INFONAVIT. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, REFORMADO MEDIANTE EL DIVERSO PUBLICADO EN EL INDICADO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012, SI SU IMPUGNACIÓN SE HACE DEPENDER DEL PLAZO AL QUE SE SUJETA LA ENTREGA DE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA Y AQUÉL YA FENECIÓ. INFONAVIT. LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, REFORMADO MEDIANTE EL DIVERSO PUBLICADO EN EL INDICADO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012, DEBEN ENTREGARSE A TODOS LOS TRABAJADORES PENSIONADOS BENEFICIADOS CON EL RÉGIMEN QUE SEÑALA. INFONAVIT. PROCEDE CONCEDER EL AMPARO CONTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, REFORMADO MEDIANTE EL DIVERSO PUBLICADO EN EL INDICADO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012, SI AQUÉL TUVO POR EFECTO NEGAR LA ENTREGA INMEDIATA DE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA CON APOYO EN LA CONDICIÓN TEMPORAL PREVISTA EN DICHO DISPOSITIVO Y ÉSTA YA FENECIÓ.
AMPARO EN REVISIÓN 654/2012. 30 DE OCTUBRE DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR, ESTELA JASSO FIGUEROA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Y LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución General de la República; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, y lo determinado por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión privada de veintinueve de noviembre de dos mil doce, toda vez que se interpuso en contra de la sentencia pronunciada en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, por el que se reforma el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, y tal temática fue asignada para su conocimiento y resolución a esta instancia jurisdiccional.
No pasa inadvertido el hecho de que el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento; sin embargo, en el presente asunto se seguirá aplicando la anterior Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo tercero transitorio(1) del ordenamiento jurídico citado en primer término, debido a que el juicio de amparo en revisión inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.
SEGUNDO. Debido a que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto, en su momento analizó la oportunidad en la interposición del recurso de revisión, resulta innecesario en esta instancia abordar ese punto (foja 62 vuelta del amparo en revisión **********, del índice del Tribunal Colegiado del conocimiento).
TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, pues el escrito aparece firmado por el autorizado de la parte quejosa ********** (foja 7 vuelta del amparo en revisión ********** en que se actúa).
CUARTO. Debido a que tiene preferencia el estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo, por tratarse de una cuestión de orden público conforme a la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, esta Segunda Sala, como órgano revisor del juicio constitucional, se encuentra obligada a abordar su estudio, con apoyo, además, en la siguiente jurisprudencia:
"Registro: 192902
"Jurisprudencia
"Materia: común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, noviembre de 1999
"Tesis: P./J. 122/99
"Página: 28
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Así, en la especie, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en relación con el precepto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 80 del mismo ordenamiento.
En efecto, para resolver la cuestión planteada se debe tener presente que la técnica rectora del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia protectora, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si de antemano se prevé que la restitución en el goce del derecho fundamental violado resultaría inalcanzable.
Por tanto, constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora, además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción.
Si no se realiza ese análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para el quejoso, colocándolo en la misma situación en que se encontraba antes de iniciar el juicio, pues la restauración del orden constitucional tampoco debe llegar al extremo de restituirlo en el goce del derecho fundamental violado aun a costa de infringir los principios y las normas que regulan este medio de control constitucional.
Al respecto, se cita el siguiente criterio jurisprudencial:
"Registro: 2000583
"Décima Época
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VII, Tomo 2, abril de 2012
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 35/2012 (10a.)
"Página: 1059
"IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar."
Ahora bien, en el presente juicio de amparo indirecto se aprecia que la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, por el que se reforma el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, señalando que le fue aplicado en el oficio *****(1)*****, de ocho de febrero de mil doce, signado por el delegado regional XVI León, Guanajuato, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Los antecedentes del acto de aplicación reclamado, necesarios para justificar la causa de improcedencia anunciada, son:
• En su carácter de asegurado en el régimen obligatorio, el quejoso eligió la administradora de fondos para el retiro denominada "Afore **********", para la recepción de sus aportaciones en la cuenta única individual, y en la subcuenta de vivienda, registrándose a su favor aportaciones por concepto de vivienda y subcuentas del tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, que suman la cantidad de $********** (********** M.N.); sin hacer uso del crédito para vivienda.
• El dos de mayo de dos mil once, el jefe de pensiones de la Subdelegación León, Guanajuato, del mencionado instituto, formuló resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía número **********, mediante la cual autorizó la pensión solicitada, conforme al esquema de la derogada Ley del Seguro Social (vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete), con efectos a partir del treinta y uno de marzo de dos mil once.
• El veintiséis de octubre de dos mil once, el quejoso presentó escrito ante el titular de la Delegación Regional León, Guanajuato, para solicitar la devolución de las aportaciones de vivienda "97".
El ocho de febrero de dos mil doce, mediante oficio *****(1)*****, el delegado regional XVI, Guanajuato, del instituto contestó: "Me refiero a su escrito presentado a este instituto, mediante el cual solicita a este instituto, se le entreguen los fondos de su subcuenta de vivienda a partir del 01 de julio de 1997. Al respecto, me permito informarle que se devolverán los recursos a los trabajadores que de ahora en adelante se pensionen, y al hacerlo opten o hayan adoptado hacerlo por la Ley del Seguro Social de 1972. Lo anterior generado de acuerdo a lo dispuesto por el ‘Decreto por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de enero del año 2012, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en que se emite la presente circular: Se hace del conocimiento de **********, que el artículo octavo transitorio de la Ley del Infonavit, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de enero del 2012, establece en su parte conducente: ‘Artículo 8vo. transitorio.’ (se transcribe). Por lo anterior, y a fin de que ********** realice los trámites conducentes. Por este medio hacemos de su conocimiento, que la reforma a la ley establece cuatro ‘grupos’ de pensionados beneficiarios. Nuevos pensionados. Grupo 1. Personas que se pensionen a partir del 13 de enero del año 2012. El pensionado debe acudir al Infonavit 20 días después de recibir su resolución, el Infonavit debe recibir información proveniente del IMSS (se recibirán solicitudes a partir del 13 de febrero). Personas que actualmente están pensionados. Grupo 2. Pensionados demanda a favor. Personas que solicitaron la devolución a través de una demanda laboral o un amparo indirecto y cuenta con un laudo o una resolución a su favor. Estas personas se les solicitará que hagan su solicitud de devolución y cita a través del portal de Infonavit www.infonavit-org.mx y/o a través de Infonatel 018000083900 o 91715050 (se reciben solicitudes a partir del 16 de enero). Grupo 3. Pensionados demanda en trámite. Personas que tienen una demanda laboral o un juicio de amparo indirecto en trámite y aún no cuentan con laudo o resolución del Juez. Estas personas deberán desistirse de su demanda laboral o juicio (se reciben solicitudes a partir del 16 de enero, a través de los dos canales referidos en el grupo 2). Grupo 4. Pensionados sin demanda/demanda en contra. Personas que no han solicitado la devolución de la subcuenta de vivienda o demandaron y tienen una resolución en contra. En un plazo máximo de 6 meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma, la SHCP dará a conocer la manera en que se devolverán los recursos. Toda vez que la modificación a la ley determina el mecanismo para obtener la devolución de los recursos reclamados por la vía administrativa directamente ante el Infonavit, a través de los canales ya mencionados (Infonatel/Internet). Se le notifica que ya no se requiere de una resolución jurisdiccional para obtener la devolución de los recursos vivienda ‘97’, por lo que, queda expedito su derecho para realizar su solicitud en la vía administrativa correspondiente."
• En contra de lo anterior, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto (**********), del cual conoció el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, quien celebró audiencia constitucional el trece de abril de dos mil doce, y su homóloga Jueza Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia, mediante la cual resolvió sobreseer y amparar al quejoso.
• Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión (**********), del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, el que dictó sentencia el veintiocho de septiembre de dos mil doce, en el sentido de dejar firme el sobreseimiento, y considerando que, contrario a lo estimado por la resolutora, el oficio *****(1)*****, sí constituye aplicación del artículo que se combate, pues si la pretensión del interesado era obtener la devolución de los recursos antes indicados, y en respuesta obtuvo que el trámite para ello lo debía realizar conforme a las reglas del artículo octavo transitorio reformado, ello implica una repercusión en su esfera jurídica de derechos, pues implícitamente se negó la entrega de los recursos a través del oficio *****(1)*****, con base en el precepto cuestionado y reservó la competencia a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que provea lo conducente respecto del recurso de revisión, en la materia de su competencia.
Ahora bien, el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa siete, reformado mediante decreto publicado en dicho medio de difusión el doce de enero de dos mil doce, dispone:
(Reformado, D.O.F. 12 de enero de 2012)
"Octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado.
"Los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos serán entregados en una sola exhibición en los mismos términos y condiciones a los establecidos en el párrafo anterior.
"En el caso de los trabajadores que con anterioridad a la entrada en vigor del presente artículo, hubieren demandado la entrega de las aportaciones a que se refiere el párrafo anterior y que hubieren obtenido resolución firme a su favor que aún no hubiere sido ejecutoriada o cuyo juicio aún se encuentre en trámite y se desistan del mismo, dichas aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, les deberán ser entregadas en una sola exhibición.
"En el caso de los trabajadores que se hayan beneficiado del régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 durante el periodo que va del primero de julio de 1997 a la fecha en la que entre en vigor el presente artículo, incluyendo aquellos que hayan demandado la entrega de los recursos y hayan recibido resolución en su contra, deberán ser identificados y recibir los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos, en un máximo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del presente artículo transitorio, conforme a los procedimientos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general, que deberá expedir en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente artículo.
"La entrega a los trabajadores de los fondos a que se refiere este artículo deberá realizarse a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; para efectos del párrafo tercero y cuarto de este artículo transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al instituto los recursos correspondientes."
Del contenido del precepto transitorio reproducido derivan las siguientes premisas:
• La norma transitoria está dirigida a todos los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.
• Esos trabajadores recibirán, en una sola exhibición, los fondos de la subcuenta de vivienda hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, así como los rendimientos generados.
• También recibirán, en una sola exhibición, los fondos relativos al cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, en adelante y sus rendimientos.
• En relación con la entrega de los recursos del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete en adelante, se describe:
• Los trabajadores que hubieren demandado la entrega de esos recursos, antes de la entrada en vigor de la norma, y hubieren obtenido resolución firme a su favor sin ejecutoriarse o cuyo juicio se encuentre en trámite y desistan, recibirán las aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, en una sola exhibición.
• Los trabajadores que se hayan pensionado con el citado régimen de seguridad social, en el periodo que va del primero de julio de mil novecientos noventa y siete al doce de enero de dos mil doce, incluyendo los que demandaron la entrega de los recursos, pero obtuvieron resolución en su contra, recibirán los fondos y sus rendimientos en un máximo de dieciocho meses, a partir de la entrada en vigor del artículo transitorio, de acuerdo con las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberán expedirse en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del artículo.
• La entrega se hará a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al instituto los recursos correspondientes.
Como puede observarse, el artículo transitorio distingue los periodos respecto de los cuales serán entregados los recursos de vivienda, a saber: los generados hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, y los que corresponden al cuarto bimestre de ese año en adelante.
Esto tiene su razón de ser. El artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa siete, tenía una redacción diferente a la que se encuentra vigente a partir del doce de enero de dos mil doce.
Su contenido normativo era el siguiente:
"Octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones."
Esto es, desde la fecha en que entró en vigor ese precepto transitorio (primero de julio de mil novecientos noventa y siete), se disponía la entrega de los recursos de vivienda acumulados hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete; no así los posteriores, respecto de los cuales se ordenó su abono para cubrir las pensiones correspondientes.
No obstante, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del precepto transitorio, conforme a los siguientes criterios:
"Registro: 175574
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, marzo de 2006
"Materias: constitucional y administrativa
"Tesis: 2a. XVIII/2006
"Página: 461
"INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. La citada disposición transitoria, al prever que los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado, en tanto que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores, viola la garantía de previa audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, ya que el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sin permitirles decidir el destino o uso que consideren conveniente a sus intereses, respecto de la cantidad total acumulada en la subcuenta de vivienda que forma parte de su patrimonio, da a los mencionados recursos un destino diferente a aquel para el cual fueron constituidos por el artículo 123, apartado A, fracción XII, constitucional, consistente en la obtención de un crédito accesible y barato para la adquisición de vivienda o, en su defecto, la entrega al trabajador de tales fondos al momento de su retiro de la vida laboral."
"Registro: 175575
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, marzo de 2006
"Materias: constitucional y administrativa
"Tesis: 2a./J. 32/2006
"Página: 252
"INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado artículo transitorio dispone las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para un fin diverso para el cual fueron instituidas, en cuanto prevé que los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de esta ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado, en tanto que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores; lo anterior transgrede el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, constituye una garantía social, al igual que la del seguro de invalidez o vejez, ambas tienen constitucionalmente finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí ni debe dárseles el mismo destino, salvo que haya consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión."
En esencia, se concluyó que el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores era contrario a la garantía de audiencia, porque no permitía a los trabajadores decidir el destino o uso que consideren conveniente a sus intereses, respecto de la cantidad total acumulada en la subcuenta de vivienda del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y posteriores; además, de que transgredía el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no obstante que los trabajadores tienen el derecho a obtener tanto créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, como un seguro de invalidez o vejez, dicha norma confunde entre sí las aportaciones relativas para ambos fines y les da el mismo destino.
De manera que la reforma que sufrió el artículo transitorio, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, que constituye la norma cuestionada, tuvo como propósito fundamental solucionar la problemática relacionada con el impedimento para recibir los recursos de vivienda posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete; tal como da cuenta la exposición de motivos de ocho de noviembre de dos mil once:
"Es necesario resolver el problema que enfrentan actualmente los trabajadores sujetos al régimen de pensiones previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 para recibir los recursos de su subcuenta de vivienda, ya que dichos trabajadores fueron afectados por la disposición contenida en el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, referente a que las aportaciones al fondo de vivienda subsecuentes al tercer bimestre de 1997 se abonarán para cubrir sus pensiones, lo cual les impide recibir directamente los recursos de su subcuenta de vivienda como es su derecho.
"El objetivo de la subcuenta de vivienda es precisamente facilitar la adquisición de una vivienda, por lo que si dichos recursos no se aplican para un crédito de vivienda, deben entregarse al trabajador o a sus beneficiarios. No obstante, el citado artículo octavo transitorio establece que las aportaciones de los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, subsecuentes al tercer bimestre de 1997, se abonarán para cubrir sus pensiones.
"Como se aprecia, los mencionados trabajadores están impedidos para solicitar directamente al Infonavit la entrega de los recursos de su subcuenta de vivienda, por lo que se han visto obligados a demandar a las instituciones para que les sean entregados sus propios recursos, con los costos adicionales que esto les genera.
"Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la disposición referente a que las aportaciones subsecuentes al tercer bimestre de 1997 se abonen para cubrir dichas pensiones, salvo que haya consentimiento expreso del trabajador para que los fondos de dicha subcuenta se destinen al pago de su pensión.
"Lo anterior ha ocasionado múltiples juicios contra el Infonavit y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello altos costos judiciales tanto para los trabajadores como para las instancias demandadas, además de afectar la operación del instituto.
"En este sentido, y en congruencia con las iniciativas presentadas por diversos legisladores de distintos grupos parlamentarios que plantean
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24826-a6f291da/infonavit-es-improcedente-el-juicio-de-amparo-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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