INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. AL RECLAMARSE EL PROTOCOLO PARA LA LEGITIMACIÓN DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS EXISTENTES, CORRESPONDE A LAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 257/2019. 22 DE ENERO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ERICK FERNANDO CANO FIGUEROA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Estudio. El análisis de los agravios conduce a determinar lo siguiente.
I. Suplencia de la deficiencia de la queja.
Aduce el sindicato recurrente que acude al juicio constitucional en representación de la clase trabajadora y en defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 constitucional.
Abunda el revisionista en el sentido de que la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja debió operar a su favor, pues acudió al juicio de amparo con el objeto de defender derechos laborales que han sido vulnerados y que trascienden directamente en los agremiados, además en el presente no intervienen diferentes organizaciones sindicales como parte tercero interesada.
Es infundado su argumento.
A fin de exponer la conclusión alcanzada, es menester recordar que la suplencia de la deficiencia de la queja, encuentra su fundamento en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.
Luego, reglamentariamente, el artículo 79 de la Ley de Amparo dice:
"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito.
"La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los Juzgados y Tribunales del Circuito correspondientes;
"II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;
"III. En materia penal:
"a) En favor del inculpado o sentenciado; y
"b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;
"IV. En materia agraria:
"a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta ley; y
"b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.
"En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;
"V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;
"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley.
"En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y
"VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.
"En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.
"En estos casos sólo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.
"La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo."
Por tanto, la suplencia de la queja en el juicio de amparo en materia de trabajo se caracteriza porque se aplica obligatoriamente, de manera amplia o total, para proteger los intereses fundamentales de la clase trabajadora consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal y en las leyes que de ella emanan.
La razón de la citada suplencia es lograr el equilibrio procesal de las partes y éste no se rompe cuando en el juicio de amparo intervienen como partes quejosa y tercera interesada distintos sindicatos de trabajadores, puesto que ninguno de ellos se coloca en una situación de desigualdad que requiera ser equilibrada; dicha situación no da lugar a la obligación de suplir la queja deficiente en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. Debiendo recordar que la referida suplencia se instituyó única y exclusivamente en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de amparo en defensa de sus derechos laborales, con el objeto de lograr el equilibrio procesal entre personas físicas o morales que pertenecen a clases socioeconómicas distintas, como son el trabajo y el capital, representados por los obreros y los patrones, respectivamente, con el propósito directo e inmediato de proteger el interés fundamental de la clase trabajadora que fluye en ese sistema de prerrogativas sociales cuando son vulneradas, transgredidas, limitadas, desconocidas, o de cualquier forma afectadas por el acto de la autoridad responsable.
Ahora bien, en las reformas constitucionales que dieron lugar a las de la legislación del trabajo –del 1 de mayo de 2019–(1) se tiene que los sindicatos están obligados a rendir cuentas claras respecto del ingreso, destino y uso de las cuotas sindicales, pues sólo así los trabajadores podrán conocer si su sindicato realmente está defendiendo sus derechos y que aquél está cumpliendo con su obligación de mejorar sus condiciones de trabajo y vida.
En efecto, a través del decreto mencionado se busca que conforme a los procedimientos ahí descritos, se garantice que los trabajadores conozcan y aprueben el contenido de sus contratos colectivos de trabajo, a través del voto personal, libre y secreto, así como que los sindicatos informen lo relativo a las cuotas sindicales percibidas y su destino, pues sólo así los trabajadores estarán en aptitud de conocer si su sindicato verdaderamente protege sus intereses, a través de buscar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y vida, fin este último que constituye la naturaleza primordial de los sindicatos, además de que si la clase trabajadora se encuentra conforme con ello, tal circunstancia impactará en la paz y estabilidad social, pues las injusticias laborales se verán minimizadas.
En el caso, cobra importancia el contenido de los artículos 390 Ter y décimo primero transitorio, ambos de la Ley Federal del Trabajo, los cuales señalan:
"Artículo 390 Ter. Para el registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto personal, libre y secreto. El procedimiento de consulta a los trabajadores se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
"I. Una vez acordados con el patrón los términos del contrato colectivo inicial o del convenio de revisión respectivo, el sindicato que cuente con la representación de los trabajadores dará aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por escrito o vía electrónica, que someterá a consulta de los trabajadores la aprobación del contenido del contrato. El aviso deberá hacerse con un mínimo de diez días de anticipación a que se realice la consulta.
"El aviso a que se refiere el párrafo anterior señalará día, hora y lugar en donde se llevará a cabo la consulta a los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto, y deberá anexar un ejemplar del contrato o convenio negociado firmado por las partes. Asimismo, el sindicato deberá emitir la convocatoria correspondiente, señalando el lugar, día y hora en que deberá efectuarse la votación; la convocatoria se emitirá por lo menos con diez días de anticipación a ésta sin que exceda de quince días;
"II. El procedimiento de consulta que se realice a los trabajadores deberá cubrir los siguientes requisitos:
"a) El sindicato deberá poner oportunamente a disposición de los trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato colectivo inicial o del convenio de revisión que se someterá a consulta;
"b) La votación se llevará a cabo el día, hora y lugar señalados en la convocatoria;
"c) Se garantizará que el lugar que se designe para la votación sea accesible a los trabajadores y reúna las condiciones necesarias para que éstos emitan su voto de forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados de forma alguna;
"d) El empleador no podrá tener intervención alguna durante el procedimiento de consulta;
"e) El resultado de la votación será publicado por la directiva sindical en lugares visibles y de fácil acceso del centro de trabajo y en el local sindical correspondiente en un plazo no mayor a dos días de la fecha que se realice la consulta;
"f) El sindicato dará aviso del resultado de la votación al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se realice la consulta, a efecto de que dicho centro lo publique en su sitio de internet.
"El aviso señalado en el párrafo anterior se hará bajo protesta de decir verdad. En caso de existir inconsistencias en relación con hechos sustantivos del proceso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral declarará nula la consulta y ordenará la reposición de la misma;
"g) Las actas de votación serán resguardadas durante cinco años para acreditar el cumplimiento de esta obligación, para efectos de verificación de la autoridad laboral o registral. El sindicato promovente deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que dio cumplimiento a esta obligación, y
"h) El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá verificar que el procedimiento de consulta se realice conforme a los requisitos antes señalados;
"III. De contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores al contenido del acuerdo, se estará a lo siguiente:
"a) Para contratos colectivos de trabajo inicial, el sindicato procederá a realizar la solicitud de registro ante la autoridad registral conforme a lo previsto en el artículo 390 de la presente ley, y
"b) Para convenios de revisión o modificaciones del contrato colectivo de trabajo, se estará a lo dispuesto en el artículo 399 Ter;
"IV. En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión no cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores cubiertos por el mismo, el sindicato podrá:
"a) Ejercer su derecho a huelga, en caso de haber promovido el emplazamiento correspondiente, y
"b) Prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga con el objeto de continuar con la negociación y someter el acuerdo a nueva consulta, observando lo establecido en la fracción V del artículo 927 de esta ley.
"En el procedimiento de consulta previsto en el presente artículo, el voto personal, libre y secreto de los trabajadores se ejercerá en forma individual y directa."
"Décimo Primero. Legitimación de contratos colectivos de trabajo. Con el fin de cumplir el mandato del artículo 123, apartado A, fracción XVIII, segundo párrafo y XX Bis de la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de este decreto.
"Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicho Centro verificará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un ejemplar impreso del mismo por parte del patrón; asimismo, que este contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto.
"La consulta a los trabajadores se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 Ter de esta ley.
"Si al término del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta mencionada, éste se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean superiores a las establecidas en esta ley, las que serán de aplicación obligatoria para el patrón.
"Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta a que se refiere el presente artículo transitorio y dispondrá las medidas necesarias para su instrumentación, dentro de un plazo de tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá la participación que dicho protocolo le establezca." (subrayado propio)
El numeral transcrito en primer lugar, establece que para el registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto personal, libre y secreto; asimismo, establece la forma en que se efectuará el procedimiento de consulta.
En el entendido de que se complementa con el diverso décimo transitorio, el cual refiere:
- Que los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatros años posteriores a la entrada en vigor del decreto precisado en líneas precedentes.
- Las revisiones deberán depositarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual verificará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y que se le entregó un ejemplar impreso del mismo por parte del patrón; asimismo, que ese contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto.
- La consulta señalada con antelación se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 Ter.
- Si al término del plazo aludido en el primer punto, el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta mencionada, éste se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean superiores a las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, las que serán de aplicación obligatoria para el patrón.
- Hasta en tanto entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta a que se refiere el transitorio y dispondrá las medidas necesarias para su implementación, dentro de un plazo de tres meses siguientes a la entrada en vigor del referido decreto.
Atendiendo a lo establecido en el transitorio aquí reflejado, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Protocolo para la Legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo Existentes" –acto reclamado en el juicio de amparo indirecto–.
Ahora, el pacto referido, al igual que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al uno de mayo de dos mil diecinueve; busca que el contenido del contrato colectivo de trabajo sujeto a legitimación sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo, a través del voto personal, libre, directo y secreto.
En consecuencia, no puede considerarse que al sindicato quejoso deba suplírsele la deficiencia en la queja, puesto que la afectación alegada a sus intereses, pugna con los derechos de los trabajadores, los cuales se buscó salvaguardar con la reforma reclamada, de ahí que no proceda la suplencia de la queja en este asunto, razón por la que se atenderá atento al principio de estricto derecho.
Justifica lo que antecede el criterio I.16o.T. J/7 L (10a.), de este Tribunal Colegiado de Circuito, aprobado en sesión de 7 de enero de 2020,(2) conforme a lo que se resolvió en los recursos de revisión 110, 111, 115, 118 y 125 todos del índice de 2019, la cual es del rubro y texto siguientes:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO. NO APLICA EN ASUNTOS PROMOVIDOS POR LA DIRECTIVA DE UN SINDICATO EN CONTRA DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y OTROS ORDENAMIENTOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, CUANDO SÓLO SE DEFIENDE EL INTERÉS DEL SINDICATO. En los asuntos en que se reclame el Decreto de Reforma referido, no puede considerarse que los sindicatos se encuentren en una desventaja o desequilibrio procesal que justifique la aplicación de la suplencia de la queja, puesto que la afectación alegada a sus propios intereses, pugna con los derechos de los trabajadores que se buscó salvaguardar con la reforma reclamada, sin que con ello se soslaye la jurisprudencia número 2a./J. 42/2003, dado que tal criterio, no puede ser entendido en el sentido de que opera la suplencia de la queja en favor de los sindicatos, pues si la intención del Constituyente, así como del legislador ordinario plasmada en la reforma que se impugna es empoderar a la clase trabajadora, implicaría colocar en una supuesta desigualdad jurídica a las directivas de las organizaciones sindicales frente a sus agremiados, lo cual resulta inconducente ya que atentaría en contra de la naturaleza de la propia suplencia de la queja, situación que no es permisible, pues los intereses del sindicato en sí mismos considerados no se pueden anteponer a los intereses de los trabajadores que los conforman, en tanto que la reforma busca proteger a la clase trabajadora frente al ejercicio indebido de la libertad contractual y sindical, garantizando su participación directa en la confección, designación, formulación de estatutos y en la creación y revisión de los contratos colectivos de trabajo, entre otras, sin que exista un desequilibrio procesal de los sindicatos como tales, que deba salvaguardarse; máxime cuando la dirigencia de éstos no acude en defensa de los derechos de los trabajadores, sino de los propios."(3)
II. Argumentos que combaten consideraciones que no fueron expresadas en la sentencia reclamada.
En otra parte del primer agravio, dice el recurrente que el análisis de la Jueza de Distrito configura una falacia de petición porque dicta el sobreseimiento con base en que el promovente no acreditó el carácter de representante legal del sindicato, pero decide no suplir la deficiencia de la queja a quien promueve porque es un sindicato y no acude al juicio de amparo en defensa de los derechos de sus agremiados trabajadores lo cual es una incongruencia, pues si desconoció la personería del promovente y dictó sobreseimiento del juicio de amparo indirecto eso tiene como resultado que no exista esa representación lo que es igual a que nadie promovió el juicio de amparo indirecto.
En el segundo agravio estima el recurrente que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6o., párrafo primero, ambos preceptos de la Ley de Amparo, exponiendo que el numeral en segundo término se refiere a la cuestión inherente a la legitimación ad causam y ad procesum.
Luego, arguye el recurrente que el numeral 10 de la Ley de Amparo establece cómo debe acreditarse la representación en el juicio de amparo, o sea, que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre y por cuenta de otra (representada), en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de esta última, como si hubiera sido realizado por él.
Explica el solicitante de justicia que éste es un sindicato respecto del cual la Ley de Amparo no establece, de forma específica, la manera en que deberá acreditar su representación; en tales términos, lo procedente es remitirse a la Ley Federal del Trabajo -como ley que rige el acto reclamado-, para entender la manera en que tal personería debe justificarse.
Además, dice el inconforme, de la interpretación sistemática de los artículos 692, segundo párrafo, fracción IV y 693 de la Ley Federal del Trabajo se advierten dos formas para acreditar la personalidad del que actúa como representante de un sindicato.
De igual forma, el recurrente considera que en términos del numeral 376 de la aludida legislación la representación del sindicato se ejerce, en principio, por su secretario general, afirmando que sí se acredita la vigencia de dicho nombramiento con la certificación administrativa de la autoridad de trabajo respectiva, siendo que esa representación no sólo recae en el Comité Ejecutivo del Sindicato, máxime que no existe disposición especial en los estatutos sindicales en contrario. Al respecto citó la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, de rubro: "PERSONALIDAD DEL SECRETARIO GENERAL DE UN SINDICATO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PARA TENERLA POR ACREDITADA ES SUFICIENTE SI SE DEMUESTRA LA VIGENCIA DE DICHO NOMBRAMIENTO CON LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD DE TRABAJO RESPECTIVA." (Citó datos de localización y contenido).
Son inoperantes esos argumentos porque, como se ilustra en líneas subsecuentes, a través de ellos se intenta controvertir consideraciones que no fueron expresadas en la sentencia recurrida.
La juzgadora federal, ciertamente, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto de su índice; sin embargo, contrario a lo que aduce el sindicato inconforme, la causa de improcedencia que invocó para decretar el sobreseimiento respecto del protocolo no fue la prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 6o. de la Ley de Amparo, sino la contenida en la diversa fracción XII del primero de los numerales citados.
Es decir, la juzgadora de amparo no decretó el sobreseimiento del juicio por considerar que la persona física que lo promovió no hubiera acreditado estar facultada para actuar a nombre del sindicato quejoso.
Lo que la Jueza de Distrito consideró fue que el sindicato quejoso no demostró que la norma general impugnada afectara sus intereses jurídicos, porque no acreditó tener celebrado un contrato colectivo de trabajo.
En efecto, la a quo decretó el sobreseimiento, esencialmente, bajo los argumentos siguientes:
- Que el sindicato quejoso reclamó el Protocolo para la Legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo, el cual se origina a partir de lo estatuido por el artículo Décimo Primero transitorio de la Ley Federal del Trabajo, publicada el uno de mayo de dos mil diecinueve.
- El protocolo es una norma general, porque no se agota o extingue con una aplicación concreta, no está dirigido a un sujeto determinado, sino a un grupo que satisface determinadas características, subsiste después de su aplicación; por ende, al establecer derechos y obligaciones precisando los supuestos que los generan, así como las consecuencias de su inobservancia, se trata de una norma de carácter general, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 107 de la ley de la materia.
- Señaló que, para realizar el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debía partirse del examen de su naturaleza, es decir, debía determinarse si se trataba de leyes autoaplicativas o heteroaplicativas y señaló el significado de cada una.
- Una vez realizado lo anterior, estableció que el protocolo reclamado era de naturaleza autoaplicativa, por lo que concluyó que el sindicato quejoso carecía de interés jurídico para acudir al juicio de amparo, en virtud de que no acreditó durante la secuela procesal que se ubicara en el supuesto que la disposición establecía, o que señalara un acto concreto que le afectara, pues una vez que analizó las pruebas que ofreció, consideró que eran insuficientes para demostrar la afectación a un derecho subjetivo, al no haber acreditado que estuviera en el supuesto establecido por la norma (tener firmado un contrato colectivo de trabajo anterior a la norma cuestionada), el cual, a criterio de la juzgadora, debía estar plenamente probado con medios de convicción idóneos.
Ahora, tal y como se anticipó, de una confrontación que se hace entre lo resuelto por la Jueza Federal y los argumentos que hace valer el recurrente en el agravio en estudio, se puede advertir que el inconforme intenta desvirtuar una causa de improcedencia del juicio diversa a aquella en que se fundó la sentencia reclamada.
Así es, en los agravios se pretende desvirtuar la causa de improcedencia relativa a que la persona física que promovió el juicio de amparo no acreditó tener facultades para actuar a nombre del sindicato quejoso; pero, como se ha visto, la causa de improcedencia que la juzgadora consideró acreditada fue la relativa a que el sindicato quejoso no demostró que la norma general impugnada afecte su esfera de derechos.
Por tanto, la inoperancia del agravio de que se trata radica en que a través de él se controvierten consideraciones que no fueron expresadas en la sentencia reclamada, situación que impide a este tribunal hacer pronunciamiento alguno en torno a ello, dado que se trata de cuestiones ajenas; por tanto, novedosas, que no dieron sustento a la resolución recurrida, y que dé materia al presente medio de impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial XVII.1o.J/3, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 190841, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1194, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA.—Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja.
"Amparo directo 956/98. Lauro Arreola Tarín. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya.
"Amparo directo 580/98. Luciano Aguirre Payán. 10 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya.
"Amparo directo 669/98. Compañía Minera Namiquipa, S.A. de C.V. y otro. 21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya.
"Amparo directo 967/98. Banco Nacional de México, S.A. 21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya.
"Amparo directo 70/2000. Mauricio Russek Valles. 21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Pablo Pérez Villalba. Secretario: José Luis Estrada Amaya.
"Nota: Por ejecutoria de fecha 10 de noviembre de 2010, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 245/2010 en que participó el presente criterio."
III. Argumento que no combate las consideraciones de la Jueza de Distrito.
En otro aspecto, en la ampliación de agravios, manifiesta el sindicato que no debió sobreseer en el juicio de amparo en virtud de que es un hecho notorio el contrato colectivo celebrado por éste, lo que debe ser entendido como cualquier acontecimiento del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión por tratarse de un dato u opinión incontrovertible, de suerte que se exime de su prueba.
Asimismo, considera que los artículos 23, 45 y 79, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son vigentes y aplicables, los cuales establecen el acceso a la información como derecho fundamental en lo que respecta a la vida sindical; por tanto, si el contrato colectivo de trabajo se publica en la página electrónica del sindicato titular, constituye un hecho notorio que –dice el solicitante del amparo- no es objeto de prueba, aun cuando no se haya exhibido o perfeccionado en juicio; sin perjuicio de que las partes puedan aportar pruebas para objetar su validez total o parcial.
Es inoperante su argumento, porque tampoco controvierte las consideraciones adoptadas por la Juzgadora Federal.
Previo a exponer la determinac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29369-75ca0444/interes-juridico-en-el-amparo-al-reclamarse-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, DE BASE Y CONFIANZA, DE HABERES Y POLICÍ (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, A PESAR DE TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE A (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO CONTIENE UNA APORTACIÓN QUE CONSTITUYA UNA DOBLE TRIBUTACIÓN Y, POR ENDE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPO (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO PROMOVIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE NO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE SU (IV.2o.A.90 A (10a.))
- AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR NO SER EL IDÓNEO. (III.7o.A.2 K (10a.))
- AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 83/2002, P./J. 104/2007 Y P./J. 105/2007 EN LA CALIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO LA INCONSTITU (415)
- AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 83/2002, P./J. 104/2007 Y P./J. 105/2007 EN LA CALIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO LA INCONSTITU (VII.1o.(IV Región) J/1)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis