarado inconstitucional.
VI. Existencia de la contradicción de tesis
12. Sentado lo anterior, debe determinarse, si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes, o bien, una tercera, sostenida por este Pleno de Circuito, debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
13. Cabe destacar que la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados, no constituyan jurisprudencia ni estén elaborados como tesis, no es obstáculo para que este Pleno del Decimoséptimo Circuito se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues, a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios discordantes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
14. Lo anterior, acorde a lo determinado por el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia P./J. 27/2001, donde apuntó que para la existencia de una contradicción de tesis basta sostener criterios discrepantes.(8)
15. Jurisprudencia que continúa aplicable, no obstante que en ella se hayan interpretado disposiciones contenidas en la abrogada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se promulgó la nueva Ley de Amparo, esto es, al no oponerse a lo previsto en esta última.
16. Por otro lado, es dable establecer, que para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
a) Resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre, al menos, un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico -ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general-.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
17. Por tanto, existirá contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su conformación que la discrepancia no ocurra respecto de criterios expresos, ya que es factible que se configure también sobre posturas implícitas, siempre que pueda deducirse, de manera clara e indubitable, de las circunstancias particulares del caso, ya que, de estimar lo contrario, seguirían resolviéndose en forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que se busca remediar con la instauración del citado procedimiento.(9)
18. De igual forma, cabe señalar como premisa, que Nuestro Alto Tribunal estableció en la tesis aislada 1a. LXX/2008, que en una contradicción de tesis, al momento de determinar cuál criterio debe prevalecer, uno de los elementos de juicio más relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas materializa de modo más efectivo, en el caso concreto, las previsiones constitucionales, ya que el contenido de la Norma Suprema debe tenerse en cuenta en la totalidad de tareas que se tienen encomendadas, incluida la resolución de contradicciones de tesis.(10)
19. Este criterio es claro, en el sentido de que cuando se resuelve una contradicción de tesis, se está llamado a velar en todo momento a que la postura jurisprudencial que se fije sea lo más apegada a los postulados constitucionales, por lo que con independencia de que los órganos colegiados analicen o no, la situación jurídica concreta desde la óptica de los imperativos constitucionales, el contenido del artículo 1o. de la Carta Magna obliga a este Pleno de Circuito a tenerlo como eje interpretativo.
20. Más aún, si se toma en cuenta la importancia que representa para el orden jurídico nacional la postura que se fija a través de la jurisprudencia, lo que justifica adoptar esa medida protectora, a fin de concluir en una solución justa, incluyente y acorde al derecho vigente.
21. Bajo el panorama jurídico expuesto, procede determinar si, en el caso, se reúnen los referidos requisitos en el tema de contradicción de tesis denunciado.
22. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno de Circuito, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
23. Ello, en la medida en que, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en lo medular, estimó que la omisión de la autoridad responsable de aplicar el contenido constitucionalmente válido, conferido por la superioridad al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), incumple su deber oficioso de prohibir las prácticas que pudieran derivar en la explotación del hombre por el hombre; por lo que, en términos de la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo, procedía suplir la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación y conceder la protección constitucional instada a la parte inconforme, a fin de que la autoridad civil responsable cumpliera con el débito de examinar si los intereses pactados resultaban o no usurarios.
24. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, esencialmente, consideró que, si bien en la sentencia reclamada se condenó al pago de una tasa de intereses moratorios que pudiera resultar usuraria, pero que tal cuestión no fue alegada vía concepto de violación, por lo que se encontraba impedido para analizar de oficio la condena decretada al respecto, al tratarse de un asunto que se rige por el principio de estricto derecho y que no resultaba factible suplir la deficiencia de la queja, en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues para que ello resultara factible era menester la actualización de un evidente y notorio estado de indefensión, el cual no advertía en el caso particular, en la medida que en el juicio mercantil de origen se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento y estuvo en aptitud de hacer valer su defensa. Asimismo, promovió juicio de amparo contra el fallo definitivo, por lo que tuvo oportunidad de rebatir lo resuelto por el Juez Civil, entre otros, la falta de estudio oficioso respecto los intereses pactados en el documento base de la acción; sin que en el caso procediera aplicar la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), dado que, según razonó, se encontraba dirigida exclusivamente a los juzgadores que conocieran de la litis relacionada con el reclamo del pago de intereses.
25. De igual forma, concluyó que tampoco resultaba factible suplir la deficiencia de la queja, en términos de la diversa fracción I del numeral en cita, ya que en la referida jurisprudencia no hubo un pronunciamiento en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino una interpretación conforme de dicho precepto.
26. Lo antelado permite colegir que, como se apuntó, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para determinar, si en el caso sometido a su potestad constitucional, era factible o no, suplir la deficiencia de la queja en favor del peticionario de amparo.
27. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este aspecto, también se estima cumplido, ya que los tribunales contendientes analizaron temas en los que a partir de supuestos similares, llegaron a una conclusión diferente.
28. Lo anterior es así, ya que, en principio, ambos tribunales convergen en la desestimación de los conceptos de violación formulados por los quejoso demandados en un juicio ejecutivo mercantil, en donde resultaron, entre otros, condenados al pago de los intereses pactados, y discreparon, en la medida que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, estimó que resultaba factible suplir la queja deficiente, en términos de la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo; mientras que el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, determinó que no procedía suplir la queja deficiente en su beneficio, en términos de la citada fracción, ni de la diversa fracción VI del citado artículo 79 de la Ley de Amparo.
29. Así, es dable concluir que en los ejercicios interpretativos efectuados por los tribunales contendientes, ambos analizaron la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo, pero llegaron a conclusiones divergentes. Lo que revela que sí estamos ante una contradicción de criterios.
30. Punto de diferendo que, debe resaltarse, se constriñe a la actualización o no, respecto de lo establecido en la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo, y no respecto de la diversa fracción VI, cuyo alcance únicamente fue atendido por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.
31. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En el caso, se estima cumplido, pues una vez advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, emerge el cuestionamiento siguiente: ¿En un juicio de amparo donde se advierte una condena al pago de intereses posiblemente usurarios, derivados de un préstamo, procede suplir la deficiencia de la queja?
VII. Preámbulo
32. Previo a brindar una oportuna respuesta a la referida interrogante, es menester hacer una breve referencia a las instituciones que delimitan el marco jurídico motivo de la presente contradicción, el cual versa sobre tres tópicos, a saber:
a. Juicio de amparo y la figura de la suplencia de la queja. Origen, evolución y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b. La interpretación evolutiva del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; su interpretación conforme a la luz de los artículos 1o. constitucional y 21.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el derecho tutelado.
c. El esquema constitucional imperante.
33. Narrativa que se lleva a cabo, a fin de destacar el origen del juicio de amparo, su objeto de protección actual y la existencia de dos tratamientos jurídicos diversos dentro del juicio de amparo, cómo lo son: el principio de estricto derecho y la suplencia de la queja; la cual, implica un ejercicio obligatorio en ciertas hipótesis específicas. Así también, se relatará cómo el Alto Tribunal, atento el esquema jurídico vigente, ha construido jurisprudencia en relación con la evolución de dicha figura, ampliando las hipótesis de actualización de la obligación de los juzgadores de amparo de suplir la queja, en casos diversos a los expresamente señalados en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
34. De igual forma, en razón de la materia sobre la que versa el punto de contradicción, se estima necesario aludir al derecho tutelado y la evolución que también Nuestro Máximo Tribunal ha efectuado respecto la autonomía de contratación de las partes, que, en un principio, se estimaba libre (absoluta), y actualmente, encuentra una limitación por imperativo constitucional y en el caso concreto vía convencional, según la interpretación conforme que llevó a cabo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
A. Juicio de amparo y la figura de la suplencia de la queja.
35. Como punto de partida, resulta trascendental tener en consideración que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 163/2012, llevó a cabo un análisis del origen, evolución y objeto del juicio de amparo.(11)
36. La referida Sala puntualizó que la finalidad del juicio de amparo era crear un medio que sirviera de base para dar sustento a la supremacía de la Constitución, a fin de hacer prevalecer los derechos -resguardados mediante las garantías constitucionales- de los gobernados, lo que se conseguiría mediante la invalidación, hacia ellos, de los actos contrarios a los mismos y a la Constitución; empero, pese a esta concepción proteccionista, la procedencia del juicio de amparo, en sus albores, excluía la impugnación de actos judiciales, pues solamente se admitía en contra de los derivados de las autoridades legislativas o administrativas, motivo por el cual, a la postre, se extendió respecto de actos judiciales.
37. De acuerdo a las razones precedentes, la Primera Sala sostuvo que el juicio de amparo fungía como medio de control parcial de la Constitución, que servía para impugnar los actos de autoridad que fueran contrarios a la misma, en lo relativo a las entonces llamadas garantías individuales de los gobernados y, al mismo tiempo, protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y las locales, en la medida que éstos pudieran causar un agravio a los gobernados.
38. Así también, refirió que, en atención a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el espectro protector del juicio de amparo, por lo que, en la actualidad, su objetivo es "hacer respetar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, con la finalidad de restituir al quejoso en su pleno goce."
39. Ahora bien, directamente vinculado a la intención protectora del juicio de amparo y su evolución, se encuentra la figura de la suplencia de la queja, para cuya comprensión, es pertinente partir del contraste con su antagónico: el principio de estricto derecho.
40. Cabe señalar que el principio de estricto derecho, imperante en la Ley de Amparo -salvo los casos de excepción a que se aludirá más adelante-, es fruto de una filosofía individualista, que sin lugar a dudas hoy debe someterse a un minucioso examen a la luz de las nuevas condiciones jurídicas y convencionales que rigen en nuestro país, a fin de evaluar si debe mantenerse intocado o, en su caso, atemperado, bajo la nueva perspectiva.
41. Conforme a dicho principio, la autoridad que conozca del juicio de amparo, debe concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación que se expresen en la demanda o de los agravios si se trata de un recurso; lo que de suyo, impide que el órgano de control constitucional examine libremente si el acto controvertido es contrario o no al parámetro de regularidad constitucional, pues se encuentra constreñido a los razonamientos expuestos por la parte peticionaria de amparo y/o recurrente.
42. Lo anterior implica que, no obstante que el acto reclamado resulte notoriamente inconstitucional o inconvencional y, por ende, transgresor de derechos humanos, debiera negarse la protección de la Justicia de la Unión instada, dado que no se hizo valer razonamiento idóneo, conducente y oportuno para combatirlo. Vista así, esta directriz implica sancionar la ineficacia de los motivos de disenso, lo que motivó la creación de la suplencia de la queja.
43. En efecto, dicha figura procesal, de carácter proteccionista y antiformalista creada, como se dijo, para contrarrestar el rigor del principio de estricto derecho. Permite al juzgador de amparo en ciertas materias y en determinadas circunstancias, enmendar las omisiones, imperfecciones o irregularidades en la expresión de los motivos de inconformidad o conceptos de violación en las demandas de protección constitucional o en los recursos regulados en la Ley de Amparo.
44. Vinculado al alcance de dicha figura, se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 91/2012, donde, a fin de responder al cuestionamiento concerniente a si debía suplirse la deficiencia de la queja en favor de un indiciado, a pesar de no contar propiamente con el carácter de reo, como expresamente estipulaba la fracción II del entonces artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, plasmó las consideraciones que, a manera también de preámbulo, se estima oportuno relatar, al resultar aleccionadoras en cuanto al origen y la evolución de la figura cuya aplicación o no, constituye el punto de diferendo en esta contradicción de tesis.
45. Así, se razonó que previo al adicionamiento del citado precepto a la Ley de Amparo (e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26485-9d3c559b/suplencia-de-la-queja-deficiente-se-actualiza-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- USURA. CUANDO EN AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO NO COMBATIÓ EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SOBRE EL ANÁLISIS DE USURA, CORRESPONDE DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- USURA. AL RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE APLICAR LA JURISPRUDENCIA QUE ORDENA EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA, NO OBSTANT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- USURA. CUANDO EN AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO NO COMBATIÓ EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SOBRE EL ANÁLISIS DE USURA, CORRESPONDE DE (1a./J. 1/2023 (11a.))
- USURA. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REDUJO PRUDENCIALMENTE LA TASA DE INTERÉS PACTADA POR LAS PARTES, EN ACATAMIENTO A LOS PARÁMETROS GUÍA ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTI (XVII.2o.7 C (10a.))
- USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA (V.3o.C.T.19 C (10a.))
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA CONDENA AL PAGO DE INTERESES POSIBLE (PC.XVII. J/3 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis