AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, A PESAR DE TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN. AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO IMPUGNARSE EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, Y QUE DERIVAN DE LA MISMA SECUELA PROCESAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2011. SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 22 DE NOVIEMBRE DE 2012. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veintidós de noviembre de dos mil doce.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el nueve de febrero de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Ministro José Fernando Franco González Salas denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión **********, **********, **********, ********** y ********** de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 1/2009, del rubro: "AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO COMBATIRSE EN UN JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO." y el sostenido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en los amparos directos en revisión **********, ********** y **********, de los que dimanó la tesis aislada 2a. I/2011, de rubro: "CONSENTIMIENTO EN AMPARO DIRECTO. NO OPERA CUANDO SE CAUSA UN PERJUICIO AL GOBERNADO, A PESAR DE TRATARSE DE NORMAS LEGALES APLICADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO."
SEGUNDO. Mediante auto del catorce de febrero de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 58/2011; además, en el propio acuerdo solicitó recabar copias certificadas de las resoluciones dictadas por las mencionadas Salas de este Alto Tribunal en los amparos directos en revisión referidos.
TERCERO. Una vez integrado el expediente, por auto del veintinueve de abril de dos mil once, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dar vista al procurador general de la República en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo.
CUARTO. Por auto de presidencia del catorce de junio de dos mil once, se tuvo por recibido el pedimento que formuló el agente del Ministerio Público de la Federación designado para intervenir en el asunto, en el sentido de que la contradicción de tesis es existente y que debe prevalecer el criterio que sostiene que no opera el consentimiento en amparo directo, cuando se causa un perjuicio al gobernado, a pesar de tratarse de normas aplicadas en un segundo o ulterior acto; además, en el propio acuerdo se ordenó turnar los autos para su estudio al señor Ministro José Fernando Franco González Salas; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de resolver sobre la posible contradicción de criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que es del siguiente tenor:
"Artículo 197. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los Ministros que las integren, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. ..."
Se expone tal aserto, en virtud de que en la especie denuncia la presente contradicción de criterios el señor Ministro José Fernando Franco González Salas, que es integrante de la Segunda Sala y la cual emitió uno de los criterios en probable contienda; de ahí que es patente que tiene legitimación para actuar en el mencionado sentido.
TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las ejecutorias respectivas.
I. Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión del cuatro de agosto de dos mil seis el amparo directo en revisión número **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"... Así, desde el primer amparo directo en revisión ********** que promovió en contra de la sentencia dictada en segunda instancia, pudo impugnar la inconstitucionalidad del precepto legal que desde el momento de la instauración del proceso penal y, especialmente, desde que se le declaró penalmente responsable, le causaba el perjuicio que aduce, consistente en que para el derecho civil una persona es mayor de edad a los dieciocho años y, en cambio, en materia penal, lo es desde los dieciséis años, siendo que a su juicio lo anterior es contrario a la Constitución Federal y a diversos tratados internacionales.
"Por tanto, a juicio de esta Primera Sala no había motivo alguno para esperar hasta la promoción del juicio de amparo directo identificado con el número **********, cuya resolución es materia de esta instancia, para hacer valer la inconstitucionalidad de la norma jurídica del Estado de Michoacán que prevé la edad a partir de la cual una persona es penalmente responsable. En consecuencia, tal y como lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el artículo debe considerarse consentido e inoperantes los conceptos de violación expresados en relación a esta cuestión.
"Apoya a la anterior determinación el contenido del artículo 73, fracción XII, en relación con el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establecen: (se transcriben)
"Del análisis de los preceptos transcritos se deduce que al no poder sobreseerse en el juicio de amparo directo respecto de una ley cuya aplicación fue consentida, puesto que la misma no tiene el carácter de acto reclamado, lo que procede es declarar inoperante el planteamiento de inconstitucionalidad de la ley que se formule dentro de los conceptos de violación.
"Así, dentro de la sistemática instituida en la Ley de Amparo no se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, de tal suerte que si no se combate el primer acto se reputa consentido. Aunque, en principio, el argumento anterior es válido para los Jueces de Distrito, lo cierto es que también es aplicable al amparo directo, según se explicó.
"La consideración expuesta encuentra sustento por el hecho de que el juicio de amparo interpuesto ante los Tribunales Colegiados de Circuito es de carácter restrictivo y lógicamente si se promueve en contra de una sentencia en la que se aplica una norma y ésta no se cuestiona como inconstitucional, tal problema resulta ajeno a la litis y el tribunal de amparo tiene que resolver sobre el punto de que la quejosa ha aceptado la inconstitucionalidad de ese precepto, sin que pueda introducirlo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la de amparo en la que tal precepto no fue materia de análisis, por no haberse planteado dentro de los conceptos de violación la inconstitucionalidad del dispositivo.
"Lo anterior significa que no es jurídicamente aceptable que los quejosos promuevan varios juicios de amparo directo y en el último expresen la inconstitucionalidad de un precepto si ya desde el primer acto reclamado éste se aplicó y les causó perjuicio, ya que de otra manera, se contrariaría la sistemática del amparo derivada de los artículos analizados.
"Sustenta la consideración que precede las tesis que a continuación se transcriben, sustentadas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de este Alto Tribunal respectivamente, cuyo contenido comparte esta Primera Sala, y que son de rubro y texto siguientes:
"‘Séptima Época
"‘Instancia: Pleno
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Tomo: 115-120, Primera Parte
"‘Página: 127
"‘LEYES, AMPARO CONTRA IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe texto)
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: VI, septiembre de 1997
"‘Tesis: 2a. CII/97
"‘Página: 408
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO LOS QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN AMPARO DIRECTO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO.’ (se transcribe texto)
"Por las razones que anteceden, los agravios planteados por la quejosa resultan infundados.
"En adición a lo expuesto conviene precisar que si en un segundo amparo se combate una sentencia dictada en acatamiento de una sentencia recaída a un amparo anterior en el que no se objetó un precepto que ya se había aplicado a la quejosa y que no fue atacado de inconstitucional, jurídicamente no es posible introducir ese cuestionamiento en contra de la nueva sentencia, toda vez que el problema de constitucionalidad no formó parte de la litis del amparo anterior, ya que en los conceptos de violación no se hizo valer la inconstitucionalidad de la norma aplicada en la sentencia reclamada, no pudiéndose examinar ese problema por el tribunal de amparo, toda vez que había sido consentida.
"En el mismo sentido se pronunció la Segunda Sala de este Máximo Tribunal al resolver el amparo directo en revisión **********, bajo la ponencia del Ministro Juan Díaz Romero, fallado en sesión de ocho de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos. De este asunto derivó la tesis que correctamente aplicó el Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo penal número **********, que es de rubro y contenido siguientes:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XVII, enero de 2003
"‘Tesis: 2a. CCV/2002
"‘Página: 726
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CON ANTERIORIDAD POR EL MISMO QUEJOSO.’ (se transcribe texto)
"En ese orden de ideas, en nada beneficia a la recurrente su argumentación en el sentido de que, dada la concesión de los amparos anteriores era sólo para efectos y no con plenitud de jurisdicción, por lo que no había operado el principio de cosa juzgada; lo anterior porque el Tribunal Colegiado no fundó su ejecutoria en la figura jurídica de la ‘cosa juzgada’, sino en la causal de improcedencia consistente en el consentimiento tácito de la norma que ahora se impugna, al no haberse planteado el tema de constitucionalidad en el primer juicio de amparo, por lo que en ese aspecto los agravios son inoperantes al no combatir lo sustentado en la sentencia recurrida.
"Tampoco cobran relevancia los efectos de las diversas sentencias concesorias de amparo, esto es, si se confirió o no plena jurisdicción a la responsable, pues lo cierto es que desde los conceptos de violación de la primera demanda de amparo era preciso plantear la inconstitucionalidad de la ley que sirvió de presupuesto al proceso penal, y al no demostrar que así fue, entonces debe decirse que precluyó su derecho para hacerlo en ulterior instancia.
"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, que es del tenor siguiente:
"‘Octava Época
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Tomo: VII, abril de 1991
"‘Tesis: 3a./J. 16/91
"‘Página: 24
"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.’ (se transcribe texto)
"Toda vez que en el presente caso, los agravios planteados resultan ser por una parte infundados y por otra inoperantes en los términos ya indicados y que no se advierte queja deficiente que suplir, queda firme la sentencia recurrida y se niega el amparo solicitado. ..."
El mencionado criterio fue reiterado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los diversos amparos directos en revisión **********, **********, ********** y **********, en sesiones del dos de abril, veintiuno de mayo, veinticinco de junio, y tres de septiembre, todas de dos mil ocho, formándose al respecto la jurisprudencia número 1a./J. 1/2009, consultable en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, correspondiente a la Novena Época, del rubro y sinopsis siguientes:
"AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO COMBATIRSE EN UN JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO. Conforme al artículo 73, fracción XII, en relación con el numeral 166, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, al no poder sobreseerse en el juicio de amparo directo respecto de una ley cuya aplicación fue consentida, por no tener el carácter de acto reclamado, procede declarar inoperante el planteamiento de inconstitucionalidad de la ley formulado dentro de los conceptos de violación. Lo anterior es así, porque la sistemática instituida en la ley citada no establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, de tal suerte que si no se combate el primer acto, se reputa consentido, y aunque en principio dicho argumento es válido para el amparo indirecto, lo cierto es que también es aplicable al directo. En efecto, el juicio de garantías interpuesto ante los tribunales colegiados de circuito es de carácter restrictivo y, por ende, si se promueve contra una sentencia en la que se aplica una norma cuya constitucionalidad no se cuestiona, tal problema resulta ajeno a la litis y el tribunal de amparo debe resolver sobre la base de que la quejosa aceptó la inconstitucionalidad de ese precepto, sin que pueda introducirlo en un amparo interpuesto posteriormente contra la sentencia emitida en acatamiento a la de amparo en la que tal dispositivo legal no fue materia de análisis, por no haberse planteado su inconstitucionalidad dentro de los conceptos de violación; de ahí que no es jurídicamente aceptable que los quejosos promuevan varios juicios de amparo directo y en el último expresen la inconstitucionalidad de un precepto si desde el primer acto reclamado éste se aplicó y les causó perjuicio, pues de otra manera se contrariaría la sistemática del amparo derivada de los artículos mencionados."
II. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión del diez de noviembre de dos mil diez el amparo directo en revisión **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"... Ahora bien, dentro de su agravio, la parte recurrente refiere que es posible impugnar el primer acto de aplicación de una ley en amparo indirecto a través de Juez de Distrito o en su caso, optar por impugnar por vía ordinaria el acto o resolución donde se aplique por primera vez una norma, pero sólo cuando el acto o fallo referido, provoque un perjuicio directo a la esfera jurídica del particular, como sucedió en la especie.
"Para dar respuesta a esta afirmación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo: (se transcribe texto)
"El juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, por violaciones que se cometan en ellos, en el procedimiento y que ello afecte el resultado del fallo, o por violaciones de garantías cometidas en las sentencias, laudos o resoluciones indicados.
"Existe la constante en el juicio de garantías de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, que el acto reclamado consistirá siempre en aquella resolución de carácter definitivo a que se hace referencia en el párrafo anterior.
"En caso de que se pretenda controvertir la constitucionalidad de una ley, tratado o reglamento en amparo directo, siempre será por virtud de su aplicación en la sentencia definitiva, laudo o resolución señalada, en el procedimiento natural cuando se afecte el resultado del fallo, o en la resolución que dio origen al recurso o medio de defensa intentado de la que derive la sentencia definitiva, laudo o resolución referida; lo que deberá hacerse valer vía conceptos de violación, existiendo el señalamiento expreso en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la ley, el tratado o reglamento, no será el acto reclamado.
"Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como esta Segunda Sala, se ha pronunciado en el sentido de que los conceptos de violación en los que se alegue la inconstitucionalidad de algún precepto en amparo directo, son inoperantes, cuando se actualice alguna de las hipótesis que, si se tratare de un juicio de amparo indirecto, determinaría su improcedencia y el sobreseimiento respectivo.
"De las ejecutorias que dieron origen a dichos criterios, se advierte que en ellas se analizaron diversas causas de improcedencia, como las establecidas en las fracciones X y XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo (cambio de situación jurídica, cesación de efectos del acto reclamado, falta de interés jurídico); así como otras situaciones como el caso en que existe imposibilidad para impugnar en un ulterior juicio de amparo directo, situaciones que fueron materia de pronunciamiento por un Tribunal Colegiado en un amparo directo previo, y que no fueron combatidas mediante el recurso de revisión (fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo).
"No obstante ello, en el presente caso, la calificativa de inoperancia de los conceptos de violación por parte del Tribunal Colegiado del conocimiento, versó en una causa de improcedencia distinta, esto es, la prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece: (se transcribe texto)
"La norma transcrita prevé como causa de improcedencia, el consentimiento tácito de los actos reclamados por no promoverse el juicio dentro de los términos que se establece en la Ley de Amparo.
"En ese sentido, se concede al gobernado la opción de elegir la vía de impugnación (ordinaria o la extraordinaria del amparo) contra el primer acto de aplicación de una norma general que vulnera su esfera jurídica, al permitirle, por una parte, la posibilidad de impugnar de manera inmediata la ley a través del juicio de amparo y, por otra, agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de garantías, de lo que se sigue que una vez resueltas las instancias respectivas el quejoso podrá entonces impugnar en el juicio de amparo la inconstitucionalidad de la ley que le fue aplicada en la resolución o acto de origen.
"Debe tenerse presente que la causa de improcedencia hace mención expresa a actos reclamados, y a los momentos para que se puedan impugnar esos actos, dentro de los cuales contempla las normas; así como que en el amparo directo, como ya ha quedado explicado, la ley o norma general no tiene el carácter de acto reclamado, sino que su inconstitucionalidad únicamente será materia de los conceptos de violación.
"La impugnación de una ley o norma general como acto reclamado sólo puede hacerse valer por vía de amparo biinstancial, ante los Jueces de Distrito, en términos de lo establecido por la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo; en este caso, se llamarán a juicio a las autoridades que emitieron la norma general y a las que se encargaron de promulgarla.
"El efecto de la concesión del amparo, para este supuesto, será el de declarar inconstitucional una ley, dejando insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías el dispositivo legal hasta que se reforme.
"En oposición, cuando se promueve juicio de garantías contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio porque se estime aplicada una norma inconstitucional, lo procedente es el juicio de amparo directo, sin señalar como acto reclamado la norma general que se va a rebatir, ni tampoco citar a las autoridades que emitieron la norma.
"En este caso, el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma controvertida se limitará a la sentencia reclamada sin que produzca efectos sobre las autoridades que emitieron o promulgaron la ley, pudiendo la norma ser aplicada al gobernado en el futuro si se tratara de un acto diverso, pues al ser el acto reclamado únicamente la resolución definitiva, los efectos del amparo, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, no podrían extenderse a la norma.
"Apoya a la anterior consideración, la siguiente jurisprudencia:
"‘LEYES INCONSTITUCIONALES, AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS FUNDADAS EN. LIMITACIÓN A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA.’ (se transcribe texto)
"Bajo estas consideraciones, se establece que el legislador al tomar en consideración la causa de improcedencia en estudio, en los tres primeros párrafos del artículo, hace referencia al supuesto en que la norma tildada de inconstitucional es atacada como acto reclamado (amparo indirecto).
"Corrobora lo anterior, la distinción que realizó el legislador en el párrafo cuarto del artículo en estudio, donde establece que cuando contra la resolución recaída al recurso o medio de defensa intentado proceda el juicio de amparo directo ‘deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento legal’, disposición esta última que señala que cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación.
"En ese sentido, si bien esta Suprema Corte ha determinado que en amparo directo deben declararse inoperantes aquellos conceptos de violación que plantean la inconstitucionalidad de una norma general, si tratándose de amparo indirecto se actualizaría alguna causa de improcedencia; lo cierto es, que dicha conclusión se basó en situaciones que, indistintamente de si se trata de amparo directo o indirecto, se basaban en aspectos generales y comunes en ambos procedimientos; la mayoría de ellos sustentados en situaciones ajenas a la propia naturaleza del amparo.
"En cambio, en el caso que se analiza, la particularidad sobre la que descansa la causa de improcedencia relativa al amparo indirecto referente a la inconstitucionalidad de normas, es incompatible con el amparo directo, ya que en este último caso lo que se reclama como acto no es la ley, sino la resolución definitiva; en ese sentido, la causa de improcedencia en cuanto a los términos que establece, únicamente será aplicable al acto reclamado en el juicio (sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento), mas no a la inconstitucionalidad de la norma, ya que ésta sólo es reclamada vía conceptos de violación.
"Por ello, no puede aplicarse en el juicio de amparo directo la inoperancia de los conceptos de violación referentes a aspectos de inconstitucionalidad de normas cuando se reclamen sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, que sean un segundo o ulterior acto de aplicación, en términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que se sostiene en aspectos que rigen sólo para el amparo indirecto y que son incompatibles con el amparo directo, pero además, como ya se ha explicado, porque no obstante una previa aplicación, en todo momento debe verificarse que haya sido en perjuicio del particular.
"Es por ello, que los planteamientos que se realicen vía conceptos de violación con el objeto de demostrar la inconstitucionalidad de una norma legal en amparo directo, no deben declararse inoperantes por virtud de que la resolución definitiva no sea el primer acto de aplicación, pues como se hizo mención este sistema rige únicamente en el amparo que se tramita ante los Jueces de Distrito, no en los juicios de amparo directo, toda vez que los planteamientos conducen al tribunal a conceder o negar el amparo respecto de la sentencia, mas no respecto del precepto analizado.
"En razón de que el ordenamiento legal, tratándose de la impugnación de leyes en amparo directo, no se reclama como un acto autónomo de las autoridades, no puede considerarse que el reclamo de su inconstitucionalidad se encuentre constreñido al primer acto de aplicación al gobernado, ni a las mismas reglas de procedencia de la acción de amparo indirecto.
"En ese sentido, la impugnación de una norma en un juicio de amparo uniinstancial no excluye la posibilidad de que incluso el mismo quejoso al que se le haya otorgado la protección constitucional contra el primer acto de aplicación de la ley declarada inconstitucional, esté en posibilidad de acudir a impugnarla nuevamente en amparo directo, al aplicársele en un segundo o ulterior acto de ejecución dicha ley, dado que la sentencia que se emite en ese tipo de juicios produce efectos directos en relación únicamente con la resolución reclamada, mas no con la ley impugnada, con lo cual se observa el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues la declaración de inconstitucionalidad no da lugar a la anulación de la ley con efectos erga omnes, por lo que no procede desestimar los conceptos de violación hechos valer en un juicio de amparo directo respecto de una ley, aun cuando se trate de ulteriores actos de aplicación.
"Apoya a la anterior consideración, las siguientes tesis:
"‘APLICACIÓN DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO.’ (se transcribe texto)
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe texto)
"Ahora, no pasa inadvertido que la Segunda Sala se ha pronunciado en un sentido diverso al de esta resolución, en las tesis y jurisprudencia de rubros: ‘AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA LEY APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA CON ANTERIORIDAD.’ y ‘AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA PROCEDENTES.’; sin embargo, esta Sala se aparta de los criterios antes señalados, pues se considera que la solución dada en el presente asunto, extiende la protección de las garantías individuales a los gobernados, y permite que realice de manera más eficaz la función de impartición de justicia y de protección al individuo, dándole la posibilidad de atacar determinaciones definitivas mediante el uso de argumentos de constitucionalidad, que sean independientes de aspectos formales que son ajenos a la naturaleza del juicio de amparo directo. ..."
El anterior criterio fue reiterado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los diversos amparos directos en revisión ********** y **********, en sesiones del veintiséis de enero y veintitrés de febrero de dos mil once, respectivamente, de lo que derivó la tesis aislada número 2a. I/2011, consultable en la página 1470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, correspondiente a la Novena Época, del rubro y sinopsis siguientes:
"CONSENTIMIENTO EN AMPARO DIRECTO. NO OPERA CUANDO SE CAUSA UN PERJUICIO AL GOBERNADO, A PESAR DE TRATARSE DE NORMAS LEGALES APLICADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO. No existe criterio de este Alto Tribunal que rija para el supuesto en el cual en la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, se aplique por segunda o ulterior ocasión un precepto legal que el promovente estime inconstitucional, pues en el amparo directo, a diferencia del indirecto, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento de los actos. Lo anterior, ya que la particularidad sobre la que descansa la causal referida es incompatible en la vía uniinstancial, en la que el acto reclamado es la determinación definitiva y no la norma legal, pues ésta se cuestiona vía conceptos de violación. Asimismo, el efecto de una concesión de amparo se limitaría al acto combatido, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición legal, a diferencia del amparo indirecto, no daría lugar a la anulación de ésta con efectos generales, sino sólo dejaría insubsistente la resolución impugnada; por lo anterior, cuando en amparo directo se impugna una disposición legal, al no reclamarse como acto destacado, no puede determinarse que debe constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado, ni tampoco puede regirse con las mismas reglas de procedencia de la acción en la vía biinstancial. En tal virtud, no procede desestimar los conceptos de violación hechos valer en un ju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24373-ce7ea2fe/amparo-directo-contra-leyes-no-opera-el-consentimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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