DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MORELOS. SI LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA SU COBRO FUE PLANTEADA COMO AMPARO SOBERANÍA O POR INVASIÓN DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
QUEJA 257/2016. 17 DE OCTUBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: ELOY GÓMEZ AVILÉS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Consideraciones del auto recurrido y agravios del recurso. En atención a que es potestad de los Tribunales Colegiados de Circuito realizar o no la transcripción del auto recurrido y de los agravios, en el caso no se transcribirán éstos, máxime que no existe ninguna disposición legal que obligue a ello; sin embargo, se adjuntan copias de los agravios esgrimidos por la parte recurrente y de la resolución recurrida al proyecto respectivo para los Magistrados.
Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los datos de localización, rubro y texto siguientes:
"Novena Época
"Registro digital: 164618
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, Mayo de 2010
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 58/2010
"Página: 830
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.—De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.
"Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.
"Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez."
SEXTO.—Agravios. Los argumentos que integran el agravio expuesto por el recurrente, son esencialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido.
La persona moral recurrente aduce en el único motivo de disenso, que:
"Es incorrecto que el Juez a quo deseche la demanda de amparo aplicando la causa de improcedencia consistente en el principio de definitividad.
"En el escrito de demanda precisó que el acto reclamado se hizo consistir en la aplicación del cobro de derechos por alumbrado público, retribución impuesta por las autoridades señaladas como responsables, con base en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que –precisó–, a decir del criterio sustentado por el Máximo Tribunal se traduce en el hecho de que las autoridades locales no pueden establecer un derecho respecto de un porcentaje sobre el consumo total de energía eléctrica, lo que se traduce en una violación directa a la Constitución Federal.
"Ello en razón de que existe una violación a la esfera de la autoridad federal, en virtud de que las autoridades locales establecen el monto de un derecho basado en el porcentaje del consumo de energía eléctrica y no en los gastos totales del derecho de alumbrado público y por tanto, hace procedente el juicio de amparo, precisamente porque se ha dictado un acto de autoridad, sin que la autoridad emisora acredite o haya demostrado tener facultades legales para ello, por lo que la moral quejosa no tiene la obligación de agotar ninguna instancia.
"Continúa argumentando la moral quejosa, que ante las circunstancias planteadas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Morelos, carece de facultades legales para realizar un estudio sobre contradicción entre la aplicación de leyes federales y locales por lo que tratándose del cobro por derecho de alumbrado público, basado en la aplicación de un porcentaje respecto del consumo de energía eléctrica, no debe agotarse ningún medio de defensa ordinario como erróneamente lo planteó el a quo al desechar la demanda de garantías."
Como se adelantó, son esencialmente fundados los argumentos previamente relatados.
Para entender de mejor manera por qué se da esa calificativa, resulta oportuno, desde este momento, dejar en claro qué es lo que se entiende por amparo por invasión de esferas.
Dicho tipo de amparo se encuentra previsto en las fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución Federal y en el numeral 1o., fracciones II y III, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente:
"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"...
"II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y
"III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"...
"II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
"III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."
En efecto, en los preceptos transcritos se contiene el fundamento del amparo por invasión de esferas, conocido también en el foro jurídico como "amparo soberanía", pues dichos numerales prevén que el juicio de amparo tiene por objeto(16) resolver toda controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, así como de los que provienen de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera competencial de la autoridad federal.
Asimismo, de los preceptos citados se advierte que es propósito del Constituyente y del legislador ordinario encomendar a los tribunales de la Federación la salvaguarda, en beneficio de los gobernados, de la esfera de competencia de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México, a fin de preservar el Pacto Federal, teniendo como base fundamental la no usurpación de funciones constitucionales entre las autoridades de éstos.
Sobre el tema que nos ocupa, conviene puntualizar que de conformidad con lo sostenido por el Pleno del Alto Tribunal, en una anterior integración, al resolver los amparos en revisión 5220/80, 350/79 y 5186/79, sostuvo que por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados (actualmente podemos también hablar, dada la redacción constitucional en vigor, de la autonomía de la Ciudad de México), o por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal, deben entenderse aquellos emitidos por la autoridad de un órgano del poder público federal que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a los Estados, con las cuales se penetre el ámbito de atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos, o viceversa, esto es, que la autoridad de un órgano del poder público local, al emitir una ley o un acto, ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, penetrando con ello al ámbito de atribuciones del poder público federal.
Dicha forma de razonar se funda en que la vulneración, restricción o invasión de esferas, presupone una usurpación de facultades o funciones que constitucionalmente corresponde en exclusiva, respectivamente, a la Federación, a los Estados o a la Ciudad de México, de manera que, al emitir un acto de autoridad, uno asume facultades o funciones que corresponden al ámbito jurídico que la Norma Fundamental establece en favor de otro.
De las mencionadas ejecutorias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivó la tesis que a continuación se transcribe, la cual se invoca en su parte conducente:
"Séptima Época
"Registro digital: 232478
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes 157-162, Primera Parte
"Materia: constitucional
"Tesis:
"Página: 294
"INVASIÓN, VULNERACIÓN O RESTRICCIÓN DE LA ESFERA DE FACULTADES CONSTITUCIONALES DE LA FEDERACIÓN O DE LOS ESTADOS. COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.—De la lectura del artículo 103 constitucional, se advierte que con lo establecido en sus fracciones II y III, el Constituyente encomendó a los Tribunales de la Federación el encargo de proteger, en beneficio de los gobernados, de manera que éstos puedan acudir al juicio de garantías, las esferas de competencia de la Federación y de los Estados para mantener vigente el Pacto Federal, teniendo como base fundamental la no usurpación de funciones constitucionales entre las autoridades de éstos; lo que implica que se observe y cumpla con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 73, 74, 76, 79, 80, 89, 94, 103 al 106, 115 al 124, 129 y 130 al 135 de la Constitución General de la República, que delimitan las facultades de las autoridades federales y estatales. Atento a lo anterior, este Tribunal Pleno considera que por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal, solamente deben entenderse aquellos emitidos por la autoridad de un órgano del poder público federal que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a los Estados, con los cuales penetre al ámbito de atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos; o viceversa. Es decir, que la autoridad de un órgano del poder público local al emitir una ley o un acto, ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, penetrando con ello al ámbito de atribuciones del poder público federal. Tal consideración se funda en que la vulneración, restricción o invasión de esferas presupone una usurpación de facultades o funciones que constitucionalmente corresponden en exclusiva, respectivamente, a la Federación o a los Estados, de manera que, al emitir un acto de autoridad, uno se arroga facultades o funciones que corresponden al ámbito jurídico que la Carta Fundamental establece en favor del otro. Por tanto, en un juicio de amparo solicitado, con fundamento en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, debe apreciarse, en primer lugar, si el problema planteado trata o no de una vulneración, restricción o invasión de esferas, para así determinar si se surte o no la competencia de este Tribunal Pleno, y en segundo, en el supuesto de que se trate de un problema propio de una vulneración, restricción o invasión de esferas, precisar su existencia, y en su caso, determinar si tal usurpación de atribuciones repercute en los derechos del quejoso, toda vez que no basta, para que surja la competencia del Pleno de este Alto Tribunal, que la demanda de garantías se funde en las aludidas fracciones del mencionado precepto, como tampoco es suficiente la simple alusión del quejoso en el sentido de que con el acto reclamado se vulnera, restringe o invade la esfera de atribuciones de la Federación o de los Estados. Es necesario, pues para que la competencia del Pleno se establezca, que la controversia planteada realmente trate de una vulneración, restricción o invasión, por parte de las autoridades locales, de la esfera de facultades constitucionalmente reservadas a la Federación o, por lo que ve a las autoridades federales, que éstas actúen en el campo que la Constitución de la República asigna en exclusiva a los Estados.
"Séptima Época, Primera Parte:
"Volúmenes 157-162, página 153. Amparo en revisión 5220/80. Teatro Peón Contreras, S.A. 15 de junio de 1982. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
"Volúmenes 157-162, página 294. Amparo en revisión 350/79. Comisión Federal de Electricidad. 18 de agosto de 1981. Mayoría de doce votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas.
"Volúmenes 157-162, página 293. Amparo en revisión 5186/79. Petróleos Mexicanos. 3 de febrero de 1981. Mayoría de doce votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena."
Cabe puntualizar, además, que en el caso del amparo indirecto, de conformidad con el artículo 108, fracción VII, de la ley de la materia,(17) constituye una formalidad expresa que si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esa misma legislación, se precise la facultad reservada a los Estados u otorgada a la actual Ciudad de México que haya sido invadida por la autoridad federal; y, si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III del artículo en comento, deberá señalarse el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se advierte que la demanda de amparo de origen sí fue planteada como amparo soberanía o por invasión de esferas, de conformidad con la hipótesis prevista en los artículos 103, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa pretende evidenciar a través de su único concepto de violación, que el acto reclamado se funda en normas generales –Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos– que invaden la esfera de competencia de la Federación, establecida en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal,(18) de conformidad con lo señalado en las jurisprudencias de rubros: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.", "CONTRIBUCIONES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INGRESOS DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, AL ESTABLECER MATERIALMENTE UN IMPUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "ALUMBRADO PÚBLICO, CONTRIBUCIÓN POR SERVICIO DE. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, QUE ESTABLECE COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ES INCONSTITUCIONAL PORQUE INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN."
Ello queda corroborado de la siguiente transcripción del único concepto de violación expuesto en la demanda de amparo:
"ÚNICO. Para acreditar la inconstitucionalidad y violación de los derechos fundamentales al aplicar los actos reclamados consistentes en el referido cobro es de anotar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto se ha pronunciado con las ejecutorias que a continuación se transcriben, cuyos datos de ubicación, publicación y número en el Semanario Judicial de la Federación, se transcriben en cuanto hace al número de tesis, texto, rubro y voz, cuyos razonamientos jurídicos y argumentos se hacen míos en obvio de repeticiones innecesarias, mismas que refiere y fueron transcritas del nominado IUS 2010:
"...
"‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. ...’ (se transcribe)
"‘CONTRIBUCIONES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INGRESOS DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, AL ESTABLECER MATERIALMENTE UN IMPUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 919)
"‘ALUMBRADO PÚBLICO, CONTRIBUCIÓN POR SERVICIO DE. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, QUE ESTABLECE COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ES INCONSTITUCIONAL PORQUE INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1052)
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe)
"Sentado las anteriores premisas y a manera de proposición, cabe destacar, que el aviso-recibo del cual se advierte que las autoridades señaladas como responsables, al aplicar la legislación fiscal local, referida en los hechos, aplican un porcentaje fraccionado del monto total del consumo de la energía eléctrica que consume la quejosa al desarrollar su actividad. Lo cual según las referidas tesis resulta inconstitucional en atención a que actuar (sic) invade las esfera jurídica de las autoridades de la federación (sic). Luego, si dichos cobros fijados en un porcentaje respecto del consumo resultan inconstitucionales por disposición de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos reclamados se deberán declarar inconstitucionales y en consecuencia, se deberá ordenar a las autoridades responsables devuelva las cantidades cobradas a través de la empresa estatal. Pues dichos cobros resultan infundados, ya que violentan los derechos fundamentales reclamados por falta de fundamentación y motivación, tomando la primera como la precisión de los fundamentos legales aplicables y la segunda como la falta de argumentos y motivos por los cuales se ajuste lo establecido en la ley y la jurisprudencia con los hechos narrados y demostrados, esto es, si la jurisprudencia ha declarado inconstitucional el referido cobro por realizarse en base a un porcentaje del consumo y no apoyándose en el costo del total del servicio, los cobros aplicados a la quejosa en el aviso-recibo resultarán inconstitucionales en sí mismos.
"Abundando en lo anterior y a manera de demostrar que el cobro del servicio de alumbrado público es inconstitucional, paso a transcribir los citados numerales en que erróneamente se apoyaron las responsables para fincar los cobros respecto del servicio de alumbrado público: Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016, en especial en su artículo 14, apartado 4.3.5.2 así como los artículos del 144 al 146 bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en ese orden de ideas conviene transcribir el contenido de los artículos referidos que establecen el derecho de alumbrado público: (se transcriben)
"De los artículos trascritos se advierte que, en principio, establecen un derecho por la prestación y el uso del servicio de alumbrado público; sin embargo, al determinar su cuantía se desprende claramente que en realidad está creando una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, pues dichos preceptos legales prevén que los derechos por servicio de alumbrado público se paguen aplicándose en el consumo tarifario establecido por la propia Comisión Federal de Electricidad, lo que se traduce que realmente se está estableciendo un gravamen sobre dicho consumo, y no en relación con el costo del referido servicio público de alumbrado; razón por la que lógicamente no puede estimarse que la carga tributaria que impone el artículo 14o. de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca Morelos (sic) constituya una contraprestación por el servicio a que se refiere, toda vez que el cobro del derecho se lleva a cabo en función de las tarifas de consumo de energía eléctrica establecidas por la antes aludida compañía, sin darse la relación lógica que debe existir entre el objeto de la contribución y su base, por el contrario este principio de rompe (sic) en el caso de que se trata, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público.
"Por lo que la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda resultan inconstitucionales en sí mismas al haber sido expedidas por el Congreso Local invadiendo la esfera jurídica de la Federación (como describe en las citadas jurisprudencias) pues al imponer contribuciones por un monto del siete por ciento (0.7%), respecto de las tarifas que se le aplicaron al consumo del fluido de energía eléctrica, lo hicieron sin tener atribuciones legales para ello. Resultando en consecuencia dicha contribución inconstitucional, por haber sido autorizada por la autoridad ilegítima y sin apoyo legal para fijar tal contribución. ..."(19)
Ahora bien, en el auto recurrido el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,(20) la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
Al respecto, en el análisis abordado por el a quo se advierte que consideró actualizada la primera hipótesis contenida en el citado numeral, esto es, que el acto reclamado emanaba de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por tratarse del presidente y tesorero municipal de Cuernavaca, Morelos y del superintendente de la zona Cuernavaca de la División de Distribución Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad.
En el segundo punto de estudio, el Juez Federal tomó en consideración que la hipótesis segunda contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa, por el cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, o pueda ser revisado de oficio.
Al respecto, expuso que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, no obstante la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad, lo que en el caso –dijo–, se actualizaba, como se ve a continuación:
"Del artículo trascrito (sic) se advierte que la obligación de agotar los recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por los órganos competentes.
"El agotar los recursos ordinarios, previo a la promoción del juicio de amparo, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente los derechos que se hayan vulnerado en el acto o resolución combatida.
"Ahora bien, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios.
"Como requisito primigenio y de orden lógico, el recurso previo deberá de existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida; esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica, es, además, eficaz si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Además, las autoridades deberán permitir que los justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afecten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia.
"En el caso, la parte quejosa acude a la protección constitucional en el que señaló como actos reclamados el cobro por concepto del cobro (sic) de derecho de alumbrado público, requerido por el periodo de facturación del treinta y uno de mayo al treinta de junio del año en curso, que se lo imputó al presidente, tesorero y superintendente de Zona Cuernavaca (sic) la División de distribución centro sur de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esa ciudad.
"Sobre esa base, este órgano jurisdiccional advierte que el quejoso antes de acudir al juicio de amparo debe agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado (sic) de Morelos, previsto en los artículos 1, 3, 40, fracción I y 41 de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad, medio de impugnación que tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto combatido..."(21)
Al respecto, este Tribunal Colegiado no comparte dicha determinación, esencialmente por las dos razones que a continuación se desarrollan:
La primera de ellas obedece a que, como antes se puntualizó, la moral **********, lo que promovió fue un amparo soberanía o por invasión de esferas, lo cual constituye una excepción al principio de definitividad.
Se erige esa afirmación, toda vez que el actualmente denominado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos carece de competencia para conocer de planteamientos de invasión de esferas.
Efectivamente, el texto del artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, vigente al momento en que se manifiesta bajo protesta de decir verdad que se tuvo conocimiento del acto reclamado –cobro por concepto de derecho de alumbrado público–, esto es, el diez de julio de dos mil dieciséis, dispone lo siguiente:
"Artículo 36. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer:
"I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal, o Municipal, en perjuicio de los particulares;
"II. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter fiscal, producido por un organismo descentralizado, Estatal o Municipal, en agravio de los particulares;
"III. De los juicios que se promuevan contra la falta de contestación de las autoridades mencionadas en las dos fracciones anteriores, dentro de un término de 15 días a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto que lo requiera;
"En materia fiscal, las instancias o peticiones que se formulen deberán ser resueltas en el término que fije la ley, a falta de éste, en el de noventa días.
"Salvo disposición expresa en contrario, en los casos a que se refieren los párrafos anter
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27943-3cb857c2/derecho-de-alumbrado-publico-en-el-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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