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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 502/2012. · Registro digital (IUS): 24452
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Pág. 952.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 502/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta Segunda Sala.

No pasa inadvertida la entrada en vigor de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el correspondiente al dos de abril de dos mil trece, en el que se expidió la Ley de Amparo, en específico sus artículos 226 y décimo primero transitorio, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

"I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus Salas;

"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y

"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente. ..."

"Décimo primero. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el reglamento a que hace referencia el artículo 3o. del presente ordenamiento para la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica.

"Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

"Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto."

De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada en un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que aunque la nueva Ley de Amparo fue promulgada el pasado primero de abril de dos mil trece y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, el Consejo de la Judicatura Federal no ha dictado los acuerdos generales para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como tampoco han transcurrido los noventa días establecidos para ello en el artículo décimo primero transitorio.

Por tanto, hasta que no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, esta Segunda Sala asume el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por **********, recurrente en el amparo en revisión **********, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien está facultada para ello, con fundamento en el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil doce, en la parte que interesa determinó:

"CONSIDERANDO: ... CUARTO. ... Los agravios resumidos se estiman infundados en parte e inoperantes en otro aspecto, por los motivos siguientes: En el auto impugnado el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional de conformidad con los artículos (sic) 73, fracción XV y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por considerar que la quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo, debió acudir al juicio de nulidad en contra de la determinación y cálculo de los incrementos a su pensión por jubilación. En efecto, el juzgador en el auto recurrido determinó: ‘Lo cierto es, que por auto de veintiuno de mayo de dos mil doce (foja 35 y vuelta), se tuvo únicamente como acto reclamado la omisión de pagar la pensión al promovente (sic) incrementando su monto al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementan los sueldos básicos de los trabajadores en activo y no así la aplicación retroactiva de las reformas del artículo 57 de la ley del referido instituto, por ser propiamente conceptos de violación. Luego, al ser el acto reclamado en este juicio una omisión de pago de pensión, resulta pertinente traer a cuenta la contradicción de tesis 67/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del trece de junio de dos mil doce, que en la parte conducente se transcribe a continuación: (lo transcribe). ... Luego, si la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció a través del criterio jurisprudencial transcrito, que el acto reclamado es la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión del quejoso, con apoyo en las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; es claro que debe tenerse dicho acto como reclamado en este asunto. ... el suscrito estima que en la especie, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la determinación y cálculo de la pensión del quejoso procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ... De manera que antes de acudir a la presente vía la parte quejosa debe agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En las condiciones relatadas, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 73, fracción XV, con relación al 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, con el ánimo de impartir justicia en una manera pronta, de conformidad con el artículo 17 constitucional, pues a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional si el resultado sería el mismo y lo único que se generaría es una falsa expectativa del quejoso.’. Precisado lo anterior, se considera legal la determinación del juzgador de no tener por acto reclamado: ‘a) La aplicación retroactiva y en mi perjuicio de las reformas a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y de manera sucesiva las reformas al mismo precepto legal que entraron en vigor a partir del 1 de enero del año 2002’. Y, posteriormente, sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional respecto de: ‘b) ... la omisión de pagar mi pensión, incrementando su monto al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en los términos del precepto legal en cita que estuvo en vigor hasta el 4 de enero de 1993. Por considerar que el acto reclamado consistía en un aspecto de legalidad.’. Ello es así, porque el Juez de Distrito respecto de la omisión reclamada (determinación y pago de los incrementos a la pensión), aplicó correctamente lo resuelto en la contradicción de tesis 67/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo que interesa señala: (se transcribe texto). La contradicción de tesis relatada dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 74/2012 (10a.), pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENE NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA.’ (se transcribe). En esa tesitura, este órgano revisor insiste que fue correcta la precisión y fijación de los actos reclamados que hizo el Juez del conocimiento, esto es, de considerar como acto reclamado únicamente la determinación y pago de los incrementos a la pensión, sin atender a los calificativos o apreciaciones valorativas que se hagan sobre él. En efecto, si bien es verdad que la quejosa en su demanda de amparo señaló como acto reclamado (negativo) la omisión del pago, lo cierto es que en realidad, por sus consecuencias, es un acto positivo, pues implica la privación del ejercicio de un derecho, como es el de disfrutar la pensión de manera completa, es decir, correctamente cuantificada. Por ese motivo, se insiste, aun cuando la impetrante de garantías señaló en su demanda como acto reclamado la omisión del pago, lo cierto es que en realidad se queja que se le paga en forma incompleta su pensión debido a su incorrecta cuantificación, que en opinión de la quejosa, fue originada por la indebida aplicación del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de las reformas que sufrió ese numeral en mil novecientos noventa y tres y dos mil uno, respectivamente. Por tanto, es incorrecto considerar válidamente como reclamada la aplicación retroactiva de ese precepto legal, como lo señala la impetrante en su demanda, ya que en realidad ese es el motivo por el que la quejosa considera que los pagos que ha percibido son incorrectos; es decir, la inconstitucionalidad del proceder de la responsable se hace depender de la aplicación retroactiva de ese numeral, por lo que tal aplicación en sí misma considerada no constituye el acto reclamado, sino propiamente el motivo de inconstitucionalidad, pues así se deduce del contenido de los argumentos que esgrimió a guisa de conceptos de violación. Así las cosas, el agravio propuesto con relación a la fijación de los actos reclamados realizada en el auto admisorio de demanda por el Juez de Distrito resulta inoperante, toda vez que esa cuestión procesal aun cuando pudo ser recurrida por la quejosa a través del recurso de queja correspondiente, lo cierto es que en atención al criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 67/2012, la decisión que pudiera dictarse en ese medio de defensa no cambiaría la precisión que de los actos reclamados hizo el juzgador en atención a la jurisprudencia que es materia de esta revisión. Por tanto, en ese aspecto, el agravio de que se trata es inoperante de conformidad con la jurisprudencia 14 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe). Por consiguiente, como bien lo señaló el Juez de Distrito, no debe tenerse como acto reclamado la aplicación retroactiva del precepto legal en comento, pues ello constituye propiamente los aspectos de constitucionalidad a través de los conceptos de violación propuestos. Derivado de lo anterior, este órgano colegiado considera que el Juez Federal no infringió en perjuicio de la quejosa lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 192 de la Ley de Amparo, pues el juzgador precisó correctamente el acto reclamado consistente en la determinación y pago de los incrementos a la pensión, sin atender a los calificativos o apreciaciones valorativas que se hagan sobre él, no así la aplicación retroactiva del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese contexto, se insiste, que fue correcta la decisión del juzgador de sobreseer en el juicio de amparo por estimar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues la quejosa debió observar el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio constitucional, en contra de la determinación y pago de los incrementos a la pensión de la quejosa. En efecto, la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo señala: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). De conformidad con el dispositivo legal recién reproducido, se advierte que el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación; sin embargo, existen casos de excepción, en los que el particular estará exento de observar lo dispuesto en ese principio, entre otros, cuando sea tercero extraño al procedimiento, el acto reclamado carezca de fundamentación, que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado, para suspender su ejecución a través de la interposición del recurso o medio de defensa procedente, exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión del acto reclamado, independientemente de que sea o no susceptible de ser suspendido acorde a la ley reglamentaria de la materia o bien, aquellos en los que se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Al respecto, conviene citar la tesis aislada 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). De la transcripción anterior, se obtiene que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no existe obligación de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, entre otros casos, cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal; supuesto que no se actualizó en el asunto, como acertadamente lo determinó el juzgador en el auto recurrido, en virtud de que la quejosa hace depender la violación directa al artículo 14 constitucional, de la falta de aplicación de las reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que pone de manifiesto que en el presente caso no se reclaman exclusivamente transgresiones directas a la Ley Fundamental, pues lo que realmente se demanda es una falta de aplicación de las reformas referidas, lo cual redunda en un aspecto de mera legalidad y no de constitucionalidad. En el caso, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la determinación y pago de los incrementos a la pensión de la quejosa, sin que esté a discusión el otorgamiento de ese beneficio, por tanto, la litis consiste en determinar si los montos pagados por jubilación a la amparista y los que debieron pagarse conforme al artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al momento en que se pensionó, son iguales; cuestión que constituye propiamente un problema de aplicación retroactiva y no en sí de retroactividad de la ley. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 1a./J. 78/2010, publicada en la página 285, Tomo XXIII, abril de 2011, materia constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la diferencia entre la retroactividad de la ley y su aplicación retroactiva. Esa jurisprudencia es del tenor siguiente: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.’ (se transcribe). De lo anterior se advierte que la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular. En el caso, la agraviada controvierte que su cuota de pensión no se ha pagado correctamente en términos de lo dispuesto en el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a la fecha en que se le otorgó ese beneficio, lo cual innegablemente evidencia que el acto reclamado es la correcta cuantificación de su pensión y su pago, pues ésta afirma que no se realizaron sus incrementos conforme lo establecía ese artículo, por lo que existen diferencias que cubrir a su favor, controversia que se limita a un aspecto de legalidad y no de constitucionalidad. Por tanto, es innegable que la quejosa no se ubicó en la excepción que alega al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero sólo cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. Ello es así, porque sólo en el primer caso se configura una verdadera excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectiva ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, si el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad, evidentemente no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque entonces sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el quejoso puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución o acto impugnado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, es sólo determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito, sin que sea óbice que la autoridad ordinaria no pueda analizar la constitucionalidad del acto controvertido, porque al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiara su aspecto de constitucionalidad. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de garantías obligando a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Por tales motivos, se estima que en la especie no se actualiza una excepción al principio de definitividad, de ahí que haya sido correcto el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el auto que se recurre en contra de la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión, pues se reitera, dicho acto pone de manifiesto que alega cuestiones de legalidad y no propiamente violaciones directas a la Constitución. Así las cosas, como acertadamente lo resolvió el juzgador en el auto recurrido (determinación y pago de los incrementos a la pensión de la quejosa), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que ésta, previamente a la promoción del juicio constitucional, debió promover el juicio de nulidad en contra de ese acto, lo que no hizo, toda vez que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de mayo de dos mil doce), no prevé mayores requisitos para la suspensión del acto controvertido, que los previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, también se estima que fue acertada la aplicación que hizo del Juez de Distrito de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 116/2005-SS, visible en la página 326, Tomo XXII, septiembre de 2005, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’ (se transcribe). Cabe señalar que la jurisprudencia que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación es producto de su labor como intérprete supremo de la Constitución Federal, de las leyes, de los tratados internacionales y de las normas de carácter general, cuyo criterio siempre debe considerarse acorde a los principios constitucionales, por tanto, su observancia es obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Al caso se cita la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, tomo 42, Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘JURISPRUDENCIA, OBLIGATORIEDAD DE LA.’ (se transcribe). Así las cosas, en plena observancia al derecho de acceso a la justicia, el Juez de Distrito en el auto recurrido correctamente sobreseyó fuera de audiencia, pues advirtió de manera notoria y manifiesta un supuesto de improcedencia de la acción de garantías, por lo que aun en el supuesto de celebrarse la audiencia constitucional y dictarse la sentencia respectiva, innegablemente no sería posible arribar a una convicción diversa al sobreseimiento decretado. Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, toda vez que para ejercerlo es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica, sin soslayar que la correcta cuantificación de la pensión es imprescriptible. En las relatadas condiciones, al resultar los agravios propuestos infundados en parte e inoperantes en otro aspecto, se impone confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo. ..."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil doce, en la parte que interesa determinó:

"CONSIDERANDO: ... TERCERO. Con el propósito de dar solución a los agravios que hace valer el recurrente, es conveniente informar de las razones que dan sustento al auto combatido. El Juez de Distrito puntualizó, en primer término, que aun cuando el quejoso combatió la aplicación retroactiva de las reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la omisión de pagar el beneficio pensionario incrementado en la misma proporción que los sueldos básicos de los trabajadores en activo, sólo ese último se tendría como acto reclamado, dado que la indebida aplicación constituye un concepto de violación. Posteriormente, dio noticia de las consideraciones expuestas por la Segunda Sala del Alto Tribunal en la sentencia que resolvió la contradicción de tesis 67/2012, y con base en ellas estableció que el acto reclamado lo constituye la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión del quejoso, con apoyo en las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Agregó que, en consecuencia, el motivo de inconstitucionalidad que se atribuye a dicho acto es que los incrementos debieron ser cuantificados con base en el artículo mencionado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, razón por la que se trata de un acto de carácter positivo cuya existencia, ante la negativa de la autoridad, corresponde demostrar al quejoso. Respaldó su afirmación en el criterio jurisprudencial 2a./J. 74/2012, de rubro: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENE NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA.’, que se originó con motivo de la contradicción de tesis referida. Con base en lo resuelto por el Alto Tribunal, el juzgador sostuvo que sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo y, por tanto, debía sobreseerse en el juicio, porque contra la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión del quejoso procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Consideración que el Juez sostuvo, por una parte, en que conforme al artículo 14, fracción IV, de la ley orgánica del órgano jurisdiccional referido, la instancia contenciosa administrativa procede en contra de actos dictados en materia de pensiones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24452-57c42c39/pension-otorgada-por-el-issste-es-improcedente-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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