PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2013. CINCO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta Segunda Sala.
No pasa inadvertida la entrada en vigor de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el correspondiente al dos de abril de dos mil trece, en el que se expidió la Ley de Amparo, en específico sus artículos 226 y décimo primero transitorio, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."
"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus Salas;
"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente. ..."
"Décimo primero. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el reglamento a que hace referencia el artículo 3o. del presente ordenamiento para la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica.
"Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
"Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto."
De donde se advierte, que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada en un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que aunque la nueva Ley de Amparo fue promulgada el pasado primero de abril de dos mil trece, y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, el Consejo de la Judicatura Federal no ha dictado los acuerdos generales para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como tampoco han transcurrido los noventa días establecidos para ello en el artículo décimo primero transitorio.
Por tanto, hasta que no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, esta Segunda Sala asume el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quienes están facultados para ello, con fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal **********, en sesión de trece de febrero de dos mil trece, en la parte que interesa, determinó:
"CONSIDERANDO: ... DÉCIMO. En el agravio segundo, la autoridad recurrente sostiene que la Sala violó el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que no realizó una debida valoración de las constancias de autos y obligó al instituto demandado a emitir una nueva resolución en la que se incremente la pensión, cuando la actora en ningún momento demostró que ese instituto haya incumplido con lo dispuesto en el numeral en cita. Además, la autoridad disconforme refiere que la actora no demostró que el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se le haya aplicado indebidamente y que resulta ilógico que entre lo que percibe la actora como cuota pensionaria y el sueldo básico de la plaza de los trabajadores en activo, se pueda advertir la falta de incremento, ya que el artículo 57 de la ley en cita, sólo prevé que el incremento será al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, pero no prevé que se iguale la cuota pensionaria de dicho sueldo. Adicionalmente, expresa la inconforme que la Sala no tomó en cuenta que es la actora quien afirmó tener derecho al pago de las diferencias con motivo del adeudo en los incrementos a su cuota pensionaria, por lo que es la demandante quien debió acreditar la falta de incremento de su cuota pensionaria. Los argumentos que anteceden resultan fundados. De conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las sentencias que emita ese tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios, lo cual implica la valoración de los medios de prueba aportados por las partes. Además, la materia de prueba dentro del procedimiento contencioso administrativo federal se encuentra constituida únicamente por los hechos relacionados con la controversia, por lo que, por regla general, la parte actora debe probar los hechos en que funde su acción, mientras que al demandado corresponde justificar sus excepciones o defensas, dado que la carga de la prueba compete a quien invoca en su favor una relación de derecho o una situación jurídica. El artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone lo siguiente: ‘40.’ (se transcribe). Del numeral en cita se advierte que en los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de su acción, pues es quien tiene interés en que se le reconozca y haga efectivo el derecho que demanda. La actora, en su demanda de nulidad, impugnó la resolución negativa ficta que se configuró con motivo de la falta de respuesta al escrito que presentó el veintiséis de noviembre de dos mil diez, mediante el cual solicitó se incremente el pago de su pensión al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Al respecto, la demandante expresó en el capítulo de hechos, entre otras cosas, que no se le realizaron los incrementos de su pensión conforme al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La afirmación en cita se advierte de la siguiente transcripción: ‘... el instituto ha omitido pagar el monto de la pensión ********** en los términos previstos por el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el día 04 de enero de 1993.’. En vía de conceptos de impugnación la actora señaló, entre otras cosas, que se aplicó de forma retroactiva en su perjuicio las reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y uno de enero de dos mil dos, respectivamente y que su pensión no se ha incrementado al mismo tiempo y en la misma proporción que el sueldo básico de los trabajadores en activo. La autoridad enjuiciada cuando dio contestación a la demanda, señaló entre otras cosas, que contrario a lo que expone la accionante, ese instituto ha otorgado a la actora los incrementos que aduce en la fecha y cuantía correspondiente; aserto que se advierte de la siguiente transcripción: ‘... Asimismo, resulta erróneo considerar que la cuota diaria asignada no se ha incrementado al mismo tiempo y en la misma proporción que a los trabajadores en activo, contraviniendo el artículo 57 de la Ley del ISSSTE, ya que lo cierto es, que este instituto le ha otorgado los incrementos que aduce en la fecha y cuantía correspondiente’. (Foja 77 del juicio contencioso administrativo). De la sentencia que se revisa se advierte que la Sala declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución en la que incremente la pensión de la accionante en la misma proporción en que ha sido aumentado el sueldo básico de los trabajadores en activo en la plaza de jefe de oficina que ocupó el finado cónyuge de la actora en la Secretaría de Salud en Jalisco, en términos de los dispuesto en el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su texto vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres y se paguen a la pensionista las diferencias que resulten entre lo que se le debió haber pagado y lo que se le pagó, a partir del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Lo anterior lo sustentó la Sala en que la actora tiene el derecho adquirido al pago de su pensión al mismo tiempo y en la misma proporción en que se aumente el sueldo básico de los trabajadores en activo, toda vez que quedó acreditado su derecho a la pensión por viudez y orfandad, otorgado a partir del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, esto es, durante la vigencia del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. La Sala además, precisó que la actora demostró que ha sufrido aumentos el puesto que ocupó el finado cónyuge de la accionante en la Secretaría de Salud en Jalisco dentro de periodo que abarca de mil novecientos ochenta y cinco a mayo de dos mil nueve y que por tanto, le causa agravio a la demandante al negársele los incrementos a que tiene derecho en términos del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro. La Sala adicionalmente, estimó que de la constancia de evolución salarial contenida en el oficio SSJ/DGA/DRH/RL/OSP/000401/2011, emitida el veintisiete de junio de dos mil once por el jefe del Departamento de Relaciones Laborales del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, se advierte que el puesto que ocupó el extinto ********** en la Secretaría de Salud en Jalisco (cónyuge finado de la actora) a la fecha de expedición de esa constancia contenía un sueldo mensual de $********** y que el instituto enjuiciado no acreditó que al momento de la presentación de la solicitud que efectuó la actora, la pensión de la demandante haya sufrido algún incremento. En ese contexto, cuando se reclama una resolución negativa ficta en la vía contenciosa administrativa federal, ello supone la existencia de una solicitud planteada por un gobernado respecto de la cual, en caso de no darse respuesta dentro del plazo de tres meses a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debe entenderse que la solicitud fue resuelta en sentido negativo al promovente. El artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone:. ‘17.’ (se transcribe). Así, en el caso que se analiza, la resolución negativa ficta impugnada por la accionante ante la Sala del conocimiento supone que se resolvió en sentido negativo la petición de la pensionada, es decir, que se le negó el ajuste e incremento de su cuota diaria de pensión en la misma proporción al sueldo que tiene asignado el empleo o plaza que ocupó el cónyuge finado de la demandante, esto es, como lo prevé el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. Por la importancia del caso, resulta conveniente transcribir el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en cita, el cual señala lo siguiente: ‘57.’ (se transcribe). Del dispositivo que antecede se advierte, entre otros aspectos, que las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Como la actora negó que se haya incrementado su pensión conforme al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha en que se otorgó la suspensión, esto es, que su pensión se haya aumentado al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentaron los sueldos básicos de los trabajadores en activo, mientras que la autoridad demandada sostuvo que se realizaron los incrementos correspondientes, resulta inconcuso que conforme a lo previsto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, le corresponde a la actora, acreditar que la autoridad realizó los incrementos a su pensión en forma distinta a lo previsto en el artículo 57, párrafo tercero, de la ley antes mencionada. De modo que, como la instancia no resuelta por el instituto demandado supone que la petición de ajuste e incremento de pensión se resolvió en sentido negativo, a saber, que se negó dicho ajuste e incremento porque no le asiste el derecho para ello, es la actora quien debe acreditar que sí tiene ese derecho. En efecto, el derecho al incremento de pensión que reclamó la actora para que sea reconocido por la Sala, implica que es la accionante quien debe demostrar que no se ajustó ni incrementó su cuota diaria de pensión en la misma proporción al sueldo que tiene asignado el empleo o plaza que ocupó el cónyuge finado de la demandante, esto es, como lo prevé el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. Dicho de otra forma, dado que la pretensión de la actora consistió en que se incremente su pensión al mismo tiempo y en la misma proporción que el sueldo básico de los trabajadores en activo y además indicó en vía de agravio que se aplicó de forma retroactiva en su perjuicio las reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y uno de enero de dos mil dos, respectivamente, debió demostrar con medio de prueba idóneo que tal pensión no se aumentó conforme a lo previsto en el artículo 57, párrafo tercero, de la ley de la materia vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. Así, la demandante exhibió como medio de prueba la concesión de pensión por viudez y orfandad con la cual acreditó la asignación de esa pensión a partir del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro con una cuota diaria pensionaria de $********** para quedar en una cuota de $********** a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y seis. Con la constancia de evolución salarial contenida en el oficio SSJ/DGA/DRH/RL/OSP/000401/2011, emitida el veintisiete de junio de dos mil once por el jefe del Departamento de Relaciones Laborales del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, se acreditó la evolución de los incrementos que ha tenido el puesto que ocupó el cónyuge finado de la actora, de mil novecientos ochenta y cinco a dos mil nueve. Sin embargo, la accionante no acreditó que el instituto demandado efectuó los incrementos de su pensión en una forma distinta a lo previsto en el artículos 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. Esto es, si la accionante manifestó en su demanda de nulidad en vía de conceptos de impugnación que la autoridad enjuiciada aplicó de forma retroactiva y en su perjuicio las reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, consistente en que la cuantía de la pensión se incrementaría conforme al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Así como que, se aplicó la reforma a ese numeral publicada en el citado medio de difusión, el uno de junio de dos mil uno, consistente en que la cuantía de la pensión se incrementara conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, debió acreditar tal situación con algún medio de prueba, lo cual no hizo. De modo que, si la actora negó que su pensión se haya incrementado en términos de lo previsto en el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en la fecha en que obtuvo la pensión por viudez y orfandad (treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro), queda de manifiesto que es a la enjuiciante a quien corresponde demostrar su pretensión, esto es, que su pensión se aumentó en una forma distinta a lo que prevé el numeral en cita, lo cual no hizo. Al respecto, resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 74/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, tomo Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, materia laboral, página 897 que dice: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA.’ (se transcribe). Del criterio que antecede, se advierte que si el acto reclamado en amparo indirecto consiste en la determinación y cálculo de los incrementos de pensión otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en términos del artículo 57, párrafo tercero, de la ley que rige a ese instituto, en sus reformas, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y uno de junio de dos mil dos, consistentes en calcular los incrementos a la pensión con base en las reformas aludidas, que prevén los aumentos conforme al incremento a los salarios mínimos generales en el Distrito Federal, y al aumento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, respectivamente, corresponde al quejoso acreditar la existencia de dicho acto. El criterio en cita, resulta aplicable al caso por analogía, en virtud de que en el juicio contencioso administrativo federal, la resolución negativa ficta que impugnó la accionante supone que la petición que formuló ante el instituto demandado, se resolvió en sentido negativo a la actora; es decir, que se negó el ajuste e incremento porque no le asiste el derecho para ello, de modo que si la enjuiciante como se vio, no acreditó que tiene el derecho a dicho incremento pensionario en términos del artículo 57, párrafo tercero, de la ley que rige al instituto demandado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, lo cual permite concluir que no acreditó los extremos de su acción. Además, en cuanto a que corresponde a la actora acreditar su pretensión en el juicio contencioso administrativo federal, también resulta aplicable en la parte que interesa y por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 114/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, materia administrativa, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 439, que dice: ‘ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).’ (se transcribe). Por todo lo anterior, procede declarar fundado el recurso de revisión fiscal para el efecto de que la Sala deje insubsistente la sentencia impugnada y en su lugar emita otra en la que tome en cuenta que dada la pretensión de la accionante, corresponde a ésta acreditar que la autoridad demandada realizó los incrementos de su pensión en una forma distinta a lo previsto en el artículos 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. En consecuencia, por las razones que anteceden no se comparte el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia I.7o.A. J/43, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, página 1118, de rubro: ‘PENSIÓN JUBILATORIA. LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SUS INCREMENTOS CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CUANDO EL BENEFICIARIO RECLAMA QUE NO LE HAN SIDO OTORGADOS EN LA PROPORCIÓN EN QUE SE HAN EFECTUADO A LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO QUE OCUPAN LAS CATEGORÍAS LABORALES QUE TENÍA CUANDO FUE JUBILADO Y AQUÉL AFIRMA QUE SÍ LO HA HECHO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).’. Dado lo fundado de los agravios que hizo valer la autoridad recurrente, resulta innecesario realizar el estudio de los argumentos restantes que invocó, toda vez que en nada variaría el sentido de la presente resolución."
CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal **********, en sesión de treinta de abril de dos mil ocho, en la parte que interesa, determinó:
"CONSIDERANDO:. ... QUINTO. Los agravios son infundados. La inconforme considera que la Sala del conocimiento transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que la actora no demostró su incumplimiento; es decir, que la autoridad no ha concedido los incrementos a su cuota pensionaria, pues para tal efecto, no es eficaz la comparación de lo que la pensionista percibe como cuota pensionaria y el sueldo básico de la plaza de la trabajadora en activo, pues el artículo de mérito se refiere al incremento señalado que será al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, pero no que se iguale la cuota pensionaria a dicho sueldo; tampoco es idónea la hoja única de servicios que exhibió, ya que no acredita la plaza en que causó baja; fue expedida por una unidad administrativa que no es competente para hacer constar los incrementos de las categorías de un empleo, cargo o comisión, remunerados por las dependencias o entidades de la administración pública federal, ni señala la fuente oficial de los incrementos. Además, porque es incorrecto que la Sala le revierta la carga de la prueba, ya que en términos del artículo 81, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, la actora debe probar sus afirmaciones. No asiste razón a la inconforme en el argumento reseñado con antelación, toda vez que, en tratándose de la reclamación del incremento de la pensión jubilatoria cuando se aduce que no se han otorgado los aumentos a dicha pensión, en la proporción en que se han efectuado a los salarios de los trabajadores en activo que ocupan las categorías laborales que tenía la interesada cuando fue jubilada, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la carga de la prueba para acreditar que sí lo ha hecho, toda vez que al manifestar dicho instituto que la ‘... cuota fue correctamente calculada y desde su inicio de su pago hasta la fecha ha recibido el total de los incrementos autorizados, de conformidad con lo establecido por el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del ISSSTE’, constituye una afirmación que debe ser probada en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a su artículo 1o., el cual dispone que el demandado debe probar los hechos constitutivos de sus excepciones. La afirmación que se comenta, también puede ser considerada como una negativa del instituto respecto de la petición de la parte actora, que envuelve la afirmación expresa de un hecho, como es el que sí cumplió con la referida obligación de efectuar los incrementos reclamados, por lo que atendiendo a lo dispuesto por la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, le corresponde la carga de la prueba. Además, no debe soslayarse la circunstancia de que conforme al artículo 6 de la ley que rige a dicho instituto en su texto vigente en mil novecientos noventa y uno, el instituto de mérito es el que cuenta y, por tanto, puede disponer de los elementos de convicción relativos a la administración y balance económico de los pensionados; en ese contexto, aun cuando los medios de prueba aportados por la parte actora en el juicio de origen pudieran no ser los idóneos para demostrar la procedencia de sus pretensiones, o bien, se trate de elementos de prueba nuevos que no sean del conocimiento de la autoridad, ello resulta irrelevante al corresponderle a la parte demandada la carga de la prueba para demostrar que sí ha cumplido con la obligación de realizar y pagar tales incrementos. A mayor abundamiento, cabe destacar que en casos análogos al que se analiza, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la carga de la prueba para demostrar el monto de la pensión jubilatoria le corresponde al patrón; dicho criterio está contenido en la jurisprudencia de la Novena Época, número 2a./J. 29/2004, emitida al resolver la contradicción de tesis 164/2003-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página cuatrocientos veintinueve; cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘JUBILACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN TENDIENTE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24499-2f17b948/pension-del-issste-carga-de-la-prueba-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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