PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO ACATARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A UN DECRETO PENSIONARIO EN RELACIÓN CON EL AUMENTO SALARIAL CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, NICOLÁS NAZAR SEVILLA Y ALFREDO CID GARCÍA. PONENTE: NICOLÁS NAZAR SEVILLA. SECRETARIO: JUAN MANUEL AGUIRRE GARZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente, a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Juez de Distrito de este Decimoctavo Circuito; de ahí que, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.—Ejecutorias que participan como contradictorias. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los tribunales contendientes, así como hacer referencia a los hechos que les dieron origen.
En sesión plenaria de seis de septiembre de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió el recurso de queja 201/2019(10) interpuesto por **********, contra el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, en los autos de juicio de amparo indirecto **********, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado Órgano Colegiado de Circuito sustentó lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Estudio del asunto. En el caso, no se analizarán los agravios expuestos por la recurrente, toda vez que este Órgano Colegiado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, invocada por el Juez de Distrito, aunque por diversos motivos.
"Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 122/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 192902
"‘Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo X, noviembre de 1999
"‘Materia común
"‘Tesis P./J. 122/99
"‘Página 28
"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.—Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’
"(Cita precedentes).
"Para arribar a lo anterior, conviene precisar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 176/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que las pensiones pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo.
"Asimismo, precisó que la pensión no constituye una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa, la habitación, los bonos de productividad, los premios por puntualidad, por asistencia, el pago de becas, etcétera, que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, por los motivos especificados en la ley y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales y que el obligado al pago de las pensiones, en el caso que resolvió en dicha ejecutoria, era el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, derivado del pago de las cuotas de seguridad social realizadas por las dependencias públicas a favor de sus trabajadores.
"En ese orden de ideas, puntualizó que surge una nueva relación de naturaleza administrativa entre dicho instituto y los trabajadores o sus derechohabientes, que se constituye como una relación de autoridad a gobernado, pues este organismo público puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado.
"Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 153/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 166110
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo XXX, octubre de 2009
"‘Materia administrativa
"‘Tesis 2a./J. 153/2009
"‘Página 94
"‘PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.—La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada.’
"(Cita precedentes).
"Ahora bien, a efecto de resolver el presente asunto, es pertinente formular algunas consideraciones relacionadas con las diferencias entre actos omisivos y negativos, así como de los actos positivos.
"Sobre el particular la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 978/2007 determinó que la diferencia entre actos negativos y omisivos radica en que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están.
"Así, el Máximo Tribunal del país explicó que muchas de las cosas que no hacemos pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquéllas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de haberlas hecho, constituyen las llamadas omisiones.(11)
"Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. CXC/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 171435
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Tipo de tesis: aislada
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo XXVI, septiembre de 2007
"‘Materia común
"‘Tesis 1a. CXC/2007
"‘Página 386
"‘INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.—Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías.’
"(Cita precedentes).
"Por su parte, la misma Primera Sala al resolver el amparo en revisión 1359/2015 determinó que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión; sin embargo, en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.(12)
"En ese sentido, el Alto Tribunal explicó que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones.
"En ese orden de ideas, puntualizó que pueden identificarse al menos tres tipo de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas.
"Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
"‘Época: Décima Época.
"‘Registro: 2016418.
"‘Instancia: Primera Sala.
"‘Tipo de Tesis: Aislada.
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
"‘Libro 52, marzo de 2018, Tomo I.
"‘Materia común
"‘Tesis 1a. XVII/2018 (10a.).
"‘Página 1092.
"‘CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones.’
"(Cita precedentes).
"Así, es factible afirmar que la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad.
"En ese contexto, tratándose de actos omisivos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, la autoridad está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones.
"Sobre el tema en cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1241/97, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa.
"Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 196080
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Tipo de tesis: aislada
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo VII, junio de 1998
"‘Materia común, administrativa
"‘Tesis 1a. XXIV/98
"‘Página 53
"‘ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.—Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.’
"(Cita precedentes).
"En otras palabras, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia; así, la omisión del Estado, es un equivalente a la acción derivada de un deber.
"Conforme a lo anterior, es factible sostener que los actos de naturaleza positiva, son aquellos que implican un hacer de la autoridad.
"Por su parte, los actos de carácter negativo son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se exterioriza por medio de una conducta positiva de las autoridades, esto es, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos.
"En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar, esto es, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado y tener el deber normativo de hacerlo.
"En el caso, como se dijo, el acto reclamado es la omisión por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de dar cumplimiento al Decreto 131 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el veintiocho de abril de dos mil cuatro, en relación con el aumento salarial correspondiente a dos mil diecinueve, en los términos establecidos en dicho decreto, cuya fe de erratas se publicó en ese medio de comunicación oficial el diecinueve de mayo de dos mil cuatro.
"En la especie, se estima que el juicio de amparo promovido por la quejosa es improcedente toda vez que no cumplió con el principio de definitividad, lo que actualiza la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
"Ello es así, porque al existir ahora una relación administrativa entre la peticionaria de amparo y el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, como jubilada de este último; relación que se da en un plano de supra a subordinación, ya que el ente público puede crear, modificar o extinguir situaciones motu proprio; sus actos resultan controvertibles mediante el medio de defensa denominado juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y no ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, como determinó el Juez.
"Ello es así, pues los artículos 1 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, disponen:
"‘Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.’
"Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar el servicio público frente a otro empleo.
"En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:
"‘Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
"‘I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución;
"‘II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso;
"‘III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada;
"‘ IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y
"‘ V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.’
"Al respecto, debe decirse que en el numeral 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los tratados internacionales y por esta ley.
"En esa tesitura, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el diverso 18, inciso b), fracción II, subinciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,(13) a través del juicio de nulidad puede analizarse la omisión por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de dar cumplimiento al Decreto 131 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el veintiocho de abril de dos mil cuatro, en relación con el aumento salarial correspondiente a dos mil diecinueve, en los términos establecidos en dicho decreto, cuya fe de erratas se publicó en ese medio de comunicación oficial el diecinueve de mayo de dos mil cuatro.
"Aunado a ello, el acto reclamado tiene la naturaleza de administrativo por provenir de una autoridad de esa característica, como es el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; ente que conforme al artículo 1 de su Estatuto General, es un organismo público descentralizado del Estado de Morelos.(14)
"Por ende, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, debe conocer del reclamo de la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto; actualizándose así, la hipótesis que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,(15) que prevé la improcedencia del medio de control constitucional mencionado en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto.
"Sin que obste a lo anterior, que si bien es cierto que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución; también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no lo releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, pues de lo contrario quedaría a elección de la parte quejosa, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que implica, que al no agotar el recurso ordinario, procede el desechamiento de la demanda.
"En ese tenor, de la demanda de amparo no se advierte que la recurrente alegue violaciones directas a la constitución, pues además de estimar vulnerados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente controvierte la omisión del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de dar cumplimiento al Decreto pensionario Número 2885, en relación con el aumento salarial correspondiente a dos mil diecinueve, en los términos establecidos en dicho decreto; lo que pone de manifiesto que no se actualiza el supuesto de excepción.
"Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial que este tribunal comparte, que a continuación se transcribe:
"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 205283
"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo I, abril de 1995
"‘Materia común
"‘Tesis XX. J/1
"‘Página 94
"‘RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD.—Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente.’
"(Cita precedentes).
"Asimismo, se estima aplicable la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 84/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
"‘Época: Décima Época
"‘Registro: 2017685
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"‘Libro 57, agosto de 2018, Tomo I
"‘Materia administrativa
"‘Tesis 2a./J. 84/2018 (10a.)
"‘Página 1101
"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29600-faa4666c/principio-de-definitividad-es-innecesario-acatarlo-antes-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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