PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 13 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 188/2011, en sesión de doce de enero de dos mil doce, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO. ... CUARTO. Resulta fundado el agravio que a continuación se analiza. ... Ahora, es de establecer que, como se aduce en los agravios, el Juez de Distrito ilegalmente determinó el sobreseimiento del juicio de amparo, con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados, al haber sido negados por las autoridades responsables subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y subdirector de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir sus respectivos informes con justificación y el quejoso no había aportado pruebas idóneas para demostrar lo contrario. Previo a establecer la ilegalidad de esa determinación, es menester precisar si el acto reclamado como violatorio de garantías individuales es de carácter positivo o negativo y, asimismo, distinguir dicho carácter o naturaleza intrínseca del acto como positivo o negativo, del simple sentido en que se exprese, adoptando una forma positiva o negativa. Esta última diferencia resulta imprescindible, porque la ley sólo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión. Así, el acto será de carácter o naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva, esto es, en una abstención en dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la ley conceda para que ingrese al patrimonio jurídico de los ciudadanos una vez emitido el acto de la autoridad. En tanto que será de naturaleza o de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la autoridad responsable pretende, equivocada o maliciosamente que es lo que la ley ordena, redundando el acto en la imposición de una carga o en la privación de un derecho que ya figura en el patrimonio jurídico del quejoso. Para darse a conocer el acto de naturaleza o carácter positivo o negativo, será diferente, por tanto, que se use una forma de expresión a su vez negativa o positiva; pues el acto de la autoridad bien puede consistir en negarse a derogar una prohibición injustificada y en tal caso, aunque expresado en forma negativa, su naturaleza es positiva, puesto que entraña la privación del ejercicio de algún derecho; o bien, en hipótesis contraria, puede expresarse positivamente mediante un mandato imperativo, pero será de naturaleza negativa si el mandato impone a la autoridad una conducta omisiva o de abstención. Así, entonces cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza o carácter negativa de su acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso algo que en derecho le corresponde; o, para definir su carácter positivo, si el acto redunda en imponer al quejoso alguna carga a la que no se está obligado, o en privarlo ilegal o ilícitamente de algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Luego, partiendo de la base de que el quejoso señaló como acto reclamado que el subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el subdirector de pensiones de ese instituto, en contravención del artículo 14 constitucional le viene aplicando -de manera retroactiva- las reformas que sufrió el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y uno de enero de dos mil dos, respectivamente, para establecer los aumentos a la pensión **********, que por jubilación percibe desde el uno de octubre de mil novecientos noventa y dos, no obstante de que la misma se encuentra sujeta a la aplicación de ese precepto legal, pero vigente en la fecha en que le fue otorgada y disponía que la cuantía de las pensiones aumentaría al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentaran los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Entonces, es de concluirse que se trata de un acto de naturaleza positiva pues consiste en una conducta comitiva, es decir, en una conducta de hacer de naturaleza positiva al aplicarle a los aumentos de su pensión las reformas al artículo 57 ya citado, cuando -se afirma- debió de aplicar ese precepto, pero sin tomar en consideración sus reformas atento a la fecha en que fue concedida la pensión. De ahí que, contra lo que se aduce en la resolución recurrida, no es al aquí recurrente a quien corresponde acreditar que se han aplicado de manera retroactiva las reformas al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino a las autoridades responsables demostrar que los incrementos que realizaron han sido acorde a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, pues fueron ellas quienes negaron la aplicación retroactiva de las reformas en cuestión, por lo que su negativa implica una afirmación, en el sentido de que en los aumentos de la pensión no se aplicaron las reformas de que se trata en los términos que se aduce en la demanda, que debe ser probada en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme a su artículo 1o. Similar criterio sostuvo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, que establece: ‘PENSIÓN JUBILATORIA. LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SUS INCREMENTOS CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CUANDO EL BENEFICIARIO RECLAMA QUE NO LE HAN SIDO OTORGADOS EN LA PROPORCIÓN EN QUE SE HAN EFECTUADO A LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO QUE OCUPAN LAS CATEGORÍAS LABORALES QUE TENÍA CUANDO FUE JUBILADO Y AQUÉL AFIRMA QUE SÍ LO HA HECHO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).’ (se transcribe). Por tanto, es ilegal que el Juez de Distrito determinara el sobreseimiento del juicio de amparo, bajo el argumento de que el quejoso no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables de la existencia de los actos reclamados, cuando era a éstas a quienes correspondía probar los términos en que se han dado los aumentos a la pensión del quejoso. ..."
CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 94/2008, en sesión de treinta de abril de dos mil ocho, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO. ... QUINTO. Los agravios son infundados. La inconforme considera que la Sala del conocimiento transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que la actora no demostró su incumplimiento, es decir, que la autoridad no ha concedido los incrementos a su cuota pensionaria, pues para tal efecto no es eficaz la comparación de lo que la pensionista percibe como cuota pensionaria y el sueldo básico de la plaza de la trabajadora en activo, pues el artículo de mérito se refiere al incremento señalado que será al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, pero no que se iguale la cuota pensionaria a dicho sueldo; tampoco es idónea la hoja única de servicios que exhibió, ya que no acredita la plaza en que causó baja; fue expedida por una unidad administrativa que no es competente para hacer constar los incrementos de las categorías de un empleo, cargo o comisión, remunerados por las dependencias o entidades de la administración pública federal, ni señala la fuente oficial de los incrementos. Además, porque es incorrecto que la Sala le revierta la carga de la prueba, ya que en términos del artículo 81, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, la actora debe probar sus afirmaciones. No asiste razón a la inconforme en el argumento reseñado con antelación, toda vez que en tratándose de la reclamación del incremento de la pensión jubilatoria cuando se aduce que no se han otorgado los aumentos a dicha pensión, en la proporción en que se han efectuado a los salarios de los trabajadores en activo que ocupan las categorías laborales que tenía la interesada cuando fue jubilada, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la carga de la prueba para acreditar que sí lo ha hecho, toda vez que al manifestar dicho instituto que la ‘... cuota fue correctamente calculada y desde su inicio de su pago hasta la fecha ha recibido el total de los incrementos autorizados, de conformidad con lo establecido por el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del ISSSTE’, constituye una afirmación que debe ser probada en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme a su artículo 1o., el cual dispone que el demandado debe probar los hechos constitutivos de sus excepciones. La afirmación que se comenta, también puede ser considerada como una negativa del instituto respecto de la petición de la parte actora, que envuelve la afirmación expresa de un hecho, como es el que sí cumplió con la referida obligación de efectuar los incrementos reclamados, por lo que atendiendo a lo dispuesto por la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, le corresponde la carga de la prueba. Además, no debe soslayarse la circunstancia de que conforme al artículo 6 de la ley que rige a dicho instituto en su texto vigente en mil novecientos noventa y uno, el instituto de mérito es el que cuenta y, por tanto, puede disponer de los elementos de convicción relativos a la administración y balance económico de los pensionados; en ese contexto, aun cuando los medios de prueba aportados por la parte actora en el juicio de origen pudieran no ser los idóneos para demostrar la procedencia de sus pretensiones, o bien se trate de elementos de prueba nuevos que no sean del conocimiento de la autoridad, ello resulta irrelevante al corresponderle a la parte demandada la carga de la prueba para demostrar que sí ha cumplido con la obligación de realizar y pagar tales incrementos. A mayor abundamiento, cabe destacar que en casos análogos al que se analiza, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la carga de la prueba para demostrar el monto de la pensión jubilatoria le corresponde al patrón; dicho criterio está contenido en la jurisprudencia de la Novena Época, número 2a./J. 29/2004, emitida al resolver la contradicción de tesis 164/2003-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página cuatrocientos veintinueve; cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘JUBILACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN TENDIENTE A SU MODIFICACIÓN.’ (transcribe texto). Por consiguiente, si la hoy inconforme no acreditó que ha cumplido con la obligación impuesta por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es inconcuso que la determinación adoptada por la Sala del conocimiento se encuentra apegada a derecho. ..."
Similares consideraciones reiteró el Tribunal Colegiado al resolver los recursos en revisión fiscal 117/2008, 120/2008 y 161/2008, así como en el amparo directo 165/2008, motivo por el cual no se transcriben por resultar innecesario.
Las anteriores resoluciones dieron origen a la siguiente tesis jurisprudencial:
"Registro: 168837
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVIII, septiembre de 2008
"Materia: administrativa
"Tesis: I.7o.A. J/43
"Página: 1118
"PENSIÓN JUBILATORIA. LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SUS INCREMENTOS CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CUANDO EL BENEFICIARIO RECLAMA QUE NO LE HAN SIDO OTORGADOS EN LA PROPORCIÓN EN QUE SE HAN EFECTUADO A LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO QUE OCUPAN LAS CATEGORÍAS LABORALES QUE TENÍA CUANDO FUE JUBILADO Y AQUÉL AFIRMA QUE SÍ LO HA HECHO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993). Tratándose de la reclamación del incremento de la pensión jubilatoria, cuando el beneficiario aduce que no se le han otorgado los aumentos correspondientes en la proporción en que se han efectuado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo que ocupan las categorías laborales que tenía cuando fue jubilado, como lo dispone el artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 4 de enero de 1993, corresponde a dicho instituto la carga de la prueba para acreditar que sí lo ha hecho cuando éste así lo afirme, por implicar una aseveración que debe probarse en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme a su artículo 1o.; asimismo, porque dicha afirmación constituye una negativa del referido instituto respecto del aludido reclamo, que envuelve la afirmación expresa de un hecho, en el sentido de que sí cumplió con la obligación de efectuar los incrementos, lo que, atendiendo a la fracción I del artículo 82 del señalado código, también obliga al indicado instituto a probarlo."
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 52/2011, en sesión de trece de mayo de dos mil once, en la parte que interesa determinó:
"CONSIDERANDO. ... QUINTO. ... Las autoridades inconformes por conducto de su delegada, afirman que se violan los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, por incorrecta aplicación, así como el diverso 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por deficiente interpretación; ello al conceder en el considerando quinto el amparo solicitado; exponen que la determinación recurrida resulta errónea y causa agravio, al arribar a la conclusión de que el peticionario de garantías demostró la aplicación retroactiva del artículo 57 de la ley citada, en su perjuicio; apuntan, al respecto, que al momento de rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, limitándose a emitir una negativa simple sobre el mismo, o sea, sin incluir alguna afirmación adicional que representara la generación de la carga de la prueba, de tal manera que correspondía al quejoso demostrar la existencia del acto reclamado. Al efecto, traen a colación, en lo conducente, la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, a fin de reforzar su argumento de que ante una negativa categórica de las autoridades responsables, de los actos que les fueron atribuidos, se revierte la carga de la prueba al quejoso quien debe acreditar la existencia del acto reclamado, el cual es de carácter positivo en tanto consiste en la aplicación retroactiva de las reformas al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a la tesis 35/90 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS.’, cuyos datos de localización cita; concluyendo que al ser insuficientes los medios probatorios aportados por el quejoso, para tener por demostrada la existencia del acto reclamado y desvirtuar la negativa de las responsables, lo que corresponde es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio. Es fundado el anterior agravio. En su respectivo informe, las autoridades responsables subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales (actualmente director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales) y el subdirector de Pensiones ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en México, Distrito Federal, negaron la existencia del acto reclamado (fojas ciento veinticinco a la ciento cuarenta y dos, y ciento cuarenta y nueve a la ciento sesenta y seis del juicio de amparo); pero el Juez de Distrito estimó que dicha negativa se encontraba desvirtuada con las documentales que el quejoso anexó a su demanda de garantías, consistentes en los recibos de pago expedidos a partir del mes de julio de dos mil siete, en cuya parte posterior se advertía el rubro 05, con la leyenda ‘pensión retroactiva’, de los que infirió que dichos descuentos comenzaron a realizarse en la data mencionada. Ahora bien el impetrante para acreditar el acto reclamado rindió los documentos siguientes: a) Constancia de la concesión de pensión que se expidió a favor del quejoso ... b) Diez comprobantes de pago expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a favor de **********, ... c) Aviso de cambio de situación de personal federal, de fecha cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y tres, signado por la jefa del Departamento de Prestaciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos ... d) Copias fotostáticas de los escritos que dirigió el quejoso a las autoridades responsables, mediante las cuales solicita le expidan constancia de todas las percepciones y deducciones ... e) Constancias de percepciones y deducciones de **********, correspondientes al periodo de enero de dos mil uno a mayo de dos mil diez, expedida por el jefe de Servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ... f) Constancia de evolución salarial de la plaza que ocupó el aquí quejoso como director general, expedida por el subdirector de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ...; probanza que no acredita la aplicación retroactiva que se reclama del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en virtud de que si bien es cierto en dicha documental obran incrementos porcentuales en el periodo que va del uno de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, al uno de julio de dos mil tres, empero, de esos datos no se infiere necesariamente la aplicación retroactiva de la ley, dado que de acuerdo con la demanda de amparo, dicho acto se traduce en que el pago de la pensión jubilatoria se ha efectuado de forma diferente a la prevista en el artículo 57 de la ley citada, vigente en la época que le fue concedido al quejoso dicho beneficio, es decir, que los pagos mensuales se han incrementado en los términos de las reformas sufridas en mil novecientos noventa y tres y dos mil dos, o sea, conforme al aumento del salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y conforme al incremento que en el año anterior hubiera tenido el índice nacional de precios al consumidor, mas no en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, como lo disponía la ley cuando él se jubiló; de lo cual, se reitera, no es prueba suficiente la demostración de que ha habido incrementos, puesto que del documento en comentario ni de los restantes se desprende la normatividad aplicada. En otras palabras, la sola demostración de los incrementos no es prueba de que haya sido en términos de una u otra norma, es decir de la vigente al adquirir la jubilación, que tomaba en cuenta el aumento de los salarios básicos de los trabajadores en activo, o de las subsecuentes que remiten al aumento del salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y al incremento que en el año anterior hubiera tenido el índice nacional de precios al consumidor. Sin que se comparta el criterio asumido por el a quo para tener por demostrada la existencia del acto reclamado, no obstante la negativa sostenida en los informes justificados, externado en los términos siguientes: ‘... sin embargo, tal negativa se encuentra desvirtuada, con las documentales que anexó a su demanda de garantías el quejoso, consistentes en los recibos de pago expedidos a partir del mes de julio de dos mil siete, en los cuales en su parte trasera se advierte el rubro 05, con la leyenda pensión retroactiva, de los que se puede inferir que dichos descuentos comenzaron a realizarse en la data mencionada, documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o.’. Esto es así, en virtud de que ante la negativa de la existencia del acto reclamado, la carga de la prueba recae sobre el peticionario de amparo, según se desprende de la tesis publicada en la página dieciocho, tercera parte, Volumen sesenta y tres, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘INFORME JUSTIFICADO, PRUEBA.’ (se transcribe). Así como la publicada en la página dos mil trescientos veintisiete, Tomo Noventa y uno, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, también sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL.’ (se transcribe). Y la visible con el número doscientos ochenta y cuatro, en la página doscientos treinta y seis, Tomo Sexto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, dos mil, que dice: ‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.’ (se transcribe). Como tampoco es obstáculo lo argumentado por el autorizado del quejoso en su escrito de alegatos presentado el veintiséis de junio de dos mil nueve (fojas ciento setenta y seis a la ciento ochenta), en el sentido de que se debía tener por cierto el acto reclamado consistente en la aplicación retroactiva y en perjuicio del impetrante de la reformas al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del 05 de enero de 1993, y posteriormente las vigentes a partir del 01 de enero del 2002; dado que en su concepto no se podía aducir la inexistencia del acto que se les reclama, pues, opina, sería tanto como desconocer la existencia de la normatividad que le otorga facultades exclusivas para realizar el pago de la pensión. Así se estima, porque la prueba sobre la existencia del acto reclamado no deriva de las atribuciones de la autoridad responsable, de acuerdo con las razones que informan la tesis XV/92, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, página noventa y nueve, que es del tenor siguiente: ‘ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL. NO DERIVA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’ (se transcribe). Más aún, es a cargo del quejoso desvirtuar la negativa de la existencia del acto reclamado que sostuvo la responsable, si en la especie éste es de carácter positivo, puesto que estriba en la aplicación retroactiva de una norma en su perjuicio, que se traduce en realizar los incrementos a su pensión de jubilación en términos de la ley vigente en mil novecientos noventa y tres y dos mil dos, omitiendo hacerlo en términos de la ley vigente en mil novecientos noventa y uno que fue cuando obtuvo ese beneficio, atentas las razones que informan la jurisprudencia 35/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo Sexto, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, página ciento ochenta y seis, que dice: ‘ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN ÉL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS.’ (se transcribe). Así las cosas, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, siendo pertinente invocar nuevamente la tesis publicada con el número doscientos ochenta y cuatro, en la página doscientos treinta y seis, Tomo Segundo, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: ‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.’ (se transcribe). ..."
SEXTO. En principio, es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellas en un tema similar sea discordante esencialmente.
Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.
Lo anterior, de acuerdo a las tesis de rubros siguientes:
"Registro: 164120
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Materia: común
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
"Registro: 166996
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Materia: común
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."
Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito
Antecedentes
a) ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, y subdirector de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señalando como acto reclamado la aplicación retroactiva del artículo 57, párrafo tercero, de la ley de la materia, en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y uno de enero de dos mil dos; precisando que el acto concreto que contiene esa aplicación, se verifica al momento de pagar la pensión, pues dejaron de aplicar el texto vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres (debido a que se jubiló el uno de abril de mil novecientos noventa y dos), que preveía el incremento de la pensión en la misma proporción de los sueldos básicos de los trabajadores en activo.
b) Las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado.
c) El Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio, sobre la base de que las autoridades responsables negaron el acto reclamado, lo que implicó que correspondía a la quejosa la carga de la prueba; sin embargo, no desvirtuó la negativa al no probar que los incrementos a su pensión se hubieran hecho en términos de las reformas del cinc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23814-f91c9885/pension-otorgada-por-el-issste-la-determinacion-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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