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Modo: Corpus Pro

AMPARO. LA PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DEPENDE DE LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO REAL. INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA A FAVOR DE QUIEN ACREDITA LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR. OBJETO SOCIAL DE UNA PERSONA JURÍDICA. NO ACREDITA EL INTERÉS LEGÍTIMO. PERSONAS JURÍDICAS. NO SON TITULARES DE UN DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y, POR TANTO, CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO. PERSONAS JURÍDICAS. NO SON TITULARES DEL DERECHO A LA CULTURA. PERSONAS JURÍDICAS. NO SON TITULARES DEL DERECHO HUMANO A LA MOVILIDAD (DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS). PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEAN ACORDES A SU NATURALEZA. PERSONAS MORALES. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO PARA DEFENDER DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS QUE CAREZCAN, POR NO SER COMPATIBLES CON SU NATURALEZA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 93/2019. · Registro digital (IUS): 29754
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-04-30
Promovente: COORDINADOR NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y OTROS.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, Pág. 2092.

AMPARO EN REVISIÓN 93/2019. COORDINADOR NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y OTROS. 20 DE FEBRERO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. SECRETARIA: ANIS SABEDRA ALVARADO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio de las causas de improcedencia. Falta de interés legítimo de la empresa quejosa. Tanto el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, como la tercero interesada **********, hacen valer la causa de improcedencia identificada como falta de interés jurídico e interés legítimo de la quejosa.

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, en el agravio primero de su recurso, expresa los siguientes argumentos:

– Para que sea procedente el juicio es necesario que se demuestre el interés legítimo individual que descanse en un derecho del gobernado, derivado de la ley para exigir una determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia, tenga como correlativo el deber de la autoridad de realizar una determinada conducta, por eso se dice que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado que afecte la esfera jurídica o que derive de una disposición legal para exigir a la autoridad la conducta que repare un perjuicio causado al gobernado.

– La quejosa carece de un interés jurídico o legítimo para promover el amparo, ya que aun cuando podría tener como objeto social el relativo a la materia de los actos reclamados; sin embargo, alega la defensa de un interés que no le es exclusivo, directo, ni actual, por lo que la vía constitucional resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que en el ámbito del derecho público sólo existe un derecho subjetivo, es decir, un interés jurídico o legítimo si la norma aplicada fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular.

– Si la norma se dictó para un beneficio de la colectividad en general, esto es, para proteger un interés grupal indiferenciado, se está en presencia de un interés simple o de hecho y, por tanto, es insuficiente para dar a su titular acceso al sistema judicial de control de constitucionalidad, como sucede en el presente asunto, porque la prestación del servicio público de pasajeros, derivado de la construcción e instalación permanente del Corredor Público Colectivo de Pasajeros de la Línea 7 del Metrobús Reforma, el cual presta un servicio en beneficio de la sociedad y es usado de manera permanente, continua e indistinta por cualquier miembro de la sociedad, por lo cual debe prevalecer el interés social, en tanto que la quejosa sólo cuenta con interés simple con el que se pretende afectar a la sociedad.

– En la especie, no se transgredió un derecho protegido por alguna norma legal a favor de la quejosa, ya que no se emitió (sic) alguno en su contra, ni tampoco los actos reclamados al secretario de movilidad, per se, le causan algún perjuicio, ya que la finalidad fue privilegiar el derecho humano del libre tránsito de las personas y su movilidad a través de un transporte público eficiente y eficaz, dado que el aviso por el que se aprueba el Corredor de Transporte Público Colectivo de Metrobús Reforma y se establecen las condiciones generales para su operación; la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio público colectivo de pasajeros en el Corredor Metrobús Reforma, así como el aviso por el que se da a conocer el balance entre la oferta y la demanda de transporte público colectivo de pasajeros en el Corredor Metrobús Reforma, no podrían ocasionar, como actos derivados, daños a la sociedad al transgredir un derecho esencial como es el libre tránsito, dado que la prestación de los servicios públicos en la Ciudad de México es de utilidad pública e interés general, en virtud de que ese derecho fundamental está garantizado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo de interés social y de orden público sobre el interés simple de la persona moral quejosa.

– El Juez de Distrito no tomó en cuenta el interés social, ya que la sociedad está interesada en contar con medios de transporte público más eficientes, al ser de utilidad pública y de interés general dicho servicio, sin que se demuestre que los actos reclamados lesionen la esfera jurídica de la quejosa, pues no se justificó que se afecten sus derechos fundamentales, sin que sea óbice que, al impedirse a la quejosa acudir al amparo, dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue constituida, pues es esencial que el acto que se reclame irrogue afectación a sus derechos, y si no es así, luego los asociados que la integran deben acudir de manera personal e individual para el caso de que consideren vulnerados sus derechos, de no ser así, se transgrediría el principio de relatividad de las sentencias.

– Conforme al mencionado principio de relatividad de las sentencias, los efectos del amparo que se concede sólo se ocuparán de las personas físicas o morales que lo solicitaron, limitándose a protegerlos, sin hacer declaraciones sobre la ley o acto que lo motivare, y esa sentencia no podrá beneficiar a nadie más que al solicitante del amparo.

– En este tenor, los actos de los que se duele la quejosa no se encuentran encaminados a afectar de manera directa los derechos de la quejosa, ni tampoco le generan un perjuicio o le impiden el goce de algún beneficio por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en todo caso, lo que se advierte es un mero interés simple, como lo puede tener cualquier asociación de personas, pero no constituye un acto concreto de efectos particulares, imputable a un órgano del Estado impuesto directa e inmediatamente a la quejosa de manera imperativa, unilateral y coercitiva.

Por su parte, en el agravio segundo de su recurso, **********, manifiesta:

La sentencia recurrida es ilegal, ya que el Juez de Distrito considera que la quejosa acredita su interés legítimo pese a que para reclamar violaciones a la afectación de monumentos en su carácter de persona moral, se requiere previamente autorización del INAH.

– El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso.

– El interés legítimo es aquel que es personal, individual, colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio para el quejoso derivado de una afectación a sus derechos y a su esfera jurídica, por lo que para acudir al juicio de amparo la quejosa debe sufrir una afectación real y actual, pues de lo contrario se estaría en presencia de una causa de improcedencia del juicio.

– La quejosa asevera contar con interés legítimo para iniciar el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades señaladas en el sumario; sin embargo, es falso, pues de ninguna manera cuenta con ese carácter, por ende, no tiene facultad para promover el juicio, en tanto que no demuestra la afectación a sus derechos, ni a su esfera jurídica con la emisión de los actos reclamados.

– La promovente del amparo manifiesta que los actos: la construcción de la línea 7 del metrobús reforma, causa afectación a los monumentos históricos por donde ese medio de transporte transita, pero no demuestra ni explica bajo qué razonamientos y con fundamento en qué elementos aduce ser titular de dicho interés, lo cual es indispensable para la procedencia del juicio.

– La falta de interés legítimo de la quejosa deriva del hecho de que no cuenta con el registro o autorización para coadyuvar en el cuidado y/o preservación de monumentos históricos o zonas de monumentos, según lo establece el artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que faculta a las asociaciones civiles, juntas vecinales o uniones de campesinos para participar e intervenir en los procedimientos respectivos como órganos auxiliares para preservar el patrimonio cultural de la nación.

– Al respecto, el artículo 2, fracción I, del mismo reglamento establece que las asociaciones civiles, juntas vecinales o uniones de campesinos, para su funcionamiento deberán, entre otros requisitos, obtener la autorización por escrito del instituto competente, para así coadyuvar en la protección de los bienes respectivos, y de no obtener la autorización no pueden ser órganos auxiliares del instituto de que se trate –ya sea del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura–.

– De acuerdo con lo establecido en los preceptos en cita, tanto las personas físicas como las morales deben contar con una autorización expedida por el instituto competente para poder actuar en beneficio, auxilio y protección de los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos que cuenten con dicha declaratoria, de lo contrario no pueden pronunciarse respecto de posibles afectaciones, modificaciones o trabajos que se realicen en las zonas aledañas o continuas a dichos espacios.

– Por ende, la quejosa no acredita el interés legítimo para ocurrir a la instancia constitucional, toda vez que no exhibió la autorización referida, y el Juez del conocimiento le reconoció interés legítimo en términos de su acta constitutiva, lo que es contrario a los preceptos mencionados en los apartados anteriores, lo que evidencia que el juzgador soslayó las disposiciones jurídicas aplicables en el caso.

Como punto de partida, conviene reiterar que el juicio de amparo fue promovido por la persona moral ********** para reclamar, de manera medular, la construcción e instalación permanente del Corredor de Transporte Colectivo de Pasajeros de la Línea 7 del Metrobús Reforma, por el impacto negativo que ésta puede generar al medio ambiente y al patrimonio cultural de la Ciudad de México, atendiendo a la tala de árboles y a la afectación del patrimonio cultural en las zonas donde se encuentra trazada. En la inteligencia de que tales cuestiones inciden en aspectos de movilidad e imagen urbana, entre otras cuestiones.

Las recurrentes sostienen la falta de interés legítimo de ********** para reclamar en el amparo, pues afirman que no existe una afectación a su esfera de derechos que pretende defender, así como que tampoco demostró pertenecer a la colectividad que, en su caso, se vería afectada con los actos reclamados.

En ese sentido, es claro que la cuestión medular propuesta en el medio de defensa en que se actúa constituye determinar si, en el caso, a la persona moral justiciable le asiste un interés legítimo y/o jurídico, que le permita acudir válidamente al juicio de amparo, es decir, la existencia de un perjuicio real mediato o inmediato que le permita reclamar los actos relacionados con la construcción e instalación permanente del Corredor de Transporte Colectivo de Pasajeros de la Línea 7 del Metrobús Reforma.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que los agravios expuestos en relación con la causal de improcedencia en estudio, son fundados y, por ende, suficientes para revocar la sentencia recurrida, lo que obliga a sobreseer en el juicio de amparo de origen.

Para evidenciar lo anterior, cabe destacar que si bien todas las personas tienen la posibilidad de promover el juicio de amparo en la vía indirecta, lo cierto es que para impugnar un acto concreto se requiere de un interés personal en el asunto, es decir, un perjuicio causado en su esfera de derechos, pues ello tiene trascendencia, atendiendo a que dicha instancia es un medio de regularidad constitucional respecto de actos concretos de autoridad; ese interés personal se ha clasificado doctrinalmente en tres especies, a saber:

• Interés simple

• Interés legítimo

• Derecho subjetivo o interés jurídico

El interés legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, por lo que, en principio, se abordará el significado de estos últimos para finalmente concluir lo que debe entenderse propiamente por aquél.

En ese orden de ideas, debe decirse que los conceptos de interés como presupuesto procesal para acceder a la acción de amparo tienen sus orígenes en aspectos doctrinarios, los cuales se tomarán como base del estudio emprendido.

Sobre el tema, el Dr. Arturo Iturbe Rivas(17) Magistrado de Circuito, explicó que el interés simple se identifica con el interés general, es decir, aquel que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho subjetivo, identificando que ello sólo podría dar lugar a la denuncia o acción popular, pero únicamente cuando el legislador así lo establezca. Al respecto, precisó lo siguiente:

"... Así, podemos decir que todos tenemos interés simple en que los servicios públicos funcionen correctamente. Lo tiene una cantidad indiferenciada de personas.

"El interés simple no da acción contencioso administrativa; sólo permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes así lo establecen; como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que prevé acción popular para denunciar actos que dañen el medio ambiente o a los recursos naturales.

"En la acción popular, como dicen Escusol y Rodríguez-Zapata, se confunden la legitimación en el proceso y la legitimación en la causa."

Por otra parte, para el doctor Iturbe Rivas, el interés legítimo –que podríamos ubicarlo en un punto intermedio entre el derecho subjetivo y el interés simple–, corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular en que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley. Es decir, es algo más que el interés simple sin llegar a constituir un derecho subjetivo.

Así lo explica el Magistrado de Circuito,(18) al sostener lo siguiente:

"Para que estemos en presencia del interés legítimo, es indispensable que la autoridad cause un perjuicio especial a una persona o a un grupo de personas, sin que se trate del que de manera general y uniforme se produce a grandes sectores de la población, como podrían ser los consumidores o los usuarios de un servicio público. No se trata de un agravio ocasionado al público.

"El interés legítimo no es exclusivo como el derecho subjetivo, más bien, como dice Fiorini, es concurrente y coincidente, pues protege a una pluralidad de sujetos respecto de situaciones de hecho que los favorecen. Esto significa que la declaración de nulidad de un órgano jurisdiccional pretendida por el actor que impugna un acto administrativo apoyándose en un interés legítimo, le va a evitar un perjuicio o a causar un beneficio o una utilidad en lo personal.

"...

"En suma, el interés legítimo es el reflejo de una utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal de la administración pública; aunque es necesario exigir al actor o recurrente la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas.

"Por otra parte, tal como sucede con el derecho subjetivo, el interés legítimo debe ser personal y actual. Que sea personal implica que el acto de autoridad represente un perjuicio propio para el accionante, aunque no sea exclusivo. Y que sea actual, significa que el agravio sea presente no futuro, incierto ni hipotético. En cambio, a diferencia de la índole del agravio (directo) que un acto de autoridad provoca a los titulares de derechos subjetivos, el perjuicio que sufre un titular de un interés legítimo puede ser indirecto, es decir, que el medio de defensa de que se trate es procedente aunque el perjuicio que sufra la actora sea a través de un acto dirigido a otro gobernado. O sea que la legitimación no se limita a la persona que resulta directamente perjudicada, como bien lo dice Mairal al expresar que: ‘Cabe excluir, pues, a quien se queja del agravio ocasionado al público o a un tercero, pero no a quien se queja de un perjuicio que él mismo sufre aunque sea por medio de un acto dirigido a un tercero. El punto puede también resolverse preguntándose si existen otras categorías de interesados, además de la que personifica el recurrente, más aptas para impugnar la conducta ilegítima de la administración y, además, dispuestas a hacerlo: no cabe siempre limitar la legitimación al más perjudicado, pues éste puede carecer de interés o de medios para cuestionar la irregularidad.’

"De esta manera, por ejemplo, los vecinos tienen interés legítimo para oponerse a la instalación de un bar o de un centro nocturno en su colonia. El propietario de un establecimiento mercantil tiene interés legítimo para impugnar la clausura de su negociación aunque carezca de licencia de funcionamiento. El propietario de un inmueble tiene interés legítimo para oponerse a la demolición aunque hubiera construido sin licencia de uso de suelo ni de construcción."

Finalmente, en cuanto al interés jurídico, generaliza en las cuestiones que asocian dicho concepto con un derecho subjetivo.

Ahora bien, retomando aspectos doctrinarios y la imperante necesidad social de reconocer la defensa de derechos que, si bien no son parte de un derecho objetivo atribuido a la persona, sí causan una afectación real; en la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo del año dos mil once se eleva a rango superior el reconocimiento de los derechos humanos de que gozan las personas y el interés legítimo como elemento de procedibilidad de la acción constitucional.

Además, con motivo de dicha reforma se emitió la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por virtud de la cual, actualmente procede el juicio de amparo con base no sólo en el interés jurídico, sino también en un interés legítimo; empero, tal circunstancia no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio constitucional, puesto que, al igual que el interés jurídico, el legítimo parte de la premisa de que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, dada la existencia de un perjuicio real, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela.

Ciertamente, el legislador en todo momento conservó requisitos que condicionan la procedencia del juicio, a fin de evitar que, por ejemplo, un interés simple pueda ser justiciable vía amparo, por cualquier persona; habida cuenta que, de haber querido aceptar esas posibilidades de judicializar cualquier tipo de derecho en una vía amplía y que requiriera un interés laxo, se hubiese acudido, por ejemplo, a la procedencia de la acción colectiva o popular, lo cual no aconteció.

Para evidenciar lo anterior, es dable precisar lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución y el dispositivo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."

Ley de Amparo

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley."

Las referidas porciones normativas reconocen tres tipos de interés: simple, jurídico y legítimo. La existencia de cualquiera de los dos últimos constituye uno de los requisitos del juicio de amparo para efecto de su viabilidad, mientras que el interés simple no genera la procedencia de este medio excepcional. Tal cuestión deja en evidencia que en todo momento el legislador plasmó la trascendencia de que el reclamo constitucional requiere la afectación a la esfera de derechos de la persona de manera real y no ficticia, enfatizando la exclusión del interés simple al seguir imperando el principio de instancia de parte agraviada.

En efecto, se reconoce con carácter de quejoso a quien sostiene ser el titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), como tradicionalmente se había sostenido.

O bien, se otorga esa investidura al sujeto o colectividad que dada su especial posición frente a una norma, acto u omisión, frente al cual se vulneren sus derechos protegidos en el artículo 1o. constitucional (interés legítimo), pero exigiendo que se trate de una cuestión real y actual –existencia de perjuicio–, es decir, sin que se llegue al extremo de fincar ese supuesto en cuestiones ficticias o interpretativas respecto de aspectos filosóficos o éticos.

Por eso, el artículo 107 constitucional se refiere a "instancia de parte agraviada" y no a "instancia de parte interesada".

En este punto es dable rescatar que, con independencia de las clasificaciones y la evolución histórica de los derechos, que han transitado de una lucha material para situar el respeto elemental del individuo como una imperante del Estado moderno, a una protección amplia y difusa a través de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, que dejan en evidencia no sólo la preeminencia lisa y llana de la persona, sino su dignidad humana en diversas facetas sociales; lo cierto es que ello no llega al extremo de conceder a cualquier persona el derecho de accionar las instancias materialmente judiciales, so pretexto de cuestiones loables desde un punto de vista valorativo –como la defensa de derechos difusos–.

Concluir en sentido opuesto y permitir la procedencia del juicio de amparo a través de una interpretación laxa relacionada con el tipo de derechos que se pretenden proteger, soslayando la real afectación a la esfera de derechos de la parte promovente, traería como consecuencia el caos social y la arbitrariedad judicial, en el sentido de que se permitiría afectar situaciones reales sin que exista causa real y justificada para ello.

En ese sentido, es claro que sobre la juridicidad de los actos reclamados que se relacionen con derechos fundamentales de mayor entidad, ya sea por su trascendencia social o por la importancia en el desarrollo elemental de la persona, es predicable la procedencia del juicio de amparo, como la instancia de regularidad constitucional por definición; máxime cuando, más allá de cuestiones declarativas, su operatividad está prevista en el Texto Constitucional de manera directa.

Ciertamente, este Tribunal Colegiado ha establecido que los derechos relacionados con dignidad humana, salud, agua, alimentación, vivienda digna, entre otros, no sólo se consagran de una manera declarativa en la Constitución Federal, sino que en ella también se plasma su efectividad, por lo que para garantizar su ejercicio y goce, es factible acudir al medio de regularidad constitucional consagrado en el artículo 107 de la Carta Magna, sin que sea válido supeditar su ejercicio, de manera obligatoria, a un medio de defensa ordinario.

Ello se observa en la tesis I.18o.A.18 K (10a.), sustentada por este órgano jurisdiccional, visible en la página 1481, Libro 56, Tomo II, julio de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas», con número de registro digital: 2017338, que al efecto se transcribe:

"DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. AL IMPUGNAR ACTOS QUE AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, ALIMENTACIÓN, AGUA O VIVIENDA DIGNA, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos fundamentales de la persona a la salud, alimentación, agua, vivienda digna, entre otros, y prevé el juicio de amparo como garantía de su efectividad. De lo anterior se concluye que se trata de derechos a los que, constitucionalmente, se les otorga una mayor entidad, por su relación con la dignidad y subsistencia humanas. Consecuentemente, la impugnación en el amparo de actos que afectan o puedan afectarlos, debe considerarse una violación directa a derechos humanos fundamentales, lo que actualiza una excepción al principio de definitividad, pues el juicio de amparo es el medio de defensa idóneo para ello, y no los medios ordinarios, ya que no puede subordinarse el ejercicio de aquéllos a dicho principio."

Sin embargo, ello no soslaya que en todo momento se debe atender a la situación que guarda la parte quejosa, que le ocasiona un perjuicio real en su esfera de derechos y la sitúa en una posición especial frente al orden jurídico, atendiendo a lo establecido por el legislador en ese sentido.

Es decir, la trascendencia en la esfera jurídica de la persona es la que le otorga un interés para acudir a la instancia jurisdiccional, que en el caso del juicio de amparo se traduce en un perjuicio que detente la accionante, de lo contrario sólo se trataría de un interés genérico en la mera legalidad y/o en que las acciones de gobierno sigan firmes y que se consideren éticamente loables.

En suma, si la persona es realmente titular de un derecho humano reconocido por la propia Constitución, como a la vida, a la libertad, al medio ambiente sano, a la salud, al agua, a la alimentación o a la vivienda digna, es evidente que esa persona, ya sea física o jurídica –atendiendo a los derechos que le sean predicables por su característica de ficción jurídica–, tiene interés jurídico, oponible frente a terceros y que es judicializable a través del juicio de amparo, sin que sea necesario un requisito adicional.

Además, existen otros casos en los que ello depende de la especial situación del sujeto frente a la norma, resultando necesario que detente ese derecho y resienta un perjuicio.

Empero, existen otros supuestos en los cuales no se es titular de ese derecho, es decir, únicamente se tiene un interés simple, porque no hay causación de un perjuicio al no ser titular de ese derecho, pues no supone afectación alguna, sino que es una mera disposición que se tiene respecto de ciertos actos, como cualquier integrante de la sociedad, sin que el actuar de la autoridad pueda implicar un beneficio personal; de esa manera, no cuenta con un interés oponible frente a terceros, que sea exigible vía el juicio de amparo.

Máxime que aun ante la existencia de derechos económicos, sociales y culturales es exigible que, para acceder a la acción de amparo, se destaque el perjuicio real de quien acude a la tutela jurisdiccional, como lo estableció el legislador desde el ámbito constitucional.

De esa forma, si bien es viable que se establezca la posibilidad de que cuestiones como la simple proximidad con la afectación medioambiental genere un interés legítimo que permita la acción jurisdiccional –como elemento objetivo para conocer el perjuicio–, lo cierto es que ello debe ser establecido expresamente por el legislador, como acontece con el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.(19)

Aunado a que, aun considerando lo establecido en la legislación ambiental, en el ejemplo citado se trata de la posibilidad de acceder a la instancia jurisdiccional, tomando como presupuesto el daño derivado de la proximidad con el lugar; empero, la materia del presente estudio consiste en conocer si la parte quejosa resiente un perjuicio que le confiere un interés, ya sea jurídico o legítimo, esto es, si es titular de un derecho oponible frente a terceros y a la autoridad responsable.

En efecto, al ocuparnos de la procedencia del juicio de amparo, debe considerarse que el legislador determinó que, aun ante derechos difusos, en todo momento se exigió la acreditación de un perjuicio real en la esfera de derechos de la parte promovente –principio de instancia de parte agraviada–, ya sea tratándose de personas físicas o morales, lo que implica, en primer término, conocer si la promovente es titular de los derechos que dice defender, los que, en el caso, se refieren a cuestiones medioambientales, culturales y de movilidad, medularmente.

En efecto, de la simple lectura del precepto constitucional y reglamentario citados con antelación, es claro que el legislador dio un trato distinto a las personas que detentan un interés jurídico y un interés legítimo, frente a aquellas que sólo invoquen un interés simple, cuya actualización radica en la existencia real del perjuicio y no en las características del derecho invocado.

Así, el legislador reconoció l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29754-4c5599f9/amparo-la-procedibilidad-del-juicio-depende-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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