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Modo: Corpus Pro

USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014. · Registro digital (IUS): 26982
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Pág. 310.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 24 DE AGOSTO DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: CECILIA ARMENGOL ALONSO, MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ, MÓNICA CACHO MALDONADO, MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ, LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES Y MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

III. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.

IV. LEGITIMACIÓN

13. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación, previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

14. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, son los siguientes:(2)

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

15. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, eso no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94 emitida por el Pleno de esta Suprema Corte, con el epígrafe: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(3)

16. Enseguida se analizará si, en el caso, se reúnen tales requisitos para afirmar la existencia de la contradicción denunciada.

17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se cumple pues los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se expone a continuación.

18. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el juicio de amparo directo ***********, que tiene las siguientes características:

18.1 ********** por sí y como endosatario en propiedad de **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil de ********** el pago de $********** por concepto de la suerte principal consignada en un pagaré; pago de intereses moratorios pactados a razón del diez por ciento mensual; gastos y costas del juicio.

18.2 En única instancia se dictó sentencia condenatoria de las prestaciones reclamadas. En dicha resolución no se hizo consideración alguna sobre si la tasa de interés es usuraria, ni había existido planteamiento de las partes en ese sentido.

18.3 La demandada promovió juicio de amparo directo contra esa resolución, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el número de expediente DC. **********. Los conceptos de violación fueron totalmente omisos en combatir o cuestionar la condena por intereses. El tribunal dictó sentencia de amparo exclusivamente en cuanto a la condena al pago de intereses moratorios, con base en las siguientes consideraciones:

• En el capítulo intitulado: "CUARTO. USURA. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO.", teniendo en cuenta el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la tesis de la Primera Sala, titulada: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].", el Tribunal Colegiado, advirtió que el Juez condenó al pago del diez por ciento de intereses moratorios, cuando éste es notoriamente excesivo y usurario.

• Consideró que si bien el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite reclamar en la acción cambiaria los intereses pactados con base en la libertad contractual, ésta no es absoluta, sino que tiene como límite que el interés no sea tan gravoso que implique un abuso.

• El interés pactado en el caso es de diez por ciento mensual, que en un año representa el 120% ciento veinte por ciento, lo cual es excesivo, pues rebasa con mucho los réditos que podría haber generado la inversión de la suerte principal en una institución de crédito y tampoco corresponde a los intereses que se cubren por el uso del crédito a través de tarjetas.

• Lo anterior, pues de la revisión de las tasas de interés fijadas por los bancos, que regula el Banco de México, en específico, los indicadores básicos de las tarjetas de crédito a febrero de dos mil doce, fecha en la cual se suscribió el pagaré, la tasa de interés efectiva promedio ponderada para clientes no totaleros que son los que pagan interés por no cubrir el saldo total del estado de cuenta, fue de 29.8% anual.

• Tal información es hecho notorio por haberse obtenido de la página de Internet del Banco de México, y tiene valor para determinar que la tasa de interés pactada es desproporcional. A partir de las anteriores consideraciones, el tribunal de amparo resolvió que el Juez, al hacer la condena, debió considerar usuraria la tasa de interés y reducirla, al menos, al 29.8% anual y, al no haberlo hecho, concedió el amparo a fin de que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución donde reiterara los aspectos por los cuales no fue concedido el amparo, y en cuanto a los intereses, los redujera atendiendo como parámetro al promedio que se pagaría por interés moratorio por el uso de tarjetas de crédito.

19. El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, resolvió el juicio de amparo directo **********. Dicho asunto tiene las siguientes características:

19.1 ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil **********, **********, ********** y **********, el pago de $********** (**********) por concepto de suerte principal; el pago de intereses moratorios pactados a razón de tres por ciento mensual, así como los gastos y costas del juicio.

19.2 El juicio se siguió en rebeldía de los demandados. En única instancia, el Juez dictó sentencia condenatoria, sin hacer análisis sobre la posible existencia de usura.

19.3 Los demandados promovieron juicio de amparo directo **********, en contra de la mencionada sentencia. Los conceptos de violación fueron totalmente omisos en combatir la condena por intereses. Del asunto conoció el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual concedió el amparo bajo las siguientes consideraciones:

• En términos del artículo 79, fracción VI, de la misma ley, procede la suplencia de la queja por la violación evidente del artículo 217 de la Ley de Amparo en que incurrió la responsable, al no haber acatado las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales se determina que los Jueces deben realizar, ex officio, el control de convencionalidad del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para aplicarlo conforme a su contenido constitucionalmente válido, consistente en que los intereses no sean usurarios o excesivos, de suerte que, de ser así, se reduzcan prudencialmente.

• Lo anterior, pues en el caso se advierte que el Juez omitió realizar el análisis oficioso, ya que se limitó a considerar que el artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, prevé el derecho a reclamar pago de intereses en la acción cambiaria, conforme al tipo pactado o, en su defecto, al tipo legal; y procedió a condenar a la tasa pactada de tres por ciento mensual.

• Para hacer la condena, el Juez debió examinar las condiciones particulares y constancias de autos, para determinar si los intereses son usurarios, porque de ser así, se deben reducir.

• El Tribunal Colegiado señaló que lo notoriamente excesivo se refiere a que con la sola apreciación de las constancias de autos, se genere convicción sobre lo excesivo o usurario del pagaré, sin necesidad de recabar mayores elementos de prueba, pues en caso de que con lo existente en autos no exista convicción del exceso notorio, ya no existirá motivo para dejar de aplicar la tasa convenida.

• Para determinar el carácter notoriamente excesivo de la tasa de interés, en el aspecto objetivo, se deben atender los parámetros guía establecidos en la ejecutoria de la cual provienen las jurisprudencias de la Primera Sala. Lo que se debe complementar con el criterio subjetivo si es que existe respecto de la persona del deudor alguna situación de vulnerabilidad o desventaja en relación con la persona del acreedor.

• El tribunal acota que el libre arbitrio judicial del Juez en la apreciación del criterio subjetivo debe entenderse como facultad para evaluar alguna situación de vulnerabilidad o desventaja en relación con la persona del acreedor; o bien, apreciar de manera menos estricta lo excesivo de la tasa si es que no existe dato sobre tal vulnerabilidad; sin que se entienda que su libre ejercicio se realiza de manera arbitraria, pues debe fundar y motivar según el artículo 16 constitucional.

• Con base en tales consideraciones, resolvió conceder el amparo a efecto de que el Juez analizara si el interés pactado resultaba o no usurario, pues desde su punto de vista esa decisión compete a la autoridad de instancia.

• Asimismo, consideró procedente denunciar la contradicción de criterios con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, pues este tribunal realizó el examen oficioso de la usura. Por otro lado, también estimó pertinente solicitar la sustitución de jurisprudencia, a efecto de que el Juez pueda recabar elementos o pruebas con el fin de apreciar el aspecto subjetivo mencionado precedentemente.

20. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito también se encuentra satisfecho, ya que se advierte diferencia en la resolución adoptada por cada tribunal ante una misma situación jurídica.

21. En efecto, los asuntos resueltos tienen en común la circunstancia de que el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva donde se condenó al pago de los intereses moratorios pactados en un título de crédito, sin que la autoridad responsable se hubiera ocupado de analizar si tales intereses son usurarios.

22. Asimismo, ambos tribunales estimaron que tal estudio debió haberse realizado por la responsable, en términos de lo dispuesto en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 y 1a./J. 47/2014, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

23. Y ante esa situación similar, los tribunales resolvieron de modo distinto, pues mientras el Tribunal Colegiado del Primer Circuito, procedió a hacer el estudio de si en el caso se actualizó la usura conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 de la Primera Sala y sólo reservó a la autoridad responsable su reducción bajo lineamientos específicos; en cambio, el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consideró que el estudio cabal de tal circunstancia corresponde hacerlo a la autoridad responsable.

24. Es importante destacar que si bien el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, para emprender el estudio de la usura, partió de la base de que se actualizó un supuesto para suplir la queja (específicamente el previsto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo por violación evidente del artículo 217 de la Ley de Amparo), al no haberse observado, por la responsable, las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 y 1a./J. 47/2014, mientras que el Tribunal Colegiado del Primer Circuito no hizo mención expresa de ese fundamento, ya que su análisis lo realizó en el apartado denominado: "CUARTO. USURA. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO.", esa circunstancia no representaría obstáculo alguno para considerar la existencia de la presente contradicción de criterios, pues lo cierto es que ambos tribunales tomaron en cuenta la obligatoriedad de la jurisprudencia y la omisión en que incurrió la autoridad responsable, respecto de su aplicación, a partir de lo cual adoptaron soluciones diferentes.

25. Con base en lo anterior, se concluye que el punto de contradicción en las resoluciones emitidas por los tribunales contendientes, radica en dar respuesta a la siguiente interrogante:

En los juicios de amparo directo contra una sentencia condenatoria del pago de intereses donde la autoridad responsable no se haya pronunciado sobre la posible existencia de usura y es el Tribunal Colegiado el que incorpora esa cuestión: ¿Cuál de esos órganos jurisdiccionales puede realizar el análisis de si la usura se actualiza en el caso concreto y, en su caso, su reducción prudencial?

26. Esto, ya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, analizó a cabalidad el fenómeno usurario del caso, estimó que la reducción de la tasa de interés pactada por las partes debió ser, al menos al 29.8% (veintinueve punto ocho por ciento) anual y, en ese sentido, concedió el amparo para que la autoridad responsable redujera los intereses, atendiendo como parámetro al promedio que se pagaría por interés moratorio por el uso de tarjetas de crédito; en tanto que el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, no llevó a cabo ese análisis, sino que, como efecto de la concesión de amparo, ordenó a la autoridad responsable que fuera ella quien hiciera el estudio correspondiente y determinara a su libre arbitrio si en el caso se actualiza la usura; e incluso, este último tribunal hizo expreso su criterio en el sentido de que el estudio sobre la existencia de la usura le corresponde a la autoridad responsable.

27. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, la pregunta a resolver es la siguiente:

En los juicios de amparo directo contra una sentencia condenatoria del pago de intereses donde la autoridad responsable no se haya pronunciado sobre la posible existencia de usura y es el Tribunal Colegiado el que estima que debe realizarse el análisis oficioso sobre este tema: ¿Cuál de esos órganos jurisdiccionales debe realizar el análisis de si la usura se actualiza en el caso concreto y, en su caso, su reducción prudencial?

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

28. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis de que, en aquellos casos en que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver un juicio de amparo directo, hayan considerado necesario el estudio sobre usura en suplencia de la queja deficiente, por regla general, deben conceder el amparo para que sea la autoridad responsable la que efectúe el análisis puntual y a cabalidad, al tenor de los parámetros que esta propia Sala precisó en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), dada la conveniencia que tal efecto trae consigo.

29. Ahora bien, en virtud de que en la resolución del presente asunto se parte de la base de que, al emitir sus respectivos criterios, los tribunales contendientes, resolvieron conceder el amparo ante la inobservancia de las jurisprudencias, emitidas por esta Primera Sala, a fin de dar respuesta a la pregunta formulada en torno a que, en tales casos, qué órgano jurisdiccional ha de resolver si la usura se actualiza en cada caso concreto y, en su caso, su reducción prudencial, se estima conveniente explicar: (i) Cuáles pueden ser los efectos de la concesión de amparo de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado; y, (ii) Definir qué obligaciones resultan para los Jueces, a partir de la aplicabilidad de las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 y 1a./J. 47/2014 ya citadas. Enseguida se desarrollan esos temas:

Los efectos de la concesión de amparo

30. El artículo 77 de la Ley de Amparo prevé, de manera precisa, cuáles son los efectos de una eventual concesión de amparo a partir de la tipología de las violaciones producidas en el juicio y de la naturaleza del acto reclamado, efectos que se surten una vez que la sentencia se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. Ese precepto legal distingue los actos positivos de los actos negativos, y en cuanto a las consecuencias que, respecto de cada uno de ellos genera la concesión del amparo, dispone:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y,

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

31. Tales efectos, prescribe la disposición apuntada, deberán determinarse con precisión en el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, con la especificación de las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho transgredido.

32. Además, tanto la norma legal apuntada como el artículo 78 de la Ley de Amparo, prevén otra serie de reglas sobre los efectos de la concesión de amparo, de acuerdo a la tipología de las violaciones que pueden dar lugar a un fallo favorable, a saber:

• Cuando se declare la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

• Los efectos de un amparo en los términos precisados en el párrafo inmediato anterior, se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso.

33. Ahora bien, en el amparo judicial, tratándose de actos positivos, la consecuencia de la concesión del amparo será diversa dependiendo de la naturaleza de la violación que se acredite; es decir, sea por cuestiones de procedimiento, de mera legalidad o por inconstitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos que se hayan aplicado al quejoso.

34. Así, si del estudio realizado en la ejecutoria de amparo directo, resulta que el Tribunal Colegiado de Circuito llega al conocimiento de que es fundado el concepto de violación, relativo a que en el juicio se violentaron las normas que rigen el procedimiento, la concesión del amparo será para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora, deje insubsistente el acto reclamado y dicte otra resolución en la que se ordene reponer el procedimiento hasta el momento en que ocurrió la violación acreditada; hecho lo anterior, deberá continuar con el procedimiento respectivo hasta su conclusión.

35. A diferencia del caso anterior, el amparo que se concede por violaciones de legalidad cometidas en la sentencia, vincula a la autoridad responsable a dejar insubsistente la sentencia reclamada y a emitir otra en el sentido que proceda, en la que se purguen los vicios advertidos por el órgano de control de regularidad constitucional. Sus alcances reparadores pueden sujetar total o parcialmente a la autoridad responsable, a resolver en cierto sentido o bien, otorgarle plenitud de jurisdicción para emitir el nuevo fallo, en función de la violación cometida.

36. Finalmente, cuando la concesión de amparo deriva de la declaración de inconstitucionalidad de alguna norma de carácter general o de la necesidad de realizar la interpretación conforme de algún precepto legal o disposición contenida en tratados internacionales de los que México sea Parte, su cumplimiento dará lugar a que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, debiendo emitir un nuevo acto de autoridad, pero en el cual la ley, tratado o reglamento considerados inconstitucionales, no podrán volver a ser aplicados para fundamentarlo, o bien, para que la nueva decisión parta de la interpretación conforme efectuada por el órgano de amparo.(4)

37. Es importante destacar que, ante una violación de legalidad cometida en la sentencia reclamada, a fin de establecer los alcances de la concesión de amparo, el juzgador debe tomar en cuenta si la autoridad responsable ha agotado su jurisdicción o si esto no ha sido así, pues en el sistema de amparo directo opera el reenvío, de manera que el tribunal de control constitucional no se sustituye a la responsable. Luego, si los tribunales de amparo fungen como órgano de control constitucional, ante una omisión advertida por parte de la autoridad responsable, la manera en que debe proceder el órgano de control constitucional, es conceder el amparo para el efecto de que subsane esa falta y resuelva conforme a sus atribuciones corresponda. Es diferente cuando, habiendo emitido un juicio de valor sobre la materia de la lite, el tribunal de amparo estima que aquél contraviene la Constitución, directa o indirectamente, pues en tal supuesto, la consecuencia es rectificar la decisión que se estima contraria a derecho, a partir de la valoración de las cuestiones que, según lo resuelto, se examinaron de manera inexacta.

38. Hasta aquí la explicación sobre los efectos de la concesión de amparo y sus consecuencias de acuerdo con la naturaleza del acto que dio origen al juicio de amparo.

Interpretación conforme del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

39. En las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), emitidas por esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 350/2013,(5) se establece el alcance de la libertad contractual de las personas en materia de intereses, prevista en el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el sentido de que el contenido constitucionalmente válido de ese precepto legal, es que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, antes bien, tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra un pago, a partir del acuerdo de un interés excesivo derivado de un préstamo, ya que en tal supuesto, los intereses son usurarios y, por ende, transgresores del artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

40. Con motivo de esos criterios, se impone a los Jueces la obligación de resolver litigios sobre el reclamo del pago de intereses, a partir de la interpretación conforme del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de manera que, si adquieren convicción de que el pacto de intereses (materia de las pretensiones formuladas en el juicio del que conocen), es notoriamente usurario, acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, para inhibir esa condición usuraria, deben apartarse del contenido del interés pactado y fijar una tasa reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver.

41. Al respecto, en las propias tesis se dictan ciertos parámetros que servirán de guía al Juez para valorar si la tasa de interés pactada es usuraria (tipo de relación existente entre las partes, calidad de los sujetos, destino del crédito, su monto y plazo, si se dieron garantías, las tasas de interés bancarias en operaciones similares, las condiciones del mercado, entre otras cuestiones); que debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.

42. Así, por virtud de las mencionadas tesis de jurisprudencia, existe la obligación de los Jueces de apegarse a cierta interpretación, conforme de las disposiciones referentes a la libertad contractual en materia de intereses.

43. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, se impone a todas las autoridades del país la obligación de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, que se conoce en la doctrina como principio pro personae. Esta disposición, junto con el artículo 133 constitucional, donde se impone a los Jueces de cada Estado arreglarse a la Ley Suprema de la Unión a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados, fueron considerados al resolver la contradicción de tesis 350/2013, en la que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció: "las autoridades judiciales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el caso, el derecho humano a la propiedad en la modalidad de prohibición de la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, lo que les faculta a efectuar el control de convencionalidad ex officio, aun ante la falta de petición de parte sobre el tópico, lo que significa que cuando se adviertan indicios de un interés desproporcionado y excesivo se debe analizar de oficio la posible configuración de la usura, aun ante la desestimación del planteamiento litigioso correspondiente a la lesión."(6)

44. Entonces, la aplicación de dichos enunciados jurisprudenciales, conlleva las siguientes obligaciones para los operadores jurídicos:

• En el juicio de origen, el Juez tiene la obligación de atender todo el contexto litigioso y apreciar si existen o no indicios de una posible configuración de usura en relación a los intereses pactados por las partes.

• En segundo lugar, una vez apreciado el contexto litigioso y sólo si se advierten indicios que puedan generar la duda acerca de la existencia del fenómeno usurario, proceder a llevar un examen acucioso de los parámetros posibles de los establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.)

• En tercer lugar y último, si el juzgador llega a la convicción que efectivamente, según el análisis probatorio se actualiza el fenómeno de la usura, deberá modular los intereses prudencialmente.

45. En este contexto, se puede advertir que una sentencia en la que no haya pronunciamiento alguno sobre la tasa de interés, adolece de una falta de exhaustividad, ante la omisión del juzgador de cumplir con su deber de atender a todo el contexto litigioso y apreciar si existen o no indicios de la posible configuración del fenómeno usurario. Tal defecto es susceptible de subsanarse en segunda instancia, en donde, ante la falta de reenvío, el tribunal de alzada, reasume su jurisdicción y está en aptitud de efectuar el análisis correspondiente, se haya hecho valer, o no en vía de agravios.

46. Ahora bien, cuando es el caso de que la inobservancia a las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 y 1a./J. 47/2014 mencionadas, subsiste hasta el juicio amparo directo, el Tribunal Colegiado debe proceder de la manera que se explica enseguida.

Solución de la contradicción de criterios

47. En primer lugar, tal como se explicó en la ejecutoria que dio lugar a las jurisprudencias que se identifican con los números 1a./J. 46/2014 y 1a./J. 47/2014, de lo que se trata es de identificar aquellos casos en los que el interés pactado sea "notoriamente excesivo", de modo que, "para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26982-216346d7/usura-cuando-el-tribunal-colegiado-de-circuito-advierta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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