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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2018. · Registro digital (IUS): 28001
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-08-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CI
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Pág. 1067.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: TERESA SÁNCHEZ MEDELLÍN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, quien en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca, Hidalgo, dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción de tesis.

TERCERO.—Criterios contendientes. Se estima conveniente transcribir la parte considerativa que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de la contradicción de tesis.

I. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al resolver el juicio de amparo directo administrativo **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca, Hidalgo (cuaderno auxiliar **********), en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, en la parte que interesa, consideró:

"OCTAVO.—

"...

"Son fundados los argumentos expuestos, tal como se adelantó.

"Ahora bien, en esencia, en la sentencia reclamada se sostuvo que la competencia material del tribunal de origen, se actualiza siempre y cuando el juicio de nulidad se entable en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos; los que de manera común encierran como exigencia, para la procedencia del juicio, que exista una manifestación de la voluntad de la autoridad, pues de otra forma no habría sustancia que pudiera ubicarse dentro del ámbito material de su competencia.

"Por tanto, concluyó la Sala en el sentido de que lo demandado por el aquí quejoso, no puede ser catalogado como una manifestación de la voluntad expresa o ficta, sino que se trata de un acto de naturaleza omisiva, porque la autoridad demandada en ningún momento fue instada para emitir una opinión o decisión sobre el ajuste o incremento de la cuota diaria de pensión que reclama la parte actora.

"Como sustento del fallo reclamado, la Sala Regional citó, como obligatoria para ella, la jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de origen de rubro: ‘ACTO DE NATURALEZA OMISIVA. NO ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’

"Del referido criterio, se pone de manifiesto que, se determinó por la Sala Superior que los actos a que alude la ley orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para efectos de impugnabilidad, son esencialmente actuaciones en las cuales la autoridad realiza una manifestación de voluntad, con excepción de la negativa ficta.

"A partir de esa premisa se determinó que, si en el juicio se pretende demandar la simple omisión de la autoridad de llevar a cabo el ajuste a la cuota diaria de pensión con los incrementos pretendidos por el pensionado, pero sin que hubiere mediado una solicitud ante el instituto demandado que quedara sin respuesta, el juicio es improcedente porque tal acto es de naturaleza omisiva.

"Y, como la autoridad demandada en ningún momento fue instada para emitir una decisión y opinión sobre el incremento de la pensión no existió una manifestación de voluntad del Estado.

"Precisado lo anterior, el criterio en cita, en efecto, resulta obligatorio para la Sala Administrativa responsable; empero, no lo es para este Tribunal Colegiado, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.

"Ahora bien, la parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como acto impugnado la omisión, consistente en el ajuste e incremento al monto de la cuota diaria de su pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la ley del citado instituto, vigente en el año de mil novecientos ochenta y siete.

"Para sustentar su dicho, expuso que el ente de seguridad social de referencia, incumple en aumentar su pensión y que con tal omisión se le ha pagado menos de lo que le corresponde, esto es, el incremento a su cuota diaria de pensión, no corresponde al realizado a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo que desempeñan su misma categoría.

"En ese tenor, contrario a lo determinado por la Sala responsable, el acto impugnado en realidad no tiene la característica que le atribuyó (omisivo), lo cual es fundamental, dado que se entendió de manera incorrecta la demanda por haberse dado una relevancia que no le corresponde al calificativo o apreciación que la parte actora hizo de aquél.

"Luego, con base en el correcto entendimiento y apreciación de la demanda de nulidad de la parte actora, pero sobre todo acorde a los parámetros fijados por el Alto Tribunal del País, debe concebirse que el acto impugnado lo constituye la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión, mientras que el motivo de su ilegalidad, consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

"Bajo esa guisa, contrario a la apreciación de la autoridad responsable, el acto impugnado tiene la naturaleza de un acto positivo, ya que la conducta imputada a la autoridad, consiste en actualizar, determinar y calcular los incrementos a la pensión, independientemente de que el vicio de legalidad tenga naturaleza negativa, en el sentido de que hay una abstención de la autoridad de actualizar, determinar o calcular tales incrementos de la pensión con apoyo en la legislación aplicable, como pudiera ser, el que no se haya incrementado correctamente, conforme a la mecánica aplicable –aumento más benéfico conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor o el aumento conforme a los trabajadores en activo– o bien porque no se ha aplicado en forma permanente el sistema legalmente previsto a la fecha en que se otorgó la pensión.

"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 74/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 897 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, con número de registro digital: 2001706, de rubro y texto siguientes:

"‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA.’ (se transcribe)

"Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el juicio de nulidad es la vía procedente contra el acto, consistente en la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión, aun cuando se alegue la aplicación retroactiva de la ley, precisamente, porque el análisis que habrá de realizarse, únicamente, exige verificar si se han aplicado correctamente las disposiciones relativas; caso análogo al que es materia de estudio en el expediente de nulidad del que deriva el acto reclamado, en tanto que en esa controversia habrá de determinarse si en efecto se ha omitido o no incrementar la pensión con base en las disposiciones que resulten aplicables.

"Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 988, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro digital: 2003874, que dice: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.’ (se transcribe)

"Por otra parte, conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete,1 y numeral 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales,2 según sea el caso, la autoridad demandada tiene la obligación de incrementar la cuantía de las pensiones, ya sea: a) anualmente, con efectos, a partir del primer día de enero de cada año; b) conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal; o, c) en el mismo tiempo y proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

"Bajo esa perspectiva, el vicio de legalidad atribuido al acto de la autoridad demandada representa en realidad una abstención de hacer lo que la ley le ordena, esto es, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión conforme a la legislación realmente aplicable, es una obligación que impone la norma respectiva, precisamente, porque está obligada a ello al actualizarse los supuestos legales, a la vez de reflejarlo en el pago correspondiente.

"Por tanto, la autoridad demandada, por conducto de la unidad administrativa y correspondiente, es la única facultada para llevar a cabo la actualización, determinación y cálculo de los incrementos de la pensión.

"Por otro lado, como bien lo refirió el solicitante de derechos fundamentales, lo que decida la autoridad a ese respecto, a su vez trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una cantidad inferior a la que estiman tienen derecho.

"Ante esas condiciones, el acto impugnado, por exteriorizarse al momento de realizar el pago de la pensión, constituye la voluntad definitiva o producto final de la administración pública, justamente por ser una manifestación unilateral y obligatoria de la autoridad, que desde luego le agravia al pensionado, y lo cual debe dilucidarse al resolver el fondo del asunto.

"Consecuentemente, para combatir dicha omisión, no se requiere de una solicitud, petición o instancia que le preceda, como así lo exige la autoridad responsable, basada en el criterio que le resulta obligatorio; esto es, debido a la naturaleza del acto, así como el vicio de legalidad que se le atribuye y el efecto que produce en la esfera del pensionado.

"Así, con el pago de la pensión se refleja la voluntad definitiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de tal suerte que no es necesario que el acto que se impugne, provenga de una petición de la parte interesada a la que haya recaído una respuesta expresa o ficta de la autoridad, pues para que sea procedente el juicio de nulidad basta con que tal acto sea unilateral y obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo que acontece con los actos administrativos que se manifiestan en forma expresa a través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo el Instituto demandado.

"En consecuencia, la Sala responsable sí es competente para conocer del juicio en los términos promovidos, lo que implica privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia, es decir, la interpretación que ahora se sustenta parte de la base de que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho fundamental en los artículos 17 constitucional, y 8, numeral 1, y 25, cardinal 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales, de buscar, con apoyo en los principios ‘pro homine’ e ‘in dubio pro actione’, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho fundamental, interpretando de manera estricta los requisitos para admitir los juicios y teniendo presente la ‘ratio’ de la norma a fin de evitar caer en interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento del asunto.3

"...

"Por las razones anteriores, al haberse vulnerado en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala Regional se conduzca en los términos siguientes: ..."

II. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito (Durango), al fallar el juicio de amparo directo **********, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la parte que interesa, sostuvo las mismas consideraciones que el órgano colegiado citado en el apartado I del presente considerando, motivo por el cual no se transcriben en obvio de repeticiones innecesarias.

Y, en similares términos falló los juicios de amparo directo **********, **********, ********** y **********, en sesiones de quince y dieciséis de noviembre, y uno y ocho de diciembre, todos de dos mil dieciséis, respectivamente, que dieron origen a la siguiente jurisprudencia:

"Décima Época

"Registro digital: 2013742

"Tribunales Colegiados de Circuito

" Jurisprudencia

" Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 39, Tomo III, febrero de 2017

"Materias: laboral y administrativa

" XXV.2o. J/3 (10a.)

"Página 1945

«Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas»

"PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL INTERESADO AL RESPECTO. De los parámetros que derivan de las ejecutorias que corresponden a las jurisprudencias 2a./J. 74/2012 (10a.) y 2a./J. 78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 897 del Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, y en la página 988 del Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA.’ y de título y subtítulo: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.’, respectivamente, se advierte, por un lado, que el acto impugnado aparentemente como omisivo, realmente debe entenderse como la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión –acto positivo–, mientras que el motivo de su ilegalidad consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables –naturaleza negativa– y, por otro, que el juicio de nulidad es la vía procedente para ese fin, precisamente porque el análisis que habrá de realizarse únicamente exige verificar si se han aplicado correctamente las disposiciones relativas. Ahora, conforme a los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, actualmente abrogada –incluso conforme a su propia evolución– y 8 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expidió aquel ordenamiento, según sea el caso, la autoridad demandada tiene la obligación de incrementar la cuantía de las pensiones, ya sea: a) anualmente, con efectos a partir del primer día de enero de cada año; b) conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o, c) en el mismo tiempo y proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Bajo esa perspectiva, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión es una obligación que impone la norma respectiva a la autoridad, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, y lo que decida a ese respecto, a su vez, trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen derecho. En estas condiciones, con el pago de la pensión se refleja la voluntad definitiva del mencionado organismo; de ahí que sea innecesario que el acto que se impugne provenga de una solicitud, instancia o petición de la parte interesada a la que haya recaído una respuesta expresa o ficta de la autoridad, pues para que proceda el juicio de nulidad basta con que el acto controvertido sea unilateral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo que acontece con los actos administrativos que se manifiestan en forma expresa a través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo el instituto demandado. Por tanto, las Salas del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa son competentes para conocer del juicio contencioso administrativo promovido en los términos señalados, lo que implica privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo e interpretación más favorable para el ejercicio de ese derecho fundamental."

III. El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México), al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión de doce de mayo de dos mil dieciséis, en la parte que interesa, estimó:

"SEXTO.—

"...

"Determinado lo anterior, este tribunal procede analizar el punto fundamental en el que se centra la litis a resolver.

"Como premisa fundamental, debe precisarse que el punto jurídico a resolver consiste en determinar si para acudir al juicio contencioso administrativo debe existir una resolución expresa o ficta por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que resuelva sobre el incremento en la cuota pensionaria de los conceptos previsión social múltiple y despensa que el pensionado pretende, o si por el contrario, basta con que el particular sustente su pretensión en la resolución de concesión de pensión.

"Para resolver lo conducente, es preciso señalar que el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,4 establece la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, en los términos siguientes:

"‘Artículo 2o.’ (se transcribe)

"La hipótesis normativa, establece que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"También procede contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la administración pública federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.

"El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que el citado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, en los siguientes términos:

"‘Artículo 14.’ (se transcribe)

"La disposición normativa en examen dispone –en lo que es materia de estudio– que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Para esos efectos, las resoluciones se consideran definitivas cuando no admiten recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"Para determinar cuándo se está en presencia de un acto definitivo, conviene examinar lo que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido sobre el tema, a través de la tesis 2a. X/2003, de aplicación analógica al caso, que dispone:

"‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS.» ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (se transcribe).5

"En lo que aquí interesa, del anterior criterio se obtiene que para determinar si un acto es definitivo se debe atender a su naturaleza, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa.

"Dicho producto final suele expresarse de dos formas:

"a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o

"b) Como manifestación aislada, que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad oficial.

"Por tanto, tratándose de actos que integran un procedimiento administrativo, no podrán considerarse ‘definitivos’ los emitidos durante las fases de dicho procedimiento, ya que sólo tiene ese carácter el fallo con el que culmine dicho procedimiento.

"En cambio, cuando se trate de actos aislados ‘expresos o fictos’ de la administración pública, serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.

"Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece los requisitos que debe contener la demanda de nulidad:

"‘Artículo 14.’(se transcribe)

"Como se advierte, la demanda de nulidad debe contener el nombre ...

"...

"Con base en los elementos normativos examinados, este Tribunal Colegiado determina que para acudir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sí debe existir una resolución expresa o ficta por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que resuelva sobre el incremento en la cuota pensionaria de los conceptos previsión social múltiple y despensa que el pensionado pretende.

"Lo anterior, en atención a que, de la interpretación armónica de los artículos 2o., 14, fracción II y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se considera que para acudir al juicio contencioso administrativo, se debe acreditar la existencia de una resolución definitiva expresa o negativa ficta, en la que la autoridad resuelva, previamente, la pretensión del accionante en relación con el incremento en la cuota pensionaria de los conceptos que el pensionado pretende.

"...

"De esta manera, de la interpretación sistemática que se realiza a los artículos 2o., 14, fracción II y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determina que sí debe existir una resolución expresa o una petición o solicitud a la autoridad y que no sea resuelta, para que sea viable impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"A esa conclusión se arriba, en atención a que las leyes deben interpretarse de manera sistemática para que sus disposiciones sean congruentes entre sí.

"En ese sentido, las hipótesis normativas relativas deben interpretarse de manera conjunta y armónica, de lo que deriva que si el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; mientras que los diversos 14 y 15 establecen que el demandante debe adjuntar a su demanda, el documento en el que conste la resolución impugnada y en el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; se determina que sí debe existir una resolución expresa o una petición o solicitud a la autoridad y que no sea resuelta, para que sea viable impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Por tanto, previo a acudir al juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el particular debe solicitar a la autoridad correspondiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el incremento en la cuota pensionaria de los conceptos previsión social múltiple y despensa que pretende.

"Debe señalarse que esta determinación no pugna con la disposición contenida en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Esto, porque como bien lo establece la primera parte de la hipótesis normativa, el Tribunal Federal conoce de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos. De esta manera, es indispensable que el acto impugnado que se dicte en materia de pensiones civiles, con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que se impugne ante el citado tribunal, conste en un documento o resolución expresa, o que exista una petición o solicitud a la autoridad y que no sea resuelta, para que sea viable impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Criterio que resulta acorde con lo prescrito en el artículo 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que el demandante debe adjuntar a su demanda, el documento en el que conste la resolución impugnada y en el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

"Por esa razón es inexacto que era innecesario que el actor acreditara la negativa ficta o expresa de su solicitud de prestaciones, ya que ese aspecto es precisamente uno de los requisitos que el accionante del juicio debe adjuntar a su demanda.

"Por otra parte, si bien es exacto que al hablarse de pensiones civiles a que se refiere el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se abarcan todos los aspectos concernientes a las pensiones de los trabajadores, cierto es también que ello no implica que los particulares puedan acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a reclamar aspectos que de origen o de primera intención corresponde resolver a la autoridad administrativa (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

"Esto, porque de considerar válida la pretensión de la accionante del juicio de nulidad en el sentido de acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a reclamar la actualización, determinación y cálculo del incremento de los conceptos previsión social múltiple y bono de despensa a su pensión, se desnaturalizaría la acción contenciosa administrativa, en virtud de que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas, que constituyen el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa y se expresa de dos maneras, como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o como manifestación aislada, que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad oficial.

"Este razonamiento es acorde con la disposición contenida en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que señala que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28001-5dbeca0c/juicio-contencioso-administrativo-para-que-proceda-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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