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Modo: Corpus Pro

ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO INDEBIDO DEL JUEZ DE DISTRITO SOBRE SU EXISTENCIA, ES UN ASPECTO QUE DEBE SER SUBSANADO, DE OFICIO, POR EL TRIBUNAL REVISOR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 112/2011. · Registro digital (IUS): 31959
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-12-01
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo IV, Pág.3415.

AMPARO EN REVISIÓN 112/2011. 5 DE JULIO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: ENRIQUE OROZCO MOLES.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Previo al estudio del contenido de la sentencia recurrida, a fijar la materia de la revisión y, en su caso, de los agravios, este tribunal revisor advierte que el Juez de Distrito incurrió en incongruencias y estudios indebidos de los actos reclamados contrarios a lo previsto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; razones por las cuales este Tribunal Colegiado, en carácter de revisor, debe corregir oficiosamente esos aspectos; a propósito son aplicables las jurisprudencias siguientes:

"ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR. De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, los que se apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad responsable, por lo que si el Juez de Distrito, en su sentencia, contraviene esos ordenamientos, y no resuelve sobre alguno de tales actos, o no los aprecia correctamente, los agraviados al interponer la revisión están en aptitud de invocar el agravio correspondiente y si, además, no se aprecia que alguna de las partes que debió intervenir en el juicio de garantías haya quedado inaudita, no procede ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no constituye una violación procedimental porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva; sino que lo que es susceptible es que la autoridad revisora se sustituya al Juez de amparo y efectúe el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, del artículo invocado, conforme al cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión."(7)

"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."(8)

"SENTENCIAS INCONGRUENTES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO. CUANDO EL CASO LO PERMITA EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE SUBSANAR TALES IRREGULARIDADES. Si en la demanda de amparo se impugnó una ley con motivo de actos concretos de aplicación y el juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de estos últimos, pero en lugar de sobreseer también respecto de la ley reclamada entró al estudio de su inconstitucionalidad, se considera que, no obstante la inoperancia de los agravios expuestos por el recurrente, el tribunal revisor puede oficiosamente subsanar esa irregularidad decretando el sobreseimiento respectivo, a efecto de evitar ejecutorias incongruentes. Debe tomarse en cuenta, por una parte, que en los términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio y, por la otra, que si de acuerdo con el espíritu del artículo 79 del citado ordenamiento es factible suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada en la cita de la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, por mayoría de razón debe conferirse esa facultad al tribunal revisor para que subsane notorias incongruencias en que haya incurrido el tribunal de primera instancia cuando el caso lo permita, puesto que con ello se cumple cabalmente con la alta función encomendada al órgano jurisdiccional."(9)

Y con el mismo criterio sobre las facultades correctivas del tribunal revisor, se encuentra la tesis aislada siguiente:

"ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla –aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido– y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo."(10)

Justificado el ejercicio de la facultad oficiosa correctiva a que se refiere este apartado, a continuación se destaca que en el considerando tercero de la sentencia recurrida el Juez de Distrito señaló que no eran "ciertos los actos controvertidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que así lo manifestó el director general de Amparos contra actos administrativos en su representación al rendir el informe de ley, sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción tendente a desvirtuar tal negativa y que acreditara su existencia (fojas 245 a 247)"; razón por la cual se determinó "sobreseer en el presente juicio de garantías respecto de dicha autoridad responsable, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.—Al respecto, se invoca la jurisprudencia 284 ‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUÍDOS A LAS AUTORIDADES.’."

La consideración anterior es incorrecta porque, en realidad, sí son ciertos los actos atribuidos al mencionado secretario de Estado y para su comprobación basta un estudio lógico de dicho reclamo.

Como puede observarse, el razonamiento del Juez de Distrito se redujo a estimar que por el solo hecho de haberse negado el acto reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistente en la sanción del artículo reglamentario impugnado, sin prueba en contrario ofrecida por la parte quejosa, entonces automáticamente procedía el sobreseimiento con base en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Lo anterior importa un estudio indebido de los actos reclamados que debe ser inmediatamente reparado de oficio, porque sí es cierto dicho reclamo, además de que la metodología utilizada por el Juez de Distrito para definir este aspecto fue incorrecta.

El tema de la existencia del acto reclamado representa un aspecto procesal que debe evaluarse lógicamente y con detenimiento, pues la existencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables no representa algo que dependa exclusivamente de las manifestaciones contenidas en sus informes, sino de los esquemas de verdad bajo los cuales, en realidad, dichos actos se producen y, por ello, resultan existentes.

De lo que se sigue que para determinar la existencia de un acto reclamado en la sentencia no basta con tomar en cuenta las manifestaciones realizadas por las autoridades y la exigencia de pruebas a la parte quejosa, pues pudiera acontecer que aun con tal negativa y la falta de pruebas de la quejosa, dichos actos en verdad existan, tal como en la especie ocurre.

Y es que lo reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público fue la sanción del artículo 17, fracción XXV, del Reglamento Interior de Servicio de Administración Tributaria, acto que para comprobar su existencia basta acudir al correspondiente decreto de publicación oficial del que se desprende inmediatamente que fue incorrecta la conclusión del Juez en el fallo sujeto a revisión.

En el Diario Oficial de la Federación del lunes veintidós de octubre de dos mil siete, aparece la publicación oficial mediante la cual se expidió el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, cuyo enunciado inicial es el siguiente:

"Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 22 de octubre de 2007. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.—Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracciones I y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 13, 17 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, he tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.—ARTÍCULO PRIMERO.—Se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:"

Y al concluir el texto normativo principal y transitorio del referido reglamento (donde se contiene el artículo cuya inconstitucionalidad se reclama), se hace constar lo siguiente:

"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil siete.—Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.—Rúbrica.—El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.—Rúbrica."

De lo anterior se sigue que fue incorrecto el estudio del Juez de Distrito sobre la existencia del acto de sanción reglamentaria atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, porque a pesar de que en la realidad dicho acto sí existe según el decreto de su publicación oficial, finalmente dicho Juez estimó lo contrario, bajo el argumento de que tal inexistencia se derivaba de la negativa del informe y de la falta de pruebas de la parte quejosa.

Como si esa fuera la única forma para estudiar el aspecto en comentario y como si la combinación de esos elementos resultara suficiente para desvirtuar la realidad del contenido de la publicación oficial.

De este modo es que, de oficio, debe corregirse ese estudio indebido, el cual condujo al Juez Federal a sobreseer incorrectamente respecto del acto de sanción reglamentaria reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público.

Hecha la corrección anterior, se procederá al análisis de la materia de la revisión.

SÉPTIMO.—Por no existir agravio de la parte quejosa a quien pudiera perjudicar, debe permanecer intocado el sobreseimiento por extemporaneidad en la presentación de la demanda decretado en la primera parte, inciso a), del considerando quinto de la sentencia recurrida (páginas 8 a 12 del fallo recurrido), que operó respecto de los actos siguientes:

a) Oficio 500-75-00-06-00-2010-04126, de veinte de mayo de dos mil diez, notificado al contador autorizado que dictaminó estados financieros respecto de la empresa quejosa el día veintiuno de los mismos mes y año.

b) Oficio 500-75-00-06-00-2010-04127, también de veinte de mayo de dos mil diez, notificado al contador que dictaminó estados financieros respecto de la empresa quejosa el día veintiuno de los mismos mes y año.

Dicho sobreseimiento fue reflejado en parte del punto resolutivo primero de la sentencia recurrida.

De igual manera, por inexistencia de agravios de las responsables a quienes pudiera perjudicar, deben quedar firmes las consideraciones contenidas en la tercera parte –inciso c)– del considerando quinto de la sentencia recurrida (páginas 21 a 27 del fallo sujeto a revisión), donde se desestimaron las causas de improcedencia y sobreseimiento expuestas por las responsables en sus informes justificados; como también el considerando sexto.

A propósito de lo anterior, tienen aplicación los criterios jurisprudenciales siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."(11)

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."(12)

Consecuentemente, sólo serán materia de la revisión las consideraciones siguientes:

I. El sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de la norma reglamentaria reclamada (artículo 17, fracción XXV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria) y de su acto de aplicación (oficio 500-75-00-05-01-2010-04533, de dos de junio de dos mil diez notificado en la misma fecha), contenido en la segunda parte, inciso b), del considerando quinto de la sentencia recurrida (páginas 12 a 21 del fallo recurrido); y,

II. El considerando séptimo del fallo sujeto a revisión, en donde se analizó la legalidad de los oficios 500-75-00-06-00-2010-04202 y 500-75-00-06-00-2010-04203, concluyéndose por el Juez en declarar infundados los conceptos relativos y negar el amparo respecto de dichos actos, aspecto que quedó reflejado en el considerando segundo de la sentencia recurrida.

Hechas las anteriores precisiones, se procederá a continuación al análisis de la materia de la revisión en los términos anteriores.

OCTAVO.—Por razón de método y orden lógico en el estudio de los temas que constituyen la materia de la revisión, debe estudiarse primeramente lo relativo al sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto del artículo 17, fracción XXV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y de su acto de aplicación, oficio 500-75-00-05-01-2010-04533, de dos de junio de dos mil diez notificado en la misma fecha; esto, en obvio de que las cuestiones relacionadas con la improcedencia del juicio son de estudio previo a las cuestiones de fondo.

Con respecto a lo anterior, en la sentencia recurrida transcrita el Juez de Distrito consideró –en síntesis– que el oficio 500-75-00-05-01-2010-04533, de dos de junio de dos mil diez notificado en la misma fecha mediante el cual se revocan oficios anteriores mediante los cuales se iniciaron las facultades de comprobación (en la modalidad de revisión de estados financieros) no afecta los intereses jurídicos de los quejosos, y como dicho acto de aplicación debe ser sobreseído –consideró también el a quo–, entonces, dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo a la norma reclamada.

Contra la anterior consideración, los quejosos expusieron en sus agravios que fue incorrecta la decisión del Juez, porque en realidad sí existen afectaciones a sus intereses; esto, al momento en que mediante el oficio y fundamento reglamentario reclamados, la autoridad responsable revoca unilateralmente sus actos emitidos en ejercicio de facultades de comprobación, con lo cual, incondicionalmente, el fisco hasta puede llegar a recomponer o perfeccionar el ejercicio de sus facultades que inicialmente se hubieran comenzado defectuosamente, y no sólo eso, sino que los contribuyentes afectados quedan colocados en un estado en el cual no pueden oponerse a tal revocación para conservar en el procedimiento ese ejercicio defectuoso, todo lo cual representa arbitrariedades de la autoridad que queda en posibilidad de corregir sus actos tantas veces como lo crea necesario; aspectos todos éstos que sí ocasionan agravios al litisconsorcio quejoso y que resultaban suficientes para que se pasara al fondo del asunto.

Los agravios antes resumidos son fundados y suficientes para revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto del oficio 500-75-00-05-01-2010-04533, de dos de junio de dos mil diez –notificado en la misma fecha– como acto destacado y como actuación de aplicación del artículo 17, fracción XXV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

El Juez de Distrito apreció incorrectamente el acto reclamado, pues evidentemente se limitó a observar el oficio en mención, atendiendo solamente a sus alcances y límites inmediatos, pasando por alto el contexto en donde dicho acto fue emitido y las reglas del amparo que existen en la materia.

En efecto, si se observa aisladamente al oficio 500-75-00-05-01-2010-04533, ciertamente se podrían compartir las conclusiones del Juez de Distrito, pues qué mejor situación para un quejoso que una vez iniciadas las facultades de comprobación, la autoridad, en su beneficio, las revoque.

Sin embargo, ésa no es la forma correcta para observar un acto reclamado en el juicio de amparo, sobre todo en asuntos como el presente; máxime que esa metodología utilizada por el Juez resulta contraria a la jurisprudencia aplicable y a las reglas del juicio constitucional.

Reiteradamente la jurisprudencia del Alto Tribunal (tanto en Pleno como a través de sus Salas) ha definido que es incorrecto para los Jueces considerar a los actos reclamados en amparo de modo aislado, en virtud de que la demanda debe ser considerada por lo general en su integridad y de modo indivisible, salvo algunas excepciones; casos singulares en los cuales se tendrían que justificar por los Jueces las razones del aislamiento de los actos para no hacer la valoración con sentido de integridad. De ahí que lo correcto no es que generalmente se proceda a su estudio fragmentado (como lo hizo el Juez), sino que se haga su análisis atendiendo a su integridad, con sentido de liberalidad y no de modo restrictivo, considerando el contexto en que tales actos de autoridad son emitidos, en especial cuando se trata (como aquí) de actos conexos, los que de ninguna manera pueden ser estudiados por separado, así como también cuando se trata de reclamos en materia de inconstitucionalidad de leyes donde el supuesto de aplicabilidad de la norma sólo puede ser observado atendiendo al conjunto de reclamos que rodean al acto de aplicación (que también es el caso), es decir, debe atenderse preferentemente a lo que se quiso decir por el quejoso y solamente atendiendo a lo que aparentemente dijo, pues sólo de esa forma resulta posible que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto.

Los criterios de referencia (aislados y jurisprudenciales) son los siguientes:

Jurisprudencia y tesis aisladas del Pleno.

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."(13)

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."(14)

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."(15)

"AMPARO INDIRECTO. DEBE EXAMINARSE EN SU INTEGRIDAD LA DEMANDA RELATIVA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA CON MOTIVO DE UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, QUE SURGIDA EN EL JUICIO, SU ACTO DE APLICACIÓN, SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV y 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro del juicio, que sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, lo que de suyo permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Una cuestión de constitucionalidad surgida en el procedimiento judicial tiene una ejecución de imposible reparación si los efectos legales y materiales producidos como consecuencia de la aplicación en él de una ley, tratado internacional o reglamento, alcanzan a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales que no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación. De aquí, entonces, que en un juicio de amparo indirecto promovido con motivo de la situación antes apuntada es necesario establecer previamente si se está o no en presencia de una ejecución de imposible reparación, atendiendo no solamente a la naturaleza del acto y a su trascendencia, sino también a los conceptos de violación formulados para poder determinar si el quejoso se duele de la afectación de derechos sustantivos o derechos meramente procesales, determinación que lógicamente sólo puede realizar el juzgador analizando en su integridad la demanda relativa."(16)

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Es criterio reiteradamente sustentado por este Alto Tribunal, el consistente en que el escrito de demanda puede y debe ser interpretado en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo."(17)

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER TOMADA EN CUENTA EN SU INTEGRIDAD. Es necesario tomar en cuenta el contenido de toda la demanda de amparo en su integridad, y no únicamente los conceptos de violación, sin que pueda considerarse por ello que se está supliendo la deficiencia de la queja."(18)

"DEMANDA DE AMPARO. Las disposiciones relativas de la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda de amparo, tanto para admitirla, como para rechazarla. La ley presupone solamente dos posibilidades: la primera, que la demanda sea procedente, y la segunda, que no lo sea; pero en ambos casos se refiere a la integridad del libelo que, según las disposiciones constitucionales y reglamentarias relativas, constituye la base del juicio, y presenta el caso a debate, formando una verdadera unidad o todo, que conviene conservar incólume, a fin de que se resuelva sobre todos sus puntos o se niegue su admisión en su integridad, para evitar que se anime un procedimiento innecesario, por tratarse de queja mal fundada. De admitir la Ley de Amparo, la posibilidad de que la demanda fuera rechazada en parte, no se hubiera expresado en los términos ‘desechar aquélla’, esto es, toda la demanda, criterio que se robustece examinando los preceptos de la ley, que ordenan que la demanda confusa sea aclarada. Sin embargo, es preciso considerar que la doctrina expuesta, no es una interpretación rígida que pueda sentarse como regla general, y que sólo tiene aplicación justa, cuando los actos reclamados están fuertemente ligados entre sí, formando una unidad o todo que no es posible desmembrar; pero cuando la demanda contenga actos aislados e independientes, que puedan examinarse por separado, será necesario estudiar si procede aplicar las reglas anteriores."(19)

"INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. La competencia debe declararse a favor del Juez que previno, de acuerdo con el espíritu del párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo, ya que esta Suprema Corte de Justicia en casos semejantes ha establecido jurisprudencia en el sentido de que las disposiciones relativas de dicha ley manifiestan muy claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda de amparo, tanto para admitirla, como para rechazarla. La ley presupone solamente dos posibilidades: la primera, que la demanda sea procedente, y la segunda, que no lo sea; pero, en ambos casos se refiere a la integridad del libelo, que, según las disposiciones constitucionales y reglamentarias relativas, constituye la base del juicio y presenta el caso a debate, formando una verdadera unidad o todo, que conviene conservar incólume a fin de que se resuelva sobre todos sus puntos o se niegue su admisión en su integridad para evitar que se anime un procedimiento innecesario, por tratarse de queja mal fundada. De admitir la Ley de Amparo la posibilidad de que la demanda fuera rechazada en parte, no se hubiera expresado en los términos ‘desechar aquella’, esto es, toda la demanda, criterio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31959-d6efc106/actos-reclamados-en-el-amparo-indirecto-el-estudio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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