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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DEBE DARSE VISTA CON ELLA A LA PARTE QUEJOSA SI EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL QUE FUE OBJETO DE ESTUDIO POR EL INFERIOR, CUANDO ÉSTE ANALIZÓ LA INVIABILIDAD DEL JUICIO BAJO UN MATIZ O PERSPECTIVA DISTINTA A LA PLANTEADA POR LA CONTRAPARTE DE AQUÉL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 155/2022. · Registro digital (IUS): 30984
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-10-14
Promovente: JULIO HÉCTOR ASPE HINOJOSA Y OTROS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III, Pág.2191.

AMPARO EN REVISIÓN 155/2022. JULIO HÉCTOR ASPE HINOJOSA Y OTROS. 24 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN RELACIÓN CON EL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS. AUSENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 155/2022, interpuesto por Julio Héctor Aspe Hinojosa, en contra de la resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente número 123/2020.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si fue correcto lo resuelto por el Juez de Distrito al negar el amparo respecto de la pretendida inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación por atentar contra de los principios de igualdad y no discriminación, previstos por el artículo 1o. constitucional y otorgar la protección constitucional solicitada en contra de los actos reclamados del presidente de la República, de la secretaria de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores y de la directora de Servicios Consulares de esa dependencia, así como del secretario de Educación Pública y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dejen sin efectos los oficios reclamados y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitan una respuesta completa y congruente a la solicitud del quejoso y le brinden la asesoría para obtener la e.firma conforme a su situación migratoria.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Derecho de petición. Julio Héctor Aspe Hinojosa presentó diversos escritos ante distintas autoridades para solicitar que le indicaran los trámites o procedimientos que, como ciudadano mexicano residente en el extranjero, debe realizar para obtener a distancia la firma electrónica avanzada; ello, ante su imposibilidad de viajar a territorio nacional. En los escritos petitorios señaló que buscaba obtener la firma electrónica por ser requisito indispensable para realizar trámites y actos jurídicos, entre ellos, la obtención de la cédula profesional.

2. Demanda de amparo. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a quienes se presentó la solicitud precisada, la referida persona presentó demanda de amparo(1) en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

"III. Autoridades responsables: ...

"1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

"2. Secretaria de Gobernación

"3. Secretario de Relaciones Exteriores

"4. Secretario de Educación Pública

"5. Jefe del Servicio de Administración Tributaria

"6. Director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública

"7. Directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores."

"IV. Actos reclamados:

"1. Se reclama a los C.C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretaria de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública, jefe del Servicio de Administración Tributaria y director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública: la omisión de dar respuesta a la petición que el suscrito les dirigió mediante el escrito de fecha 7 de enero de 2020, recibido por cada una de las responsables el día 9 de enero de 2020.

"2. Se reclama a la C. Directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores el oficio número DSC00370, SRE/12.C06/2020-152.02, de fecha 14 de enero de 2020."

3. Admisión de la demanda. El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda,(2) la registró con el número de expediente 123/2020 y requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación.

4. Ampliación de la demanda. Una vez que fueron rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, con motivo del rendido por parte de la jefa del Servicio de Administración Tributaria,(3) el Juez de Distrito dio vista a la parte quejosa(4) para que ampliara la demanda y, ante ello, el quejoso formuló ampliación(5) en la cual señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes:

"III. Autoridades responsables. Además de las señaladas en el escrito inicial de demanda, adiciono, en el doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, a: H. Congreso de la Unión; C. Presidente de la República; C. Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente 2 dependiente de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT); C. Subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concertación Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; C. Administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT)."

"IV. Actos reclamados:

"1. Se reclama al H. Congreso de la Unión, el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación en vigor, adicionado y reformado por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, 12 de diciembre de 2011 y 9 de diciembre de 2013.

"2. Se reclama al C. Presidente de la República, la promulgación y orden de publicación de los decretos citados en el punto que antecede, relativos al artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación en vigor.

"3. Se reclama a la C. Administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la ficha 105/CFF ‘solicitud del certificado de e.firma’ contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2019.

"4. Se reclama al C. Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente 2 dependiente de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de fecha 17 de febrero de 2020, notificado el día 19 de febrero de 2020.

"5. Se reclama a la C. Subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concertación Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación el oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de fecha 23 de enero de 2020."

5. Sentencia de amparo. Admitida la ampliación(6) y seguido el procedimiento correspondiente, el Juez de Distrito dictó sentencia(7) en la que resolvió:

• Fijación de los actos reclamados. En el segundo considerando de la sentencia, el Juez determinó que, a partir de la lectura de la demanda y su ampliación, los actos reclamados eran los siguientes:

- La aprobación, expedición y promulgación del artículo 17- D del Código Fiscal de la Federación.

- La omisión de dar respuesta al escrito de siete de enero de dos mil veinte.

- El oficio DSC00370,SRE/12C.06/2020-152.02, de catorce de enero de dos mil veinte.

- El oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte.

- La ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma", contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte.

- El oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte.

• Certeza de los actos reclamados. En el tercer considerando del fallo sujeto a revisión, el Juez tuvo por ciertos los siguientes actos:

- La aprobación, expedición y promulgación del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, atribuida al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, pues así lo manifestaron dichas autoridades en sus respectivos informes justificados.

- La ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre dos mil diecinueve, atribuida al jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria; ello con independencia de lo manifestado por dichas autoridades.

- La omisión de dar respuesta al escrito de siete de enero de dos mil veinte, por parte del presidente de la República, de la secretaria de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores, de la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del secretario de Educación Pública y del jefe del Servicio de Administración Tributaria; ello con independencia de lo manifestado por dichas autoridades en sus respectivos informes con justificación, pues del contenido de los oficios 5.AP/ARP/626/2020, de doce de febrero de dos mil veinte, DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte, y 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se desprende que hubo una petición elevada a dichas autoridades la cual no fue atendida antes de la presentación de la demanda.

- La emisión del oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, y del oficio DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte, por parte del administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente 2 dependiente de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente de la Administración Tributaria y de la subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concentración Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, pues así lo reconocieron dichas autoridades al rendir sus informes justificados.

• Causas de improcedencia. En el cuarto considerando (el cual denominó como "causa de improcedencia infundada") de la respectiva sentencia, el a quo estimó actualizada en forma oficiosa la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo (esto es, la cesación de efectos) respecto del acto consistente en la omisión de respuesta al escrito petitorio de siete de enero de dos mil veinte, reclamada del presidente de la República, secretaria de gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública, de la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del jefe del Servicio de Administración Tributaria; ello porque estimó que de los documentos remitidos en copia certificada se desprende que dichas autoridades dieron contestación a las peticiones que les fueron formuladas, por lo que cesó la omisión inicialmente atribuida.

• En el quinto considerando del fallo de amparo, el Juez analizó la causa de improcedencia propuesta por el director de concentración de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, consistente en la supuesta falta de interés (jurídico y legítimo) de la parte quejosa para reclamar la inconstitucionalidad del oficio número DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte. En ese apartado el a quo consideró infundado el motivo de inviabilidad precisado por estimar que ese acto derivó de la petición formulada por la parte quejosa a la propia responsable y, ante ello, la accionante podía cuestionar la respuesta dada a su petición cuando ésta afecte sus derechos.

En ese mismo considerando el Juez analizó y desestimó la causa de improcedencia propuesta por la referida autoridad consistente en la improcedencia del juicio por no agotar previamente el principio de definitividad al no haberse impugnado el oficio precisado en la vía contencioso administrativa. Dicho motivo de improcedencia se desestimó al considerar la actualización de una excepción al principio señalado pues, en el caso, se planteó la inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, por lo que no era obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa procedentes previo al amparo.

• Estudio de fondo. En el sexto considerando de la sentencia de amparo abordó el estudio de los argumentos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, así como de la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma", contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte. Al respecto, el a quo negó el amparo en contra de dichos actos por considerar que el hecho de que tales normas no prevean la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero tramiten la firma electrónica a través de representante legal, no es discriminatorio. Para arribar a tal conclusión, luego de transcribir los artículos 1, 2, 7, 8, 9, 18 y 23 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte, el Juez fijó las siguientes premisas:

- La firma electrónica avanzada es una herramienta tecnológica que sustituye a la firma autógrafa con los mismos efectos legales que ésta y, para su emisión, se necesitan dos datos: la clave privada y el certificado digital vigente, el cual deberá contener los requisitos previstos en el numeral 17 de la ley referida.

- El artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de utilizar firma electrónica avanzada cuando se presenten documentos digitales, para lo cual el contribuyente debe contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedida por el Servicio de Administración Tributaria.

- Para la creación de firmas electrónicas avanzadas, los contribuyentes podrán hacer el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México y el Servicio de Administración Tributaria, quien validará la información, la identidad, domicilio y, en su caso, sobre la situación fiscal del solicitante.

- De no hacerlo, la autoridad podrá negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada.

- Es posible que el Servicio de Administración Tributaria emita reglas de carácter general en las cuales podrá establecer los documentos y procedimientos para validar la información proporcionada por los interesados.

- Cuando los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas se tramiten ante un prestador de servicios de certificación diverso al Servicio de Administración Tributaria, se requerirá que el interesado previamente comparezca personalmente ante el Servicio de Administración Tributaria para acreditar su identidad.

- La comparecencia de las personas físicas no podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos a través de reglas de carácter general, como lo es la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veinte, en donde se prevén como excepciones a dicha regla los casos siguientes: • Menores de edad. • Personas físicas con incapacidad legal judicialmente declarada. • Contribuyentes en apertura de sucesión. • Contribuyentes declarados ausentes. • Contribuyentes privados de su libertad. • Contribuyentes clínicamente dictaminados en etapa terminal.

Precisado ello, el Juez indicó que, en el caso de los menores de edad, las personas físicas con incapacidad legal judicialmente declarada y los contribuyentes clínicamente dictaminados en etapa terminal, la excepción prevista resultaba comprensible a partir de las características físicas y mentales de esos sujetos, pues presentan una restricción a la personalidad jurídica que no debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia.

Luego indicó que, en el caso de los contribuyentes en apertura de sucesión, si bien no tienen restricción de la personalidad, lo cierto es que quien es nombrado heredero o legatario se convierte en el encargado de finiquitar las obligaciones del difunto, por lo cual es posible realizar el trámite de la firma electrónica a través de un representante legal.

Asimismo, en lo referente a los contribuyentes declarados ausentes, estimó que el procedimiento de declaración especial de ausencia parte de la desaparición de una persona, por lo cual resulta lógico que sea un tercero quien en tal supuesto pueda realizar el trámite de la firma electrónica avanzada.

Respecto de los contribuyentes privados de su libertad, el Juez señaló que tal condición impide realizar el trámite en forma directa y, por tanto, el Estado debe asumir una serie de responsabilidades particulares e iniciativas especiales para garantizar a esas personas las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de los derechos, entre las cuales está la controvertida por la parte quejosa.

Agregó que las normas impugnadas utilizan palabras neutras pues no invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación (discriminación directa) y concluyó que existe una justificación objetiva y razonable en cuanto al trato dado a ciertos sujetos, pues en ellos se reconocen determinados impedimentos físicos, mentales y jurídicos para acudir de manera presencial ante el Servicio de Administración Tributaria.

Así, señaló que el hecho de radicar en el extranjero no es una condición que restrinja los atributos de la personalidad, como sí lo son los casos de excepción previstos en la normativa reclamada, en donde se reconocen diversos impedimentos físicos, mentales y jurídicos para acudir de manera presencial ante el Servicio de Administración Tributaria, por lo que tales normas no generan discriminación.

Adicionalmente, el Juez refirió que el accionante no acreditó el supuesto impedimento que por radicar en el extranjero tiene para entrar al territorio nacional, tampoco manifestó tener algún impedimento mental, físico, jurídico o una restricción de los atributos de la personalidad para no poder realizar el trámite de manera presencial.

• Estudio de los oficios reclamados. En el séptimo considerando, el a quo analizó los conceptos de violación encaminados a demostrar la ilegalidad de los oficios números DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte y 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte. Al respecto, el Juez estimó fundado lo expresado por el quejoso, para lo cual luego de transcribir el escrito petitorio elevado a las autoridades responsables, así como los dos oficios precisados, el juzgador concluyó que el quejoso solicitó al presidente de la República, secretaria de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, y de la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y del secretario de Educación Pública y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, le informaran los trámites para obtener la firma electrónica, debido a que reside en el extranjero y desea cumplir con sus obligaciones fiscales por lo cual solicita una asesoría debido a que manifestó su imposibilidad para venir al territorio nacional.

Posteriormente, el Juez afirmó que a través de los oficios indicados, las responsables en comento se limitaron a informarle sobre el vínculo electrónico de la página oficial del Servicio de Administración Tributaria en donde se encuentran los requisitos para obtener la e.firma y le indicaron lo que establece el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, pero sin responderle en forma puntual sobre la solicitud planteada pues no le informaron si en algún consulado u oficina de representación de México en los Estados Unidos de Norte América es posible realizar el trámite materia de las peticiones. Agregó que tampoco se advierte que las autoridades responsables hayan indagado sobre las razones por las cuales el quejoso se encuentra impedido para realizar el trámite en forma directa en el territorio nacional, lo cual resulta incongruente, poco exhaustivo, e indebidamente fundado y motivado y, ante ello, estimó procedente otorgar el amparo en contra de tales actos, para el efecto de que el presidente de la República, la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, la directora de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario de Educación Pública y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, dejen insubsistentes los oficios reclamados y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitan nuevos actos en los cuales den contestación de manera completa y congruente a la solicitud del quejoso y le brinden la asesoría para obtener la e.firma conforme a su situación migratoria.

6. Recursos de revisión principales. En contra de tal determinación tanto la parte quejosa como la jefa y administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "2" del Servicio de Administración Tributaria, la secretaria de Gobernación, el presidente de la República, así como el secretario y la directora de Servicios Consulares, ambos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, interpusieron sendos recursos de revisión en los cuales exponen, en síntesis, lo siguiente:

A) Recurso de la parte quejosa(8)

• Primer agravio. La sentencia recurrida es incongruente y no abordó lo efectivamente planteado puesto que en el escrito de ampliación a la demanda de amparo, la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, así como de la ficha 105/CFF "solicitud del certificado de e.firma" contenida en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, por estimarlos contrarios a la garantía de igualdad con base en dos argumentos, a saber: 1) que esas normas privan a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero de la obtención de la firma electrónica al requerir la comparecencia personal para acreditar su identidad; y, 2) que no se contempla la existencia de mexicanos residentes en el extranjero, quienes no pueden obtener la firma electrónica porque los consultados no ofrecen tal servicio, al ser el Servicio de Administración Tributaria el único ente que lo realiza, a diferencia de los mexicanos que sí residen en territorio nacional e incluso en algunos casos pueden llevar a cabo el trámite a través de representante o apoderado, siendo que, en el caso, el segundo de esos argumentos no fue atendido.

• Segundo agravio. Asimismo, la sentencia es contraria a los principios de congruencia y exhaustividad, pues se concedió el amparo para el efecto de que las autoridades responsables dieran contestación al escrito del quejoso, circunscribiendo la respuesta a temas relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual es incorrecto porque el quejoso expresó requerir tramitar la firma electrónica para llevar a cabo todo tipo de trámites y actos jurídicos a distancia, ante el Gobierno Federal, como es el relacionado al trámite de cédulas profesionales.

B) Recurso de la jefa del Servicio de Administración Tributaria y administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "2"(9)

• Primer agravio. La sentencia recurrida desatiende a los principios de congruencia y exhaustividad, pues respecto del oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, emitido por el administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente "2", se concedió el amparo, pero respecto de una autoridad diferente a quien lo emitió, pues la sentencia vinculó directamente a la jefa del Servicio de Administración Tributaria.

• Segundo agravio. Contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, no se configuró la supuesta violación al derecho de petición puesto que la respuesta contenida en el oficio 700-01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, sí cumple con los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, ya que a través de ese acto se informó de manera detallada sobre el trámite para la solicitud de generación de firma electrónica de conformidad con las disposiciones aplicables, sin que fuera necesario informarle sobre si en algún consulado u oficina de representación de México en Estados Unidos pudiera realizar su trámite porque el quejoso no solicitó tal información; en este sentido, el Juez perdió de vista que la obligación de contestar fundada y motivadamente no implica que la autoridad se encuentre vinculada a responder de manera favorable a los intereses del solicitante o responder algo distinto de lo solicitado, al igual que en lo relativo a que debía solicitar más información sobre las razones por las que se encuentra impedido para viajar a territorio nacional.

C) Recurso de revisión de la secretaria de Gobernación(10)

• Primer agravio. El Juez de Distrito desvirtuó la negativa de los actos reclamados a la secretaria de Gobernación sin considerar que esa autoridad no emitió el oficio reclamado, sino que ello era atribuible a la subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concertación Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, por lo que es incorrecta la conclusión contenida en el fallo recurrido para vincular a la secretaria de Gobernación al cumplimiento del fallo protector.

• Segundo agravio. El fallo recurrido también es ilegal en razón de que se omitió considerar que la secretaria de Gobernación negó los actos que le fueron reclamados por haberse emitido por una diversa autoridad, a saber, la subdirectora de Normatividad de la Dirección de Concertación Social de la Dirección General Adjunta de Gobierno de la Unidad de Gobierno y, añade que el oficio DGAG/DCS/SN/014/2020 se encuentra debidamente fundado y motivado y, por tanto, cumple con lo previsto por el artículo 8o. constitucional.

• Tercer agravio. La sentencia recurrida vulnera el principio de legalidad al vincular en sus efectos a esa secretaría para que lleve a cabo acciones para que el quejoso pueda tramitar su firma electrónica avanzada en el extranjero, cuestiones que son ajenas a su competencia. Lo anterior, aunado a que la respuesta emitida a través del oficio antes señalado cumple con los parámetros constitucionales, por lo que dicha autoridad agotó su obligación con el gobernado al informarle que carecía de competencia.

D) Recurso de revisión interpuesto por el presidente de la República(11)

• Primer agravio. La sentencia carece de congruencia y exhaustividad al tener por cierto que el presidente de la República fue omiso en responder oportunamente al escrito presentado por el quejoso, pues no tomó en consideración lo vertido en el informe justificado en el cual se señaló que la respuesta a tal escrito se emitió el nueve de enero de dos mil veinte, en tanto que la demanda se presentó hasta el siete de febrero de ese año.

• Segundo agravio. Es ilegal la consideración contenida en el fallo recurrido en cuanto a que la documental ofrecida por el presidente de la República no da contestación al escrito de petición del quejoso; ello, pues tal documental se ofreció únicamente para acreditar que la Subprocuraduría Fiscal de la Federación podía acudir al juicio en representación del presidente de la República.

• Tercer agravio. También es ilegal dicho fallo, porque el Juez varió la litis al introducir cuestiones novedosas no planteadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, con lo que se concedieron efectos que no formaron parte de las pretensiones de la parte quejosa; es decir, la quejosa reclamó de esa autoridad en el escrito inicial de demanda la omisión de dar respuesta al escrito de petición y en la ampliación de la demanda, la promulgación y orden de publicación de los decretos relativos al artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, siendo que el Juez señaló que la parte quejosa reclamó de esa autoridad la emisión de los oficios DGAG/DCS/SN/014/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte y 700/01-02-00-00-2020-567, de diecisiete de febrero de dos mil veinte.

• Cuarto agravio. Asimismo, el fallo recurrido es ilegal porque no se analizaron las constancias y pruebas que obran en el asunto, y se afirmaron cuestiones no planteadas por esa autoridad, como lo es que la respuesta dada a la petición del accionante únicamente proporcionó un vínculo electrónico, lo cual es incorrecto porque el oficio con que se dio respuesta tiene un contenido diverso al estimado por el a quo. Asimismo, es ilegal la determinación relativa a que esa autoridad responsable no indagó sobre las razones por las que el quejoso se encuentra impedido para entrar al territorio nacional, así como sobre su calidad migratoria, pues tales facultades no se encuentran dentro de su esfera competencial.

• Quinto agravio. La sentencia de amparo carece de congruencia, pues al llevar a cabo el análisis de legalidad, indebidamente concede el amparo y vincula a esa autoridad a emitir una respuesta completa a la solicitud del quejoso, sin considerar que ya se dictó una respuesta fundada el nueve de enero de dos mil veinte.

E) Recurso de revisión interpuesto por el secretario y la directora de Servicios Consulares, ambos de la Secretaría de Relaciones Exteriores(12)

• Agravio único. La sentencia recurrida transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, pues el Juez de Distrito interpretó erróneamente las disposiciones legales que rigen el derecho de petición y, a causa de ello, modificó el contenido y alcance del acto reclamado por el quejoso, al señalar que el accionante solicitó asesoría para tramitar y obtener la firma electrónica porque deseaba cumplir con sus obligac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30984-1f7c064f/improcedencia-del-juicio-de-amparo-debe-darse-vista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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