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Modo: Corpus Pro

INFONAVIT. CASO EN QUE SE SURTE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY RELATIVA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997 (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 85/2009).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 412/2010. · Registro digital (IUS): 23304
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Pág. 4038.

AMPARO EN REVISIÓN 412/2010. 1o. DE SEPTIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARTURO GARCÍA TORRES. SECRETARIA: MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA ZETINA.

CONSIDERANDO:

VI. El recurrente hace valer como agravios, esencialmente los siguientes argumentos:

1) El Juez Federal violó lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, por considerar que el quejoso se colocó en la hipótesis del artículo octavo de la ley del Infonavit, norma tildada de inconstitucional, desde el momento en que firmó la elección de régimen pensionario, vigente hasta el 30 de junio de 1973, situación que es ilegal, ya que al ser solamente una elección no necesariamente implica que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue una pensión, siendo la elección de régimen solamente el inicio del trámite de pensión, materializándose el acto de recibir y disfrutar la pensión, en el momento en que el pensionado recibe su pensión mediante el documento denominado resolución para el otorgamiento de pensión de vejez de fecha 2 de julio de 2010, mismo documento bajo protesta de decir verdad, le fue notificado al hoy recurrente el día 30 de julio de 2010, y, con ello, materializándose los perjuicios en la esfera económica y jurídica del gobernado, siendo la solicitud de pensión sólo un mero trámite administrativo que le da al futuro pensionado el beneficio de elegir el régimen pensionario por el cual querría que se rigiera su pensión; siendo el momento en que se le notifica la resolución para el otorgamiento de pensión de vejez el día 30 de julio de 2010, fecha que debe tomar en consideración el a quo para realizar el cómputo de los quince días a que hace referencia el artículo 21 de la ley de la materia, por lo que es hasta ese momento en que el hoy recurrente se colocó en la hipótesis del artículo octavo transitorio de la Ley del Infonavit.

2) Deja de considerar el a quo, que la elección o no de régimen puede suceder también en virtud de que la autoridad encargada de elaborar y presentar dicho documento al futuro pensionado, llamado Instituto Mexicano del Seguro Social, puede dejar de hacerlo, por diversos y desconocidos motivos, situación que no es óbice para que la autoridad responsable, denominada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cumpla con lo que le ordena el artículo octavo transitorio de la ley del Infonavit, es decir, la transferencia de los fondos de vivienda generados a partir del primero de julio de 1997 al Gobierno Federal, sucediendo esto por el sólo hecho de ser pensionado y dicha pensión haber sido otorgada bajo el régimen pensionario establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, es decir, la autoridad responsable y ejecutora de la norma tildada de inconstitucional, sólo toma en cuenta para transferir los fondos de vivienda generados a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, que el pensionado lo esté por la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete, sin que necesariamente deba existir el documento denominado elección de régimen.

3) El Juez confunde el momento de inicio del término para la interposición del amparo con el acto de aplicación, siendo diferentes ambos, es decir, en el presente asunto se comprobó la existencia del acto reclamado, es decir, la transferencia de los recursos denominados como Vivienda 1997, mismo que se da a partir del otorgamiento de pensión por el Instituto Mexicano del Seguro Social ya que dicha pensión fue otorgada bajo el régimen de 1973, por lo que debe tomarse ésta como referente para el cómputo para el término para la interposición del juicio de garantías, por lo que, se insiste, que aun cuando los futuros pensionados tienen el derecho a que el documento de oferta les sea expedido, como en muchas ocasiones el Instituto Mexicano del Seguro Social no lo expide, es decir, los futuros pensionados son privados del derecho de elegir el régimen por el que desean qué pensión sea calculada, por lo que el término para la interposición del juicio de amparo corre desde el día 2 de agosto del 2010 al 20 de agosto de 2010, y como del sello recepción de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo del Distrito Federal se desprende que la demanda de garantías se presentó el 13 de agosto del presente año, por lo que la misma se ingresó dentro del término de los quince días que concede la Ley de Amparo.

4) Con la finalidad de reforzar sus argumentos, cita diversas tesis y criterios jurisprudenciales, de rubros: "INFONAVIT. PARA ACREDITAR EN EL JUICIO DE AMPARO LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 18/2008, RELATIVA AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, BASTA LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE SE LE OTORGÓ LA PENSIÓN CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, AUN CUANDO NO EXHIBA LA CONSTANCIA DE ELECCIÓN DE SISTEMA PENSIONARIO.", "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA.", "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO." y, "LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA EXHIBICIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA, FORMULADA CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL."

Son infundados los agravios, en tanto que fue legal que el Juez del conocimiento decretara el sobreseimiento respecto de la ley tildada de inconstitucional, como se expone enseguida.

En efecto, del análisis de la demanda de amparo, se observa, por una parte, que el quejoso reclamó la discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación, publicación, y ejecución del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, y señaló a las autoridades que participaron en el proceso legislativo.

El Juez del conocimiento, al dictar la sentencia que se recurre, decretó el sobreseimiento del juicio, basándose en el análisis de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por considerar que fue extemporánea la presentación de la demanda para reclamar la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del decreto en mención; partiendo del supuesto de que el trabajador contaba solamente con el plazo de quince días que establece el diverso 21 de la invocada ley para presentar la demanda de garantías; señalando que se actualizaba la aludida hipótesis, puesto que el primer acto de aplicación del aludido artículo octavo transitorio del decreto de reformas que se tilda de inconstitucional, se patentizó al momento en que el quejoso optó por el régimen de pensión correspondiente; que por esa razón y atendiendo a que el veintidós de junio de dos mil diez eligió el régimen pensionario de "ley 73", era a partir de ese momento en que debía computarse el término de quince días previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo; por lo que si la demanda se presentó hasta el trece de agosto de dos mil diez, era evidente su presentación extemporánea.

Tal determinación se estima acertada, por cuanto hace al artículo octavo transitorio del decreto por el que se reformó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete.

Se sostiene lo anterior, en virtud de que en relación con la citada ley, opera la causal de improcedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.

En efecto, esta fracción dispone que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva éste dentro del término que se señala en el numeral 21, el cual, en lo conducente, establece:

"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

En el caso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -en una primera etapa- ha establecido que la naturaleza del artículo octavo transitorio tildado de inconstitucional, que regula el destino de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda de los trabajadores al momento de obtener su pensión correspondiente, es heteroaplicativa, además, que para su impugnación se requiere de la existencia de un acto concreto de aplicación, el cual, por excelencia, lo constituye el en que el trabajador haga la elección del régimen de pensión conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete (régimen 73), porque a partir de ese momento se ubica de manera automática en la previsión del precepto transitorio de que se trata.

Corrobora lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 18/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible en la página 589 del Tomo XXVII, febrero de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, QUE REGULA EL DESTINO DE LOS FONDOS ACUMULADOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CONSTITUYE UNA NORMA DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, con el rubro: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’, estableció el criterio de que cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometido a la realización de ese evento. Conforme a lo anterior, el artículo octavo transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que regula el destino de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondiente, constituye una norma de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que para su impugnación se requiere de un acto concreto de aplicación, consistente en que el trabajador haga la elección del régimen de pensión correspondiente, pues en ese momento el trabajador se ubica de manera automática en la previsión del precepto transitorio de que se trata, lo que implica la remisión de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda del cuarto bimestre de 1997, hasta que obtenga la pensión relativa; por lo que será a partir de ese momento en que podrá computarse el plazo de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, para reclamar la inconstitucionalidad de tal precepto."

Ahora bien, de las constancias que en copia certificada remitió el jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Ecatepec, Delegación Regional, Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial el formato de solicitud de pensión (foja 136), así como el certificado de derechos (foja 137), se desprende que el solicitante de garantías realizó la elección del régimen pensionario de "ley 73" (régimen de mil novecientos setenta y tres) ante dicho instituto, el veintidós de junio de dos mil diez; constancias que, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen valor probatorio pleno, y que para mayor comprensión del asunto se reproduce enseguida vía escáner:

(SE SUPRIMEN IMÁGENES)

Por tanto, es inconcuso que el agraviado, al hacer la elección del régimen de pensión el veintidós de junio de dos mil diez, en ese momento se ubicó de manera automática en la previsión del precepto transitorio de que se trata, fecha en la que, como ya se evidenció, él mismo solicitó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la aplicación del citado régimen.

En estas condiciones, el solicitante del amparo consintió la norma reclamada, puesto que al menos tuvo conocimiento de ello en la citada data de veintidós de junio de dos mil diez, o sea, aproximadamente un mes y medio anterior a la presentación de la demanda de garantías (trece de agosto de dos mil diez), por lo que indudablemente el juicio de amparo se promovió fuera del término que prevé el numeral 21 de la ley de la materia y, por ende, como se anticipó, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley citada respecto del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reformó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, reclamado al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión y director del Diario Oficial de la Federación.

Sin que obste a lo hasta aquí asentado, lo argumentado por el recurrente, atinente a que no debe basarse en la elección del régimen pensionario, sino en la notificación de la resolución de pensión, porque conforme a la jurisprudencia número 2a./J. 85/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocada por el quejoso-recurrente de rubro: "INFONAVIT. PARA ACREDITAR EN EL JUICIO DE AMPARO LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 18/2008, RELATIVA AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, BASTA LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE SE LE OTORGÓ LA PENSIÓN CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, AUN CUANDO NO EXHIBA LA CONSTANCIA DE ELECCIÓN DE SISTEMA PENSIONARIO.", emitida -en una segunda etapa- si bien, sostiene que se surte el consentimiento tácito del artículo octavo transitorio cuando ... "no se reclama dentro de los 15 días posteriores al en que se notifica la resolución que otorga la pensión bajo el esquema vigente hasta el 30 de junio de 1997."; de lo cual pareciera inferirse a contrario sensu que cuando sí se reclama dentro de esos 15 días, la demanda se encuentra en tiempo, también lo es que la citada jurisprudencia:

1o. No indica que la demanda resulte extemporánea por cuanto hace al primer acto de aplicación (elección del régimen pensionario) "si y sólo si", el quejoso no reclama la resolución que le otorga la pensión dentro de los 15 días posteriores al en que se le notificó.

2o. Deja en claro que continúa en vigor la diversa jurisprudencia 2a./J. 18/2008, la cual sostiene que el primer acto de aplicación de la norma en cuestión lo constituye la elección por el particular del sistema de jubilaciones, y que es a partir de ese momento en que inicia el cómputo para impugnar el referido artículo octavo transitorio.

Lo anterior nos lleva a concluir que no es dable tal interpretación a contrario sensu. En efecto, uno de los presupuestos para que ésta tuviera lugar, es que la redacción empleada por la citada jurisprudencia fuere restrictiva, en los términos anotados, de tal suerte que fuera de esa hipótesis (no reclama dentro de los quince días posteriores a la notificación de la resolución) se tuviera que concluir que la demanda en contra de la norma, es presentada en tiempo. Otro de los presupuestos es que la jurisprudencia mencionada omitiera regular expresamente la hipótesis que se pretende resolver mediante la interpretación a contrario (la presentación de la demanda dentro de los quince días posteriores a la notificación de la resolución que otorga la pensión); lo cual no ocurre en la especie, pues si dicha jurisprudencia reafirma en su texto la vigencia de la diversa 2a./J. 18/2008, y ésta indica que el cómputo de mérito se inicia con la elección del sistema, salta a la vista que, al no poder tener otro comienzo posterior; ya está regulada dicha hipótesis; consecuentemente, no puede iniciar a partir de la fecha de la notificación de la citada resolución.

Por tanto, la jurisprudencia en comento 2a./J. 85/2009, debe interpretarse sólo en el sentido de que siempre que el quejoso reclame la resolución que le otorga la pensión bajo el esquema vigente hasta el 30 de junio de 1997, después de los 15 días a la fecha en que se le notifique, se surtirá, sobradamente, salvo prueba en contrario, el consentimiento tácito del citado artículo 8o. transitorio; empero, no que se encuentre en tiempo para impugnar el citado numeral cuando tal reclamación la realice dentro de los citados 15 días, a pesar de que dicho plazo ya transcurrió con respecto a la fecha de elección del régimen, aunque sí lo esté para impugnar por vicios propios dicha resolución.

Corrobora lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 92/2011 de rubro: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE ENTREGA DE APORTACIONES FUNDADA EN EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997."; de cuya lectura acuciosa se desprende con claridad que el órgano máximo jurisdiccional precisó que los actos de aplicación del citado artículo octavo transitorio son varios, a saber:

1. La elección del régimen pensionario;

2. La resolución dictada por el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando pensiona al trabajador (como acto ulterior de aplicación);

3. Cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le informa oficialmente que dejó de administrar los recursos aportados a su subcuenta de vivienda, por haberlos transferido al Gobierno Federal, vía Tesorería de la Federación (como acto ulterior de aplicación).

Lo anterior, tal como se desprende puntualmente del contenido de la citada jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"INSTITUTO DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE ENTREGA DE APORTACIONES FUNDADA EN EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 83/2011, para estimar que si el trabajador no impugnó el artículo octavo transitorio citado cuando eligió su régimen pensionario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni reclamó el ulterior acto de aplicación de dicho precepto derivado de la resolución dictada por el instituto cuando lo pensionó, nada le impide reclamar el sucesivo acto de aplicación del propio precepto cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores le informa oficialmente que esa dependencia dejó de administrar los recursos aportados a su subcuenta de vivienda, por haberlos transferido al Gobierno Federal, vía Tesorería de la Federación, ya que es hasta ese momento en el que el Infonavit asume formalmente frente al trabajador la responsabilidad que tuvo en el cambio de destino de tales sumas de dinero, comunicándole, fundada y motivadamente, el destino final de esas aportaciones. En efecto, tratándose del amparo contra leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional solicitada contra un ulterior acto de aplicación se obtiene a partir de que se aduce, como un vicio propio del acto controvertido, el haberse apoyado en una norma calificada expresamente como violatoria de garantías, de manera que lo pretendido en este tipo de juicios es que el órgano jurisdiccional cumpla su obligación de aplicar esa jurisprudencia conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que la posibilidad de formular el mismo concepto de violación puede plantearse tantas veces como se aplique en perjuicio del quejoso la norma jurisprudencialmente declarada inconstitucional, más aún cuando la concreción del precepto provenga de distintas autoridades, pues lo que en estos casos se destruye es el acto fundado en la norma contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello puede acontecer todas las veces en que se reitere su aplicación. Esta posibilidad de impugnación en forma sucesiva obedece a que si el quejoso consintió la norma declarada inconstitucional por no haberla reclamado oportunamente, tendrá que impugnar en cada caso concreto el acto proveniente de las autoridades, a fin de que mediante una sentencia protectora se les obligue a respetar la jurisprudencia. Consecuentemente, si el trabajador consintió el artículo octavo transitorio referido, conserva su derecho para reclamar la inobservancia de esa jurisprudencia cuando el Infonavit le informe cuál fue el destino de las aportaciones de la subcuenta de vivienda que no le entregó, pues es a partir de este momento en que conoce que lo ahorrado para la obtención de vivienda se encauzó para sufragar el régimen de pensiones."

Cabe así concluir, que la Corte, en la jurisprudencia que cita el recurrente, refiere que el primer acto de aplicación, invariablemente lo constituye la elección del régimen, y a partir de éste empieza a contar el término para impugnar la norma; al margen que el criterio jurisprudencial 2a./J. 85/2009 autorice a considerar que cuando no obre la constancia de elección del régimen, ni se tenga noticia de la fecha en que se realizó dicha elección, tal término ha expirado sobradamente si no reclama el precepto dentro de los quince días posteriores a la notificación que le otorga la pensión.

De todo lo cual se concluye que, el acto natural de aplicación del artículo octavo transitorio del decreto que reforma a la ley relativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero mil novecientos noventa y siete, lo constituye la elección del régimen pensionario, pues de otra manera no se justificaría la afirmación contenida en la citada jurisprudencia 2a./J. 92/2011, en la que la Corte distingue los diversos momentos de aplicación del citado numeral.

En las relatadas condiciones, debe confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez por cuanto hace a la norma tildada de inconstitucional.

VII. No obstante lo anterior, este tribunal, en suplencia de la deficiencia de la queja, advierte que el Juez del conocimiento incurrió en una incongruencia, pues inadvirtió que al haberse reclamado también la resolución de pensión, no procedía hacer extensivo el sobreseimiento porque es un acto de ulterior aplicación, que se puede combatir como un vicio propio del acto controvertido, al haberse apoyado en una norma calificada de inconstitucional por jurisprudencia de la Corte, precisamente con apoyo en la citada jurisprudencia 2a./J. 92/2011.

En efecto, el trabajador **********, demandó el amparo ante el Juzgado de Distrito en contra de los actos de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, que hizo consistir en la discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación, publicación, aplicación y ejecución del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del decreto por el que se reforma la ley relativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete; acto respecto del cual, como ya se vio, fue correcto el sobreseimiento decretado por el Juez.

Asimismo, del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, del secretario de Hacienda y Crédito Público y Tesorería de la Federación reclamó todos los actos, acuerdos u órdenes realizados directamente por ellos, tendientes a la aplicación o ejecución del artículo 8o. transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Y del jefe de Departamento de Pensiones Subdelegacional en Ecatepec, Estado de México, del Instituto Mexicano de Seguro Social, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas, reclamó la resolución de dos de julio de dos mil diez.

En los antecedentes de la demanda de garantías, se hizo valer que mediante resolución para el otorgamiento de pensión, emitida el dos de julio de dos mil diez y que le fue notificada el treinta de julio de dicha anualidad, se ubica al quejoso, de manera automática, en la previsión de un primer acto de aplicación en su perjuicio del artículo octavo transitorio del decreto que reformó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía, de fecha dos de julio de dos mil diez, exhibida por el jefe de Departamento de Pensiones Subdelegacional en Ecatepec, Estado de México, del Instituto Mexicano de Seguro Social, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas (foja 136), así como por el titular de la División de Amparos Fiscales, en ausencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del secretario general del instituto y de los directores de Incorporación y Recaudación, de Finanzas, de Administración y Evaluación de Delegaciones, Jurídico, coordinadora de Asuntos Contenciosos, titular de la División Normativa Fiscal (foja 216), en copia certificada, es del tenor siguiente:

(SE SUPRIMEN IMÁGENES)

Como ya se vio, en la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil diez y terminada de engrosar el dieciocho siguiente, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se estimó que, en la especie, también se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con la jurisprudencia número 17, publicada en la página 12 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA."

Apoyándose para ello en que de las constancias de autos, se apreciaba que el quejoso consintió el primer acto de aplicación tildado de inconstitucional, que se dio desde el momento en que optó por pensionarse bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres; que por tanto, resultaba correcto determinar que el diverso acto impugnado consistente en la resolución de dos de julio de dos mil diez, a través de la cual se le otorgó al impetrante la pensión de cesantía, adquirió la calidad de acto derivado de consentido, aunado a que tal resolución no la reclamaba por vicios propios sino como consecuencia del artículo tildado de inconstitucional, lo que llevaba a sobreseer en el juicio de garantías también respecto ese acto.

La anterior determinación es ilegal, porque aun cuando no se trate del primer acto de aplicación de la norma impugnada, pues sobre ella el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, lo cierto es que cuando se está en presencia de actos ulteriores fundados en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo procede el juicio de amparo sino además, como ya se dijo, procede suplir la deficiencia de la queja en la demanda de garantías, siendo aplicable la jurisprudencia 8/2006, sustentada por el Tribunal en Pleno del Alto Tribunal, bajo el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY."

Además, contrariamente a lo que afirma el Juez de Distrito, sí combate implícitamente dicho acto por vicios propios en tanto que se le aplica un precepto declarado inconstitucional; máxime que aun en el caso de que no se hubiere expresado directamente concepto de violación por vicios propios, es evidente la obligación del órgano jurisdiccional de suplir de la deficiencia de la queja a favor del quejoso, al haberse fundado el acto en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY."

Cabe puntualizar que por lo que se refiere a la señalada resolución, la promoción de amparo debe estimarse opo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23304-e206212d/infonavit-caso-en-que-se-surte-el-consentimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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